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Por todo lo declarado ayer por funcionarios de alto perfil del FBI, del Departamento de Justicia y del Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) del gobierno de Estados Unidos sobre mantener limpia la práctica del fútbol en países en vías de desarrollo y defender el carácter igualitario de este deporte alrededor del globo, lo cierto es que los 14 acusados (nueve funcionarios de la FIFA más cinco ejecutivos de corporaciones comerciales) llevan ante sí evidencia inculpatoria de haber roto la ley en Estados Unidos: no de haberlo hecho en los países en vías de desarrollo ni alrededor del globo, sino pura y exclusivamente en Estados Unidos.

Aunque desde luego la presencia de la Fiscal General de EEUU, Loretta Lynch, dotó de altura al asunto porque fue ella quien presentó las acusaciones más graves sobre corrupción y asociación delictuosa que conllevan penas individuales de hasta 20 años de cárcel, fueron las palabras del jefe del IRS, Richard Weber, las que nos dan las pistas acerca de cómo se descubrió este esquema de peores prácticas al interior de FIFA, Concacaf y Conmebol. Cuando tomó el micrófono en la conferencia de prensa de ayer, Weber citó los 11 millones de dólares no declarados al fisco en ingresos personales de Charles ‘Chuck’ Blazer, quien desde 2013 se declaró culpable de los cargos desde el puesto de Secretario General de la CONCACAF –la confederación en la que participa México–, el cual ostentó hasta 2011.

Las autoridades estadounidenses estaban pues ante un caso simple de evasión de impuestos que por supuesto invitaba a la duda razonable a través de una inducción. Es decir, bastaba con preguntarle a Blazer lo de oficio para descubrir la parte de este iceberg que está debajo del agua: ¿Quién (o quiénes) te dio esos once millones? ¿En vista de qué funciones dentro de la Concacaf te fueron dados? ¿Por concepto de qué? ¿Con qué facturas? ¿En qué banco o en cuáles bancos?

Las respuestas a estas preguntas permiten saltar del caso sencillo de evasión fiscal a los 14 casos de corrupción y asociación delictuosa que violan las leyes en Estados Unidos. Lynch, Weber y los otros funcionarios se pasaron la conferencia de prensa haciendo hincapié en que los imputados corrompieron el mandato legítimo de la FIFA (extender la práctica del fútbol por todo el orbe) para obtener beneficios personales mediante la conspiración y/o conflicto de interés con ciertos ejecutivos comerciales para dirigir la asignación de contratos de mercadeo de los torneos organizados por las asociaciones arriba mencionadas: la Copa Oro y la Copa América. La acusación es contundente porque haberla dejado en mera corrupción pudo implicar la sola idea de uno o varios miembros malversando fondos propios de la institución: incluir el caso por asociación delictuosa nos presenta una escena más compleja y completa en la cual miembros de una asociación internacional sin fines de lucro entran en confabulación con ejecutivos de corporaciones mercantiles (sean éstas de distribución de entradas a los estadios, de posesión de derechos televisivos o de explotación publicitaria) para generar ganancias ilegítimas. Un fraude.

Terminada la presentación pública del esquema general de las 14 acusaciones, los funcionarios estadounidenses dieron paso a las preguntas de la prensa. Los periodistas más astutos cuestionaron los métodos específicos para recaudar la evidencia (¿Intervención de cuentas bancarias? ¿De conversaciones telefónicas bajo el amparo de disposiciones anti-terrorismo?) y del mismo modo los funcionarios declinaron –legalmente– entrar en detalle. La conferencia fue prácticamente la exposición pública de la inducción que llevó del caso Blazer hasta los 14. El curso de los procesos de extradición en suelo suizo, y de sus apelaciones, y de los juicios en suelo estadounidense, y de sus apelaciones, dictará qué porcentaje del iceberg sondearemos.

Para lo que no hay tiempo de espera es para intentar aproximarse al proceso de descomposición política de la FIFA. Del mismo modo que el gobierno de Estados Unidos fundamentó sus cargos más graves a partir de las pesquisas de la evasión fiscal de Blazer, esto es, a partir de una inducción apoyada en evidencia e investigación, del mismo modo se puede fundamentar el proceso de descomposición de la FIFA a partir de otra inducción basada en teoría y hechos.

En su más reciente libro, Political Order and Political Decay, el muy conocido politólogo Francis Fukuyama sugiere que cualquier orden político (él habla concretamente de estados, pero no veo el porqué no aplicarlo también a organismos internacionales) es sujeto de sufrir decadencia. Según él, la decadencia se observa cuando las tres instituciones que componen el orden político -estado de derecho, burocracia y rendición de cuentas- son incapaces de cumplir las funciones para las que fueron creadas (proteger derechos, procurar justicia, garantizar acceso equitativo a la participación política, proporcionar salud y/o bienestar económico etcétera).

¿Cuáles son los dos procesos más comunes por los que las instituciones del orden político decaen? Uno, la incapacidad de las instituciones para adaptarse a nuevos tiempos, el anquilosamiento; y dos, la ‘repatrimonialización’, la captura de dichas instituciones por parte de oligarcas dentro y fuera del sistema. Lo novedoso en la entrega de Fukuyama es la tesis de que un orden político moderno se alcanza secuencialmente: primero debe existir ley y ésta debe aplicarse, después debe existir burocracia autónoma en pos de la eficacia y sólo al final debe sujetarse ésta a la rendición de cuentas.

Vista así, antes de entrar en decadencia, la FIFA había alcanzado mediante un desarrollo secuencial como el propuesto por Fukuyama un orden político moderno. El poder y la soberanía de la FIFA sobre el mundo del fútbol profesional, podría argumentarse, reside esencialmente en su estatuto 68 que prohíbe explícitamente el recurso a la justicia ordinaria de cualquier país. De esto se desprende que la FIFA tiene su propia magistratura -el Comité Disciplinario- y además se adhiere al Tribunal de Arbitraje Deportivo como instancia última e inapelable de ratificación de dictámenes. La FIFA en otras palabras logró convertirse en un ente autónomo a la soberanía de los estados nacionales a través de su estatuto 68 que, de violarse por un particular, acarrea sanciones tan duras como la suspensión de federaciones nacionales -selecciones- de fases finales de la Copa del Mundo. Como un ejemplo, el ex futbolista Salvador Carmona, quien fue sancionado por dopaje positivo durante la Copa Confederaciones de Alemania 2005, varias veces declaró a los medios haber desistido de demandar a la Federación Mexicana de Fútbol vía la justicia civil por miedo a que una eventual suspensión para la Selección Mexicana del Mundial del 2006 tuviera consecuencias sobre él y su familia.

En términos políticos, la consolidación de su propio Estado de Derecho permitió a la FIFA desarrollar una burocracia eficiente, eficaz y expedita. Y con grados altísimos de autonomía, poder de negociación, respecto a intereses económicos y políticos igual o más poderosos. Hasta ayer, el mundo del fútbol seguía sus propias reglas: a Colombia en 1985 le fue retirada la organización del mundial de 1986 y en un pestañeo la FIFA había ya encontrado sede alternativa; en 2012 el futbolista brasileño Matuzalem rompió el estatuto 68 recurriendo a la Suprema Corte Federal de Suiza para echar abajo un dictamen del Comité Disciplinario y del TAS y aún así el organismo controló los daños haciendo reformas cosméticas a sus estatutos; federaciones africanas intervenidas por sus gobiernos fueron sancionadas por FIFA en su camino a diversos mundiales. Ejemplos de una burocracia autónoma, acaso también moderna, sobran.

Sin embargo las dos fuentes de decadencia política permanecieron latentes durante la “época moderna” de la FIFA: el anquilosamiento de sus instituciones y su captura por parte de agentes de poder al interior y al exterior de su burocracia. El estatuto 68 es una especie de ‘bypass’ a la justicia ordinaria, pero no a la justicia penal. El estado de derecho FIFA, y por ende su extraterritorialidad a la soberanía de los estados nacionales, siempre fue susceptible de que las autoridades judiciales de un gobierno con la voluntad política y los recursos técnicos para investigar la corrupción encubierta al amparo de su mandato legítimo tomasen cartas en el asunto. Por otro lado, la ‘repatrimonialización’, es decir, la captura de las instituciones o formación de una oligarquía, en términos de Fukuyama, fue puesta en evidencia cuando Loretta Lynch mencionó que uno de los modus operandi más comunes en esta conspiración era el pago de sobornos por parte de los ejecutivos de ciertas corporaciones mercantiles a los nueve dignatarios FIFA señalados para asegurar contratos y, más importante todavía, marginar y excluir a corporaciones mercantiles competidoras. Por ello Lynch sugirió que la evidencia apunta a que la Copa América Centenario -a organizarse en Estados Unidos- involucra costos extralegales por 110 millones de dólares: tanto así como una tercera parte de sus costos legítimos.

Una inducción a partir de los ingresos no declarados de Chuck Blazer permitió al FBI, al Departamento de Justicia y al IRS de Estados Unidos fundamentar cargos gravísimos por asociación delictuosa, fraude y corrupción contra la FIFA. Organismo que, a partir de ahora, y desde una aproximación apoyada en la propuesta de Francis Fukuyama debe ser visto como un caso de estudio fascinante de modernidad y decadencia: cuando una burocracia logra demasiada autonomía y no está sujeta a rendir cuentas.

César Martínez

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