Imagine usted que un día al despertar se encuentra con que todo testimonio de su propia vida ha sido borrado. Imagine que en su credencial de elector, su CURP y su pasaporte, su nombre, fecha y lugar de nacimiento y domicilio han sido sustituidos por tachones negros; en todos ellos, en vez de su fotografía, solo hay un manchón negro. Imagine que lo mismo ha ocurrido con todos sus certificados escolares, su acta de nacimiento y las de sus seres queridos, con las escrituras de su casa y la factura de su automóvil. Ni siquiera sus estados de cuenta bancarios, los comprobantes de sus pagos de hipoteca o de ahorros para el retiro, ni de cualquier otro trámite personal en línea se han salvado de ello. Toda posibilidad de comprobar su identidad, de demostrar su trayectoria vital, de resguardar su patrimonio, y de hacer de ello la base para realizar sus aspiraciones y sueños personales y familiares, ha sido cancelada. Peor aún: al intentar averiguar la razón de esta catástrofe, descubre que una autoridad superior, que usted desconoce, lo ha decidido así ejerciendo un criterio poco claro, por no decir arbitrario, y con escasas posibilidades de reclamo.

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Si lo anterior le suena terrorífico, imagínese ahora que algo parecido ocurriera con la memoria colectiva y la identidad de toda una nación, nuestra nación; si como sociedad perdiéramos el derecho a conocer nuestra historia a partir de los testimonios la existencia y acciones de quienes nos antecedieron. Eso es justo lo que podría suceder si se aprueba la iniciativa de Ley General de Archivos que actualmente discute el Senado, presentada por legisladores de diferentes partidos con el apoyo de la Secretaría de Gobernación y que, en combinación con una aplicación discrecional de las leyes recientemente aprobadas de transparencia y protección de datos personales, nos arrebataría la posibilidad de construir nuestro futuro sobre el conocimiento cierto del pasado a través de los documentos que generaciones de mexicanos han dejado detrás de sí a lo largo de siglos, resguardados en los archivos históricos.

México es un país privilegiado en el mundo por el número e importancia de archivos de esta clase que posee. Desde antes incluso de la conquista española, y hasta el día de hoy, la memoria de la fundación y desarrollo de nuestras instituciones de gobierno y de justicia, y de las luchas en contra de la opresión y por una organización social más justa se ha registrado en documentos escritos conservados en distintos archivos, muchos de ellos afortunadamente públicos. La actividad económica, la educación y la ciencia, la literatura y las artes, la vida cotidiana de nuestras ciudades, pueblos, comunidades y familias, han dejado también su huella en documentos que constituyen un invaluable patrimonio de la nación, y resguardados también en acervos públicos. Sin embargo, aprovechar esa riqueza y lograr que sus lecciones trasciendan es una tarea especializada que la sociedad ha encomendado a los historiadores, quienes se forman en el uso de las herramientas necesarias para descifrar los documentos, interrogar a su contenido y discutir y publicar los resultados de sus investigaciones. El conocimiento así obtenido, puesto al alcance del público, y adecuadamente analizado y evaluado, tiene un valor que trasciende la mera conservación de la memoria y la posibilidad de aprender de los errores y aciertos de nuestros antepasados: se revela como una fuente de información esencial en la formulación y puesta en marcha de iniciativas y proyectos que nos ayuden a ser una sociedad más justa. En este sentido, el libre acceso de los historiadores a los archivos históricos resulta ser tan importante como el ejercicio de las libertades de prensa y expresión en la formación de una opinión pública y crítica, y en la consolidación de un Estado democrático.

Si lo anterior es verdad, ¿cómo explicar una iniciativa de ley que no señala explícitamente que los archivos históricos son fuente de acceso público? ¿Por qué se quiere colocar la gestión de los archivos bajo el control de un “Consejo Nacional” formado por una mayoría de representantes de instancias de carácter político y burocrático? ¿Acaso se pretende usar el control discrecional de la memoria documental como instrumento para sostener un poder político autoritario e incuestionable, único capaz de definir qué conviene recordar (o peor, olvidar), qué clase de sociedad debemos ser, y cómo debemos entender y aprovecharnos de nuestra historia? Quiero creer que los representantes democráticamente electos de los mexicanos sabrán percatarse de este peligro, comprenderán la importancia que tienen el acceso libre a los archivos públicos, y valorarán adecuadamente la opinión de los profesionales de la investigación histórica y de la gestión y conservación de esta clase de acervos a fin de formular una iniciativa de ley más acorde a lo que requieren no solo el momento actual, sino el futuro del país. De otra manera, corremos el riesgo de que la memoria de nuestro México termine convertida en un manchón negro e inútil.

Iván Escamilla González es profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.

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