En 1562, el provincial franciscano fray Diego de Landa, quien después se convertiría en obispo de Yucatán, organizó una quema masiva de ídolos, objetos sagrados y códices, en un empeño por extirpar lo que consideraba elementos de idolatría y superstición de los naturales de esas tierras. La Relación de las cosas de Yucatán que escribió el obispo Landa es una de las fuentes principales para conocer la historia de los antiguos mayas, pero los historiadores mexicanos del siglo XIX nunca le perdonaron haber destruido las fuentes primarias que, de seguro, permitirían un acercamiento más completo a la historia de aquellas civilizaciones. Los historiadores del siglo XX fueron más comprensivos de la cultura y circunstancia de Landa,1 pues entendieron que había actuado por lo que consideraba un bien mayor, la salvación espiritual de los indios; pero aun así, es claro que la versión de la historia de los pueblos mayas que nos legó es parcial y que se hubiera podido complementar o reinterpretar con la información de aquellos códices que ordenó destruir.

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Mucho antes, tras el triunfo de la coalición dirigida por Tlacaelel en contra de los tepanecas de Azcapotzalco en 1428, los tlatoque tenochcas se reunieron con el objetivo de destruir los libros, amoxtli, que contenían relaciones del pasado mexica, xiuhámatl, pues en palabras del tlatoani Izcóatl, recogidas por los informantes de Sahagún en el Códice Florentino, no resultaba conveniente que todos, en especial los grupos populares, conocieran los documentos [de historia].2 Las familias de gobernantes pudieron así reescribir su linaje, mostrar que ellos tenían legitimidad para mandar. Como tiempo después haría Landa, borraron parte de la memoria para imponer una visión de la historia desde el poder. De igual manera, como en el caso de Landa, pese a las numerosas actividades de Izcóatl, se le recuerda en buena medida por la destrucción de esos documentos.

Tal vez con menor resonancia, pero las pérdidas de documentos continuaron durante los siglos XIX y XX, tanto por las guerras civiles, como por destrucción deliberada o por falta de recursos en los repositorios. Por ello son encomiables los esfuerzos de Lucas Alamán para ordenar y abrir al público el Archivo Nacional en agosto de 1823; los de José Fernando Ramírez, quien lo protegió en el trance de la ocupación estadounidense en 1847; así como los de numerosas personas que en los momentos más adversos han trabajado no solo por preservar la memoria documental de México sino por facilitar su consulta a la ciudadanía, de una manera imparcial y como un proyecto educativo (como sucedió en 1911, cuando el Archivo General se integró a la Secretaría de Instrucción Pública). 

La Ley Federal de Archivos de 2012 fue uno de los pasos más destacados para cumplir estos objetivos (preservación y consulta pública) así como lo es ahora la proyectada Ley General de Archivos, que deberá presentarse en el Senado de la República en breve, y la Ley General de Protección de Datos Personales, que ya está en la Cámara de Diputados. Preocupa, por lo mismo, que en la Ley General de Protección de Datos Personales no se incluya que los archivos históricos son fuente de acceso público y que, por eso mismo, debe garantizarse la consulta abierta e irrestricta de los documentos que ellos resguardan, aunque contengan datos personales, pues son justamente estos los que les otorgan su mayor valor como fuentes históricas. De igual manera es preocupante que en las propuestas que ha hecho hasta ahora la Secretaría de Gobernación al Senado no se señale de modo enfático y explícito que los documentos albergados en archivos históricos no son ni pueden ser clasificados como confidenciales o reservados por cualesquier razones.

Los archivos históricos son de todos. Durante mucho tiempo, los historiadores, periodistas, científicos sociales y público en general los hemos empleado para conocer y explicar nuestro pasado, como una herramienta para comprender nuestro presente y trabajar para un futuro mejor. Como ha sucedido antes (por ejemplo, en los referidos casos de Izcóatl y Landa), impedir la consulta de los documentos ha conducido a que una visión de la historia sea impuesta. Es por ello que, en este momento, las personas que ostentan la representación nacional en el Senado y en la Cámara de Diputados tienen la oportunidad de permitir a las generaciones futuras la construcción de una memoria histórica plural, crítica y abierta, o de ser recordadas por haberla obstruido.

Alfredo Ávila es historiador, actualmente preside la mesa directiva del Comité Mexicano de Ciencias Históricas.


1 Alfonso Sánchez Múgica, reseña de Diego de Landa, “Relación de las cosas de Yucatán”, Estudios de Historia Novohispana 16,1996, p. 256-258.

2 Clementina Battcock hace un buen ensayo sobre las diversas interpretaciones de esta parte del Códice Florentino, “Acerca de las pinturas que se quemaron y la reescritura de la historia en tiempos de Izcóatl”, Estudios de Cultura Náhuatl 43, 2012, p. 95-113.

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