Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cerca de 800 millones de personas en el mundo están crónicamente subalimentadas, lo que equivale a una de cada nueve personas o a más de seis veces el total de la población de México. La cifra es muy elevada, pero es alentador que en los últimos años se haya avanzado de manera significativa en el combate al hambre y que, sumando esfuerzos, se pueda superar el reto lanzado por el Secretario General de la ONU de acabar con el hambre  durante nuestras vidas. Más de 100 millones de personas dejaron esta condición en la última década y más de 200 millones desde 1990-1992. Sesenta y tres  países, incluyendo a México, alcanzaron de manera anticipada la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad la proporción de personas subalimentadas para el año 2015.

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No es sólo una cuestión de disponibilidad y acceso a alimentos, se requiere también que ésta sea estable y resulte en una nutrición adecuada. Para combatir el hambre se requiere un enfoque integrado incluyendo una mayor inversión que aumente la productividad agrícola.  Como en muchos países, la mayor proporción de los pobres extremos en México se encuentran en áreas rurales y su bienestar está en gran medida ligado directa o indirectamente a la agricultura y actividades relacionadas.  La inversión pública es fundamental pero la inversión de los propios productores representa la mayor proporción del total. Es decir, gran parte de la inversión en agricultura resulta de las decisiones de los particulares, desde grandes empresas hasta pequeños productores de escasos recursos. Por ello, es crucial generar y mantener un entorno favorable para las decisiones de inversión, con acciones que faciliten acceso a mercados, cadenas de valor, insumos y tecnología; acceso a financiamiento; redes de caminos y comunicación adecuadas; protección sobre derechos sobre la tierra y certidumbre jurídica, entre otros.

Para los pequeños productores y las familias en pobreza, la existencia de redes de protección social, otorga certidumbre sobre ingresos futuros y protección ante riesgos, permitiendo a los productores liberar recursos para inversión en vez de guardarlos para atender imprevistos. Con amplia participación de Sedesol y otras dependencias, México ha logrado construir y reforzar, desde hace varios lustros, este tipo de redes, las cuales requieren mantenimiento y mejora continua para enfrentar estar a la altura de los retos.

Los agricultores son particularmente afectados por el cambio climático pero también contribuyen a éste. La trayectoria de crecimiento actual de la producción agrícola mundial es insostenible para el medio ambiente. Una tercera parte de la superficie mundial se encuentra degradada y hay sobreexplotación en el uso de recursos, entre otros problemas. Una mayor producción agrícola debe ser ambientalmente sustentable, a la vez que se expande y mejora la capacidad y resiliencia de los productores ante los efectos del cambio climático. Ciertamente son retos gigantescos que deben asumirse a nivel país y a escala global.

Gustavo Merino Juárez es director del Centro de Inversiones de FAO. Las opiniones son del autor y no necesariamente representan la opinión de FAO

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