México cuenta desde 2004 con una metodología para la medición multidimensional de la pobreza, que se distingue de otras utilizadas en el resto del mundo por no considerar únicamente los ingresos económicos de las personas, sino que toma en cuenta seis carencias1 inherentes al desarrollo social, que a su vez están ligadas con los derechos sociales que el Estado debe garantizar a toda persona. La medición de pobreza, desde una perspectiva multidimensional, permite conocer la presencia o ausencia de otros factores que inciden en el bienestar y las capacidades de las personas más allá de sus ingresos monetarios. Normativamente, la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) indica las dimensiones a ser consideradas en la medición que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) realiza generalmente cada bienio, y cuya primera estimación oficial fue efectuada en 2008.


1

Este joven marco normativo para la medición multidimensional representa un gran avance en el combate a la pobreza. Sin embargo, para dar el siguiente paso México tiene que enfrentar un importante reto en la articulación y consolidación de la oferta institucional de programas de desarrollo social. Este reto no es menor, tomando en cuenta que la política social es ejecutada a través de 5,493 programas de desarrollo social operados por los tres niveles de gobierno.1 La multiplicidad de programas de desarrollo social no solo pulveriza los recursos destinados a la política social, sino que también complejiza y dificulta la coordinación interinstitucional e intergubernamental. Ante esta coyuntura, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) ha diseñado la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI) como un instrumento de coordinación entre dependencias y órdenes de gobierno para alinear la política social al combate de las carencias que inciden en la pobreza multidimensional.

Sin embargo, la fragmentación antes mencionada de la oferta institucional repercute en un aspecto fundamental de la operación de cualquier programa de desarrollo social: el acopio y procesamiento de la información requerida para identificar a la población objetivo y a la población atendida. Cabe mencionar que la información que recaban dichos programas rara vez suele ser compartida entre las autoridades que los operan y menos aún entre órdenes de gobierno. Tampoco cuentan con información precisa para conocer las necesidades específicas de los beneficiarios que atienden o que debieran atender y suelen desconocer si estos son beneficiados simultáneamente por otros programas.

Esta compartimentación de la información hace inaplazable la creación de un Sistema de Información Social Integral (SISI), consistente en un repositorio único, abierto y accesible de la información de los beneficiarios y potenciales beneficiarios de los programas de desarrollo social operados por los tres niveles de gobierno. Desde 2015, la SEDESOL está construyendo este sistema con apoyo técnico y financiero del Banco Mundial, que entre otras cosas contribuirá a la articulación de la oferta institucional conforme a las carencias sociales, a identificar los hogares con las condiciones más desfavorables del país, a mitigar errores de inclusión y exclusión mediante una focalización más efectiva, así como detectar concurrencias y duplicidades en los padrones de beneficiarios para generar complementariedades entre los programas.

El SISI contempla la fusión de tres sistemas de información administrados por la SEDESOL. En primer lugar, está el Sistema para la Focalización del Desarrollo (SIFODE), cuya principal encomienda es fungir como puerta de entrada única a los programas de desarrollo social. Mediante levantamientos de información socioeconómica, el SIFODE permite identificar a los beneficiarios potenciales y verificar que los beneficiarios actuales cumplan con los criterios de elegibilidad plasmados en la normatividad de cada programa. El SIFODE contiene actualmente información socioeconómica de 20.7 millones de personas, con la cual es posible identificar al 97% de los pobres extremos alimentarios, al 89% de los pobres extremos y al 35% de la pobreza general (con respecto a las estimaciones de CONEVAL en 2014).

Otro sistema que será fusionado al SISI es el Padrón Único de Beneficiarios (PUB), que integra los padrones de las personas que ya están siendo atendidas por algún programa de desarrollo social. Actualmente, los registros administrativos del PUB identifican a cerca de 80 millones de beneficiarios únicos mediante más de 100 padrones de programas operados por doce dependencias federales y 75 padrones de programas estatales. El PUB permite detectar concurrencias entre programas operados por distintas dependencias u órdenes de gobierno, a fin de aprovechar sinergias y hacer más eficiente su operación. Además, el PUB es publicado trimestralmente en internet con el fin de transparentar los recursos presupuestales destinados a la política social.

Finalmente, dadas las marcadas diferencias regionales en la concentración de pobreza en nuestro país, el Sistema de Información Social Georreferenciada (SISGE) espacializa y visualiza la información del SIFODE, PUB y de otras fuentes mediante una plataforma geográfica abierta al público. El SISGE cuenta con información georreferenciada para ubicar a los beneficiarios en sus localidades y analizar el entorno donde habitan en relación a la infraestructura de escuelas, hospitales y carreteras, así como a la de SEDESOL, tal como estancias infantiles, lecherías Liconsa, tiendas Diconsa y Comedores Comunitarios, al igual que las Zonas de Atención Prioritaria, entre otros.

Una de las mayores virtudes del SISI consistirá en dotar de identidad a las personas en situación de pobreza en el país. No hay que olvidar que hoy en día solamente contamos con una estimación estadística del número de personas en pobreza, a través de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) y el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) que recaba el INEGI cada dos años. Dichas encuestas recaban información socioeconómica en 64,000 viviendas, sin embargo, no identifican nominalmente a los 55.3 millones de pobres que de acuerdo al CONEVAL vivían en nuestro país en 2014. El SISI pretende identificar en los siguientes años a todas las personas en condición de pobreza y conocer detalladamente su situación socioeconómica, a través del levantamiento del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS).

De esta manera, los encargados de ejecutar la política social contarán con información precisa sobre el tipo de intervenciones necesarias para que dichas personas logren abatir las carencias que las aquejan. Por eso, es fundamental que las dependencias federales, estatales y municipales que operen programas de desarrollo social se sumen al esfuerzo que está liderando la SEDESOL para identificar exhaustivamente a las personas en condición de pobreza, al igual que los apoyos y subsidios que reciben, de tal manera que se tomen las acciones pertinentes para que abandonen dicha condición. Prueba de ello son los convenios de intercambio de información que la SEDESOL ha logrado firmar con 22 entidades federativas, gobernadas por administraciones de todas las principales fuerzas políticas de nuestro país.

Es importante mencionar que muchos países en la región han llevado a cabo esfuerzos similares, como el caso del Cadastro Único en Brasil, el SISBEN en Colombia o el SISFOH en Perú. A través de distintas técnicas y herramientas informáticas, estos sistemas buscan centralizar la multiplicidad de bases de datos relevantes para el diseño de políticas de desarrollo social. Las autoridades de estos países se han percatado de la importancia que tiene el contar con repositorios únicos de información que contribuyan eficazmente a la planeación y seguimiento de estrategias para el combate a la pobreza.

Este gran esfuerzo para consolidar el SISI no resuelve por sí solo la condición de pobreza en la que viven millones de mexicanos hoy en día, ya que existen otros factores relevantes que inciden estructuralmente en ella, tales como el crecimiento económico, la estabilidad de precios, la inserción en los mercados laborales formales y el acceso a servicios financieros, entre otros. Sin embargo, el SISI es una herramienta que contribuirá a la construcción de una política de desarrollo social de Estado, sistematizada e institucionalizada, que brindará mayor congruencia y transparencia a los esfuerzos de todas las autoridades en los distintos niveles de gobierno que deseen combatir sustantivamente la pobreza.

Luis Iñaki Alberro Encinas es Director General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios en SEDESOL.


1 Rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos de la vivienda, acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

2 Inventarios de programas y acciones de desarrollo social 2014 y 2015 elaborados por el CONEVAL.

Te recomendamos: