En días recientes, uno de nuestros vecinos del sur, casi siempre recordado con sorna por la frase “de Guatemala a Guatepeor”, nos ha dado una gran lección política a los mexicanos.

Guatemala, un país que estuvo sumido en una guerra civil durante 36 años, bajo el yugo de dictaduras militares y golpes de estado durante esa misma época, y cuya tasa de homicidios por 100,000 habitantes es casi el doble que la mexicana, está llevando a cabo la investigación de corrupción más grande de su historia. 

La vicepresidenta, Roxana Baldetti, ha sido encarcelada, y el presidente, Otto Pérez Molina, acaba de perder el fuero. ¿Cómo ocurrió esto? Aquí una breve explicación.

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Un poco de historia

En 1950, Jacobo Árbenz, hasta entonces ministro de Defensa del país, ganó las elecciones presidenciales. Árbenz, de corte moderado pero popular, se enfrentó a la United Fruit Company, una bananera estadounidense que controlaba la producción y exportación de plátano en Guatemala. A los cuatro años de su mandato, y tras un intento fallido de golpe de Estado con la ayuda de, entre otros, el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, Árbenz perdió el poder. Su lugar lo tomó, tras un segundo golpe, una Junta Militar apoyada por el gobierno estadunidense de Dwight Eisenhower.

De 1954 en adelante, salvo un breve interludio a mitad de los sesenta, Guatemala fue gobernado por distintos militares. Mientras tanto, diversos grupos como el Ejército Guerrillero de los Pobres y la Organización del Pueblo en Armas, buscaron quitar al ejército del poder. Estas organizaciones terminaron por unirse en los 80 bajo el nombre de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

En la guerra, que duró hasta los acuerdos de paz de 1996, se calcula que murieron entre 150,000 y 200,000 personas. El gobierno, a través de un comando de élite conocido como los kaibiles, torturó y mató a miles de personas. Como una de varias consecuencias, a Efraín Ríos Montt,  general del ejército y presidente durante un año, se le acusó de genocidio en 2013. Su juicio, después de ser anulado por el poder judicial guatemalteco en una controvertida decisión, reinició este año.

Después de la guerra

Con el fin de la Guerra Civil, Guatemala transitó a un sistema mayormente democrático, aunque plagado de corrupción. Asimismo, la violencia repuntó con la aparición de grupos como La Mara Salvatrucha, proveniente de El Salvador y con la expansión del narcotráfico mexicano, liderada en un principio por el Cártel de Sinaloa y después por los Zetas. Los kaibiles se mantuvieron, y de hecho se les ha acusado de entrenar a grupos Zetas.

Durante la presidencia de Óscar Berger (2004-2008), y ante la incapacidad del estado guatemalteco para enfrentar diversos problemas como corrupción y crímenes de alta importancia, el gobierno guatemalteco tomó una decisión sin precedentes. Tras firmar un acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, creó la CICIG, la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala. La CICIG, a cargo de un fiscal especial extranjero, entró en funciones de 2007. Al principio fue criticada por su inactividad, al grado de que uno de los fiscales renunció tras acusaciones de arreglos con el gobierno para evitar investigaciones serias.

No fue sino hasta la llegada de Iván Velázquez al puesto que la CICIG cambió las cosas en el país. Bajo Vázquez, un fiscal colombiano, es que se llevó a cabo la investigación de la banda de “La línea”, el caso que sacude a Guatemala en 2015.

¿Qué es “La línea”?

“La línea” es un grupo que, según expertos, llevaba operando en Guatemala desde hace décadas, aunque con otros nombres. Se trata de una red de corrupción que involucra la importación de bienes a Guatemala. Cuando un empresario, nacional o extranjero, importa mercancía, debe pasar por una oficina de la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, que le cobra los impuestos correspondientes y le emite un recibo. Sin embargo, con el fin de pagar menos impuestos, los empresarios comenzaron a arreglarse con los agentes de la SAT: estos últimos emitían recibos por cantidades más bajas de las oficiales, aunque seguían cobrando lo mismo. Así, los empresarios ingresaban la mercancía declarando menos, y los agentes obtenían el resto del dinero bajo la mesa. 

Ese dinero, que llegó a sumar millones de dólares, iba no sólo a los bolsillos de los agentes, sino de sus superiores, e incluso hasta los niveles más altos de gobierno. Según la investigación de la CICIG, la operación era dirigida por Juan Carlos Monzón, el secretario particular de Roxana Baldetti, la vicepresidenta del país. Baldetti, obligada a renunciar y después encarcelada, también estaba involucrada en el fraude.

Al caso se le conoce como “La línea” porque es el nombre con el que los involucrados se referían al teléfono que debían marcar para concertar los fraudes con los funcionarios de la SAT.

Mientras la investigación se llevaba a cabo, la gente comenzó a salir a las calles. A través de redes sociales y otras formas de comunicación, las multitudes convenían manifestarse para pedir la renuncia de los gobernantes, responsables de un sistema de corrupción que le robó una enorme cantidad de dinero al país. Algo nunca antes visto en un país con marcados problemas de desigualdad: ricos y pobres unidos por la misma causa.

Durante esta última semana, Otto Pérez Molina, quien fuera miembro de los kaibiles, director de inteligencia y está por terminar su mandato como presidente, fue vinculado por la misma investigación como partícipe de la red. Sin embargo, de forma parecida a México, el presidente goza de inmunidad ante investigaciones criminales, salvo en casos específicos. Para poder investigarlo, al igual que aquí, debe perder el fuero.

La sorpresa fue que, en una votación histórica en el congreso guatemalteco, en la que todos los diputados presentes, 132, –incluso aquellos del mismo partido de Pérez Molina– decidieron quitarle el fuero al presidente. 24 horas más tarde, un juez dictó una orden de aprehensión en contra de Pérez Molina por asociación ilícita. Esto a unos días de la primera vuelta de la elección presidencial. (En la que no participaría Pérez Molina, en Guatemala el mandato es de cuatro años sin posibilidad de reelección.) El presidente terminó por renunciar en la madrugada del 3 de septiembre.

La lección para México

Al mismo tiempo que Guatemala investigaba y comenzaba los procesos penales contra sus gobernantes por un caso de corrupción masiva, en México la Secretaría de la Función Pública, bajo Virgilio Andrade, exoneró al presidente, al secretario de Hacienda y a la primera dama de cualquier conflicto de interés relacionado con la adquisición de tres casas a un contratista del gobierno federal.

A diferencia de México, donde la investigación la realizó el propio gobierno, y la encabezó un funcionario que admitió tener una larga amistad con uno de sus investigados –el secretario de Hacienda–, en Guatemala una comisión independiente ha logrado lo que nadie creyó posible: una investigación seria, profesional, sin injerencia de los investigados y que consiguió algo que rara vez se ve en Latinoamérica. Resultados.

Esteban Illades


Referencias:

AFP, “Guatemala’s congress strips president’s immunity”, Al Jazeera, 2 de septiembre de 2015.

Ahmed, Azam, “Guatemala’s Corruption Investigations Make Swift Strides”, The New York Times, 25 de agosto de 2015.

CIA, The World Factbook: Guatemala, fecha de consulta: 2 de septiembre de 2015.

Dudley, Steven, “5 Reasons Why Guatemala is in Upheaval Now”, Insight Crime, 25 de agosto de 2015.

Sitio oficial de la CICIG.

Taub, Amanda, “Guatemala’s slow-motion political collapse, explained”, Vox, 2 de septiembre de 2015.

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