En los últimos días, las fotografías han circulado sin cesar por medio de las redes sociales: una mujer abraza a otra mientras se cubre la boca y llora amargamente, con la devastación de un ecosistema a sus espaldas y un reflejo de impotencia en su expresión facial; un cocodrilo emerge del manglar arrasado la noche anterior por máquinas excavadoras; una gaviota descansa sobre la raíz destruida de un mangle con el logotipo de una tienda departamental en el fondo.

RP-tsunami

Estas imágenes de la destrucción de casi 60 hectáreas de manglar en el Malecón Tajamar de Cancún han movido a muchos y muchas entre la rabia, la indignación y las manifestaciones públicas, coincidiendo en lo difícil que es concebir lo que debe pasar por la mente de quienes deciden seguir adelante con un ecocidio de tal magnitud; pero, sobre todo, con la sensación de que hay poco que se pueda hacer ya, ante un panorama que juega en contra de los defensores del manglar y les deja solos con la impotencia: una deficiente y escasa regulación ambiental a nivel nacional, la complicidad y protección de los tres niveles de gobierno, la falta de legislación internacional en la materia –recordemos la negativa a considerar el ecocidio como crimen contra la paz en el Estatuto de Roma que constituyó la Corte Penal Internacional hace casi 20 años– y los altos niveles de corrupción que se mantienen en la regulación de nuevas construcciones a nivel local.

No tenemos que ir mucho tiempo atrás para encontrar un antecedente de similar magnitud: apenas hace un año, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) imponía muy tarde la clausura total del proyecto Dragon Mart, tras la devastación de 200 hectáreas de selva y en medio de diversas irregularidades en materia ambiental, como la falta de autorización para el cambio de uso de suelo forestal. Al día de hoy, la zona donde se planeaba construir este proyecto puede verse desde uno de los puentes de la carretera que une Cancún con Playa del Carmen, construido apenas en 2010, desde donde se aprecia un inmenso terreno completamente talado. Dato curioso: el terreno del Dragon Mart se encuentra a apenas cuatro kilómetros del Cancun Messe, el centro de convenciones que fue sede de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2010 (COP16), encuentro clave para el éxito de la reciente COP21 de París.

Por desgracia, para quienes somos cancunenses desde hace unos años, la destrucción del ecosistema local no es nada nuevo, pero sí lo es la difusión y el impacto que ha tenido esta noticia en las redes sociales y en los medios de comunicación nacionales e internacionales. La destrucción de manglares había pasado a ser una noticia cotidiana, ya fuera al enterarnos en medios locales o al ver los cimientos de nuevas construcciones residenciales y comerciales cuando ya era demasiado tarde. En sus 45 años de vida como polo urbano, la idea de progreso económico y social en el norte del estado de Quintana Roo ha sido siempre a costa de los paisajes y recursos naturales, con una activa participación del gobierno local y estatal en esta depredación ambiental.

Tan cotidiana resulta esta destrucción sistemática del ecosistema que un número considerable de cancunenses de todos los estratos socioeconómicos se apropió de una parte del proyecto Tajamar como si fuese espacio público y dedicó sus mañanas o tardes a hacer ejercicio, pasear mascotas o simplemente caminar por el malecón construido hace apenas cuatro años a la orilla de la laguna Nichupté, a unos metros del manglar que fue arrasado el fin de semana pasado. Como se aprecia en las decenas de fotografías que circulan, el proyecto ya contaba con el malecón y las calles que delimitarían las propiedades, y era totalmente visible desde el centro comercial más grande de la ciudad –que recibe una enorme afluencia de cancunenses ante la falta de espacios públicos. Así, parecía evidente que el siguiente paso era la construcción de los complejos comerciales y residenciales en la zona; incluso, en una esquina se podía apreciar una manta con el diseño de la iglesia que se construirá frente a la laguna en uno de los lotes del proyecto.

Entonces, ¿por qué estas manifestaciones públicas no alcanzaron la magnitud actual desde hace años, dado que el proyecto contaba con la autorización de impacto ambiental por parte de la Semarnat desde 2005? ¿Por qué la atención y la indignación deben llegar hasta que la destrucción es irreversible? Al parecer, el hecho de que el Malecón Tajamar quede de paso en la rutina diaria de la mayoría de los cancunenses hacia sus centros de trabajo y esparcimiento jugó un doble papel: remitió este manglar a ser parte de la cotidianidad, pero también lo volvió una zona evidentemente visible que había sido devastada en apenas 72 horas. Aunque parece que ésta es la razón principal de la reacción hacia la destrucción de este ecosistema, jugó también un papel central la circulación en redes sociales del material audiovisual de la noche de la destrucción, en la que cientos de trabajadores escoltados por granaderos accedieron al terreno y trabajaron durante la madrugada de un sábado en la devastación del mangle. Incluso, una de las cámaras del sitio “Webcams de México” se encuentra en el centro comercial al otro lado de la avenida Bonampak. 

Pero este ecocidio también pone de manifiesto un fenómeno que ha ido creciendo en los últimos años en Cancún: una mayor participación y manifestación social en los problemas que aquejan a la ciudad, reflejo de una mayor madurez de una sociedad relativamente joven que comienza un proceso de cohesión social por las malas. Casi siempre, las causas que han mostrado un interés público han sido de reacción: desde los 43 de Ayotzinapa hasta la reciente ola de feminicidios en la ciudad. En este caso, las manifestaciones públicas tienen en la mira por igual a los titulares del Ejecutivo municipal, estatal y federal, acusándoles no sólo de ser cómplices del ecocidio, sino promotores del mismo. Las autoridades se han escudado tras el argumento de que la legislación vigente para la protección del manglar es posterior a los permisos urbanísticos del proyecto Tajamar y que Fonatur contaba con todos los permisos para llevar adelante la obra –un poco amigable recordatorio de que lo legal no siempre es lo éticamente correcto; así, un amparo por parte de la asociación Salvemos al Manglar Tajamar es lo único que mantiene temporalmente suspendida la obra previo al relleno del terreno, que implicaría la destrucción definitiva del manglar.

Más allá de la evidentemente laxa legislación ambiental y la creciente sensación de impunidad a nivel nacional, Malecón Tajamar debe ser una llamada de atención de lo que podríamos enfrentar en materia de cambio climático en los próximos años: además de asegurar la sustentabilidad de la industria pesquera, proteger el arrecife y garantizar la biodiversidad en la región, los manglares protegen las costas de la erosión y son una barrera natural frente a las marejadas de los huracanes y tormentas tropicales. Los costosos daños ocasionados en la costa cancunense por los huracanes Gilberto (1988) y Wilma (2005) fueron una prueba irrefutable de las crecientes implicaciones de la urbanización costera sin una regulación ambiental adecuada. Ojalá nuestro sistema judicial falle a favor de la protección del Manglar Tajamar, para que pueda iniciar un proceso de recuperación natural que le tomará hasta 40 años. Que los compromisos nacionales en materia de cambio climático adoptados durante la reciente COP21 de París comiencen por poner en orden nuestra casa.

Carlos Brown Solà es cancunense. Maestro en Economía por El Colegio de México, actualmente es asesor y consultor económico.

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