Al revisar la iniciativa de Ley General de Archivos,1 presentada al Senado el pasado 16 de noviembre, llama la atención la incongruencia que existe entre la intención de modernizar los archivos mexicanos para el siglo XXI y ciertos elementos que, por presentes o por ausentes, podrían conducir a un retroceso, no de unos cuantos años, sino quizá de un par de siglos.

1

Cuando se hizo la reforma del archivo de la secretaría del virreinato en la segunda mitad del siglo XVIII se siguieron dos principios: orden y conservación. La preservación de un archivo ordenado podría servir al mejor funcionamiento de un gobierno que aspiraba a ser ilustrado. Por supuesto, se sobreentendía que el archivo no era público; estaba destinado al gobierno y solo los magistrados y funcionarios que lo requiriesen tendrían acceso a él. A pesar de que la exposición de motivos de la presente iniciativa de ley habla del acceso a la información y de la transparencia como prioridades de todo gobierno, sorprende que al momento de definir cuáles son los principales deberes de la materia archivística —los que deben regir el sistema general de archivos— se mencionen exclusivamente dos: el de documentar y el de preservar (p. 3 de la Iniciativa). ¿Por qué no está también el de difundir? Tal parece que esta iniciativa de Ley General de Archivos está regida por esos dos principios que ya existían en el siglo XVIII, pero no por ese tercero (el de la difusión) que comenzó a labrarse durante el siglo XIX (cuando el archivo se hizo “público”) y que se ha fortalecido en los últimos tiempos con las nociones de transparencia y de máxima publicidad. Probablemente si la Iniciativa obligara a los archivos a adoptar ese tercer principio se evitarían muchos de los problemas que han generado una reacción tan crítica contra ella.2

La profesionalización de la historia fue un proceso lento mediante el cual los historiadores se fueron separando gradualmente de las corporaciones o instituciones de gobierno que estudiaban y que los obligaban a hacer un tipo de historia a modo. ¿Pero de qué pueden servir historiadores autónomos si los archivos no lo son y si solo permitirán documentar una historia a modo? Sin la garantía de un flujo continuo de información a los archivos históricos es poco probable que los historiadores del presente y del futuro puedan reconstruir las lagunas de nuestra memoria colectiva. 

Los interesados en reconstruir la historia de los tiempos recientes quieren una ley que garantice fechas concretas de transferencia; es decir, saber cuándo van a llegar a un archivo histórico los documentos que esperan. Pero en esta iniciativa no hay fechas claras, ni una sola; solo la advertencia de que los lineamientos los establecerá un Consejo de funcionarios y que la disposición última de los documentos estará en manos de los consejos formados por los propios “sujetos obligados”, es decir, por las dependencias generadoras de información. Por ello, además de exigir la presencia obligatoria de historiadores en esos “consejos multidisciplinarios” que prevé la ley y que de acuerdo con la actual redacción serían en realidad consejos integrados por funcionarios, debemos replantear la naturaleza misma de esa valoración. ¿Por qué sus lineamientos deben ser trazados por un consejo presidido por la Secretaría de Gobernación e integrado por funcionarios públicos, cuando eso debería ser responsabilidad de historiadores, archivistas y miembros de la sociedad organizada? ¿Dónde está el peso de los archivos históricos para exigir a los de concentración la transferencia de documentación específica que permita dar seguimiento a una serie documental?

Los archivos históricos son la preocupación central de los historiadores. Cabe aclarar que al hablar de “archivos” y no de “documentos” hago eco de una reflexión compartida por la mayoría de los investigadores del pasado. Como historiadores nos cuesta mucho trabajo definir qué es un documento histórico y cuál no lo es, porque partimos del simple hecho de que todos los documentos tienen algún valor histórico. La iniciativa, en cambio, presupone que hay documentos “con valor histórico” o “relevantes para la sociedad” y otros que no lo son. Semejante distinción, de entrada, es inaceptable. Nosotros trabajamos en archivos que están llenos de documentos cuyos valores dependen de las necesidades y de las preguntas de cada investigador. Evidentemente sabemos que es imposible la conservación de todo cuanto se produce; pero queremos la certeza de que la valoración será razonable y que todo lo que se traslade a un archivo histórico permanecerá allí y se resguardará sin importar lo que sea. Por eso es tan importante que no se reclasifique lo que ya está en el Archivo General de la Nación y en los archivos históricos de todo el país; es decir: el artículo 14 transitorio de la Iniciativa no debe ser aprobado.

La cuestión es de fondo. Si es indispensable establecer un criterio de valoración sobre lo que debe pasar con prioridad a un archivo histórico, deberíamos pensar en un sistema en el que los académicos, el personal capacitado al frente de los archivos históricos y la sociedad civil (organizaciones civiles, grupos de transparencia, periodistas, etc.) puedan exigir y conseguir efectivamente el traslado de información a archivos donde su consulta sea irrestricta, así como la preservación permanente de los razonamientos que hayan motivado un traslado o una baja documental. En pocas palabras, la valoración no debe ser una cuestión meramente técnica, sino un asunto de la mayor responsabilidad. La ley debe garantizar lo anterior, así como que la consulta en los archivos históricos no sea limitada bajo ningún pretexto. Son indispensables estos elementos para comenzar a sentar ese tercer fundamento, el de la difusión y máxima publicidad que, como apunté, debería estar explicitado como principio archivístico en esta iniciativa de Ley General de Archivos, y que bien podría reforzarse con la obligación de digitalizar y publicar en internet todos los documentos digitalizados. En última instancia debería quedar claro que difundir también es una manera de preservar.

Finalmente, sabemos que hay una preocupación por los datos personales y sensibles, pero la historia no puede estar sujeta a ella. Los historiadores que trabajamos con documentos coloniales y del siglo XIX nos topamos a cada paso con ese tipo de información. Al respecto, es necesario decirlo con toda claridad: estamos convencidos de que la memoria histórica solamente se puede construir con datos personales y sensibles. El mismo criterio debe imperar para quienes estudian el siglo XX, el cual resulta cada vez más lejano y oscuro para un mundo de jóvenes para quienes el terremoto de 1985 es historia antigua. Que se fije un plazo: 25 años, por ejemplo. Después de ese plazo, no debería avergonzarnos conocer nuestro pasado; por el contrario, debería ser una exigencia de toda la sociedad civil interesada en su memoria colectiva. 

La Ley General de Archivos debe ser una manifestación rotunda en favor de la memoria; la iniciativa actual está muy lejos de serlo. La Ley General de Archivos tiene que ejercer una presión real sobre los archivos de trámite y de concentración; la suficiente no solo para que documenten y preserven los documentos, sino también para que los transfieran a los archivos históricos y permitan con ello que su contenido se pueda difundir plenamente, sobre la base de la apertura irrestricta de estos archivos. No podemos aceptar una Ley que mediante la opacidad y varios párrafos ambiguos favorezca una valoración documental apresurada y burocrática, fomente la permanencia indefinida de documentos en archivos de concentración y, lo que es todavía más grave, facilite la destrucción documental con base en dicha valoración. En otras palabras, no podemos aceptar una ley que contribuya a la construcción del olvido.

Gabriel Torres Puga es profesor-investigador del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México.


1 La iniciativa fue discutida con participaciones muy críticas en la audiencia pública organizada por el Senado de la República el lunes 28 de noviembre de 2016. El presente texto es una versión corregida y aumentada de mi participación en ese foro.

2 Sobre la iniciativa han escrito, entre otros: Alfredo Ávila, “Por una nueva Ley General de Archivos”, blog de la revista Nexos, 20 de octubre; Aurora Gómez Galvarriato, “Sin derecho a la memoria”, Boletín del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, n. 420, oct-nov.;  Soledad Loaeza, “Un archivo sin historia”, La Jornada, 17 de noviembre; Carlos Elizondo, “El fin de la Historia”, Excélsior, 17 de noviembre de 2016; Iván Escamilla, “Riesgo de amnesia”, blog de la revista Nexos, 18 de noviembre; Felipe Castro, “Los documentos del historiador”, en su blog “Peregrinaciones en el pasado”, 22 de noviembre; Mauricio Merino, “Archivo, la palabra maldita”, El Universal, 23 de noviembre; Sergio Aguayo, “Las mordazas”, Reforma, 23 de noviembre; Rafael Rojas, “La libertad del archivo”, La Razón, 24 de noviembre; Daniela Gleizer, “Politización de la memoria”, portal de internet “El presente del pasado”, 24 de noviembre. Para un seguimiento de las discusiones a la iniciativa, puede consultarse el portal del Comité Mexicano de Ciencias Históricas.

Te recomendamos: