Era de esperarse. Hace apenas unos días, el 3 de mayo, un grupo de delincuentes que extraía combustible ilegalmente de los ductos de Pemex —también conocidos como huachicoleros o chupaductos— se enfrentó, como nunca antes había ocurrido, con el Ejército mexicano.

Además de bloquear la autopista Puebla-Orizaba por varias horas, la confrontación entre las fuerzas armadas y los huachicoleros escaló a tal nivel de violencia, que cuatro militares fueron brutalmente asesinados en Quecholac, Puebla.

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Acorralado, presionado, y evidentemente reactivo, el presidente Peña Nieto hizo lo que debió haber hecho hace -por lo menos- cuatro años: giró instrucciones a su gabinete para desarrollar una estrategia que “hiciera frente al robo de combustible”.

Lamentablemente, la respuesta de Peña Nieto llega bastante tarde. Es evidente que por acción u omisión, las redes de corrupción y ordeña ilegal de hidrocarburo se dejaron expandir por años, sin que nadie tomara en serio la amenaza. Por si esto no fuera suficiente, las líneas de acción presentadas por el equipo de Peña Nieto parecen tener más tintes de simulación que de una sólida medida para salir de la crisis.

En principio, no hay un diagnóstico serio del problema. Tampoco se han presentado indicadores técnicos que permitan a expertos y ciudadanos evaluar el seguimiento de manera transparente. No sorprende que el gabinete de seguridad no contemple mecanismos eficaces para evitar el delito. Por todo ello, no es exagerado suponer que, de no cambiar el rumbo, la ordeña de tomas clandestinas seguirá explotándole —literalmente en la cara— a la actual administración federal.

En este contexto, presentamos: (1) Un breve análisis del estado del arte sobre el robo de hidrocarburos en México; así como (2) cinco lecciones que los huachicoleros le han dado Peña Nieto. Nuestro objetivo es que las autoridades hagan frente de manera mucho más completa a una de las amenazas -quizá la más seria- que se haya tenido que enfrentar este sexenio.

1. El robo de hidrocarburos en México: lo que sabemos

De acuerdo con datos de Pemex, entre el 2000 y el 2016 se han identificado 24,282 tomas clandestinas de combustible en todo el país, a lo largo de una red de ductos cuya extensión es superior a los 17,000 km: es decir, una toma por cada 1.4 kilómetros. Como muestra la gráfica 1, el delito parece ser un fenómeno reciente que, si bien ha ido en aumento año con año desde mediados de los 2000, ha alcanzado niveles históricos en esta administración. De hecho, solo para ilustrar, vale la pena comparar lo que ocurría antes y después de 2012, cuando Peña Nieto tomó posesión. Un año después de esto, ya para 2013 había 2,612 tomas clandestinas; en 2014 la cifra había aumentado a 3,635; y para 2016 éstas ya escalaban hasta los 6,873 casos.

Gráfica 1. Tomas clandestinas en México 2000-2016

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Fuente: Elaboración propia con base en información revelada por Pemex en las solicitudes de acceso a la información 1857200166314 y 1857200130216 así como en el Reporte Anual 2016.

Aunque el robo de hidrocarburos está presente en gran parte del territorio nacional, existen zonas del país donde la incidencia de reportes es sustancialmente mayor. Es decir, que como ocurre en otros delitos, el crimen tiende a concentrarse en tiempo y espacio (conocidos como hotspots).

A nivel macro, la evidencia geoespacial revela que los estados que registran un mayor número de tomas clandestinas son: Tamaulipas (3,440), Puebla (3,268), Guanajuato (3,062), Veracruz (2,672) y el Estado de México (1,914).1 A nivel micro, hay regiones dentro de estos estados donde la intensidad de robo de hidrocarburo por kilómetro cuadrado es superior a la media del territorio nacional, tal como ocurre en la zona del llamado Triángulo Rojo.2

Gráfica 2. Entidades federativas con más tomas clandestinas en México 2000-2016

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2 Fuente: Elaboración propia con base en información revelada por Pemex en las solicitudes de acceso a la información 1857200166314 y 1857200130216.3

Afortunadamente, Pemex cuenta con un registro de las personas que han sido detenidas por estar involucradas en el robo de hidrocarburos. Como se observa en la gráfica 3, en los últimos años hubo un incremento sustancial de presuntos responsables. Esto podría explicarse a la rentabilidad creciente de esta actividad ilícita: si bien la Reforma Energética de Peña Nieto prometió reducir el precio de los hidrocarburos, en la práctica éstos se han incrementado considerablemente, tal como lo han demostrado los gasolinazos. A mayor ingreso disponible, no sorprende que los incentivos hayan atraído a más delincuentes.

Aun así, esta información no es suficiente para trazar una estrategia adecuada, pues haría falta transparentar y analizar muchos otros indicadores sobre el fenómeno. Sólo por dar un ejemplo, es urgente que se monitoreen no sólo el número de personas detenidas por este delito, sino también la proporción de éstas que fueron efectivamente sentenciadas. Una estrategia que no contemple el seguimiento a los niveles de impunidad y sus patrones —espaciales y temporales—, simplemente será incapaz de entender el delito, y naturalmente, detener sus alarmantes tasas de crecimiento.

Gráfica 3. Personas detenidas por robo de hidrocarburos 2000- julio 2014

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Fuente: Elaboración propia con base en información revelada por PEMEX en la solicitud de acceso a la información 1857200166314.

2. Cinco lecciones sobre los huachicoleros para Peña Nieto

1. Dimensionar el problema

A diferencia de otros delitos, el robo de combustible tiene como víctima directa a Pemex, quien hasta la reforma energética había sido la única dependencia encargada de la explotación, transformación, distribución, y comercialización de hidrocarburos en el país. Por ello, ante la naturaleza del delito, todas las pérdidas financieras por esta actividad las absorbe el Estado. Así, cada centavo que pierde Pemex lo gana el crimen, fiscalmente lo pierde el gobierno, pero en términos del costo de oportunidad lo terminamos absorbiendo todos los ciudadanos.

¿Qué tan grave es el problema? De acuerdo con una investigación de Animal Político, durante el sexenio de Felipe Calderón los mexicanos perdíamos 62,761 pesos al día por la ordeña de ductos de Pemex. Por el contrario, sólo en los primeros 4 años de la administración de Peña Nieto, Pemex perdía casi $100,000 pesos al día. La suma de estos montos es escalofriante, y se traducía entonces en la pérdida de 250 pipas de combustible al día. Recientemente, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ha indicado que el robo perpetrado por los huachicoleros asciende ya a los 20,000 millones de pesos al año; una buena parte de este monto va directa a las bolsas del crimen organizado.

El costo de las ordeñas, sin embargo, no sólo se limita a las pérdidas por extracción ilegal, sino también a los gastos que se incurren para evitarlas. Un caso evidente es lo que implica la protección de los ductos mismos. Por ejemplo, se sabe que cuidar un sólo ducto, el que lleva hidrocarburos de la refinería de Pemex en Cadereyta Nuevo León, a Madero, Tamaulipas, cuesta casi dos millones de pesos diarios.

Por si esto fuera poco, la paraestatal también ha perdido en su estrategia legal para evitar la ordeña. Recientemente, Pemex perdió 300 millones de dólares en tres juicios contra empresas estadounidenses, quienes presuntamente compraban y distribuían combustible mexicano robado por el crimen organizado. Como se puede observar las pérdidas financieras no son menores y la falta de respuesta institucional está siendo muy costosa para el país. ¿Por qué se permitió que el problema escalara a estos niveles?

2. Comprender la naturaleza real de la amenaza

Una de las mayores falacias observadas tanto en la administración de Calderón —como en la de Peña Nieto—, ha sido la de interpretar a la delincuencia organizada casi exclusivamente como un sinónimo del narcotráfico. Esto ha sido, claramente, un error estratégico, táctico, y operativo bastante grave. De hecho, el fenómeno de fragmentación y dispersión criminal visto en México desde mediados de la década pasada demuestra justamente lo erróneo de esta perspectiva.

Por una parte, es un hecho que los grupos criminales que operan en México cada vez obtienen proporcionalmente menos ingresos vinculados a las actividades de tráfico de drogas, y por el contrario, cada vez mayores ingresos de otras actividades ilegales.4 No hay que olvidar que los grupos delictivos con alto poder de fuego —como los mexicanos— pueden darse el lujo de tomar una naturaleza cambiante y evolutiva. Por ello, como cualquier otro negocio, estos grupos explotarán nuevas áreas de oportunidad, diversificarán sus actividades, e incrementarán sus fuentes de financiamiento donde la rentabilidad sea mayor (en el menor tiempo posible). A final de cuentas, los grupos criminales son empresas que funcionan como actores racionales. ¿Para qué molestarse en transportar toneladas de droga, esconderse o corromper autoridades, e invertir millones de pesos en cosechas y laboratorios con altos costos de operación, si se puede extorsionar, secuestrar, y robar hidrocarburos casi sin un solo peso de por medio?

En este contexto, el poder territorial, humano, y financiero que han adquirido los huachicoleros deja en claro que el robo de combustible es una actividad sumamente rentable —incluso igual o más que el narcotráfico mismo—. El error fue haberla ignorado ingenuamente. De lo contrario, no podría explicarse por qué al menos cinco grupos de la delincuencia están involucrados en esta actividad: Los Zetas, el Cártel del Golfo, los Caballeros Templarios, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación; y por qué la fuerte capacidad de fuego para defender sus nuevas áreas de negocio.

3. Entender a fondo el modus operandi actual y anticiparse a reacciones criminales futuras

Contrario a lo que se podría pensar en un principio, el robo de combustible no consiste exclusivamente en perforaciones ilícitas a ductos; sino también el robo de pipas desplazándose en las calles, y el saqueo (total o parcial) de éstas en carreteras. De hecho, el problema se ha extendido a tal dimensión, que recientemente se ha descubierto que el combustible robado es trasladado vía marítima. En noviembre de 2016 la Marina capturó -por primera vez- una embarcación que traficaba gasolina en Puerto Chiapas, Chiapas. Desde entonces, el modus operandi ha evolucionado tan rápido que se han decomisado más de 4,000 litros de gasolina en embarcaciones que navegaban ilegalmente en aguas mexicanas. Por ello, la estrategia contra el robo de hidrocarburos debe ser sólida, pero al mismo tiempo, debe ser suficientemente flexible para adecuarse a una reacción táctica y operativa del crimen organizado. Porque no hay de otra: ésta habrá de ocurrir.

Anticiparse a la reacción criminal es elemental pues ésta puede traer nuevos riesgos a la mesa. Esto es relevante por muchas cosas, por ejemplo, porque poco se conoce sobre el impacto ambiental y de salud cada vez que ocurre un incendio o un derrame de combustible. Estos incidentes pueden resultar más frecuentes si es que las actividades criminales se van a lugares más remotos, donde la contaminación de suelos agrícolas, suministros de agua potable y los daños podrían ser irreversibles a la flora y fauna. Asimismo, hay evidencia suficiente para sugerir que una explosión de grandes dimensiones podría estar por ocurrir como consecuencia del robo de combustible. Negar este hecho es una falacia y una severa irresponsabilidad. En lo que va de este año se ha registrado el incendio de una pipa de combustible en Guadalajara y el de una toma ilícita en Cuernavaca, Morelos.

Está claro que Pemex tiene conocimiento de la extensión territorial de la red de ductos además de contar con un monitoreo satelital de las pipas de combustible por lo que resulta sorprendente que el delito vaya en aumento cada año. El escenario actual es el resultado de emprender estrategias de reacción más no de prevención, por lo que el despliegue de fuerzas armadas no tendrá ningún impacto. Sin duda, el uso de tecnología e investigación podrían ser grandes aliados, por ejemplo se podría desarrollar un sistema para detectar perforaciones ilícitas o combustible adulterado en estaciones de servicio. Asimismo, identificar patrones geográficos o predictores estadísticos del robo como el número de estaciones de servicio por estado.

4. Generar inteligencia en localización de hotspots y la comprensión del mercado

Al ver los acontecimientos de los últimos días, queda claro que ni Pemex, ni el Ejército, ni la SHCP, ni la propia PGR, estaban preparados para hacer frente a esta nueva modalidad de crimen organizado. Por si esto no fue suficiente, la estrategia hasta ahora presentada por el gabinete de seguridad claramente muestra que no están entendiendo el fenómeno, y que sus acciones no están enfocadas a cómo prevenir incidentes como el acontecido en el poblado de Palmarito, Puebla.

La evidencia existente demuestra que la estrategia para hacer frente a esta actividad ilícita no debe ser focalizada exclusivamente en el uso de la fuerza. De hecho, entre más inteligente sea la estrategia, menos recursos humanos habrán de requerirse, y menos riesgos vinculados a los operativos de mitigación (despliegue de fuerzas del orden) habrán de presentarse. Pemex podría estudiar las experiencias de Ecopetrol y las FARC en Colombia, así como la de Nigeria sobre el vandalismo en ductos de combustible que derivó en grandes impactos ambientales y de salud.5

Para ello, se requiere el uso de datos, y de tantas fuentes de información como sea posible. Una táctica recomendable es no sólo enfocarse en analizar un lado del mercado (la oferta, o la demanda), sino en ambas, y sobre todo, en cómo interactúan sus actores en tiempo y el espacio. Es decir, contar con una estrategia que permita conocer en tiempo real quién extrae el hidrocarburo, a qué hora lo hace, dónde y cómo lo hace, a quién se lo vende, por qué a ese cliente, por cuánto, y cuál es el eslabón más débil por el que se puede romper toda esta cadena. La información es más poderosa que la fuerza, y lo que hemos visto en México durante la última década con claridad lo revela.

5. Elevar la capacidad de respuesta institucional y social con legitimidad

La violencia y el uso -o amenaza- de la fuerza perpetrada por los huachicoleros nos deja claro que se trata de grupos delictivos agresivos, claramente organizados, apoyados por pobladores de la zona, que no titubean ante las respuestas operativas por parte de las fuerzas federales.

Se trata de organizaciones criminales dispuestas no sólo a cometer bloqueos carreteros, sino a herir fuerzas del orden, y cometer asesinatos brutales si es necesario para mantener el negocio. La estrategia del Ejecutivo no puede dejar de lado todos estos componentes; sobre todo, la parte del apoyo social y sorprendente legitimidad que tienen estos grupos en tierra. En este sentido, la respuesta institucional debe incluir a las autoridades locales ya que éstas son quienes tienen un mejor conocimiento de sus localidades y mayor proximidad social.

Además, existe un elemento central sin el que no podríamos explicar el problema y su solución: la evidente corrupción vinculada a la ordeña. Seamos honestos: los casos son tan comunes y las pérdidas financieras son tan altas, que sugiere la participación de algunos funcionarios de Pemex; ya sea para el aviso de la ubicación de ductos, el apoyo en la extracción de combustible, o bien, para vender el hidrocarburo en estaciones de servicio.

En este contexto, se deben implementar mecanismos de contención de la corrupción basados en modelos de riesgo automático, que permitan hacer frente a estos caballos de Troya de manera mucho más eficiente. Aquí, recuperar la legitimidad es impostergable, y por ello, combatir la corrupción en serio implicaría ir no sólo por los servidores públicos que podrían estar involucrados a un nivel operativo, sino también ejercer mano dura empezando por los altos mandos. Hasta ahora, en este aspecto, a Peña Nieto le ha sobrado discurso, y le ha faltado contundencia.

Sin duda alguna, los mexicanos estamos frente a un reto impresionante. Aún así, no abona al futuro del país ser en exceso pesimistas y no buscar salidas innovadoras al problema. Afortunadamente, México cuenta con toda la capacidad para hacer frente al robo de combustibles y, de hecho, es posible desplegar una estrategia integral de verdad, y no un plan de crisis menor y solo mediático como el que hasta ahora hemos visto en marcha. Lo cierto es que desplegar militares no es la solución. Pemex y el país se merecen mucho más que esto.

David Pérez Esparza es candidato a doctor en Ciencias de la Seguridad por University College London (UCL) y consejero de #PropuestaMx. Helden De Paz Mancera es maestra en Combate a la Delincuencia Organizada y Terrorismo por University College London (UCL) y consejera de #PropuestaMx.


1 Estas cifras son una estimación realizada por lo autores con base en información revelada por Pemex en las solicitudes de acceso a la información 1857200166314 y 1857200130216.

2 El Triángulo Rojo de Puebla está integrado por los municipios de Tepeaca, Quecholac, Atazingo, Palmar Bravo y Acajete.

3 Los datos correspondientes para el 2016 son resultado de una proyección elaborada por los autores, caeteris paribus, tomando en consideración que la información sobre tomas clandestinas estaba disponible hasta abril de 2016.

4 González-Aréchiga, B.; Pérez Esparza, D; Madrazo Lajous, A. y Caballero, J. (2013). “El mal menor en la gestión de drogas: de la prohibición a la regulación”. Capítulo de Estimaciones de las ganancias financieras por cártel (Guajardo et.al.) México: Mc Graw Hill.

5 K.N. Aroh, I.U. Ubong, C.L. Eze, I.M. Harry, J.C. Umo‐Otong, A.E. Gobo, (2010) “Oil spill incidents and pipeline vandalization in Nigeria: Impact on public health and negation to attainment of Millennium development goal: the Ishiagu example”, Disaster Prevention and Management: An International Journal, Vol. 19 Issue: 1, pp.70-87, doi: 10.1108/09653561011022153.

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