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Esta semana, la sección “Tribuna” de Milenio lanza la siguiente pregunta: “¿Por qué estamos tan indignados?”. Para responderla echa mano de diversas voces, José Antonio Aguilar, Javier Aparicio, Jorge Javier Romero, Carlos Velázquez y Benito Taibo.

Cito algunos de los textos.

“[...] Si después del 2015 no hay una respuesta clara de para qué sirve el sistema electoral, entonces será momento para preguntarse si el país no está en fase terminal”.
Andrés Lajous

“Indignarse pasó de ser una postura a ser una pose. Nos indignamos por todo. Y lo manifestamos en las redes sociales como parte de una moda”.
Carlos Velázquez

“Las voces críticas no tienen cauce electoral. Si algo está en crisis es la representatividad del sistema de partidos que se consolidó con la reforma política de 1996”.
Jorge Javier Romero

“Es posible que las cosas estén igual de mal que antes pero que hoy, gracias a los avances tecnológicos y a un clima de mayor libertad de prensa (uno que es optimista), nos enteremos más fácilmente de lo mal que están las cosas”.
Javier Aparicio

 

Quizá Romero, así como José Antonio Aguilar son quienes responden de forma más directa a la pregunta. Cito a este último:

“Los mexicanos están insatisfechos con su gobierno democrático no sólo porque no les ha provisto de los bienes sociales que a menudo se esperan, de manera realista o no, de la democracia. También están descontentos por la brecha que perciben entre su concepción idealizada de la democracia y la forma de operar de las instituciones democráticas existentes”.

Para Aguilar, el problema viene de una especie de fetiche democrático, de creer que las reglas por sí solas generarán beneficios. De pensar que los hombres no son quienes usan los instrumentos para algo, como si éstos tuvieran algún valor intrínseco.

Y tiene razón. Mucho se dice que México es un país con leyes de primer mundo. En sus mejores momentos nuestra Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información llegó a ser una buena herramienta para obtener aquello que el gobierno quería ocultar.[1]

Sin embargo, falta algo tangible en esta discusión. Más allá de la función de las herramientas, del volumen nivel megáfono de las redes sociales, de lo que pueda suceder en las elecciones intermedias, e incluso de la falta de representatividad (que como tal sí es un problema concreto por el que hay que indignarse), vale la pena analizar ciertos hechos que han dado pie a que –a pesar de no ser cuantificable salvo en encuestas, y éstas no siempre dan en el blanco–[2] la indignación, artificial o verdadera, sea más palpable en estos últimos meses.

Las reformas

Al anunciarse el paquete de “reformas estructurales” durante las primeras semanas del sexenio actual, quedaron claras las consecuencias en términos de repercusión social. La reforma educativa, primera en ser promulgada, fue recibida por el sindicato de maestros con lo que en términos suaves podría llamarse repudio. La reforma energética obtuvo un resultado similar en los sectores de izquierda. Hasta ahí nada nuevo. Sorprendió la falta de movilizaciones -en términos de músculo- respecto a esta última. Puede deberse al hecho de que el principal opositor a la reforma –o al menos el más visible– Andrés Manuel López Obrador, sufrió un infarto en los días previos, lo cual lo mantuvo fuera de acción mientras la reforma se aprobaba. No ayudó que dejara a su hijo al frente de las protestas, un personaje desconocido para muchos hasta ese entonces.

Tal vez la primera sorpresa fue la reacción –comprensible– del sector empresarial ante la propuesta de miscelánea/reforma fiscal. La propuesta aumentó el ISR, desapareció el IETU, el Régimen de Pequeños Contribuyentes y disminuyó, entre otras cosas, los rubros de deducción de impuestos, tanto para empresas como para personas. Por un lado aumentó la carga contributiva de aquellos que ya pagaban, sin ampliar la base de contribuyentes –aunque se prometió que no seria el caso– y por otro frenó el gasto en el país. El gobierno, a pesar de anunciar grandes proyectos de construcción –la principal forma de gasto en este tipo de situaciones– se desdijo a los pocos meses, citando entre otras cosas, la situación financiera internacional. No sólo se redujo el gasto, sino que se le apretó el cinturón a los ciudadanos.

La economía personal

A pesar de que el Producto Interno Bruto ha crecido en los últimos años, su porcentaje –cercano al 2.5%, magro– no ha reflejado el optimismo del gobierno federal –cuyos cálculos han tenido que ser modificados a la baja por períodos consecutivos–. A esto se le puede sumar el tema del salario mínimo. Aunque se había discutido poco o nada durante las últimas décadas –no son pocos quienes descubrieron en 2014 la existencia de la CONASAMI, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, encargada de evaluar, entre otras cosas, su aumento–, lo cierto es que una clara imagen de la distancia entre sindicatos, gobierno y sociedad, en términos de economía personal, fue el hecho de que ni un sólo jefe de sindicato, así como ningún miembro de la CONASAMI, se pronunciara a favor de elevar el salario mínimo, el más bajo dentro de la OCDE.

Al contrario, los representantes de los trabajadores incluso se opusieron.

La violencia

A pesar de que la estimación de ejecuciones ha disminuido en los últimos años a nivel país, han aparecido nuevos focos y algunos ya existentes han aumentado, como Tamaulipas. En particular, y sin duda el evento que desató la caída en el nivel de aprobación presidencial, la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. Después de un par de años en los que la percepción en medios era el apaciguamiento del crimen ligado al narcotráfico –impulsado, en gran parte, por capturas mediáticas como la de Joaquín “El Chapo” Guzmán–, un evento como la desaparición, a la mitad de una ciudad de 110,000 habitantes, de 43 estudiantes, derribó cualquier noción de que la situación de seguridad en el país había cambiado para bien. Peor, mostró la colusión de presidentes municipales, policías locales y crimen organizado en una red que controlaba el tráfico de drogas de la región y otorgaba absoluta impunidad al crimen organizado, al grado que el gobierno de facto eran ellos, no aquellos votados en las urnas.

La respuesta federal fue un decálogo con propuestas -en su mayoría de seguridad y económicas, las primeras hasta hoy no realizadas, las segundas eliminadas después en el recorte de gasto, pocas ligadas de forma directa con el suceso concreto–. Aunque se realizó la investigación federal más grande en tiempos recientes, los resultados –sumados a la desconfianza en las instituciones– no fueron suficientes para paliar la protesta.

La corrupción

El único escándalo que pudo mover de las primeras planas de portales y de periódicos a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue el reportaje de La Casa Blanca, publicado por Carmen Aristegui y la revista Proceso, después retomado por medios extranjeros, en particular por el Wall Street Journal. En un ambiente en el que la economía personal no mejoraba, e incluso se percibía peor que en el sexenio pasado, en un ambiente en el que 43 estudiantes habían desaparecido sin dejar rastro alguno, la indignación se multiplicó por que la esposa del presidente había comprado una casa a uno de los contratistas más favorecidos durante su período como gobernador en el Estado de México, y posteriormente ya en la silla presidencial.

La casa generó dos preguntas fuertes: 1) ¿Con qué dinero había sido adquirida? y 2) ¿Grupo HIGA obtuvo algún beneficio directo o indirecto por el trato? A las pocas semanas se difundió una nueva noticia: la casa que estuvo utilizando el presidente durante la transición también era propiedad de los contratistas, y estaba alquilada al Consejero Jurídico de Presidencia. A pesar de ello, el gobierno negó que existiera un conflicto de interés. Incluso acusó presiones de grupos que, según ellos, estaban en contra del avance económico del país.

Una tercera casa apareció a las pocas semanas. Esta propiedad del secretario de Hacienda, comprada también a precios por debajo del mercado –según consta en el Registro Público de la Propiedad– había sido vendida por el mismo contratista. Aunque el secretario aclaró que no estaba en funciones cuando la adquirió, no puede dejarse de lado que ya era jefe del equipo de transición –encargado del manejo de dinero durante esa época– y que se sabía, desde meses antes de que entrara en funciones, que sería el secretario de Hacienda.

No ayudó en nada la respuesta a las acusaciones. Se negó toda alusión a cualquier conflicto, y la única respuesta concreta fue nombrar a un miembro del partido a una secretaría que se intentó desaparecer a principios de sexenio y casi completamente desdentada.

Y la única oposición con la facilidad para responder o exigir que se rindieran cuentas se quedó en su mayoría muda; en algunos casos hasta salió a la defensa del presidente y sospechó de intereses oscuros.

La partidocracia

Lo cual nos lleva al último punto, que bien describe Romero en su texto en la Tribuna. La falta de representatividad. Ahora que ha iniciado el período electoral, los diputados, delegados, presidentes municipales, todo funcionario cuyo puesto está por terminar o que tiene frente a sí un espacio más provechoso en términos personales, han saltado de un lado a otro. No sólo de puesto –pedir licencia para competir por un cargo– sino de partido. Conforme se ha dado la repartición de lugares, algunos han cambiado de partido sin dudarlo o sin pensar qué ideología representan.

Es ésta la crisis más reciente y la mayor traba a que las demás puedan ser resueltas. Al estar tomada la política por un cartel de partidos que intercambian posiciones conforme a sus intereses y no conforme a sus representados, no hay una posibilidad de mejora. Un partido catafixia una gubernatura con otro, recibe a cambio un puñado de diputaciones. Un candidato se dice ciudadano e independiente pero consigue el apoyo de un grupo que es el mayor síntoma de la podredumbre partidista: el verde ecologista. Un partido que incansablemente se ha dicho que no es lo que su nombre proclama, y que ahora se encuentra en dobles dígitos en algunas encuestas a partir del uso ilegal de recursos para adelantar logros inexistentes pero vistosos y que son suficientes para mover a cierto sector de votantes para que los elijan, aunque estas propuestas –como la pena de muerte hace algunos años– sean irrealizables.

El partido que más gana con la situación es aquel que entiende mejor la podredumbre: sabe que no se debe a nadie y que no tiene que proponer cosas tangibles. Una parte de la sociedad se indigna –esto es anecdótico, pero no conozco a nadie que haya decidido votar por el verde después de ver sus anuncios– y las instituciones no responden. Si acaso multan al partido, que paga la deuda con el dinero que obtiene de los contribuyentes.

Lo aquí descrito es una pequeña muestra. ¿Que por qué nos indignamos? Porque estamos viendo las cosas como son y no parecemos encontrar un método para cambiarlas.

Esteban Illades es editor en nexos.


[1] Esto deja de lado, claro, la forma en que el gobierno responde ante el uso de tales herramientas. Como experiencia personal lo siguiente: en algún momento del año pasado pedí información sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. En un principio todas las dependencias relacionadas se declararon incompetentes y me redirigieron a la administración del aeropuerto actual. Ellos respondieron que no eran autoridad por no estar constituidos para administrar el nuevo aeropuerto. Tras un recurso de revisión, en el que se les ordenó entregarme la información, respondieron que no podían dar toda porque en el lapso de la solicitud se habían constituido como nuevo grupo aeroportuario, y su nuevo objeto social no incluía la información que les había pedido.
[2] Ver lo sucedido con GEA-ISA durante la elección presidencial de 2012 para mayores referencias.

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