El 14 de noviembre pasado, varios ataques reivindicados por el Estado Islámico cobraron la vida de 130 personas en París. El presidente François Hollande reaccionó a los acontecimientos con una declaratoria de guerra y anunció que se iba a aplicar el estado de emergencia al interior de la república francesa y que se promoverían reformas constitucionales en materia de seguridad. La república creadora de los derechos del hombre abdica a su libertad por una pretendida seguridad al interior de sus fronteras.

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El estado de emergencia en Francia permite prohibir el libre movimiento de gente y vehículos en cualquier momento; se pueden clausurar teatros, cines y salas de conciertos. La instauración de puntos de control en cualquier edificio, público o privado, del que se sospeche que pudiera ser un blanco de ataque es aprobada. Desde entonces alrededor de 11,500 militares recorren las calles del país, mientras se mantienen monitoreadas 3000 estaciones de trenes y 60 puntos de entrada. También nuevas modificaciones fueron introducidas: se admite realizar registros en hogares y establecimientos de personas potencialmente peligrosas y arrestos domiciliarios con carácter “preventivo” y sin intervención judicial al igual que la disolución de grupos peligrosos. “Peligroso” es un término vago que podría afectar directamente a 400,000 personasclasificadas en los expedientes “S” (S por seguridad) que pueden ser arrestadas o sus hogares registrados sin órdenes judiciales. También se discute ya una enmienda constitucional profunda al respecto, que incluye la pérdida de la ciudadanía para los nacidos franceses pero que cuenten con doble nacionalidad, algo cuyo único precedente con cierta semejanza es la ley del 22 de julio de 1940 durante el régimen de Vichy sobre el estatuto personal de los judíos. 

Bénédicte Jeannerod, de la organización Human Rights Watch, afirma que estas medidas sólo traerán abusos, mientras que Danièle Lochak, profesora emérita de Derecho en la universidad de París X, considera que hay la sensación de que la policía puede hacer lo que le plazca. Esta reforma constitucional significa un cheque en blanco para la implementación de un aparato de control nunca visto en Europa desde los regímenes fascistas. Bernard Cazenueve, Ministro del Interior, cuenta un mal chiste cuando le dice a los ciudadanos franceses que “continúen viviendo como hasta ahora, con nuestro modelo de civilización, nuestro amor por la libertad, la cultura y la vida en comunidad”.

Como ocurrió en Estados Unidos después del 11 de septiembre, el gobierno francés le está pidiendo a sus ciudadanos renunciar a las libertades personales como un “pequeño” sacrificio para tener seguridad. Se pretende ceder uno de los ideales revolucionarios de 1789 en los cuales se sostiene la historia y la identidad francesa. La libertad quedaría en los anales de los historia. La respuesta de Hollande hizo eco de la “Guerra contra el terror” de George W. Bush en 2001 y la promulgación del Patriot Act, decidiendo ignorar todas las críticas y los pocos resultados que se derivaron de ambas. Pero la comunidad musulmana en Francia es mucho mayor y más heterogénea que en Estados Unidos y eso implica un mayor daño al tejido social. Politólogos, juristas y defensores de los derechos humanos no dudan en lanzar una alerta sobre este momento en la vida pública francesa llegando a calificarlo como de ruptura.

El proyecto de ley y los catorce artículos que contempla el estado de emergencia fueron aprobados en Francia en abril de 1955, al inicio de la guerra de Argelia y fueron aplicados tres veces, hasta que en 1962 se promulgó la independencia del país árabe. La cuarta vez que se aplicó fue en 1985 en Nueva Caledonia, isla del Pacífico considerada territorio francés en medio de una disputa con el movimiento separatista. Y la ocasión más reciente fue en 2005, durante las revueltas en los mismos suburbios parisinos que hoy son registrados a diestra y siniestra. En el transcurso de los años el Estado de emergencia ha sido modificado por dos ordenanzas y cinco leyes.1 En todos los casos se trató una forma de enfrentar a “enemigos al interior”.

Hoy vuelve a existir la paranoia de los enemigos al interior, identificados por origen étnico, clase, color de piel y religión. El estado de emergencia nos remite inmediatamente a la guerra de Argelia y el anhelo desesperado de Francia de preservar su imperio colonial y a las revueltas de los suburbios parisinos en 2005 que mostraron la incapacidad de la metrópoli para integrar a los hijos del colonialismo en un sistema profundamente racista y discriminatorio que pretende lavarse la cara a menudo con el discurso republicano. En el ocaso de su poder imperial, Francia vuelve a considerar que el enemigo está en casa y en un mes se han realizado más de 2575 órdenes de registro, 354 arrestos domiciliarios, 273 detenciones preventivas, todas sin órdenes judiciales. Ser musulmán practicante o no vestir de forma occidental es suficiente motivo para ser sospechoso como lo ha declarado la propia policía. 

¿Por qué la declaratoria del estado de emergencia es tan preocupante? Como lo destaca Vanessa Codaccioni,2 las “anomalías provisorias” y sus derivas punitivas “excepcionales” no suelen ser momentáneas sino que constituyen momentos durables en los sistemas de administración de la justicia de los regímenes democráticos. En el caso concreto de Francia, las leyes del estado de emergencia en 1955 dieron paso a normas jurídicas que durante sesenta años, (con un interregno de 1981 a 1986 bajo el gobierno de François Mitterrand) han juzgado a opositores independentistas argelinos, autonomistas regionales corsos, bretones o vascos y miembros de Action Directe por igual. En la actualidad, si el blanco al principio son los terroristas, pronto se ha pasado a toda la comunidad musulmana como sospechosa de fidelidad a la República, y es susceptible de extenderse a cualquier adversario político o grupos contestatarios, como ocurrió con los 24 ecologistas que fueron puestos en arresto domiciliario para evitar que se manifestaran en la COP 21.3 Estos militantes ecologistas nada tienen que ver con los actos terroristas del 14 de noviembre, pero junto a cientos de musulmanes igualmente ajenos (y algún católico que fue confundido) han sido los primeros en experimentar los arrestos preventivos.  

La disyuntiva en la que se encuentra el país galo y la propuesta que hace el gendarme Hollande se asemeja a los conceptos de “amigo-enemigo” y “Estado total” que se desarrollan en la obra de Carl Schmitt; hay poco de lucha antiterrorista en ellas y sí la instalación de un Estado de emergencia de manera permanente. ¿Son estas verdaderos sistemas democráticos o de igual manera puede significar el paso a una autocracia electiva, para utilizar los términos de Michelangelo Bovero? Podríamos discutir si el estado de emergencia francés es o no un Estado total, o una autocracia electiva, pero definitivamente se ha establecido una rompimiento con el Estado democrático-liberal y sobre todo con los ideales revolucionarios de libertad, igualdad y fraternidad. La distopía orwelliana nos ha alcanzado.

Javier Buenrostro es candidato a doctor por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia.


1 Sylvie Thénault, “L’état d’urgence (1955-2005).De l’Algérie coloniale à la France contemporaine. Destin d’une loi” Le Mouvement Social No. 218, enero 2007: 63-78.
2  Vanessa Codicciani. Justice d’exception, L’Etat face aux crimes politiques et terroristes. París, CNRS Éditions, 2015.
3 La criminalización de los movimientos sociales es algo que ha ido en aumento desde las manifestaciones en Seattle en 1999 y los sucesos en Génova en 2001 que terminaron con la muerte de Carlo Giuliani.

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