agua

Este viernes 5 de junio es el Día mundial del medio ambiente. Es un buen momento para recordar que el agua potable es un derecho de todos los mexicanos y que, por tanto, el agua embotellada no tiene razón de ser. Mucho menos si se trata de una industria altamente contaminante. En otras partes del mundo se han emprendido acciones para reducir su consumo. En México, ¿vamos a seguir esperando a que sea el gobierno el que haga algo al respecto?

Hay cosas que consumimos y pareciera que siempre han existido. No nos cuestionamos su uso. Tal es el caso del agua embotellada que compramos sin mayor problema, ya sea por su carácter práctico o porque no confiamos en el agua del grifo. En restaurantes, en reuniones de trabajo, en el parque, en conciertos, en los estadios, en innumerables lugares, la única opción para hidratarse con agua simple es el agua embotellada. Si acaso hay bebederos, o no funcionan o se encuentran en un estado deplorable. Pareciera que nuestra única opción es el PET (como se conoce al tereftalato de polietileno, un poliéster que forma parte de la familia de los plásticos que es fácilmente moldeable y que actualmente es la principal materia prima para los envases de agua y refrescos). Desafortunadamente las consecuencias de este consumo van mucho más allá del simple hecho de saciar nuestra sed. El daño al medio ambiente comienza desde la producción de la botella de plástico, continúa cuando la desechamos y mantiene sus efectos nocivos sobre el medio ambiente por largo tiempo. En México el PET es una tercera parte de la basura doméstica que generamos. De este tipo de basura, solo reciclamos el 15%; lo demás termina en basureros o es arrastrado al mar (el PET en el agua tarda mucho más en degradarse que en tierra: si en tierra son más de 50 años, en el agua son más de 100).

Desde fines del siglo XX, México figura como uno de los principales consumidores de agua embotellada del mundo. En la actualidad encabezamos la lista: durante 2014 tiramos a la basura alrededor de 21 millones de botellas de plástico. Lamentablemente hasta la fecha no existen políticas gubernamentales nacionales que pongan en la mira el problema. A pesar de que a principios de ese mismo 2014 se recibió con beneplácito la iniciativa del gobierno de dotar a todas las escuelas de educación básica y media con bebederos de agua potable, la Alianza por la Salud Alimentaria llamó primero la atención sobre la insuficiencia del presupuesto asignado para ello y, posteriormente, sobre como en el ciclo escolar 2014-2015 la iniciativa quedó en letra muerta.

Letra muerta también es la reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México que obliga a los restaurantes a otorgar agua de manera libre y gratuita a los comensales. A pesar de que desde abril de 2014 la ley sanciona con multas a los establecimientos que incumplan la ley (multas que oscilan entre los 25 y 125 días de salario mínimo), hasta la fecha es común que cuando alguien pide agua en los restaurantes el mesero regrese con una botella de agua. Miguel Ángel Mancera anunció la reforma como un “paso decisivo” y aprovechó la ocasión para anunciar que se promulgaría una ley para que en todos los edificios públicos de la ciudad se instalaran bebederos con el objetivo de reducir la generación de PET. Una vez más, todo quedó en palabras. Hasta el momento pareciera que las medidas se toman con el único fin de generar nota periodística y lograr una imagen favorable ante la opinión pública, pero no en confrontar realmente el problema.

Las batallas por reducir el PET en el mundo son diversas. Hay iniciativas universitarias donde se busca eliminar el PET en los campus, como por ejemplo en Estados Unidos la Universidad de California en Berkeley (así como en los demás campus de este sistema de educación superior) o en las universidades de Toronto y Ottawa en Canadá. Hay también iniciativas donde se prohíbe usar presupuesto público para comprar agua embotellada, como en el Parlamento Inglés o en el Parlamento Europeo. Un ejemplo paradigmático es el de la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos, que ha mantenido una política ecológica consistente desde hace tiempo. Primero legisló para reducir el uso de bolsas de plástico (2007) y más adelante aprobó una política de mediano plazo para reducir el consumo de PET (2014 al 2018). La iniciativa busca incrementar las instalaciones de agua potable en espacios públicos, prohibir el uso de recursos públicos para comprar agua embotellada y prohibir la venta de botellas de agua en lugares gestionados por el gobierno.

La Red Mexicana de Acción por el Agua hace poco difundió que las cámaras de diputados y senadores de México consumen al año 709,920 botellas de agua de 330 ml.; lo que representa un gasto de poco más de 2 millones de pesos anuales. La prohibición de gastar recursos públicos en comprar botellas de agua serviría no sólo como ahorro, sino como un ejemplo para el conjunto de la sociedad.

El agua, se nos olvida, es un derecho, no un producto. En el libro Apropiación del agua, medio ambiente y obesidad, coordinado por Gian Carlo Delgado y publicado por la UNAM en 2014, se indica que una de las principales razones del gran éxito del uso de botellas es la promesa de obtener agua potable de manera higiénica. Sin embargo, éste es un derecho del que, en principio, gozan todos los mexicanos. Desafortunadamente, ahí no acaba la historia: la mercadotécnica de la industria del agua embotellada no dice una palabra al público consumidor sobre otros riesgos a la salud asociados al consumo de este tipo de agua, tales como los BPA o bisfenol A u otros químicos que se utilizan en la fabricación de los plásticos, que se liberan y pasan al líquido de la botella. Por si fuera poco, dicha mercadotecnia no dice una palabra sobre los estragos al medio ambiente, sino que sus etiquetas muestran valles esplendorosos o caídas de agua cristalinas, enviando así un mensaje manifiestamente falso.

Las botellas de agua son parte de la cultura desechable que parece haberse convertido en parte consustancial de las sociedades contemporáneas. Sin embargo, el hecho de que paguemos y contaminemos por agua que, en principio, debiera estar disponible en muchos lugares, le da una connotación especial al tema del agua embotellada. Podemos comprar filtros de agua para nuestras casas o hervir el agua (como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud) y transportar el agua con nosotros en botellas de vidrio, de acero inoxidable o de aluminio.

Como ciudadanos nos toca exigir a las autoridades la cobertura de agua potable de calidad en todo el país y la inversión en instalación de sistemas de bebederos en lugares públicos. Esto sería consecuente, por lo demás, con los esfuerzos que se están haciendo en nuestro país en busca de una mejor alimentación y de la reducción del consumo de bebidas gaseosas (básicamente refrescos), que no alimentan y que tienen toda una serie de consecuencias negativas para la salud; además de que, por supuesto, contaminan el ambiente. En otras palabras, las políticas para reducir el consumo de refrescos deben ir acompañadas de políticas en contra de la contaminación que producen las botellas de agua embotellada, de manera que este tipo de agua no se convierta en una alternativa.

Sin duda, hay un sinnúmero de cosas por las que tenemos que trabajar en nuestro país. Hay también muchas acciones que puede emprender la ciudadanía sin necesidad de esperar la acción gubernamental. Dejar de consumir botellas de plástico es una elección personal que nos hace responsables de nuestro entorno y que contribuye al bienestar de nuestra ciudad, de nuestro país y de nuestro planeta.

Lorena Gurza Gómez Palacio y Valeria Sánchez Michel

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