Los homicidios de periodistas como Javier Valdez y Miroslava Breach, o de defensoras de los derechos humanos como Míriam Rodríguez, no son consecuencia solamente de la dignidad y valor con el que defendieron sus (nuestras) causas. Las justificaciones cobardes que se escuchan en la vox populi –en redes sociales por ejemplo— como “se metieron con quien no debían” no revelan una máxima universal, un hecho de vida o una moraleja. Esta especie de pensamiento consecuencialista que celebra lo práctico por sobre toda consideración moral es más bien el síntoma de que nuestra sociedad tiene una cultura no solamente de la impunidad, sino que sufre la persistencia de un pensamiento que fácilmente puede ser identificado con lo feudal, con una estructura social de vasallos y señores. Esta forma de pensar, esta mentalidad, es la cristalización simbólica de una realidad estructural objetiva que está detrás de estos homicidios: vivimos en una sociedad estamental cuyas diferencias son tan profundas que determinan a quién se le aplica la ley del Estado o a quién se le deja morir por la ley de la selva.

1La idea de que hay personas con las que uno “no se debe meter” revela varios vicios de un aspecto de la cultura mexicana que se ha sublimado persistentemente, porque de asumirlo o vivirlo de forma directa, nos llenaría de vergüenza. Este elefante en la habitación es la costumbre de disfrazar la cobardía de “inteligencia” con el fin de justificar al que huye, al que agacha la cabeza, al que “se raja”. “Más vale aquí corrió que aquí murió”, dice un refrán muy popular. El que huye, el que no incomoda al poderoso, el que se mete a su casa cuando hay conflictos en la calle: aquél es tenido en muchos contextos por alguien inteligente, racional, un “vivo”.

Una lectura somera de esta actitud podría interpretarse como simple egoísmo, como si las personas fueran lo que la teoría de la elección dice que son: maximizadores de su utilidad –o minimizadores de los costos—. No obstante, de años sabemos que esta es una abstracción insostenible. La existencia de personas o grupos con los que uno “no se debe meter” es un metarelato de una realidad social tan consistente que se ha consolidado, lamentablemente, como parte de la cultura mexicana: la impunidad funcional.

De forma abstracta, difícilmente podríamos pensar que la impunidad tiene una función social. ¿Qué beneficio podría aportar a una sociedad el que los crímenes no sean castigados? Sin embargo, nuestro país cuenta con varias narrativas que han justificado por años la impunidad so pretexto de mantener cierta estabilidad, pero no la impunidad de cualquiera, sino de quien tiene alguna forma de poder. Agustín Basave, en su libro Mexicanidad y esquizofrenia, describe una de estas narrativas cuando habla del poder sindical y de los líderes charros: “sí roba, pero al menos salpica”. Aquí, como testigo de la cultura política paternalista, el hurto a manos llenas es tenido por aceptable en tanto en las negociaciones obrero-patronales salpiquen a los actores menos empoderados (los obreros, claro) con ganancias marginales, pírricas. La legalidad, la constitucionalidad y la justicia social, eran en tal caso recursos meramente retóricos.

Este paréntesis en el cumplimiento de la ley nunca ha sido bidireccional. Basta con recordar las prontas represiones de que fueron objeto varios colectivos de trabajadores en México durante el siglo XX, como por ejemplo, los ferrocarrileros en 1959, quienes demandaban un aumento salarial y que al hacer uso de su derecho constitucional de huelga, fueron severamente reprimidos. En aquella ocasión, la violación más grave que desde un punto de vista jurídico hubiera podido ser imputada a los trabajadores liderados por Demetrio Vallejo y Valentín Campa era el incumplimiento de un contrato colectivo de trabajo. No obstante, una década de la vida de estos líderes transcurrió entre las rejas, y miles de trabajadores fueron despedidos y desmovilizados mediante el uso de la fuerza.

Al ponerle nombres y apellidos, entonces la impunidad en nuestra sociedad ya revela su funcionalidad. La impunidad ha sido una forma de control social utilizada por quien detenta alguna clase de poder para extenderlo de forma que pueda incrementar su utilidad, sus ganancias, en detrimento de quien no cuenta con medios políticos o económicos para oponerse sustancial y efectivamente al abuso. La impunidad es y ha sido el as bajo la manga de la oligarquía para decantar toda negociación en su favor –aún más—.

Esta asimétrica relación entre los actores de nuestra sociedad dejó una huella profunda en el imaginario colectivo. El sometimiento se convirtió, desde entonces, en un punto de equilibrio entre patrones y obreros, entre políticos y ciudadanos, entre ricos y pobres. La impunidad del narcotraficante o del político corrupto restringe el margen de acción de quienes le sirven, o peor, le estorban. Ante la ola de violencia que vive nuestro país y que han resentido los periodistas, los defensores de derechos humanos y todo aquél que no tiene medios para exigir algo más que lo que le sobra a quien amasa grandes fortunas, ¿es realmente difícil hacer un paralelismo con aquella cultura de “sí roba, pero al menos salpica”?

No. El miedo como mecanismo de control social es una tesis bastante estudiada. El referente más accesible a la memoria es La doctrina del shock, de la periodista Naomi Klein. Al sembrar miedo o incertidumbre en la sociedad, nos sugiere la autora, las elites económicas tienen mayor margen de maniobra para introducir reformas que favorezcan sus intereses. ¿Qué pasa, entonces, si el poder político es infiltrado por el poder económico del crimen organizado?

Nos encontramos, entonces, ante una versión perversa del lema favorito de la doctrina económica neoliberal, el famoso laissez faire, laissez passer, o “dejen hacer, dejen pasar”. A través del miedo se consolida un espacio de impunidad para una oligarquía en la que se mezclan políticos, narcotraficantes y autoridades judiciales. El miedo es la base, aunque éste cambia de slogan –se “gatorpardiza”—. El viejo “sí roba, pero al menos salpica” se ha convertido en los últimos años en “sí, trafican con drogas y corrompen a políticos y policías por igual, pero por lo menos nos dejan en paz”, o en el regreso del clásico “plata o plomo”.

La impunidad funcional, esa que sufre nuestra sociedad, es la que hace posible estas “negociaciones”, estos equilibrios perversos en los que quien no está en condiciones de resistirse ha sido obligado a aceptar cada vez menos por su silencio, por su complicidad, por meterse a su casa y hacer como que no pasa nada. Hemos transitado de una sociedad en la que el “dejar hacer, dejar pasar” era intercambiado por prebendas salariales raquíticas, a una en la que el único beneficio por callar y consentir es conservar la vida o la integridad. Y se lo justifica como si optar por lo segundo fuera una decisión “inteligente”.

La impunidad funcional ha avanzado porque se le ha permitido ganar espacios poco a poco. Se ha legitimado un intercambio injusto cuya asimetría ha seguido el curso –predecible— marcado por la fuerza centrípeta de la desigualdad social, económica y política. Como en la moraleja de la rana en el agua hirviendo, nos adentramos en un proceso de descomposición social que comenzó con aceptar las minucias de una oligarquía que se presentaba como encantadora, como defensora de los derechos sociales, la justicia social y de nuestra Constitución, pero que al paso del tiempo ha perdido la noción de los límites, pasando de ser extractiva a ser abiertamente predatoria. A quien hemos perdido recientemente, sí, ha sido a quien se ha resistido a esta descomposición.

No todo está perdido. Nunca lo ha estado. En este contexto de impunidad y de violencia, ha habido –y aún hay— quienes, como las decenas de periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos que hemos enterrado desde que comenzó el siglo, han tenido el valor de defender nuestra dignidad nacional, de honrar la verdad, de no quedarse en la comodidad de la nota rosa. Para que su sacrificio no sea en vano, no podemos seguir consintiendo la impunidad de quien tiene alguna clase de poder, porque al hacerlo, al normalizar el discurso de “se metieron con quien no debían”, lo que estamos haciendo es ponerle precio a nuestra dignidad.

Antonio Villalpando Acuña es sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestrante por FLACSO México.


Referencias
Basave, Agustín (2013), Mexicanidad y esquizofrenia, Editorial Océano, México.
Klein, Naomi (2007), La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre, Editorial Booket, México.

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