- Imagen: La Jornada
Grupos de individuos armados con el rostro cubierto han decidido tomar la justicia en sus manos. Si bien su aparición se reporta en los medios de comunicación desde fines del año pasado, el fenómeno y su notoriedad parecen estar al alza. Hay quienes señalan que desde 1995 existe el fenómeno, principalmente relacionado con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Independientemente de los cerca de 20 grupos de la CRAC en Guerrero, han surgido hasta hoy más de 36 asociaciones armadas en 8 Estados más. Aún en Guerrero, donde “la Comunitaria” lleva más de 15 años hoy vemos comunidades formando grandes jurados y presentando grandes grupos de detenidos por primera vez.
Los defensores de la idea de que puede existir un “monopolio” legítimo de la fuerza, desde sus diferentes papeles, no tardan en condenar su existencia. Algunos llaman más la atención que otros. La Comisión Nacional de Derechos Humanos descarta cualquier justificación para la autodefensa comunitaria. La oposición habla de una amenaza al Estado de Derecho y exige al gobierno su desarticulación, su sociedad civil los secunda[1]. El Estado minimiza el fenómeno señalando que no es nada nuevo bajo el sol y preparan sus estrategias de negociación con el discurso de respeto a la autonomía y ataque a los problemas socio-económicos “de fondo”.
