El gesto de Benito Nacif, consejero del INE, de recurrir la legalidad y la constitucionalidad de una serie de acuerdos que tomó la Junta Ejecutiva General de este organismo se traduce en términos prácticos en impugnar la reducción del 10% de su salario. Esto lo hizo Nacif mediante una carta dirigida al presidente del Instituto; esta misiva ya es del dominio público. Esta actitud y esta carta tienen muchos aspectos que merecen atención. A primera vista, es el hecho insolidario de un servidor público que tiene unos ingresos mensuales de alrededor de 177,000 pesos.

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Creo que efectivamente, se trata de un hecho insolidario (punto al que regresaré más adelante), pero detrás del gesto de Nacif hay también aspectos menos personales, que tiene que ver con nuestra vida pública y que me parecen de la mayor importancia. Con la reducción que el consejero Nacif está impugnando y que por lo tanto puede ser que jamás se materialice, el sueldo que hubiera percibido en el mes de febrero hubiera sido de 160,000 pesos. Mucho dinero, sin duda; sobre todo en un país como México. A este respecto, no puedo dejar de mencionar que los enormes sueldos que se pagan en varios sectores del sector público mexicano tienen que ser revisados y disminuidos en porcentajes más o menos considerables. El espantapájaros de que no hay que tocar estos salarios porque entonces los “capaces” no querrán ser servidores públicos es solamente eso, un espantapájaros, que entre otras cosas presupone que todos aquellos que reciben dichos salarios son (muy) capaces. Vuelvo al caso Nacif. Al día siguiente de haber recibido la carta mencionada, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó estar convencido de la legalidad y la constitucionalidad de la decisión; además, insistió en lo que me parece un aspecto medular de este asunto: para Córdova la reducción que en su momento aceptaron todos los consejeros (incluido Nacif, pues se habla de unanimidad) es sobre todo “sensible y solidaria con el difícil momento que atraviesan grandes sectores de nuestra población”.

Vamos primero a los tres argumentos esgrimidos por Nacif en su carta, fechada el 2 de febrero, con los cuales pretende justificar su decisión. El primer punto es que la medida adoptada por el INE contraviene los artículos 5, 123 y 127 de la Constitución, además del artículo 10 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dejo de lado a la OIT, pues lo que va a dirimir esta cuestión no será la legislación de este organismo, sino la Constitución que nos rige, la cual, como es bien sabido, está cumpliendo su centenario. No deja de llamarme la atención, sin embargo, que cuando la OIT sale a colación entre los servidores públicos mexicanos no es en relación con lo que entendemos normalmente cuando escuchamos el término “trabajadores”, sino, como en este caso, respecto a la reducción, relativamente menor en términos porcentuales, del salario de un servidor público de muy alto nivel. Sea como fuere, revisé los tres artículos mencionados por el consejero Nacif en su carta y no encontré ninguna prohibición explícita de la decisión tomada por la Junta General Ejecutiva del INE; siempre y cuando esta decisión haya sido unánime, como fue el caso. Ya señalé que el presidente del INE está convencido de que la medida no es inconstitucional. No soy abogado y, aunque lo fuera, ni yo ni nadie en particular va a resolver este asunto, sino la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ahora bien, desde mi punto de vista y a pesar de lo que digan algunos cuyo apego a la Constitución me parece mucho más lábil de lo que pueden sugerir expresiones como “respeto absoluto” (para referirse, por supuesto, a los principios y artículos contenidos en “nuestra carta magna”), el quid de la divergencia entre Nacif y el presidente del INE no reside aquí. No solamente considerando la historia socio-política concreta (no estrictamente jurídica) de la aplicación y no aplicación de la Constitución de 1917, sino considerando también que los principios y los artículos jurídicos son casi siempre interpretables y, por lo tanto, el “respeto absoluto” al que me acabo de referir es algo bastante más resbaladizo de lo que sugiere esta expresión y, por tanto, la defensa de la constitucionalidad resulta ser un argumento menos aséptico y sobre todo menos incontrovertible de lo que sugieren algunos.1

El segundo punto de Nacif es, en mi opinión, desconcertante y preocupante; ambas cosas en grado superlativo. He leído en más de una ocasión las diez líneas de este segundo argumento y en resumidas cuentas lo que viene a decir el consejero Nacif es que si le bajan en sueldo (aunque sea sólo un 10%), él ya no puede garantizar a la ciudadanía que realizará sus funciones exento de “presiones internas y externas”. Por supuesto, semejante aserto viene envuelto en expresiones que pueden despistar al lector desprevenido (por ejemplo, Nacif alude a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Sala Superior del TEPJF; además, habla de “derecho ciudadano” y de la “protección de los derechos”). El lenguaje de los derechos es sin duda uno de los grandes logros de la humanidad a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero también es cierto que de un tiempo a esta parte está sirviendo de manera creciente para justificar comportamientos que resultan inaceptables desde puntos de vista que, dependiendo de la situación concreta y del contexto en turno, pueden ser perfectamente atendibles.2 No me extiendo en esto porque lo que aquí importa es otra cosa. Algo de enormes consecuencias para cualquier noción que se tenga de lo que es el servicio público (en México o en cualquier parte del mundo). Lo que está planteando Benito Nacif en este segundo argumento es que si le reducen su salario, él ya no estaría en condiciones de asegurar el cumplimiento cabal de sus obligaciones como servidor público. Dicho de otro modo y para emplear sus propias palabras (aunque omito aquí el condicional que él usa y con el que aparentemente se libra de afirmar lo que claramente está afirmando): disminuir los salarios de los consejeros atenta contra “el correcto funcionamiento del INE”. Me gustaría saber si los demás consejeros están de acuerdo con Benito Nacif, pero más allá de esto, lo que pone los pelos de punta (por lo menos a un ciudadano de a pie como yo) es que la probidad y la capacidad de trabajo de nuestros consejeros electorales dependa de 17,000 pesos (pues esa es, más o menos, la diferencia que existe entre los 177,000 que recibe Nacif cada mes y los 160,000 que hubiera recibido en caso de haber aceptado la reducción). 

El tercer punto de Nacif trata de mostrar que el INE puede ahorrar mucho más dinero del que pretende ahorrarse con la reducción de su sueldo (y el de otros funcionarios del INE) si el Instituto aplicara sus criterios ahorradores en rubros que no tienen nada que ver con los salarios. Este argumento del consejero Nacif es una muestra de, por lo menos, tres cosas. En primer lugar, como ya adelanté y como ya expresó el presidente del INE, de lo insolidario que es el consejero Nacif con millones de mexicanos. Una vez más, dejo esto solamente apuntado pues volveré a esta cuestión. En segundo lugar, Nacif afirma que reducir el salario a los consejeros le ahorraría al INE lo que él parece considerar una bicoca (11 millones de pesos al año), cuando se compara con tres rubros, que, en su opinión, ahorrarían al Instituto mucho más que eso. ¿Cuáles son estos tres rubros? El primero es la contratación de consultorías externas por parte de la Unidad Técnica de Planeación del INE; a juzgar por lo expresado por Nacif en esta parte de su carta, muchas de estas consultas por parte del Instituto son superfluas, pues en ellas se han erogado “decenas de millones de pesos sin obtener aún resultados tangibles”. El segundo rubro en el que el INE gasta de manera innecesaria es la realización de estudios y eventos sobre la calidad de la ciudadanía. Nacif se refiere aquí al considerable número de eventos internacionales y nacionales que, a juzgar por lo expresado en esta parte de la carta, parecieran ser solamente de relumbrón. Como lo sabe cualquier académico mexicano que ha asistido a eventos de este tipo, con relativa frecuencia estas reuniones son, efectivamente, de una notable esterilidad. El problema, claro está, es que juntar a un grupo más o menos nutrido de expertos nacionales e internacionales cuesta mucho dinero (sobre todo los segundos); más aún si se les retribuye generosamente, como parece ser el caso en el INE. Por último, el consejero Nacif menciona el gasto que hace el Instituto en “adquirir” plantas de electricidad para las juntas locales y distritales. En su opinión, estas plantas “realmente solo se requieren para casos de emergencia”. Este es el rubro que resulta más difícil de calibrar para el ciudadano medio. Si uno de los consejeros del INE afirma que el Instituto recurre en exceso a consultoras externas y que realiza demasiados eventos “sobre la calidad de la ciudadanía”, creo que su palabra debe recibir seria consideración, pues está en mejores condiciones que prácticamente nadie para afirmar algo así (exceptúo aquí, por supuesto, a los otros consejeros del Instituto). En cuanto a las plantas eléctricas, sin embargo, resulta más difícil pronunciarse. En primer lugar porque Nacif habla de “adquisición” no de “alquiler” y en segundo porque si bien podría pensarse que sin esas plantas eléctricas algunas juntas locales y distritales no podrían reunirse, este no parece ser el caso, pues en opinión del consejero Nacif esta adquisición se justifica solamente en unos cuantos casos, que él denomina “de emergencia”. Sea como fuere, en este tercer punto llaman la atención dos cosas. La primera es que tenemos a un consejero del Instituto señalando de manera clara y directa tres rubros en los que el INE puede ahorrar muchos millones de pesos. Alguien, empezando por el presidente del Instituto, debiera prestar atención. La segunda es que el argumento cojea, por decirlo así, en un sentido igualmente claro y directo: yo, Benito Nacif, recomiendo que el INE ahorre en los tres rubros que menciono en mi carta, pero que el Instituto no cometa actos inconstitucionales que, de paso, reducen mi sueldo. Repito aquí, por pertinente, la expresión a la que recurre Salvador Camarena en un artículo periodístico sobre el tema que nos ocupa y cuya lectura recomiendo: “hágase la austeridad en las mulas de mi compadre”.

La carta que Benito Nacif dirigió al presidente del INE concluye con una afirmación que me lleva a la parte final de estas líneas y, por tanto, a Mariano Otero: “Sería un error confundir la defensa de la legalidad con el rechazo a la austeridad. La ciudadanía demanda una democracia menos onerosa.” Dicho de otra manera, está muy bien que, considerando las condiciones imperantes en el país, se dicten medidas de austeridad…siempre y cuando entre esas medidas no se incluya ninguna que reduzca mi salario. Por supuesto, Nacif no podía expresarlo de esta manera y por eso opta por hablar de “defensa de la legalidad”, “ciudadanía” y “democracia menos onerosa”. Pues bien y para no extenderme en un punto que le parece claro a muchos ciudadanos y a no pocos medios de comunicación, repito lo que dijo el presidente del INE: la medida que tomaron los consejeros unánimemente de reducirse en 10% su sueldo es una medida “sensible y solidaria con el difícil momento que atraviesan grandes sectores de nuestra población”. De esto Benito Nacif parece no querer saber nada, pues en una entrevista radiofónica ha expresado que él no impugnó su salario. Lo que le importa realmente al consejero Nacif, según afirma en esa misma entrevista, es que “nadie puede ponerse por encima de la Constitución”. Esto es precisamente lo que, por inferencia, ha hecho la Junta General Ejecutiva del INE con la decisión que tomó de forma unánime en relación con la reducción de los sueldos de funcionarios del Instituto de muy alto nivel (no solo consejeros, pues en total fueron 32 los funcionarios del INE incluidos en esa decisión). Incluso habiendo esgrimido argumentos más convincentes que los que esgrimió, en este rechazo absoluto del servidor público en cuestión a cualquier consideración extra-constitucional está, desde mi punto de vista, buena parte del quid de todo este asunto y del país que somos. No obstante y por fortuna, es otro el país al que aspiran muchos mexicanos a quienes, más allá de la “constitucionalidad” en la que viene envuelto (la cual, insisto, es menos incontrovertible de lo que se sugiere a menudo), el gesto de Nacif les pareció, como a Lorenzo Córdova, insensible e insolidario.3 

También en estos días, el 4 de febrero para ser exacto, se cumplió el bicentenario del nacimiento de Mariano Otero, conocido sobre todo por su contribución fundamental respecto al juicio de amparo. Sin embargo, aquí me interesa el Otero que, con apenas veinticinco años, redactó el Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana. Se trata de un texto relativamente breve (menos de cien páginas en una edición actual) que tiene mucho de coyuntura política en su primera parte, pues fue publicado a mediados de 1842 con el fin de apoyar el Plan de Jalisco que Mariano Paredes y Arrillaga había presentado el año anterior en contra del presidente Anastasio Bustamante. Sin embargo, el Ensayo de Otero es también un estudio sociológico que no tiene parangón en el México de la primera mitad del siglo XIX (y más allá). El minucioso análisis de Otero sobre la sociedad mexicana desde la independencia hasta los días que le tocó vivir, la importancia que concede a lo que denomina “la organización de la propiedad”, su crítica a la propiedad mal repartida y la íntima relación que establece entre relaciones materiales, ciudadanía amplia (el término es mío) y garantías individuales son aspectos que los expertos en historia político-intelectual del siglo XIX mexicano conocen bien y en los cuales no puedo detenerme. Redactado en tiempos de crisis, el Ensayo revela sin embargo un optimismo respecto al futuro de México que corresponde a la edad de su autor y, algunos dirían, a su ingenuidad. Este optimismo, no obstante, se ve matizado por unas páginas finales en contra del despotismo y la oligarquía; males que, Otero quiere creer y quiere convencer al lector, ya no tendrían cabida en los años por venir. Su temprana muerte en 1850, a los treinta y tres años, le impidió a Otero seguir luchando como político, como intelectual y como periodista por el país que tanto quería y que acababa de perder más de la mitad de su territorio. 

Concluyo estas líneas con una cita algo extensa del Ensayo de Mariano Otero: “Volvemos siempre al principio de que antes de proteger los derechos, es necesario que exista la necesidad de gozar de esos derechos. Lo mismo es la igualdad. Hombres ha habido que han tomado esta palabra como la expresión de una idea fantástica, pero dejando aparte a estos apóstoles de la esclavitud, siempre que los miembros de la sociedad reconozcan que la bondad de las leyes consiste en favorecer y proteger los derechos individuales de cada hombre, ellos sentirán irremisiblemente la necesidad de que esa protección sea igual para todos, y de que no se conceda a ninguno ventajas ni monopolios que disminuyan la protección de los demás derechos. En esto consiste la igualdad, pero para que ella venga a ser una necesidad, es preciso que haya tal equilibrio entre las diversas partes de la sociedad, y entre los goces de sus miembros, que cada uno sienta material y positivamente el daño que causa la erección de un privilegio, sea del orden que fuere”.4

Roberto Breña es profesor-investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.


1 Por lo demás, más de una defensa (encendida o no) de nuestra Constitución ha servido para esconder intenciones e intereses que no disminuyen y mucho menos desaparecen porque alguien exclame con vehemencia “¡Se está violando la Constitución!”. Uno de los motivos por los cuales desde hace tiempo se plantea la necesidad de redactar una nueva Constitución es porque la actual está tan desvirtuada y deslegitimada por tantas modificaciones (699 para ser exacto) que sólo un nuevo documento y los procesos democráticos que éste implicaría podrían contribuir a erigir fundamentos distintos de los que ahora rigen nuestra vida política y, por ende, en buena medida nuestra vida pública. Amén de que la base del enorme documento constitucional que nos rige en la actualidad (que es tres veces más extenso que el original) fue redactada el mismo año de la Revolución Rusa, por lo que difícilmente puede responder a las necesidades de hoy (más allá del número de remiendos que ha sufrido). Es verdad que casi desde el inicio de la actual administración no han existido las condiciones para un ejercicio de esta envergadura, pero esto no debe significar excluirlo de nuestro horizonte de posibilidades, entre otros motivos porque nunca existirán las condiciones ideales (en política, esas condiciones deben ser creadas). Sobra decir que esto debe hacerse sin apresuramientos ni amaños de ninguna índole para que cumpla sus objetivos. Al respecto, me gustaría pensar que la más que cuestionable conformación de la asamblea constituyente de la CDMX y sus prisas de última hora para cumplir con la fecha sagrada (5 de febrero) son lecciones que no echaremos en saco roto.

2 Para que no se me malinterprete, doy un ejemplo. En fechas recientes quien esto escribe, profesor-investigador de El Colegio de México, ha visto dicho lenguaje pasar por encima de principios académicos y de decisiones académicas (tanto en el Colegio como en otras instituciones universitarias). La cuestión aquí no es que los criterios académicos deban estar por encima de los derechos humanos. Nadie plantearía semejante barbaridad. El punto aquí es que en una institución académica los criterios académicos deben tener un peso y una relevancia que no pueden tener en otros ámbitos. Convertir ciertas medidas académicas que toma una instancia académica de una universidad en un atentado contra “los derechos humanos” abre la puerta a una serie de actitudes, de comportamientos y de disposiciones que en el mediano y largo plazo terminarán con cualquier noción que tengamos de lo que es la exigencia académica; nada menos.

3 La receptividad ante situaciones sociales muy difíciles, incluso críticas, y el tomar o aceptar medidas en consecuencia, ¿no debiera ser parte del bagaje de cualquier “servidor público”? No se trata de que la administración pública mexicana anteponga la sensibilidad social y la solidaridad a muchos otros valores que también debieran poseer los servidores públicos que la conforman, pero sí que exista una empatía, digamos “mínima”, entre gobernantes y gobernados.

4 Mariano Otero, Obras (México: Editorial Porrúa, 1995), edición de Jesús Reyes Heroles, dos tomos (la cita es de la p. 60, tomo II; modifiqué ligeramente la puntuación para facilitar la lectura).

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