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En la Europa pre-industrial las protestas populares solían tener una característica peculiar: no estaban dirigidas hacia una burocracia impersonal o hacia el Estado, sino contra individuos concretos, como los comerciantes locales que acaparaban grano en tiempos de escasez. Estaban encarnadas. Era común que este tipo de acciones tomaran la forma de rituales en los que el ofensor era objeto de vergüenza pública: desde ser paseado por las calles del pueblo a lomos de un burro —recibiendo los proyectiles de la multitud furiosa—, hasta lo que se conocía como charivaris, Ketzenmusik o haberfeldtreiben, en donde los pobladores se reunían frente a la casa del presunto culpable para insultarle, hacer disparos al aire o hacer sonar tambores y ollas, todo con el objetivo de hacerle salir a enfrentar a sus acusadores.

Este antiguo repertorio de protesta —local en su foco, limitado en su duración y usualmente dramático, como dice el sociólogo Hank Johnston–[1] tiene un gran parecido con una forma de acción colectiva que apareció en España en 2013, en el marco de la crisis: los escraches.

En los escraches, una multitud organiza una concentración frente al domicilio de algún político, señalándolo públicamente como uno de los responsable de la situación del país. La acción toma su nombre de una práctica iniciada en Argentina durante los años 90: los hijos de los desaparecidos durante la dictadura militar localizaron a antiguos torturadores que vivían en total impunidad, por lo que comenzaron a lanzar pintura roja a sus casas y repartir información sobre sus crímenes entre los vecinos. Para sus impulsores, fue una manera de revitalizar la lucha iniciada por las madres y abuelas de la Plaza de Mayo. Más tarde, con el “corralito”, la práctica se generalizó y se comenzó a escrachar a empresarios, banqueros y políticos.[2]

La crisis inmobiliaria y la PAH

En España, los protagonistas de los escraches suelen ser miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca —la PAH— una organización surgida en 2009 que agrupa a quienes han perdido o están a punto de perder su casa por el impago de sus créditos bancarios. Junto con el movimiento del 15-M y las “mareas ciudadanas” en defensa de la educación y la sanidad públicas, la PAH fue el germen del cambio que hoy resume Podemos.

La Plataforma nació como respuesta al símbolo más crudo de la crisis económica: los desahucios. Es decir, los desalojos —a menudo con la intervención de la policía— de los ocupantes de una vivienda debido al incumplimiento del pago de la hipoteca o el alquiler. Con la crisis, el aumento del desempleo y los recortes a las pensiones, miles de hipotecas adquiridas durante la “burbuja inmobiliaria” resultaron impagables para las familias españolas. Quizá lo más trágico del asunto es que muchas de ellas han sido condenadas a una morosidad de por vida, pues de acuerdo con la ley siguen debiendo a los bancos el dinero del préstamo tras haber entregado su vivienda, pues el valor de las propiedades ha sufrido una drástica caída.

No existe consenso en torno a las cifras de desahucios, pero un par de ejemplos deben bastar para dimensionar el problema: de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, de enero de 2008 a septiembre de 2014 hubo 360 mil desalojos en España, 146 al día. Por su parte, un estudio de 2013 realizado por Metroscopia, señalaba que al menos 1 de cada 5 españoles aseguraba que él mismo, un familiar o algún amigo habían perdido su casa por no haber podido pagar su hipoteca.

Las historias de esta emergencia habitacional se han vuelto noticia frecuente. Algunas de ellas hablan de generosidad y nobleza, como cuando en noviembre de 2014, Carmen Martínez Ayuso —una anciana de 85 años— fue echada de la casa que había habitado por medio siglo en Vallecas. Como respuesta al desalojo, el Rayo Vallecano —un club de futbol con gran arraigo en este barrio madrileño de tradición obrera— recaudó más de 20 mil euros para que la anciana pudiera permanecer en su piso. La señora Martínez sólo necesitó de la mitad de la suma recaudada, por lo que donó el resto del dinero para que los hijos de un ex jugador del Rayo, enfermo de cáncer, pudieran viajar a España desde Nigeria para verlo.

Sin embargo, no todas las historias terminan así. Lentamente, los medios comenzaron a publicar notas sobre las muertes relacionadas con los desalojos: un padre de familia que se ahorca en su departamento, una mujer que se prende fuego frente al banco que se ha quedado con el piso, una pareja de ancianos que se suicida después de recibir el anuncio de desahucio, personas que se lanzan al vacío desde una ventana el día en que la policía toca la puerta de su edificio. No hay estadísticas oficiales sobre el tema.

La Plataforma en acción: desobediencia civil, obra social e iniciativas legislativas

De acuerdo con su sitio de internet, la PAH ha logrado detener 1663 desalojos en toda España a través de la campaña “Stop Desahucios”. El método utilizado es la formación de cadenas humanas a las puertas de las casas de los afectados, intentando impedir el paso de los agentes judiciales. Algunos de estos actos de desobediencia civil han acabado en enfrentamientos y detenciones, aunque dentro de la propia policía hay sectores que se niegan a participar en los desahucios.

Al mismo tiempo, la PAH ha llevado una campaña para “ocupar” las viviendas vacías propiedad de las instituciones financieras, en la que apoya a las familias para re-instalarse en las viviendas de las que fueron desalojadas por las ejecuciones hipotecarias. Hasta el momento, hay más de 2500 personas realojadas como producto de la “Obra Social” de la PAH, que parodia —en su nombre— a los proyectos sociales de una de las cajas de ahorro más poderosas de España, La Caixa.

Además, a principios de 2013, la PAH y otros movimientos sociales presentaron ante el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que se elaborase una nueva legislación en materia hipotecaria cuya principal demanda era la “dación en pago”: que cuando una hipoteca resulte impagable la entrega de la vivienda liquide la deuda. La iniciativa fue respaldada por más de un millón 400 mil firmas y, pese a la reticencia inicial del Partido Popular (PP), fue admitida a discusión en el parlamento.

Fue durante el debate de esta iniciativa que nacieron los escraches, como una forma de presionar a los legisladores del PP, que previsiblemente rechazarían la ILP, para que rompieran la disciplina de partido a la hora de votar. Durante la discusión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que las leyes españolas no garantizaban a los ciudadanos protección suficiente contra las prácticas abusivas en materia de vivienda, vulnerando una Directiva Comunitaria de 1993.[3] Esta decisión del tribunal de Estrasburgo comenzó a cambiar las reglas del juego, al permitir a cualquier juez detener los desahucios, pese a que la iniciativa promovida por la PAH acabó siendo rechazada de facto, al redactarse una nueva ley de vivienda que no consideraba la dación en pago.

La polémica en torno a los escraches

La lucha de la PAH se ha convertido en uno de los mayores símbolos de la resistencia ante los efectos de la crisis. Su nivel de organización y creatividad, así como el rechazo hacia las entidades financieras y la actuación del gobierno, explican la popularidad de la Plataforma.[4]

Ahora bien, esto no significa que acciones como los escraches estén exentas de polémica: sus defensores argumentan que estas protestas representan el ejercicio legítimo de derechos fundamentales (libertad de expresión, reunión y manifestación), que su carácter es informativo y que las concentraciones se realizan siguiendo un estricto protocolo —siempre en días laborales y en horario escolar, para no interpelar a los niños, de forma pacífica e intentando importunar lo menos posible a los vecinos. Por su parte, desde el Gobierno español la práctica se ha equiparado con estrategias de amedrentamiento propias del fascismo o —como es marca de la casa— con el terrorismo de ETA. De igual modo, se ha repetido hasta la saciedad que los escraches son obra de una minoría: un alto cargo del PP llegó a declarar que la mayoría de los españoles “dejaban de comer antes de no pagar su hipoteca”.

En México, el sociólogo Fernando Escalante tomó nota del fenómeno con el estilo reflexivo que le caracteriza: juzgó que el paso de la protesta del Congreso a los domicilios particulares rompía “una de las barreras más frágiles de la civilidad”, aunque apuntaba también que era un intento de “decir algo que no cabe en los espacios de representación establecida, que no dicen o no pueden decir los partidos”.

Es probable que, hasta hace poco, este tipo de acciones habría generado un rechazo general, pero las imágenes de familias enteras echadas de sus casas por la fuerza se encuentran ya tan presentes en el imaginario popular que las críticas a los escraches centradas en la inviolabilidad del domicilio han quedado prácticamente sin efecto. Al poco de comenzar, 89 por ciento de los españoles que conocían la existencia de los escraches los aprobaban, y pese a las descalificaciones hacia las protestas y la PAH, una amplia mayoría sigue respaldando estas acciones siempre que sean pacíficas.

Las elecciones de mayo de 2015

La historia de la PAH y la crisis inmobiliaria española merece ser contada por sí misma, pero sí hoy es noticia es porque una de sus fundadoras y su principal portavoz, la activista Ada Colau, acaba de ganar las elecciones para la alcaldía de Barcelona.

Con 25% de los votos, el triunfo de Colau —que fue cabeza de lista de Barcelona en Comú, una plataforma en la que se incluyen movimientos sociales y partidos políticos como Podemos— ha puesto fin a casi cuarenta años de turnismo entre Convergencia i Unió (CiU), una coalición de derecha nacionalista, y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), la marca regional del PSOE, en el ayuntamiento de la Ciudad Condal. Un ángulo interesante de este resultado es que parece haber roto con la lógica de la política catalana, donde el eje izquierda-derecha es subsumido por la confrontación en torno a la cuestión nacional.[5] La candidatura de Colau, como señalaba hace unos días el politólogo Lluis Orriols, podría haber agrietado ligeramente las fronteras identitarias entre españolistas y catalanistas.

Además de Barcelona, las candidaturas de “unidad popular” podrían gobernar otras capitales españoles, pactos mediante. El PP se mantiene como la principal fuerza política, aunque pierde cerca de tres millones de votos, mientras que la iniciativa de cambio que nació en mayo de 2014 ha crecido en cada elección. Sin embargo, los resultados del domingo —elecciones municipales en toda España y regionales en 13 de las 17 Comunidades Autónomas— plantean una pregunta interesante para el futuro: ¿cuál de los dos espíritus de Podemos prevalecerá? ¿El Podemos de raíz asamblearia y horizontal que nace de los Círculos? ¿O el más vertical y pragmático, centrado en la eficacia y convertido en una “maquinaria de guerra electoral”? El primero ha triunfado en las elecciones municipales con nombres alternativos como Ahora Madrid, Compromís en Valencia o Barcelona en Comú, mientras que el segundo, que se presentó a las elecciones autonómicas con su marca original, tuvo un desempeño más bien modesto.[6]

Mientras este dilema se resuelve, lo que hasta hace un momento era sólo verbo —un estado de ánimo, materia de sondeos y expectativas— ha comenzado a hacerse carne.

César Morales Oyarvide es politólogo.


[1] Hank Johnston, States and Social Movement, Polity Press, Cambridge, 2011.
[2] El origen del término no está claro; probablemente provenga del lunfardo, el habla popular del Gran Buenos Aires, y signifique “poner en evidencia”.
[3] Las Directivas son disposiciones obligatorias para los Estados miembros de la Unión Europea.
[4] En una encuesta de marzo de 2013, 81% de los españoles aseguraba confiar en asociaciones como la PAH, mientras que sólo 11% decía confiar en el gobierno.
[5] El papel que juega el nacionalismo en la política catalana puede verse desde el propio gobierno regional, donde los conservadores de CiU son apoyados por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), un partido de izquierda que es también catalanista.
[6] José Luis Sánchez lo argumenta bien en un texto para la revista Viento Sur, “El consenso funcionó mejor que el asalto”.

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