Durante su campaña a la presidencia Trump prometió que sería implacable y rápido en detener la inmigración ilegal, entre otras cosas, levantando un muro en su frontera sur, que por cierto, a su decir, pagaría México.

Pero el gobierno mexicano ha jurado que no va a pagar el muro. Y el Congreso de Estados Unidos ha dicho lo mismo, además de que se ha rehusado a incrementar los fondos para aumentar las deportaciones.

indocumentados

Ilustración: Víctor Solís

Varias agrupaciones, ciudades e incluso estados enteros se han declarado santuarios para los indocumentados. Trump los amenazó con una represalia: si se niegan a cooperar con su política de inmigración, les retendrá los fondos federales que les correspondan obligándolos a cancelar servicios públicos indispensables. Pero en respuesta varios santuarios han levantado demandas legales contra el ultimátum.

Por otro lado, el 16 de junio se aseguró que no se revocaría la ley ejecutiva DACA de Obama que permite que los jóvenes indocumentados permanezcan en Estados Unidos con permiso de trabajar y estudiar.

El 22 de junio Trump anunció en un discurso en Iowa que los inmigrantes no recibirán asistencia social. Su público lo ovacionó. Pero resulta que desde 1996 la ley ya lo establece.

Todo esto parece indicar que los indocumentados están mal, pero no peor de lo que lo estaban antes de la presidencia de Trump. Entonces, ¿por qué están tan preocupados? ¿Es la suya una paranoia neurótica?

Para nada. Malos augurios se acumulan en el horizonte, mientras en la realidad cosas muy malas ya les están sucediendo.

La nueva propuesta de erguir un muro fronterizo que incluye paneles solares parece viable. Expertos en el tema han dicho que su edificación es práctica y económica. Y el 30 de marzo el representante republicano de Alabama, Mike Rogers, introdujo en el Congreso norteamericano un proyecto de ley que permitiría financiar la construcción de muros fronterizos a través de un impuesto de 2% sobre las transferencias de dinero de persona a persona a Latinoamérica.

Durante las legislaciones estatales de Georgia, Indiana, Misisipi y Texas se tomaron medidas para apoyar la prohibición de los santuarios y 24 estados más están considerando también hacerlo. A fines de junio la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que despoja a los santuarios de los fondos federales que les corresponde. Falta la aprobación del Senado, pero como éste es mayormente republicano, es decir, antiinmigrante, en cualquier momento los santuarios pueden esfumarse.

Tras el anuncio de la continuidad de DACA, que permite que los dreamers, más o menos un millón de jóvenes, permanezcan temporalmente en Estados Unidos, la propuesta DAPA de Obama, que podría haber permitido que los padres de estos jóvenes (unos cinco millones de personas) obtuvieran permanencia temporal legal, fue definitivamente cancelada.

La cancelación es una tragedia para la comunidad indocumentada. Casi cuatro millones de menores de edad, nacidos en Estados Unidos, tienen padres indocumentados. Invalidar DAPA significa que, de un día para otro, estos niños pueden quedarse sin sus padres.

En cuanto a los dreamers mayores de edad, su situación también empeora por otro asunto. Durante los últimos años más y más estados han autorizado que estudien en sus universidades estatales. (Hoy solamente los estados retrógradas, Georgia, Alabama y Carolina del Norte, lo prohíben.) De esos estados benignos, 20 les permiten además pagar la colegiatura correspondiente a la de los residentes locales. Pero hace unas semanas la Corte de Apelaciones le canceló este beneficio a los dreamers de Arizona y otros estados están considerando calcar la medida. Como la colegiatura para estudiantes de fuera de un estado puede ser hasta cuatro veces más alta que la tarifa local, para un dreamer significa no poder estudiar.

Tal vez las deportaciones no han aumentado. Pero es indudable que los arrestos de indocumentados sí. Lo transparentan estos datos recientes. El procurador general de Estados Unidos está reduciendo el personal en la división de derechos civiles del Departamento de Justicia y está aumentando el dinero para persecuciones de inmigración, que se han vuelto viciosas.

Merced a nuevos lineamientos, los agentes de inmigración han adquirido la libertad de detener gente en escuelas, hospitales, iglesias y juzgados. Lo que no solamente aumenta el riesgo de los inmigrantes de ser deportados, también pone en peligro su salud (al no sentirse seguros de poder ver a un médico o de recoger una receta en la farmacia) y les impide acercarse a la justicia para reclamar los derechos humanos básicos. Hoy ningún indocumentado se atrevería a acercarse a la policía para pedir ayuda ni a un juez para reclamar sus derechos laborales o levantar una acusación por abuso sexual.

Thomas Homan, director de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, anunció en mayo que el número de arrestos de indocumentados ha aumentado casi 40%. Y no, es falso que se esté deteniendo primero a los indocumentados con historial delictivo: hay reportes que muestran que las detenciones de indocumentados sin récord criminal son las que más han aumentado.

El aumento de las detenciones tiene a su vez consecuencias atroces.

Ya surgieron acusaciones de que agentes responsables de la detención y deportación de inmigrantes sobornan, golpean, drogan y abusan sexualmente a los detenidos. Además, varios medios, incluyendo el diario The Guardian, han reportado las condiciones inaceptables en las que los indocumentados son detenidos: se les lleva a cárceles remotas en las que están obligados a convivir con criminales peligrosos; son procesados de forma expedita en cortes improvisadas; y se les juzga sin representación legal o sin darles suficiente tiempo a sus abogados defensores de estudiar sus casos. Varios abogados han dicho que la velocidad del proceso es tan rápida que muchos detenidos que serán deportados pudieron salir bajo fianza pero por no tener tiempo de recibir asesoría legal revocaron sus derechos de luchar en la corte.

De un día para otro la gente desaparece. Sus familias no son informadas. No se enteran de nada. Sólo su ausencia delata lo que les ha ocurrido.

Es sabido que el único crimen que la gran mayoría de los indocumentados ha cometido es no tener papeles. Ignorar el dato favorece la agenda antiinmigrante. Por eso Trump sigue paseándose en sus mítines con víctimas de crímenes cometidos por indocumentados. Y la prensa de la ultraderecha hace lo propio. Un ejemplo para ilustrarlo. Hace unos días Breitbart News publicó una nota que asevera que un gran número de ciudades santuarios han liberado a miembros de la Mara Salvatrucha.

Hay más consecuencias. Las acciones antiinmigrantes y la propaganda difamatoria han permitido que gente descontenta con la situación económica sienta libertad de maltratar verbal y físicamente a los indocumentados. Se han normalizado los ataques a los indocumentados en la calle, los supermercados, en las plazas.

Así que sí, sí hay razón para que nuestros paisanos en Estados Unidos estén muy preocupados.

Otros asuntos ocupan las primeras planas en Estados Unidos y en México. Las medidas republicanas que se están tomando que solamente favorecen a los ricos y el último tuit de Trump sacuden más a la opinión mundial que el sufrimiento masivo de los indocumentados mexicanos. Recibir a los que son deportados con “brazos abiertos” es insuficiente.

Le toca a México, a su prensa, a su gobierno, a sus ciudadanos, elevar ese infierno de la indiferencia. Hablar de ello. Escribir de ello. Protestar en instancias internacionales el trato despiadado que se les está dando.

 

Fey Berman

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