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A Mauricio Merino

Desde hace varios meses, en medio del agitado contexto social creado por Ayotzinapa, los escándalos políticos de todo tipo se multiplicaron. La situación resultante ha puesto en jaque la credibilidad del gobierno actual. En este contexto aparecieron aquí y allá artículos que señalaban a la corrupción como el gran problema de México. Esto no es algo nuevo; sucede de manera intermitente en nuestro país. Sin embargo, creo que fueron pocos los editorialistas que fueron más allá de criticar la corrupción y plantear, de modo explícito, la necesidad de una nueva moral pública. Desde mi punto de vista, la creación y puesta en práctica de anclajes institucionales para sustentar esta nueva moral es la única salida de la espiral de descontento, desconfianza y escepticismo en la que se encuentra inmerso el país. Entre los artículos que leí, destaco dos que me parecieron muy sugerentes: “Revolución moral” de Claudio Lomnitz y “La peste” de Antonio Navalón. Si saco a  colación esta temática y estos textos es a raíz de las nueve acciones que el presidente Enrique Peña Nieto presentó la semana pasada para atajar la corrupción y, por tanto, para salir al paso de la crisis de credibilidad aludida.

A casi una semana de su enunciación, muchos mexicanos conocen las limitaciones legales de varias de esas acciones y quizás son parte del justificado clamor que ha suscitado el hecho de que sea un subordinado del presidente quien investigue los posibles conflictos de interés detrás de la compra de casas de su esposa, del Secretario de Hacienda y del propio titular del Ejecutivo. En cualquier caso, sorprende que ante la magnitud del malestar social y de la falta de credibilidad que sufre la presente administración, la respuesta gubernamental haya sido tan tibia. Dicho muy brevemente: esas nueve acciones no corresponden al nivel del descontento de una sociedad que ya está harta de tanto abuso, de tanta violencia, de tanta impunidad, de tanta componenda y de tanto contubernio.

En la parte final de su artículo, Lomnitz escribe: “México pide hoy moralidad en la política, y la pide ante una tradición política —la gran escuela del PRI, que formó también a buena parte de la izquierda mexicana— que se hizo al grito de que ‘la moral es un árbol que da moras’”. Por su parte, Navalón concluye su texto de la manera siguiente: “No existe un producto interior bruto de identidad moral para los países, pero debería existir. Porque sin ese balance de moralidad, sin ese balance de ejemplaridad, sin ese compartir los valores colectivos es muy difícil separar el error del abuso, el abuso del engaño y el engaño de la fe democrática”. Estas dos citas dan una idea, aunque sea aproximada, de las dimensiones del reto que el presidente Peña Nieto debió haber asumido una vez que decidió hacer algo respecto a la corrupción y a la crisis político-moral que vivimos. Desafortunadamente, hoy podemos hablar de una oportunidad perdida. 

Por una serie de circunstancias políticas, sociales y económicas, como sociedad civil y política hemos llegado a un punto en el que no combatir frontalmente la corrupción puede representar un costo demasiado alto. Para decirlo en términos de Navalón y como el propio presidente lo reconoció de algún modo en su discurso del martes pasado, nuestro producto interno bruto de identidad moral está por los suelos. En condiciones, digamos “normales”, éste sería un dato más, con el que hemos vivido sin muchos sobresaltos desde que México se convirtió en un país independiente hace casi 200 años. La coyuntura actual del país, sin embargo, convierte a la corrupción en particular y a la moral pública en general en puntos neurálgicos de la estrategia de gobierno, de corto y mediano plazo, del presidente Peña Nieto. Como quedó claro con las acciones anunciadas, él y su equipo piensan de otro modo.[1] 

La moral pública no puede seguir siendo el artilugio discursivo de opositores oportunistas o el recurso autogratificante de articulistas ingenuos. La capacidad del gobierno actual para hacer algo más que sobrevivir de aquí al 2018 es en buena medida lo que está en juego. Más aún: considerando el largo plazo (no sólo de aquí a las próximas elecciones presidenciales), el fracaso en la institucionalización de una nueva moral pública nos limitaría no solo como una democracia funcional, sino también como una sociedad de iguales, además de reducir las opciones para el desarrollo económico del país. En cuanto al segundo punto, se tiende a olvidar que la corrupción engendra más desigualdad, entre otros motivos porque profundiza los privilegios, porque da más poder (y más dinero) a quienes ya están en una posición de poder y porque contribuye a crear y consolidar dos categorías de ciudadanos: los “de primera” (básicamente, los que están en condiciones de corromper) y los “de segunda”. Aunque, por supuesto, los actos de corrupción se dan a todos los niveles y, en esa medida, la transformación valorativa a la que me refiero aquí no puede limitarse a los gobernantes y a unos cuantos adinerados, sino que debe implicar a toda la ciudadanía.   

El desencanto, la frustración, la rabia y la burla de gran parte de la sociedad mexicana hacia nuestro gobierno no pueden seguir siendo las actitudes y disposiciones que determinen nuestra manera de concebir al poder político y, en consecuencia, de relacionarnos con él. Habituarnos a ellas y considerarlas las únicas posibles empobrecen al país en su conjunto y es el país en su conjunto el que pierde. En cuanto a las acciones anunciadas, las dudas que provocan son múltiples, pero las resumo en una sola pregunta: ¿piensa el titular del Poder Ejecutivo que esas nueve acciones responden a la magnitud del desánimo, la indignación y el desengaño que caracterizan a la sociedad mexicana hoy en día? Cuando la falta de credibilidad de un gobierno alcanza el nivel actual, se imponen medidas que puedan considerarse, en cierto sentido por lo menos, un golpe de timón. 

En un contexto como el que vivimos, plantear una nueva moral pública no es una cruzada de un puñado de personas bienintencionadas, sino algo mucho más concreto: diseñar y poner en funcionamiento una serie de disposiciones legales que limiten lo más posible la corrupción y la impunidad. El presidente sabía que tenía que actuar en esta dirección, de aquí las acciones en cuestión; sin embargo, excluyendo un par de ellas, la sensación que percibo de una parte considerable de la sociedad mexicana que se expresa de una u otra manera es que estamos, otra vez, ante más de lo mismo. Si mi percepción es correcta, la consecuencia es previsible: ante la falta de una lucha frontal contra la corrupción, el tejido social mexicano, ya devastado por el narcotráfico, se seguirá descomponiendo y sumiendo en el “todo vale” y el “sálvese quien pueda”. 

En su artículo, Lomnitz plantea que México está en el umbral de una revolución moral; de hecho, el autor argumenta que ésta tiene que darse, pues la juventud del país la reclama. Así es, como la movilización social de los últimos meses lo ha mostrado sobradamente. Es en esos jóvenes, por cierto, donde están depositadas las esperanzas de quienes queremos un país distinto para nuestros hijos. El presidente de la república (es decir, de la “cosa pública”) podría ser parte de esa revolución. Sin embargo y sin ignorar el revelador añadido de “ya sé que no aplauden”, en su discurso de la semana pasada el presidente parecía más preocupado por crear una cierta impresión en sus oyentes que por la substancia, es decir, el combate a la corrupción. En todo caso, como varios analistas han puesto de manifiesto, las nueve acciones que anunció se han quedado lejos de lo que pudo haber sido una parte medular de esa transformación de los valores públicos que tanta falta nos hace. 

Las revoluciones morales no se hacen desde arriba o no solamente desde arriba (y menos todavía desde uno solo de los tres poderes), pero un marco jurídico anti-corrupción sólido, que cumpla sus objetivos, es una condición sine qua non. Ahora bien, para que este marco se materialice, la sociedad civil tiene que seguir exigiendo cambios. A este respecto, no está de más insistir en algo ya sugerido: toda la ciudadanía puede contribuir a la evolución de una nueva cultura ética; cada quien a su modo, cada quien desde su parcela. Solo así podrá convertirse en realidad esa profunda transformación moral que el país necesita; una transformación tan postergada y tan urgente.

Roberto Breña es profesor-investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.


[1] La ejemplaridad de la que habla Navalón en su texto es parte importante de cualquier moral pública. Por eso los niveles de ausentismo en ambas cámaras la semana pasada (sobre todo en la de diputados) no son una cuestión de ser o no ser fanático de un deporte (el futbol americano en este caso) y la retórica adyacente, sino de algo un poco más trascendente. Algo similar cabría decir, por cierto, sobre algunos sueldos públicos, especialmente en el Poder Judicial de la Federación.

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