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Cuando se habla sobre la relación entre México y Estados Unidos, es muy común que se dé gran importancia a las declaraciones o acciones de los titulares del Poder Ejecutivo en ambos lados de la frontera. Sin embargo, un actor clave que puede limitar o potenciar la relación en sus diversas facetas es el Poder Legislativo. Así, no es casualidad que el centro de los puntos cardinales a partir de los que se divide el trazado de la ciudad de Washington D.C., sea el Capitolio, donde se pueden tomar decisiones que trascienden los periodos presidenciales de ambos países.

En ese centro de poder se debaten diversos aspectos de la relación entre los dos países de América del Norte. Ninguna otra relación bilateral implica una cooperación en un espectro tan amplio de asuntos y una afectación tan profunda a la economía y la sociedad de ambos países. Alrededor de 33 millones de residentes de Estados Unidos son de origen mexicano y al menos un millón de ciudadanos estadounidenses viven en México. Así, las decisiones que se tomen en el Congreso pueden tener un impacto directo en la vida de millones de personas. Es pertinente entonces preguntarnos ¿cuáles son los temas que actualmente se están abordando en el Capitolio sobre la relación con México?

Debido a la interdependencia que hay entre las dos naciones, el éxito que México tenga en resolver sus dificultades tiene un impacto importante en Estados Unidos y es, por lo tanto, un interés clave para el Congreso. Según el Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés), las reformas  promulgadas en México representan un “cambio interno” y, a su vez, implican un proceso de transición en la relación con Estados Unidos. Respecto a las leyes secundarias que deriven de las reformas, el Congreso buscará asegurarse de que los intereses de Estados Unidos queden protegidos. Consideremos, por ejemplo, la reforma energética promulgada el 20 de diciembre de 2013. 

Debido a que el futuro de la producción de petróleo y gas natural en México es crucial para la seguridad energética de Estados Unidos, este tema es de gran importancia para el Congreso. Permitiendo a PEMEX asociarse con empresas internacionales para impulsar la producción, esta reforma representa importantes oportunidades de inversión para las empresas estadounidenses. Además, implica la posibilidad de que el comercio de energía entre Estados Unidos y México se intensifique y la competitividad de la región aumente. 

En el Congreso de Estados Unidos se advierte que la ejecución de esta reforma puede resultar difícil y que el primer semestre de 2015 será crítico para su éxito o fracaso. Mientras que PEMEX debe reestructurarse, la Comisión Nacional de Hidrocarburos debe completar la primera ronda de licitación pública de una manera eficiente y transparente, así como ofrecer contratos con términos que sean atractivos para las empresas internacionales. Además, deben existir organismos reguladores efectivos para el sector de los hidrocarburos. El CRS estará emitiendo de manera periódica un informe para documentar los avances que se vayan teniendo en México, los posibles efectos para la relación bilateral y, concretamente, las condiciones que se ofrecerán a las empresas privadas interesadas en invertir.

Más allá de las reformas que se han aprobado en México, existen otros temas que son debatidos en el Congreso dada la enorme relevancia que tienen. Analicemos, por ejemplo, cómo la migración, la seguridad y la relación económica entre los dos países serán abordadas en este periodo legislativo. 

El flujo migratorio entre México y Estados Unidos es el más intenso del mundo. Los mexicanos son, por mucho, el mayor grupo de migrantes en Estados Unidos: alrededor de 12 millones en 2012 (30% del total de migrantes en el país). En este sentido, los mexicanos se ven afectados de manera única por las políticas migratorias de Estados Unidos. 

Según el Pew Research Center, el flujo de migrantes provenientes de México se detuvo e incluso se ha revertido. Esto es el resultado de varios factores. Por un lado, está la disminución en la oferta de trabajo y en la tasa de natalidad en México y, por el otro, el aumento de los peligros asociados con el cruce de la frontera y el creciente número de deportaciones. Sin embargo, el número de personas nacidas en Estados Unidos que son de ascendencia mexicana seguirá aumentando. 

El papel que México desempeña en el sistema migratorio de Estados Unidos crea una serie de oportunidades y retos. ¿Cómo debería abordarse este tema? Distintos grupos de la sociedad demandan que las políticas estadounidense y mexicana deben alinearse para, primero que nada, garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes. Sugieren, además, fortalecer el papel de la migración en la expansión económica y el crecimiento del empleo. En este sentido, proponen que se apruebe una reforma migratoria integral que reconozca las necesidades laborales y de protección legal de los migrantes. 

Concretamente, el debate actual sobre migración se centra en nuevas vías para regularizar la situación de algunos migrantes. De hecho, con la aprobación por parte del Presidente Obama de distintas acciones ejecutivas en 2012 y 2014, cerca de 5 millones de migrantes que entraron a Estados Unidos sin documentos y que en su mayoría lo hicieron muy jóvenes o son padres o madres de ciudadanos estadounidenses tendrán provisionalmente permiso para trabajar y estudiar. Estas medidas constituyen una solución temporal y altamente cuestionada. La verdadera reforma migratoria sólo podría aprobarse en el Capitolio.

En los últimos 14 años, el Congreso ha estado discutiendo de manera intermitente diversos proyectos de reforma migratoria. Aunque en 2010 estuvo cerca de ser aprobada, desde 2011 ha sido prácticamente imposible pues el espectro político estadounidense se ha caracterizado por una profunda polarización entre un Presidente del Partido Demócrata y un Congreso -ahora en ambas cámaras- dominado por el Partido Republicano. Por esta razón, durante este periodo legislativo es poco probable que se apruebe una reforma al sistema migratorio en su conjunto. 

En el tema de seguridad, la Iniciativa Mérida es una asociación sin precedentes entre los dos países, cuyo objetivo es combatir, de manera conjunta, la violencia y la criminalidad, así como fortalecer el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos en México. Cuando se firmó, en 2007, la ayuda de Estados Unidos se centró en la capacitación y equipamiento de las fuerzas mexicanas. Posteriormente, el énfasis ha ido evolucionando hacia una estrategia más amplia para debilitar al crimen organizado transnacional.

Al tiempo de esta evolución, ha habido un aumento dramático de la violencia. Éste no sólo es resultado del tráfico de drogas, sino de que las organizaciones criminales se han diversificado en numerosos negocios ilícitos que afectan de manera más directa a la población. 

Los recursos financieros destinados a México a través de Iniciativa Mérida han disminuido en los últimos años y la preocupación del Congreso se ha centrado en las condiciones de derechos humanos en México. En este sentido, se han proporcionado fondos para proteger a los grupos vulnerables y apoyar la capacitación en derechos humanos para las fuerzas de seguridad. Durante este periodo legislativo, el Congreso podría decidir entre aumentar fondos para dichos programas o emprender nuevos esfuerzos, como el apoyo a organizaciones no gubernamentales.

En el tema económico, la prosperidad de México es fundamental para Estados Unidos. A más de 20 años de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entró en vigor, México es uno de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos: segundo lugar en destino de exportaciones y tercer lugar en origen de importaciones.  

Por otro lado, la economía mexicana depende en gran medida de los Estados Unidos. Los indicadores económicos en México tienden a seguir los patrones de Estados Unidos, pues este país no sólo es el socio comercial más grande de México sino la mayor fuente de inversión extranjera directa, remesas e ingresos por turismo.

Como lo ha hecho en los últimos años, es probable que el Congreso siga abordando numerosos asuntos de  la relación económica con México. Muchos de ellos que tienen que ver con la facilitación del comercio y los cruces en la frontera, la integración económica de las regiones fronterizas y la disminución en los costos de transporte para empresas que integran sus procesos productivos en ambos lados de la frontera. 

En conclusión, el Congreso de Estados Unidos es un actor clave en la relación entre México y Estados Unidos. Ahí se discuten políticas públicas que afectan la vida de millones de personas y que sientan las bases para el futuro de los vínculos bilaterales. Dentro de los temas que se debaten, existe heterogeneidad en cuanto a la polémica que cada uno provoca. El tema energético está tomando cada vez más fuerza, a raíz del proceso de cambio que se vive en México. Por otro lado, ha sido imposible aprobar la reforma migratoria debido a la polarización política en Estados Unidos. La estrategia de seguridad, a su vez, se ha caracterizado por estar en constante evolución, enfocándose cada vez más en la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del tejido social. Finalmente, la relación económica se enfoca en una visión compartida a largo plazo basada en el TLCAN.  

Ana María Zorrilla Noriega es maestra en Derecho y Gobierno y becaria Fulbright-García Robles en Washington, D.C.

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