Con el propósito de optimizar la gestión de los recursos públicos disponibles para los partidos políticos –tanto en periodos electorales como no electorales– la iniciativa #SinVotoNoHayDinero ha sumado partidarios, grupos de interés, think tanks, medios, entre otras formas de auto organización de la sociedad civil para tomar impulso en un momento donde la desafección ciudadana, la corrupción y la desconfianza socavan los emergentes pasos de nuestra democracia electoral. Jalisco será la primera entidad en implementar estos cambios, no obstante, se espera disuada a los congresos locales lo suficiente, tal y como sucedió con el tema del fuero político, una iniciativa que promovió la misma asociación encargada de restablecer en la agenda #SinVotoNoHayDinero, antes “¡Ya bájenle! menos dinero a partidos”, impulsada en 2009 por la asociación Alianza Cívica en el Legislativo Federal.


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En un contexto donde las expectativas de legitimidad están profundamente insatisfechas, resulta difícil oponerse a la propuesta: que los partidos obtengan financiamiento público con base en el número de votos válidamente emitidos que reciben en las urnas, producto de su convencimiento programático y no bajo la operación de la fórmula que multiplica el padrón electoral por el 65% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual equivale al 49.06 hoy día, supone, al menos, en teoría, una reducción que busca estimular un mejor incentivo al desempeño de los partidos políticos en México, sobre todo, en tres aspectos esenciales de la representación política: la inclusividad, la capacidad de respuesta y la rendición de cuentas.

Sin embargo, conviene siempre tener en claro que ningún instrumento de política o reforma jurídica es suficiente por sí solo para mejorar la representación política en los términos arriba expuestos. Con frecuencia, el impacto mediado por las reformas jurídico-formales en temas como el financiamiento público, la corrupción o la confianza de los votantes en el proceso electoral requiere el compromiso recurrente sobre una o varias dimensiones normativas que suelen depender más bien del tipo de régimen, la capacidad del Estado para ejecutar obligatoriamente la ley y las culturas políticas de una comunidad en particular.

Por ello, tiene sentido preguntarse, ¿qué implicaría una eventual aprobación a nivel federal de la iniciativa #SinVotoNoHayDinero?, ¿es una salida adecuada a la crisis de legitimidad de los partidos políticos en México? La ausencia de alternativas programáticas frente a la férrea disputa de partidos clientelares que operan a favor del mantenimiento de altísimas tasas de movilización a las cuales son propensos los deciles más bajos de la población en ingresos, así como también, la selectiva capacidad del Estado para hacer cumplir la ley, nos hacen sospechar que la iniciativa puede traer consigo consecuencias no deseadas por sus promotores.

En primer lugar, en México – como en muchas partes de América Latina – la pobreza y la corrupción están relacionadas con el proceso electoral. Por ejemplo, utilizando una muestra amplia de países, Christopher Anderson y Yulija V. Tverdova (2003) encontraron evidencia que en países donde prevalecen valoraciones negativas hacia los funcionarios públicos, es poco probable que dichas opiniones sean compartidas por los partidarios del gobierno, en la medida en que la capacidad de las administraciones corruptas para retener el poder frente a los escándalos y los malos resultados es fuerte. Por su parte, en otro estudio, Luis Fernando Medina y Susan C. Stokes (2002), mostraron que donde los titulares de cargos ejercen un control monopólico sobre los recursos políticos y económicos, aquellos tienden a ser bastante exitosos en el mantenimiento del statu quo a su favor mediante el establecimiento de amenazas creíbles contra los electores (o clientes) que pueden orientarse a desertar en favor del candidato opositor, lo cual, tiende a reducir considerablemente la calidad de la competencia electoral. A su vez, debido a que la pobreza alimenta la demanda por dádivas clientelistas, los políticos tienen interés en perpetuar el estancamiento económico e impedir la implementación de políticas de redistribución de riqueza sobre criterios más impersonales que puedan escapar de su control. Dado que ambas investigaciones incluyeron en su mayoría sistemas presidenciales y multipartidistas, uno no puede evitar cuestionarse, ¿en qué medida estos resultados suceden o no en nuestro contexto?

En un estudio complementario sobre Argentina –uno de los casos citados por la iniciativa #SinVotoNoHayDinero como modelo de financiamiento a seguir– a politóloga Susan C. Stokes (2005) mostró cómo los políticos no sólo son bastante exitosos en la obtención de votos de las personas a cambio de dádivas tangibles, sino que también tienen medios bastante eficaces para controlar los votos de sus electores (o clientes) en las urnas, lo que les disuade de desertar. Más importante, Stokes encontró evidencia que los partidos clientelistas en Argentina no favorecen a los partidarios incondicionales (cuyo voto saben obtendrán de cualquier manera), sino más bien se concentran en las personas cuyo voto está en duda, dado que no tienen fuertes lazos con la maquinaria electoral en sí misma.

Utilizando un análisis transnacional de los ciudadanos en 14 países, entre ellos México y Argentina, Luigi Manzetti y Carole J. Wilson (2007) encontraron evidencia estadística consistente para explicar por qué las personas tienden a apoyar gobiernos corruptos. En los países donde las instituciones gubernamentales son débiles y las relaciones patrón–cliente fuertes, las personas son más propensas a apoyar a un líder corrupto de quien esperan, a pesar de su reputación, recibir beneficios tangibles. Por el contrario, donde las instituciones gubernamentales son fuertes, los políticos corruptos son más propensos a ser castigados por el público. Si bien, los atributos de lo que implica tener instituciones gubernamentales débiles / fuertes son esencialmente controvertidos, México no suele ser clasificado como un contexto donde las instituciones gubernamentales sean débiles, más bien uno donde las instituciones se desempeñan de forma selectiva. Porque si bien, según los Indicadores de Gobernanza Mundial (Worldwide Governance Indicators) del Banco Mundial, las instituciones políticas tales como el Estado, el estado de derecho y las agencias de rendición de cuentas, se muestran incapaces bajo ciertas condiciones de proporcionar bienes públicos basados en criterios equitativos y racionales, dado que tienden a ser capturadas por grupos de poder que las utilizan para distribuir favores y crear búsqueda de rentas a favor de sus clientelas, el hecho es que las recompensas de la corrupción y el mantenimiento de la pobreza dependen aún más de cuántas otras personas en una misma sociedad –ocupen o no cargos públicos– se espera sean corruptas y se beneficien del mantenimiento de la pobreza. Como lo demuestran Anna Persson, Bo Rothstein y Jan Teorell (2013), en la medida en que la corrupción es el comportamiento esperado, al menos los beneficios a corto plazo de la corrupción son probablemente mayores que los costos. En consecuencia –concluye su estudio– donde la corrupción es el comportamiento esperado, los instrumentos clave para frenar la corrupción o combatir la pobreza –como los dispositivos de monitoreo, supervisión y auditoría, los regímenes de sanción o las políticas redistributivas– son en gran medida ineficaces, ya que simplemente no existen actores que tengan un incentivo para hacerlas cumplir. Por ello, los partidos políticos suelen no tener ningún incentivo para representar los intereses de las clases sociales que los condujeron al poder.

En segundo lugar, en una democracia electoral, al menos, se espera que los ciudadanos voten por los políticos sobre una base amplia de alternativas preferibles y promesas de política pública, algo que la ciencia política suele rotular como “partido programático”. En teoría, cuando existen problemas por pérdida de legitimidad en regímenes democráticos, lo más importante para el estabilidad del régimen es la presencia de alternativas preferibles. #SinVotoNoHayDinero puede socavar la emergencia de alternativas porque tiene como propósito reducir el financiamiento público tanto en periodos electores como no electorales, lo que puede terminar por socavar las funciones procesales e institucionales que, con diferentes grados de éxito, los partidos desempeñan y, particularmente, pone en desventaja a los partidos en ciernes y abierta oposición. En un contexto de crisis de legitimidad de los partidos, ¿no sería deseable contar con una extensa variedad de partidos que promuevan la agenda de las minorías, por ejemplo, en lugar de reducir los incentivos jurídico-formales para su proliferación? En México los partidos no reflejan nuestros clivajes sociales. #SinVotoNoHayDinero puede frenar la emergencia de alternativas preferibles por el hecho de que existen más probabilidades que los partidos en el poder tengan más recursos para integrar y movilizar a la ciudadanía, articular y agregar intereses creados, e implementar políticas que aquellos que se encuentran fuera de los cargos públicos. Para nadie es desconocido que, el patronazgo –el intercambio recíproco de favores entre dos individuos de estatus y poder diferente, que generalmente incluye favores dados por el patrón al cliente a cambio de su lealtad y apoyo polític – es un generoso aliado donde los políticos tienen acceso no monitoreado a los recursos que pueden distribuir. Este el caso ampliamente documentado de los escasos controles a los que están sujetos los gobernadores en México.

Por último, donde las autoridades encargadas de someter al poder a la amenaza creíble de las sanciones, el ejercicio transparente y la justificación de sus actos, no son políticamente independientes o no tienen poder “real” para hacer cumplir las regulaciones, difícilmente podrán abordar los problemas sistémicos de rendición de cuentas. Por citar un solo ejemplo, para nadie es desconocido que en México, las normas para regular el flujo de dinero tienden a ser bastantes amplias, sirviendo entre otros propósitos, tanto para fortalecer los requisitos de divulgación como para proporcionar recursos que permitan a los partidos hacer frente al incremental aumento de los costos de las campañas, una vez que es necesario compensar la disminución de las cuotas de afiliación y recaudación voluntaria, sin embargo, las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley tienden a ser selectivas. Esto explica, en parte, porque las normas cuando son incoherentes entre sí, los partidos son poco propensos a actuar en inconformidad. Quizá más ilustrativo, las reformas de 2007 proporcionaban onerosos recursos de financiamiento público con límites de gasto inferiores a los fondos recibidos. Cuando los casos de financiamiento ilegal, vinculados al narcotráfico, salieron a la luz pública en contiendas locales, las instituciones encargadas de ejecutar obligatoriamente la ley se mostraron incapaces de aplicar el régimen de sanciones. Este tipo de comportamiento esperado también es cierto cuando los límites de gasto son excesivamente restrictivos, dado que no son realistas y los costos de las campañas continúan aumentando. Bajo estas condiciones, #SinVotosNoHayDinero puede ser un incentivo que aumente la propensión a la influencia corruptiva del dinero en la política.

Hasta hoy día, la politóloga Pippa Norris (2006) ha elaborado quizá la teoría más sofisticada sobre la relación del dinero y la política que puede tomarse como punto de referencia para evaluar el impacto de una reforma de financiamiento en cuatro principios normativos: la calidad de la gobernanza democrática, enfatizando en la conveniencia de establecer una competencia equitativa de los partidos, la integridad del proceso político, los principios de transparencia y divulgación y las oportunidades para la participación inclusiva.

Norris (2006) señala que la combinación de las políticas regulatorias más adecuadas para cada Estado depende de la importancia que atribuya cada uno a estos principios normativos. Si uno supusiera una ponderación igual de estos principios normativos, nuestros futuros reformadores deberían ponderar a la luz de la teoría económica el óptimo de Pareto como un método potencial para el diseño de una reforma de financiamiento político: “una combinación óptima de políticas regulatorias bajo una condición en la cual ningún principio normativo puede ser fortalecido (mediante la reforma del régimen de financiamiento político), sin que ningún otro principio normativo sea debilitado por la misma reforma” (Norris, 2006, pp. 44). #SinVotoNoHayDinero al menos tiene la virtud de haber reabierto una discusión progresiva hacia una reforma mucho más ambiciosa.

Héctor Sebastián Arcos Robledo es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Guanajuato.


Bibliografía

Anderson, C. y Tverdova, Y. (2003), “Corruption, political allegiances, and attitudes toward government in contemporary democracies”, American Political Science Review, vol. 47, núm. 1, pp. 91–109.

Manzetti, L. y Wilson, J. C. (2007), “Why do corrupt governments maintain public support?”, Comparative Political Studies, vol. 40, núm. 8, pp. 949–970.

Medina, L., y Stokes, S. C. (2002), Clientelism as political monopoly, Chicago, University of Chicago.

Norris, Pippa, Abel van Es, Andrea y Fennis, Lisa (2006), Checkbook Elections. Political Finance in Comparative Perspective, Australia, The Electoral Integrity Project, pp. 69.

Persson, A., Rothstein, B. y Teorell, J. (2013), “Why Anticorruption Reforms Fail – Systemic Corruption as a Collective Action Problem”, Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, vol. 26, núm. 3, pp. 449–471.

Stokes, S. C. (2005), “Perverse accountability: A formal model of machine politics with evidence from Argentina”, American Political Science Review, vol. 99, núm. 3, pp. 315–326.

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