sueldo

Hace un par de meses en una mesa de discusión de los martes en uno de los programas radiofónicos de Enfoque, Leonardo Curzio y Ricardo Raphael cuestionaron el seguro de gastos médicos o el seguro de separación de los funcionarios de confianza. Esta reflexión busca explicar los incentivos y contraprestaciones que se tienen que generar para que alguien sirva a la nación como servidor público de carrera, que de antemano se debe distinguir de la clase política.

En el proceso de modernización de cualquier país, la Administración Pública (AP) queda sujeta al escrutinio, críticas y fiscalización de la ciudadanía. Precisamente parte de la madurez de una nación, es la construcción de un diálogo entre el gobernante y el gobernado en donde el primero comunica a través de los resultados, y el segundo mide y cuestiona la gestión pública a partir de los mismos.

En ese orden de ideas, los resultados son el fundamento de la legitimidad del Gobierno. Si queremos contar con funcionarios orientados a la búsqueda de resultados, con altos niveles profesionales y una preparación técnica competitiva, el Estado debe de ofrecerles incentivos al menos equivalentes a los del mercado laboral, en donde el talento se paga a su debido precio.

El análisis del resultado de lo público se centra en la esfera más alta de la Administración Pública Federal (APF). Los comentaristas y analistas tienden a centrarse en los primeros espacios de poder que son aquellos, que desde el ámbito público, integran el presidente, secretarios, subsecretarios, senadores, diputados, ministros de la Corte, e inclusive magistrados de tribunales especializados. Cuando se hace un estudio de las retribuciones de la burocracia, en los análisis que se hacen del Tomo VIII del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), a lo más que se baja es al nivel de jefes de unidad, directores generales e inclusive directores generales adjuntos. Aquellos son los que ganaron sueldos netos entre $62,000 y $135,000 pesos durante el ejercicio fiscal 2014, sueldos que podrían parecer adecuados y que sin embargo están fuera de mercado si se comparan con sus pares en el sector privado. En el caso de la Secretaría de Gobernación, estos niveles sólo representan el 3.94% del total de funcionarios registrados por esa dependencia en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 aprobado por la Congreso de la Unión.

Los recursos humanos en la APF se mueven en una banda salarial que va de $139,834.92, en el caso de un secretario, hasta $6,602.35 en el caso de un enlace. Todos los niveles en este rango son personal de confianza, sin liquidación, seguridad en el empleo, ni prestaciones de contratos colectivos. Cuando hacemos un análisis en función de los servicios personales de la Administración, debemos tener cuidado de cualquier generalización. En el cajón de la mal llamada “Alta Burocracia” no sólo hablamos de secretarios de estado a directores generales adjuntos, también estamos mencionando directores, subdirectores, jefes de departamento y enlaces. Hay que considerar que este último grupo representa siempre el mayor porcentaje, siguiendo el ejemplo anterior, la proporción es del 45.4%. Por ejemplo, de los 4,409 servidores que tiene la Secretaría de del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el rubro de servicios personales para 2014, sólo 96 son de nivel de director general adjunto para arriba. El corazón de los “altos funcionarios” son 882 enlaces y jefes de departamento cuyos sueldos mensuales líquidos están entre $6,602.35 y $22,828.90 y 681 subdirectores y directores con sueldos entre $20,094.76 y $68,020.64 al mes.

Los números anteriores pueden decirnos mucho y no decirnos nada a la vez. Sólo cuando revisamos las funciones que llevan a cabo, es cuando podemos poner en perspectiva si retribuimos o no justamente a aquellos a los que hemos dado la operación de lo público. Considerando que éstos van desde los controladores aéreos del Servicio Nacional del Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), pasando por investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), hasta los encargados de la seguridad de los separos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Cuestionar a la Administración Pública en el ejercicio del gasto público es producto de la madurez de un pueblo, pero también es producto de la estatura de una nación construir un servicio civil bien remunerado que asegure técnicos preparados para la conducción de las áreas especializadas del país. Singapur, el gran ejemplo de ciudad-estado del lejano oriente, entendió durante el gobierno de Lee Kuan Yew, que para tener una burocracia eficiente, eficaz y fuera de la tentación de la corrupción, había que remunerar justamente a los servidores públicos. El criterio de los tabuladores de sueldo en esta nación no los pone el Estado, sino el mercado. Bajo ese criterio, en México el análisis se determinaría de la siguiente manera: el sueldo del Director de Programación y Presupuesto de SCT debe de ser equivalente al de un director de finanzas de un banco; muy probablemente el primero tiene mayor responsabilidad, pues le hemos encomendado el ejercicio, control y seguimiento de $119 mil millones de pesos que tuvo asignada dicha Secretaría en el PEF 2014.

Lo anterior ayudaría a evitar la pérdida de talentos y situaciones de corrupción. Para funcionarios con nivel de jefes de departamento, que ganan mensualmente entre $13,825.05 y $22,828.90 y llevan sobre sus hombros el otorgamiento de licencias en un Centro SCT, por poner un ejemplo, no es difícil caer en la tentación de vender un permiso. Otro caso que sale de proporción entre las responsabilidades y la retribución se puede encontrar en las personas que se encargan de administrar financieramente las más de 1,750,000 plazas que tiene la APF sin tomar en cuenta la nómina de maestros. Un subdirector encargado precisamente de la política de servicios personales en este rubro puede ganar entre $20,094.76 a $36,367.26. La pregunta que nos deberíamos hacer antes de cuestionar estas retribuciones públicas sería cuánto gana su par de recursos humanos en Bimbo o Telmex y quién llega al millón de empleados administrados.

Cuando un testador o un fideicomitente constituyen un fideicomiso con bienes de su patrimonio, buscan que el fiduciario sea una institución sólida, profesional, eficiente y confiable. Esos mismos criterios son los que los ciudadanos deberían buscar en el servicio público cuando encomiendan el manejo del patrimonio nacional. Sin embargo, parecería que la comentocracia no coincide con estos criterios: no está dispuesta a que se pague lo justo por esos servicios.

México requiere servidores públicos de primer orden, pero los ciudadanos, y particularmente la opinión pública, deben estar dispuestos a permitir que la Administración Pública obtenga y pague buenos talentos en todos los niveles. Cada vez que critiquemos el salario de un funcionario, pensemos antes si la retribución es proporcional a sus responsabilidades y trabajemos para que así sea. De otra manera, a un buen talento siempre le estará esperando una mejor oportunidad. Cuando levantemos la voz contra el servicio público recordemos que es el único sector que desde el año 2000 no recibe un aumento y que, año con año, su salario no se actualiza con la inflación. Si hacemos la cuenta del poder adquisitivo perdido, probablemente encontremos una correlación estadística con los talentos que también se fueron del servicio a la nación.

Enrique Huesca es maestro en Administración Pública por la Maxwell School y Maestro en Criminología por la Universidad de Cambridge. Desde el año 2009 trabaja en temas de Política Pública y Presupuesto.

Te recomendamos: