El pasado 10 de agosto, mientras asistía a un evento oficial relacionado con temas de seguridad, el gobernador de Sinaloa Mario López Valdez (Malova) fue cuestionado sobre el incremento de la violencia en la entidad. A la pregunta expresa sobre la incesante ola de homicidios que había inundado el paisaje local los primeros días del mes – y que incluía el asesinato de un adolescente de 14 años, de una joven menor de edad, del director del concurso de belleza Miss World México y del ex alcalde del municipio de El Rosario—enfático respondió: “tenemos un estado que, por tradición, tiene una alta actividad delincuencial”. No contento con la vaguedad de su respuesta, Malova abundó: “Los que andan delinquiendo no están saliendo de Los Pinos, ni de Palacio de Gobierno, están saliendo de nuestras casas. Y todos tuvieron padre y madre; todos fueron a la escuela y tuvieron maestros; algunos de pasada pasaron (sic) por la Iglesia; y algunos leen a veces, o ven telenovelas y toman algún ejemplo para sus conductas, muchas veces cansados de ver este tipo de cosas”.

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Más allá de la “explicación sociológica de la criminalidad” esgrimida por el gobernador –la cual lanza culpas por igual tanto a la familia, la escuela y la falta de religiosidad como a los medios de comunicación, al tiempo que exime de toda responsabilidad al gobierno—, quisiera detenerme en la parte del discurso que sugiere que, por tradición, en Sinaloa hay delincuencia. Y no sólo porque dicha afirmación despertó en la prensa y en las redes sociales una serie de reacciones contra Malova,1 sino además porque ésta no es la primera vez que un mandatario estatal, un alcalde o un funcionario público sinaloense usa estos términos para referirse a la violencia con la intención de invisibilizarla. 

Por ejemplo, en 2005, al ser interrogado por su estrategia de seguridad frente al fenómeno de la violencia, el gobernador Jesús Aguilar Padilla (enero de 2005-diciembre de 2010) trató de minimizar el problema y señaló que en Sinaloa la violencia era “algo normal”.2 Cabe advertir que durante su sexenio dicha “normalidad” dejó un saldo superior a los seis mil 600 homicidios, más del doble que en la administración de Juan S. Millán (enero de 1999-diciembre de 2004) que alcanzó la suma de tres mil 136. Si revisamos las cifras por año, podemos observar que de 630 asesinatos que se registraron en 2005, 602 en 2006 y 746 en 2007, se pasó a mil 185 en 2008, mil 240 en 2009 y dos mil 245 en 2010.3 

En 2008, por su parte, durante la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justica y la Legalidad, el Alcalde de Culiacán Jesús Vizcarra Calderón hizo una declaración similar. Además de anunciar que en la capital sinaloense no había plazos en materia de seguridad, vaticinó que la violencia no se terminaría nunca porque era inherente a la civilización. “Aquí no hay plazos, es una lucha constante que debemos todos aportarle para que se mejore […] la violencia viene con la civilización, siempre podrá haber alguien que trate mal a otro y eso es violencia, y no creo que se vaya a terminar”. 

Debe apuntarse que durante el “proceso civilizatorio” que se vivió en Culiacán en el trienio de Vizcarra Calderón (2008-2010),4 la ciudad se volvió más insegura y los delitos se recrudecieron en todas sus modalidades. De acuerdo con cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado, entre 2008 y 2010 el robo a comercios aumentó de 458 a 860 casos, el robo de autos estacionados y con violencia se disparó de tres mil 526 a cuatro mil 94 y el despojo violento de mil 168 casos pasó a los dos mil 421. En suma, en el periodo en mención se cometieron 33 mil 657 delitos en el municipio, y sólo en 2010 el 38% del total de dichos delitos se registró en Culiacán.

En el caso de los homicidios, estos no sólo se multiplicaron desde mayo de 2008 sino que se volvieron más frecuentes incluso en la vía pública y ante la presencia policiaca. Asimismo, como indica el análisis estadístico elaborado por Fernando Escalante Gonzalbo para el periodo 2008-2009, a partir de este año la tasa de homicidios también sufrió “un crecimiento espectacular […] en todo el territorio del estado”. De una tasa estatal de 15.24% que hubo en 2006-2007 se pasó a una de 42.47% en 2008-2009, lo que representó una variación porcentual del 178.59. De modo que el incremento no sólo se vio reflejado en los municipios con mayor experiencia de violencia como son los de la zona serrana, es decir, Badiraguato, Choix, Mocorito y Sinaloa, o bien en los de mayor peso demográfico como Culiacán y Mazatlán. Sino que a su vez se presentó un “cambio de tendencia de la región norte”, donde “los municipios de Ahome, Angostura, El Fuerte, Guasave y Salvador Alvarado, que históricamente ha[bían] tenido una tasa mucho más baja, de la mitad, y mucho más estable que la del resto del estado”, mostraron una tasa que dejó “de ser excepcional” y siguió “el comportamiento de las otras regiones”.    

En el 2010 esta tendencia se mantuvo. Como se señaló anteriormente, sólo en el último año de la administración de Aguilar Padilla y del gobierno interino que heredó Vizcarra Calderón se cometieron dos mil 245 asesinatos; cerca de siete asesinatos diarios contra 1.67 que hubo en 2005. En cuanto a los homicidios de mujeres, se presentaron 111 casos contra 300 que ocurrieron entre 1999 y 2007 en todo el estado. De igual manera, en los primeros años del sexenio malovista Sinaloa presentó una de las tasas de homicidios más altas del país y, más aún, entre 2011 y 2013 Culiacán fue la ciudad más violenta al registrar “una cifra de mil 676 homicidios, es decir, 63.5 muertes por cada 100 mil personas. Casi 49 muertes más por cada 100 mil que el promedio metropolitano, lo que representa una diferencia de cerca de 77%.” Por su parte, los delitos con violencia arrojaron “una tasa elevada de ocho mil 892 casos por cada 100 mil habitantes, frente a menos de siete mil del promedio nacional”. 

Curiosamente fue entonces, en 2013, cuando Malova –quien a inicios de su gobierno había asumido la “meta responsable” de reducir los homicidios en un 20 % y además se había jactado que (como buen beisbolista) le gustaba “siempre en las pizarras ganar los juegos”—, cambió su discurso de “Vamos por menos delitos” por un discurso completamente distinto en el cual el crimen se desvelaba como una conducta normal. Rebasado por la violencia, y en un momento en que la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Sinaloa coincidía con el multihomicidio de siete personas en el municipio sureño de El Rosario, trató de desestimar el asunto y aseguró que “esa parte del estado” sólo se había violentado “un poquito”,  que lo ocurrido era una simple “coincidencia […] no es ningún mensaje que le estén mandando al Presidente de la República… es parte de la conducta normal que tienen los delincuentes”. 

Tres años más tarde, en 2016, la región que según el gobernador estaba “más o menos cubierta y protegida”, se ha convertido en víctima imparable de la “conducta normal” del crimen organizado. De hecho, en dicha geografía la violencia no sólo aumentó sino que trascendió la zona serrana y se instaló por completo en las ciudades. Y al parecer una situación similar se vive en el resto de la entidad, pues si bien entre 2014 y 2015 los homicidios presentaron una tendencia a la baja al registrarse 986 y 993 casos respectivamente, en lo que va del 2016 las estadísticas reportan ya 858 asesinatos. De seguir así, el gobierno de Malova superará con creces los 7 mil 419 homicidios dolosos que lleva registrados hasta septiembre, mes que se ubica como el más violento del año y con la cifra de asesinatos –142— más alta desde 2013 a la fecha.5 Cabe advertir que apenas en agosto6 Sinaloa se había posicionado como el tercer estado con mayor número de crímenes al presentar una tasa de homicidios de 23.92 % después de Colima (52.47%) y Guerrero (41.36%).7 

Ahora bien, como podemos observar, los dichos de Malova no son un caso aislado ni se revelan como una simple ocurrencia. Forman parte de un discurso oficial que en diferentes momentos ha servido para justificar la incapacidad de las autoridades locales ante el problema de la inseguridad. En este sentido, no es gratuito que la declaración del gobernador sucediera en el mes que se perfilaba como uno de los más sangrientos del año8 y cuando la implementación de una serie de operativos para pacificar el sur revelaba su ineficacia. Al sugerir que Sinaloa es violento por tradición, Malova no sólo trata de invisibilizar la violencia y/o perderla en la indefinición, sino que además parece culpar al sinaloense de su propia (e inevitable) desgracia rompiendo cualquier relación de causalidad que permita la localización de responsabilidades históricas (que lo incluyan a él o a sus antecesores).9 Y lo mismo ocurre en el caso de Aguilar Padilla o de Vizcarra Calderón.

Al respecto se debe mencionar también que junto a estas formas de nombrar la violencia coexisten otra serie de discursos que al tiempo que enmascaran el derramamiento de sangre, instituyen la total negación del otro.10 Es decir, mientras por un lado asoman las imágenes naturalizadas y las representaciones esencialistas que aún defienden la idea del ethos violento del sinaloense como forma de explicación de la criminalidad,11 por el otro abundan las interpretaciones simplificadoras que usan y abusan de los términos “crimen organizado”, “pelea por la plaza”, “ajuste de cuentas”, “disputas por el territorio” para descalificar la inminencia de la muerte. 

En esta tesitura se encuentran, por ejemplo, las declaraciones del Alcalde de Mazatlán Carlos Felton, quien en el momento de mayor violencia en el municipio afirma que los asesinatos ocurridos en el mes de agosto se derivan “de enfrentamientos de grupos delincuenciales que luchan por una plaza”. Y la neutralización de la violencia se agudiza cuando Felton asegura que “ninguno de los afectados ahorita son personas de bien, a reserva de que se tenga información más precisa de lo que sucede”, en alusión al asesinato de siete hombres durante la madrugada del domingo 21 del mismo mes de agosto. Esta intención de silenciar la muerte pero también de asignarle una “culpabilidad al cadáver”12, de igual manera está presente en el discurso de las autoridades encargadas de la procuración de justicia del estado.  

Así, cuando Jesús Antonio Sánchez Solís, Subprocurador Regional de Justicia en la zona sur, señala que las personas asesinadas en el puerto de Mazatlán “trabajaban con un grupo [delictivo] determinado, por lo que fueron asesinadas por el grupo antagónico”; o bien, cuando Genaro García Castro, Secretario de Seguridad Pública de Gobierno del Estado, sentencia que “siempre habrá la disputa por las plazas y eso siempre les generará violencia, afortunadamente entre ellos nada más”, las autoridades refuerzan “el presupuesto de la distancia con los otros13. Es decir, esos otros que son los muertos –por el hecho de ser delincuentes o miembros del crimen organizado— pierden automáticamente su carácter de víctimas de la violencia y/o de sujetos de justicia para convertirse en culpables de su propia muerte. 

Curiosamente, conforme se agudiza la violencia se intensifica a su vez la negación de todo rasgo de humanidad de los sujetos caídos. Así, no resulta extraño que mientras el gobernador señala que la “ruptura delincuencial violenta a Mazatlán”, opine con total indolencia que los grupos delincuenciales “operan de manera distinta, hacen levantones, hacen ejecuciones, no en el lugar donde los tiran, posiblemente los ejecuten en otro lado”. Y que el secretario general de gobierno del estado, Gerardo Vargas Landeros, en el mismo tenor sugiera lo merecido de su muerte porque “ellos [esos otros] andaban en actividades ilícitas”

Por otra parte, debe decirse que en los últimos días el aumento de la violencia ha propiciado además la construcción de un discurso en el cual los responsables del derramamiento de sangre han salido del anonimato para adquirir una identidad cambiante. De modo que si en un primer momento los autores de los crímenes en el sur de Sinaloa eran miembros del Cártel de los Beltrán Leyva que luchaban con el Cártel del Pacífico “por el control del narcomenudeo”, a raíz del asesinato de cinco militares en la ciudad de Culiacán, un nuevo cártel –el del Chapo Guzmán— se ha convertido en el culpable de los hechos violentos ocurridos en la zona centro y serrana del estado. Y esto debido a que los miembros de dicha agrupación buscan “tener el control de los medios de producción […] de los sembradíos de enervantes”.   

Luego del desbordamiento de los niveles de violencia durante los meses de agosto y septiembre, tanto la ciudad de Culiacán como diversos puntos de la geografía sinaloense fueron presa de una incipiente psicosis a inicios del mes de octubre. En las redes sociales circulaban rumores sobre el riesgo de una violencia mayor y se advertía a la población que no saliera a la calle a altas horas de la noche. Ante el temor de un toque de queda, Malova fue cuestionado por la prensa local y éste no sólo se precipitó a decir que “Sinaloa no esta[ba] en manos de los delincuentes para que nos dejemos atemorizar”, sino que, desprovisto de argumentos para explicar el problema de la inseguridad, recurrió nuevamente al discurso vago y escurridizo que lo caracteriza. 

Así, haciendo alarde de una interpretación pseudokantiana se limitó a expresar que “el mal siempre ha existido como ha existido el bien, y que a veces el bien se tarda en llegar, pero nunca ha visto en la historia de la humanidad que el mal triunfe”. A escasos meses de que inicie el gobierno de Quirino Ordaz Coppel cabría preguntarnos sobre cuáles serán las formas de nombrar la violencia durante su administración. ¿El nuevo gobernador persistirá en el empeño de invisibilizar y/o enmascarar el derramamiento de sangre como han hecho sus antecesores?, o bien ¿el discurso oficial seguirá negando y despojando de toda dignidad humana a esos otros?   

Liliana Plascencia es candidata a Doctora en Historia por el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México. Es profesora en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 


1 Por ejemplo véase Ronaldo González Valdés, “Sinaloa: ¿violenta por tradición?”, Nexos, 1 de septiembre de  de 2016.
2 Una de las tantas notas periodísticas donde se hace referencia a la declaración del gobernador puede verse aquí.
3 Asimismo se puede observar que el incremento desorbitado de la violencia se produjo a partir de 2008, en el contexto de la guerra contra el crimen organizado, implementada durante la presidencia de Felipe Calderón. Ver Liliana Plascencia, “Mujer asesinada… tanto qué comentar sobre una imagen de violencia”, Discurso Visual, número 37, tercera época, enero-junio 2016, p. 62 Disponible aquí.
4 En febrero de 2010 Jesús Vizcarra Calderón dejó la presidencia municipal de Culiacán para contender por el gobierno del estado.
5 Entre estos se encuentran nueve mujeres. Noroeste, 1 de octubre de 2016. Disponible aquí.
6 Después de febrero que había registrado 117 asesinatos, agosto se posicionó como el segundo mes más violento del año con una cifra de 111 homicidios. Noroeste, 1 de septiembre de 2016. Disponible aquí. Y según apunta el último reporte del SNSP, la tendencia es nacional.  La Jornada, 23 de septiembre de 2016. Disponible aquí.
7 Estas son las últimas cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública de Gobernación. La Jornada, 23 de septiembre de 2016. Disponible aquí.
8 Según apunta el último reporte del SNSP, el incremento de la violencia durante el mes de agosto fue una tendencia nacional.  La Jornada, 23 de septiembre de 2016. Disponible aquí.
9 Según Alejandro Castillejo Cuéllar, entre ciertas modalidades de violencia hay una serie de conexiones que, “dependiendo de la manera de nombrarlas, podrían hacerse invisibles o esfumarse en la indefinición. Y este problema, que en un principio parece abstracto, tiene una dimensión histórica particularmente compleja: al nombrar de una forma particular el mundo, se establecen o se rompen relaciones de causalidad que permitirían la localización de responsabilidades históricas”. Los archivos del dolor. Ensayos sobre la violencia y el recuerdo en la Sudáfrica contemporánea, Bogotá, Universidad de Los Andes/Facultad de Ciencias Sociales/Centro de Estudios Socioculturales, 2009, p. 338.
10 De nuevo recurro a Alejandro Castillejo Cuéllar, Los archivos del dolor… Sobre el tema de la violencia y la negación del otro, también véase del autor Poética de lo otro. Para una antropología de la guerra, la soledad y el exilio interno en Colombia, Bogotá, Ministerio de cultura/Instituto colombiano de antropología e historia, 2000.
11 Hay que decir que dichos discursos se han construido desde diferentes lugares de enunciación, y que además de ser útiles a la hora de justificar el derramamiento de sangre, han contribuido a la configuración de una identidad regional basada en la imagen del “sinaloense violento por naturaleza”. Parafraseando a Ricardo Pérez Montfort, pareciera que al reivindicar como propios ciertos rasgos y conductas, músicos, escritores, periodistas e historiadores sinaloenses se reconocieron en representaciones e imágenes que poco a poco se fueron simplificando y orientado con el fin de crear un repertorio particular de aquello que sería identificado como el comportamiento típico de la región. “Down Mexico way. Estereotipos y turismo estadounidense en el México de 1920 a 1940”, pp. 153-175, en Azuela Alicia y Guillermo Palacios, coordinadores, La mirada mirada. Transculturalidad e imaginarios del México revolucionario, 1910-1945, México, El Colegio de México/UNAM, 2009, p. 15. Sobre las representaciones y los imaginarios que establecen un vínculo entre violencia e identidad regional, véase Nery Córdova, La narcocultura: simbología de la transgresión, el poder y la muerte. Sinaloa y la “leyenda negra”, Sinaloa, Universidad Autónoma de Sinaloa, 2011.
12 Alejandro Castillejo, Poética de lo otro…, p. 18.
13 Alejandro Castillejo, Poética de lo otro…, p. 18.

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