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El pasado miércoles 29 se aprobó en el senado la Reforma Política del Distrito Federal. Se trata de una reforma que si bien importante, para la gente tiene poco sentido. La razón es que es una reforma más interesada en la clase política ensimismada en la competencia electoral que en dar beneficios tangibles a la ciudadanía.

En contenido, la reforma logra cosas importantes aunque muy formales, de poco interés ciudadano.  El DF –ahora Ciudad de México- es una entidad federativa- no un estado- sede de los poderes de la unión, capital de los Estados Unidos Mexicanos y en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se transformará  en el Estado de la Ciudad de México.

Este cambio nominal tiene que ver con la naturaleza del Distrito Federal, con la existencia de las federaciones, con la conformación de una república que se logra a partir de la reunión de estados soberanos, que conservan su independencia al interior, pero que se unen por voluntad para constituir una federación. Esa unión precisa de un territorio que sea sede de las autoridades federales, como lo ha sido la Ciudad de México desde que México tiene vida independiente y federal.

Si bien se precisa de la existencia y determinación de un territorio sede de los poderes federales, otra cosa es la ambivalencia y el dominio y confrontación política que sobre ese territorio se puede presentar y que es natural cuando hay fuerzas políticas contrapuestas –y no identidad- entre el gobierno federal y el gobierno local.

Esta batalla se ha manifestado en la Ciudad de México y se intensificó  particularmente en dos periodos: en 1928 durante el gobierno de Álvaro Obregón, en el cual se eliminó el régimen municipal para crear un tipo de desconcentración del poder del presidente a través del nombramiento de un jefe de departamento (sensación que persiste en la actualidad cuando la gente de la tercera edad se refiere aún a la figura del Jefe del Departamento del Distrito Federal), y en 1987 cuando por el terremoto que sacudió a la Ciudad de México dos años antes comenzó un periodo intenso de apropiación ciudadana de la conducción del rumbo social y político en la ciudad capital, que llenó la incapacidad y desinterés del gobierno federal por atender las necesidades locales y que se fructificaría con el cambio democrático electoral de 1997, cuando se eligió al primer Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

La batalla por la independencia de la ciudad no es nueva. De hecho comienza desde el México independiente, cuando ya se discutía donde debería asentarse la capital del país, cuando se le somete a la primera competencia por su viabilidad como centro del país. El recelo hacia el centro, hacia México, hacia el Distrito Federal, hacia la Ciudad de México, es una de las más grandes contradicciones de la historia nacional, justo en el lugar que da nombre material a nuestro país: México.

De hecho, en ese contexto de confrontación e intervención desde el ámbito federal presidencial es que debe entenderse la concreción de esta reforma en el senado de la república, que se asume como garante del pacto federal, y como generador de la nueva historia de la Ciudad de México. Es el ámbito de lo federal el que ha sido causa de la suspensión de la reforma desde 2001, y que tuvo un último intento en 2010.

Dos cosas valen destacar de esta reforma. Por un lado, la Ciudad de México, como entidad federativa, podrá participar en el proceso constituyente como lo hacen los demás estados, y algunas materias que antes tenía reservadas la federación (como indultar reos del orden común, nombrar a los responsables de seguridad y procuración de justicia), ahora serán facultades de las autoridades capitalinas.

Por otro lado, el gobierno de la Ciudad (sin dejar de atender su unicidad financiera, uniformidad urbana y coordinación en la gestión) se reorganizará internamente para que sus delegaciones se transformen en alcaldías, ampliando el régimen administrativo bajo la lógica de mayor representación, pesos y contrapesos, pluralidad, transparencia y rendición de cuentas.

Pero otra tensión se vuelve a dibujar entre la ciudad y el poder central federal. Tiene que ver con la noble tarea de crear la primera constitución de la ciudad capital que al adquirir mayor autonomía, como entidad federativa, tendrá que darse su carta fundamental, mediante un régimen de transición que se ordena desde el poder federal con las siguientes características:

  • El Congreso de la Unión acuerda una reforma constitucional a la carta federal, especialmente al artículo 122 constitucional.
  • En esa misma reforma, mediante régimen transitorio, se ordena la conformación de un poder constituyente, cuyo mandato es aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México y que terminará el régimen del Estatuto de Gobierno que regula sustancialmente la condición jurídica y administrativa de la Ciudad, como un departamento administrativo dependiente del gobierno federal.
  • Se mantiene cierta intervención en el proceso, reservándose desde la constitución algunas facultades relacionadas con la capitalidad y ser sede de los poderes federales (exención de predial para inmuebles federales, remoción del jefe de seguridad pública, acordar recursos para apoyar anualmente las necesidades de capitalidad) y en el diseño, puesta en marcha y realización de los trabajos del constituyente, mediante la designación de delegados que acompañen o compitan con los constituyentes electos mediante el voto popular a una razón de 40 para los delegados y 60 para electos, para un total de 100 constituyentes.

Cierto es que en la doctrina constitucional se dividen las opciones entre constituyentes pactados o constituyentes puros, los cuales, en este último caso,  son sólo proyectistas del texto constitucional, en el entendido que si el constituyente originario es el pueblo, la legitimidad se asegura cuando se somete el texto a aprobación popular mediante referéndum.

Y decíamos que hay tensión porque el proyecto constitucional podría ser un nuevo y claro reflejo de esa confrontación histórica entre el poder federal y el centro capitalino ciudadano, que ya se ha venido manifestando mediante la diferencia no solo social, sino jurídica-contenciosa en la ejecución de políticas públicas, agenda de derechos humanos y acciones progresistas que no tienen comparación no sólo a nivel nacional, sino internacional.

Una paradoja es también clara. La Ciudad de México, como polo del desarrollo nacional, no ha necesitado de un régimen jurídico soberano e independiente para avanzar en su agenda pública, democrática, de libertades para todas y todos.

Se trata, en suma, de una diferencia entre la constitución formal (aquella que redacta la clase política) y la constitución real (la que viven los ciudadanos de forma legítima), tal y como se ha vivido en la ciudad desde 1997.

Si el pueblo es el constituyente, hay que pensar con seriedad si queremos un texto constitucional que sea artificial producto de la clase política y sus consensos, o bien queremos un texto constitucional de la Ciudad de México que identifique por primera vez en la historia del país al ser y al deber ser, a las aspiraciones y libertades de los habitantes de la inigualable Ciudad de México.

2017 debería ser, en realidad, un momento refundacional de la república, erigido desde la ciudad de México. Sería una buena manera en que los 100 constituyentes conmemoraran los 100 años de la constitución de 1917.

José Omar Sánchez Molina es secretario técnico de la Comisión del Distrito Federal en el senado de la República. Licenciado y maestro en Derecho, con menciones honoríficas por la Universidad Nacional Autónoma de México.

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