“La disparidad entre los ricos y los pobres
es la enfermedad más antigua y fatal
de todas las Repúblicas”.

Plutarco de Queronea

Una disparidad degradante y poco entendida

El pasado 11 de septiembre, Paula María, la hija menor de un ayudante de albañil de Mazatlán, Sinaloa, murió en la cama de un hospital a los 10 años de edad. Al morir pesaba sólo 10 kilos. No, no es un error de dedo: murió pesando lo que una niña sana de 1 año y medio. El diagnóstico: desnutrición nivel III, la más grave, y que se diagnostica cuando un menor mide y/o pesa 70 por ciento o menos de lo que un niño sano de su edad en el percentil 50. Si quiere conocer una parte de la historia, puede acceder a ella aquí. Le advierto que ver el video puede hacerle daño. Yo no he podido olvidarlo, y tal vez nunca pueda –ni quiera.

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Ese mismo día, la revista Forbes publicó un artículo titulado “Las universidades que más multimillonarios producen (el ITESM, entre ellas)”, en el que se destacaba que el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ocupó la posición 36 entre las 50 universidades que más multimillonarios producen según la firma de servicios financieros WealtInsight. Todas las instituciones que conforman la lista se encuentran en países que reúnen dos condiciones: su renta per cápita es alta –la posición más elevada en la clasificación del Banco Mundial— y tienen índices de desarrollo humano muy alto –la categoría superior de la clasificación del PNUD— (Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Reino Unido y Singapur). El único país con una institución generadora de multimillonarios en la lista que no comparte ninguna de las dos características es México.

Al hablar de la muerte de María se podría decir que un caso no hace una tendencia, pero lo cierto es que en 2015 México ocupó la posición 102 de 223 países en mortalidad infantil de acuerdo con The World Factbook de la CIA, con 12.23 muertes por cada 1000 nacidos vivos, y tuvo en ese mismo año la segunda mayor tasa de mortalidad en niños de uno a cinco años entre los 35 países de la OCDE, con 13.2 muertes por cada 1000 niños, esto de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. No se trata de un hecho aislado.

La pregunta evidente siempre es: ¿cómo convergen estas dos realidades?

Cierto: sabemos que una parte del problema reside en que nos hemos vuelto más tolerantes de forma gradual –como en la parábola de la rana en el agua hirviendo— a que unos tengan mucho, y el resto, muy poco o nada. Esta conformidad se alimenta de los dogmas que pretenden justificar moralmente el liberalismo económico: el supuesto de la movilidad social, el mito de la igualdad de oportunidades y la trampa del individualismo.1 Incluso, podríamos discutir sobre las investiduras libidinales –una carga erógena hacia la rapiña, tal vez— que hacen que los #lords y #ladies se consideren dignos de sus privilegios. No obstante, el problema es que comprendemos bastante bien la reproducción social del discurso del mérito, pero no aquello que intenta justificar: la dinámica estructural que hace posible la coexistencia de la superabundancia y la miseria en el mismo territorio y bajo el mismo Estado.

La obsolescencia de nuestras políticas públicas

La estampa representativa de esta miopía es la política pública planeada específicamente para disminuir esta brecha. Lo último que se hizo en México para intentar reducir la desigualdad fue incrementar la tasa marginal impositiva para las personas físicas que tienen los ingresos más altos y prometer que lo recaudado iría a parar al gasto social y de infraestructura –la Reforma Hacendaria de 2014; sí esa que iba a “destruir” a la clase media–. Aunque el espíritu de la reforma es encomiable, en realidad lo único que hizo fue actualizar la recaudación a la realidad económica posterior a la crisis financiera de 2008, la cual empobreció más a los pobres y enriqueció más a los ricos (Oxfam, 2014).

¿Qué pasa con estos ajustes? Además de que son meramente paliativos, son un mecanismo obsoleto si no se aplican otras medidas al mismo tiempo. La cuestión de la progresividad de los impuestos ya se discutía en Estados Unidos en 1895, cuando el jurista Stephen Field motejó los impuestos progresivos con su famosa expresión de “una guerra de los pobres contra los ricos” (Folsom, 2003). En el anverso, durante la Segunda Guerra Mundial, Franklin D. Roosevelt sugirió prácticamente confiscar todo ingreso individual por encima de los 25 mil dólares. En nuestro país, desde que Álvaro Obregón expidió la Ley del Centenario el 20 de julio de 1921, ya se tenía una noción de progresividad, pues mediante el sistema cedular se asignaba una tasa marginal impositiva que iba de 1 a 4 por ciento dependiendo del nivel de ingresos y del sector en el que se desempeñaran las actividades económicas (comercio e industria, profesiones liberales, trabajo asalariado y sector financiero), mientras que los ingresos por debajo del centenario –100 pesos— estaban exentos (Zavala, 1977). Hoy, casi un siglo después, todavía no se nos ocurre nada mejor.

Debe decirse que algo que se hizo bien con la reforma, pero de forma tímida, fue gravar las ganancias bursátiles. No obstante, con un impuesto de tan sólo 10 por ciento, esta disposición se queda tan corta como la propuesta de gravar las herencias como en 19 países de la OCDE (The Tax Foundation, 2015), uno de los gritos de guerra de la nueva izquierda mexicana, deliberadamente moderada.

“¡Es la riqueza, estúpido!”

Aunque se incrementaran los impuestos al capital y se gravaran las herencias de la forma más progresiva posible –exentando, naturalmente, a quien hereda un pequeño negocio familiar o una propiedad de poco valor— persistiría la miopía en el tema fiscal, pues no es un asunto de proporción, sino de cualidad: se sigue pensando la desigualdad como una cuestión solamente de ingresos, lo que representa uno de los dos grandes abismos teóricos que no hemos sido capaces de superar al planear políticas públicas para frenar y revertir la tendencia centrífuga de nuestro sistema de distribución de los recursos.

La forma en que se mide y se reporta públicamente la desigualdad da cuenta de esta primera laguna teórica. Cuando hablamos del tema, lo primero que nos viene a la mente y lo primero que vemos en los contenidos es que en la península escandinava o en el centro de Europa se observan los índices de Gini más bajos del mundo (menores a 0.30). En contraposición, según las mediciones del Inegi (2015), la relación de ingresos entre el decil más rico y el más pobre de nuestra sociedad es de 0.490 antes de transferencias y de 0.438 después de las mismas. No cambia mucho si tomamos el dato del Banco Mundial (2014): 0.472 antes de transferencias. Esa información ha sido replicada tantas veces que es hasta un tema de discusión en reuniones informales.

¿Qué mide el índice de Gini? Este indicador, inventado en 1912 por el matemático italiano Corrado Gini, comúnmente lo usamos para calcular la distancia entre la recta de igualdad perfecta y la curva de desigualdad de ingresos por decil de familias en una curva de Lorenz. Si se entiende cómo funciona este mecanismo, que no mucha gente lo hace, se comprenderá que una reducción en este índice no significa, necesariamente, que a los más pobres le esté yendo mejor –o a los ricos peor, que tampoco es el objetivo—; puede ser que le esté yendo peor a los de en medio, a las clases medias. De hecho, hay investigaciones que sugieren que la aparente reducción de la desigualdad en América Latina desde comienzos del siglo XXI puede no deberse a que los pobres hayan incrementado sus ingresos en relación a los no-pobres, sino que puede ser el efecto de una reducción en la prima salarial por educación terciaria (López-Calva & Lustig, 2010:6). De esa forma, si los egresados de las universidades –los que deberían engrosar las filas de la clase media… con excepción de los del ITESM— obtienen empleos mal pagados, entonces el índice de Gini se reduciría, es decir, habría igualdad, pero en la pobreza.

Ese primer vacío teórico tiene una respuesta. Al pensar solamente en los ingresos como la fuente de la desigualdad, al pensar en Gini antes y después de transferencias, estamos expresando un conocimiento del problema apenas exploratorio y con un atraso de por lo menos 40 años. El estado del arte en la comprensión de la desigualdad tiene un referente bastante claro y famoso, por llamarlo de alguna manera. Se trata de la noción, estudiada a profundidad por Thomas Piketty en El capital en el siglo XXI, de que la desigualdad es un fenómeno transgeneracional, y cuya consecuencia lógica es que hay riqueza acumulada que no está siendo gravada.

Según un estudio patrocinado por la CEPAL, si en vez de hacer mediciones de Gini sobre los ingresos de las familias, las hacemos sobre su riqueza –es decir, sobre todos sus activos: propiedades muebles e inmuebles, ahorros, vehículos, etc.— la proporción de la desigualdad que salta a la vista es completamente diferente (Jiménez, 2015). Por ejemplo, Suiza, cuyo Gini de ingresos es menor a 0.30, tiene un Gini de riqueza de 0.81. Esto quiere decir que de todos los activos existentes en ese país, más o menos el 70 por ciento está en manos del 10 por ciento de la población. Deberíamos, entonces, comenzar a diseñar –en el mundo, no sólo en México— un sistema de impuestos y deducciones que dé cuenta no del ingreso de las familias, sino de su riqueza neta: sus activos menos sus pasivos (deudas). Eso nos permitiría, además, reducir la carga impositiva para las familias que, por una emergencia médica, desempleo súbito o por su bajo nivel de ingresos, han tenido que recurrir al crédito privado. En México son millones.

Ahora bien: el segundo segmento de teoría que no hemos abarcado en México para crear políticas públicas contra la desigualdad tiene que ver con el gasto público y el consumo de las familias, cuyo estudio es una de las razones por las que Angus Deaton ganó el Premio Nobel de Economía en 2015. Cuando pensamos en el gasto público, inmediatamente nos referimos a las transferencias en efectivo o en subsidios, o bien al gasto de inversión. El mismo Álvaro Obregón con la Ley del Centenario estipuló que lo recaudado en impuestos debía usarse solamente para comprar barcos para la marina mercante y para mejorar puertos. Nuestro acercamiento al gasto público sigue consistiendo en ofrecer recursos a quien no puede acceder a ellos por medio del mercado y en construir cosas para crear empleos. No hemos aprendido a usar esos recursos para optimizar el consumo de las familias, para promover una satisfacción progresiva y continua de sus necesidades. Nuestro atraso es grave; es casi de un siglo.

¿Qué necesitamos saber, entonces, antes de poder resolver la desigualdad mediante políticas públicas? Además de evaluar el efecto de la riqueza neta en la transmisión intergeneracional del estatus socioeconómico, como se dijo anteriormente, es preciso conocer la dinámica microsocial del consumo y la asignación de recursos, tal y como lo ha estudiado el doctor Deaton. ¿Por qué murió la hija y no el hijo del padre de Paula María? ¿Cómo operan los mecanismos de la desigualdad de género al interior de la familia? ¿Cómo evaluar la pérdida de bienestar ocasionada por la velada discriminación racial que existe en la sociedad mexicana? –es decir, ¿a qué clase de profesiones o a qué nivel de ingreso nos condiciona nuestro tono de piel y fenotipo?— ¿Cómo influye la percepción del estatus social en las elecciones de consumo? Hay que responder esas preguntas, porque la miseria no es la consecuencia solamente de la omisión gubernamental o de la indolencia de la sociedad; es una forma de violencia estructural que se ve potenciada por todas las otras formas de exclusión social.

Una ruta crítica

Es realmente apremiante conocer estas y otras variables que inciden directamente en la distribución de los recursos en nuestra sociedad; no basta con conocer los discursos que justifican moralmente la asimetría en su asignación, no basta con crear mecanismos fiscales de gran calado. Debemos confeccionar nuestras políticas públicas con un nivel superior de conocimiento. Debemos tener no una noción, sino una evaluación concreta del entramado que impulsa a unos hacia una vida de lujos multimillonarios, mientras que a otros los va “filtrando” por su género, color de piel, ocupación, condición prenatal, educación de los padres, educación recibida, ingesta calórica, lugar de residencia, etcétera, hasta que, simplemente, como a Paula María, les niega el derecho de existir.

Antonio Villalpando Acuña es sociólogo político por la UAM Azcapotzalco, estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM y de la Maestría en Políticas Públicas de FLACSO México.


1 César Morales y yo tenemos un texto en el que discutimos dichas creencias en este mismo blog. Lo puede consultar aquí.

Fuentes consultadas

Banco Mundial (2014), “GINI index (World Bank estimate)” [Lista y gráfico interactivo].

Central Intelligence Agency (2015), “Infant Mortality Rate” [Tabla de consulta], The World Factbook, Estados Unidos.

Flores Zavala, Ernesto (1977), Ley del ISR: antecedentes y reglamentos, 1956-1979, Editorial Unión Gráfica, México.

Folsom, Burton Jr. (2003), “The Progressive Income Tax History in U.S. History”, compilado en el sitio de Foundation for Economic Education, Estados Unidos.

Forbes México (2016), “Las universidades que más multimillonarios producen (el ITESM, entre ellas)” [Post del staff de la redacción].

Instituto Nacional de Geografía y Estadística (2015), “El Inegi da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014” [boletín de prensa núm. 274/15].

Jiménez, Juan Pablo (editor) (2015), Desigualdad, concentración del ingreso y tributación sobre las altas rentas en América Latina, Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Centro de Estudios Fiscales, Chile.

López-Calva, Luis F. & Nora Lustig (editores) (2010), “Explaining the decline in inequality in Latin America: Technological change, educational upgrading and democracy”, Declining Inequality in Latin America. A Decade of Progress?, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Brookings Institution Press, Estados Unidos.

Organización Mundial de la Salud (2015), “Under-five mortality rate (per 1000 live births), 2015” [Gráfico interactivo].

Oxfam (2014), “Iguales. Acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las reglas”, Reino Unido.

The Tax Foundation (2015), “Estate and Inheritance Taxes around the World” [Post en su sitio web].

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