abril 6, 2010

217 kilómetros donde viaja el miedo

Este post es un primer experimento. En el Blog de la Redacción de Nexos estamos buscando las crónicas y reflexiones de testigos efectivos de lo que se vive en nuestro país. Periodistas ciudadanos que viven y escriben lo que sucede a ras de tierra. Recibimos propuestas de post en mesapolitica@nexos.com.mx

mty-reynosa

cynthiahuja como amanecio reynosa? esta segura la carretera mty-reynosa? 12:21 PM Mar 31st via web

La mitad de los regios que me preguntaron en los últimos diez días si iría a Reynosa en Semana Santa estaban genuinamente preocupados. La otra mitad sólo quería saber si debían modificar sus rituales vacacionales de primavera. ¿Es segura la carretera? ¿Es cierto que la están cerrando? ¿Qué sabes de que quemaron un camión por la caseta la otra vez? Como si tener toda la vida recorriendo los doscientos diecisiete kilómetros que separan las dos ciudades me hiciera de alguna forma experta en el tema. Como si nacer en Monterrey y crecer en Reynosa y mudarte otra vez a los dieciocho te diera un pase secreto de información sobre la ruta. Como si en una carretera lisa y recta hubiera atajos conocidos sólo para los iniciados. Como si adivinaran que el 18 de marzo pasado, cuando la carretera permaneció bloqueada durante un par de horas por grupos del crimen organizado, mi hermano alcanzó a pasar media hora antes de que fueran secuestrados y quemados los coches de otros viajeros que no corrieron con tanta suerte. Conozco bien ese pedazo de la cuarenta pero ignoro los peligros que estos días esconde. Leo las alertas en Twitter, veo las escuetas actualizaciones de los periódicos, sé que el peaje cuesta 202 pesos y dónde está cada gasolinera. Pero no tengo un mapa de sus amenazas, ni la fórmula exacta de velocidad requerida para llegar sin contratiempos. Lo único que puedo hacer es recorrerla otra vez para contarlo. Para asegurarme de que sigue llevando a donde mismo. De Monterrey a Reynosa, lo de menos es que la carretera se haya vuelto peligrosa.El síntoma es más grave: la carretera es ahora el vehículo por el que viajan el miedo y la violencia que habita en de los destinos que une.

eldacantu En trece años no había manejado nunca en la carretera Mty-Reynosa tan vacía en Semana Santa. Ni un federal de caminos. Un solo autobús. 2:01 PM Mar 28th via Twitterrific

Hace trece años que manejo entre una ciudad y otra sin pensarlo dos veces. Muy temprano a la mañana, cuando decidía alargar el fin de semana y dormir en casa de mis padres y madrugar para llegar a la escuela –y después al trabajo- a tiempo. Muy noche luego de un largo día en la Universidad, o un compromiso familiar o una jornada de compras en Texas. Con mis hermanos, con amigos, un par de veces con algún extranjero que quería conocer la frontera. Frecuentemente sola. Sin otra cosa que medio tanque de gasolina, un buen soundtrack, el dinero de las casetas y muchas ganas de llegar al otro lado. Cualquiera que el otro lado fuera: Nuevo León o Tamaulipas. Estos días hay que mentalizarse, planear, revisar tres veces las llantas del coche, el nivel de aceite. Minimizar las posibilidades de quedarse tirado a mitad de camino porque intuyo que estos días el servicio de grúa de mi compañía celular no sirve de mucho. “¿Qué pasa, por qué le bajaste de repente?” quiere saber mi copiloto-hermano justo antes de llegar al kilómetro 98. La aguja marca 140 kph, pero estamos por pasar Los Ahijados, y es casi seguro que ahí sí nos topemos alguna patrulla. Entre China y Cadereyta casi siempre hay dos o tres federales de caminos. En semana santa suele haber operativos completos. No quiero que nos detengan por exceso de velocidad, ni tampoco llegar después de las seis de la tarde. Pero no hay nadie. Nadie ni nada, excepto la Unidad de Mando Móvil del gobierno de Nuevo León. Un título de mentiras sacado de las caricaturas de los Transformers: el camión que se exhibe en la carretera además es idéntico al que Optimus Prime arrastraba en los episodios de la serie de mi infancia. Vehículos de ficción para una guerra de no creerse.

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abril 5, 2010

Trabajadoras del hogar: la informalidad que escogemos no ver

derechoslaboralesEn un debate reciente en tuiter (sic), le preguntaron a un diputado si pagaba el seguro social de la trabajadora del hogar, que el mismo diputado reconoció tendía su cama entre semana. El diputado, contestó: “mi vida privada te vale madre”.

Sería sorprendente que el dueño de una empresa considerara que el contrato entre la empresa y los trabajadores fuera un asunto de su vida privada. En todo caso sería parte de la vida privada de los trabajadores revelar cuál es su salario, pero queda claro que el acceso a los beneficios de las leyes laborales que existen en nuestro país no son un asunto privado, sino un asunto de carácter público.

El 30 de marzo se conmemoró el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Aquí algunos datos interesantes que publica el Consejo para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) sobre las y los trabajadores del hogar en México:

  • 9 de cada 10 trabajadores del hogar son mujeres
  • 96% de las empleadas del hogar no tienen acceso a servicios de salud por parte de su empleo
  • 80% carece de prestaciones laborales
  • 40.7% de las empleadas domésticas ganan menos de un salario mínimo
  • 6% no recibe remuneración alguna por su trabajo

Los números pueden esconder la experiencia personal de ser una cifra. Ricardo Bucio en 2009 publicó el texto “Esclavas de la Desigualdad” en el que llama a imaginar ser una de las personas que integran esas cifras:

Imagina que la discriminación te es natural: la sufres en la calle, en los comercios y quizá en tu empleo y en tu familia. Imagina que te discriminan por tu nivel social, por tu apariencia, por ser mujer y por tu oficio, que califican con nombres despectivos, estereotipados por los medios de comunicación…Imagina que compartes tu oficio con más de un millón 800 mil personas en México, y que no tienen ni un solo sindicato. Que a pesar de la situación laboral de tantas personas, ustedes no son motivo ni siquiera de promesas electorales…Imagina que en tu empleo no existe escalafón ni forma de ascender, que no acumulas derechos laborales y no tienes siquiera las ventajas de un contrato colectivo. Que en tu oficio el respeto, y a veces el cariño, son vistos por quien te emplea como las mejores prestaciones, en sustitución de las legales….Imagina que nunca serás sujeto de un crédito hipotecario o automotriz. Imagina que trabajas 30 años o muchos más —pues en tu oficio el promedio de edad está entre los 12 y los 29 años— y nunca podrás tener liquidación ni jubilación ni ahorro para el retiro. Imagina que todo eso es visto y asumido socialmente como normal en un régimen democrático en pleno siglo XXI.

Este año Mauricio Merino publicó un texto en el El Universal en el que describe el lugar en la estructura social de nuestro país que ocupa el trabajo doméstico, el cual explica la lógica de la respuesta que dio el diputado arriba mencionado:

De ahí que, bajo el argumento de que comparten el techo y los alimentos y se integran a la familia, las trabajadoras del hogar no tienen seguro social, ni protección médica; no tienen contratos estables, ni sindicatos, ni ayudas externas de ninguna índole y, por lo tanto, dependen de los humores de los patrones o las patronas, que pueden despedirlas por quítame estas pajas en cualquier momento y con total independencia de los años trabajados o de los servicios prestados. El trabajo doméstico, y especialmente el llamado trabajo de planta, es lo más parecido al esclavismo de nuestros días. Y no sólo por las condiciones laborales en las que ocurre, sino por el desinterés del que son objeto.

El artículo previo, hace eco a un artículo publicado hace poco más de un año, de Ricardo Raphael, en el que expresa con mayor claridad la condición de invisibilidad que existe del trabajo doméstico:

Narra Octavio Paz, en Máscaras mexicanas, un episodio personal a propósito de la relación que en nuestro país sostenemos con este sector de la población. Trabajando solo en casa, el poeta escuchó ruido fuera de su despacho. Inquieto preguntó quién andaba por ahí. La respuesta fue aún menos tranquilizadora: “Nadie, señor”.

Y en efecto, el empleo doméstico lo realiza en nuestro país una persona que es asumida, y se asume a sí misma, como nadie. No merece respeto. No es valorada en forma alguna. En la empleada doméstica recaen casi todos los modos discriminatorios de que los mexicanos somos capaces.

En un articulo reciente en el periódico La Razón, Carlos Bravo muestra la contradicción que existe entre los críticos de la economía informal al no querer ver como parte de esta informalidad el trabajo doméstico:

Porque si admitimos una definición mínima de la economía informal como el intercambio de bienes y servicios por el que no se pagan impuestos, que escapa a la regulación por parte del Estado y en el que no se respetan los derechos y obligaciones establecidos en la ley, ¿dónde está nuestra indignación contra la informalidad laboral que padecen, por ejemplo, sirvientas, choferes, nanas, cocineras, jardineros y demás trabajadores que se desempeñan en el servicio doméstico? ¿Por qué nos molesta tanto la economía informal que hay en las calles pero tan poco la que hay en casa?

No es que esta otra informalidad sea invisible. Es que escogemos no verla.

Parte del problema es que cuando el trabajo que se hace en el hogar, aunque sea visible, legalmente es considerado diferente a cualquier otro trabajo. Ana Francisca Vega en El Economista da algunas pistas de la discriminación legal:

Desde el Poder Judicial la discriminación ha tomado forma en al menos dos sentencias dictadas en las que los jueces dictaminaron que el trabajo en el hogar –remunerado o no– cae en el ámbito “familiar”, por lo que no pueden otorgarse los mismos derechos a esas personas que al resto de los trabajadores. El Legislativo también ha aportado su dosis de vergüenza pública: iniciativas congeladas y abierta ignorancia a las convenciones internacionales firmadas y ratificadas por México en temas como, por ejemplo, el trabajo infantil. ¿En castellano? Varios congresos mexicanos se han negado a legislar para prohibir la contratación y explotación de menores de edad para que trabajen como empleados del hogar. ¿Lindo, no?… igual de vergonzoso que las personas que insisten en contratarlos.

En la Ley Federal del Trabajo hay disposiciones que muestran la situación de excepción legal en la que están los trabajadores del hogar:

Artículo 146.- Los patrones no estarán obligados a pagar las aportaciones a que se refiere el Artículo136 (sobre las aportaciones obligatorias al Fondo Nacional de Vivienda) de esta Ley por lo que toca a los trabajadores domésticos.

Artículo 334.- Salvo lo expresamente pactado, la retribución del doméstico comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación. Para los efectos de esta Ley, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo.

Artículo 340.- Los trabajadores domésticos tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Guardar al patrón, a su familia y a las personas que concurran al hogar donde prestan sus servicios, consideración y respeto; y

II. Poner el mayor cuidado en la conservación del menaje de la casa.

La ley sin embargo sí prevé ciertos derechos y prestaciones que deben ser reconocidos por las y los empleadores. En esta intervención en “El Mañanero” Maite Azuela dice que la responsabilidad en el respeto a los derechos laborales no se limita a las leyes y autoridades:

¿Qué tiene que  hacer la sociedad? Las patrones, tendrían que tener por lo menos un contrato escrito…por ejemplo con un periodo de prueba…un salario digno y justo, una jornada laboral justa, porque normalmente los trabajadores del hogar se está levantando a las 5 de la mañana y se están acostando a dormir a las 11 de la noche…que tuvieran seguro social, que estuvieran las vacaciones estipuladas en el contrato, el aguinaldo…

Esta discusión no se limita a México, sobre todo en la relación entre “patrones” y trabajadores del hogar. Hace unos meses en Estados Unidos salió la novela “The Help“(La Ayuda) que trata sobre las trabajadoras del hogar negras en el sur de Estados Unidos en los años sesenta. La novela, escrita por una mujer blanca, no ha estado libre de controversia.

abril 2, 2010

Elecciones en Bolivia: ¿más poder al poder?

Foto: Valter Campanato
Foto: Valter Campanato

El Presidente Morales ha dicho que la democracia boliviana es generosa, y tiene buenas razones para decirlo. Después de la avasalladora victoria de diciembre de 2009, su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), controla los dos tercios de ambas cámaras de la Asamblea Legislativa y tiene, también, influencia sobre el Poder Judicial desde que 18 altas autoridades fueran nombradas por el Poder Ejecutivo. Además de ello, el MAS gobierna en cinco de los departamentos del país (cuatro en el occidente y uno en el oriente) y en la mayoría de los municipios – aunque, notablemente, no gobierna una sola de las diez ciudades principales. Si este domingo la democracia vuelve a ser generosa con el MAS (lo más probable), el partido del Presidente Morales consolidará y ampliará su hegemonía política. Si el MAS será generoso con la democracia boliviana sólo podremos saber en el futuro.

Antes de decir cualquier cosa, es importante aclarar que Bolivia no ha dejado de ser, como dicen algunos sensacionalistas, una democracia[1]: las elecciones han sido limpias y transparentes, no se ha clausurado en ningún momento el Poder Legislativo, las libertades civiles se respetan y los derechos humanos no se violentan sistemáticamente. La oposición participa del juego democrático, y tiene posibilidades de ganar – como lo prueban las 191 fuerzas políticas que participarán en las elecciones de este domingo.

La concentración del poder, sin embargo, no ha dejado de tener sus consecuencias. Algunas de ellas: el Gobierno MAS usa masivamente los bienes públicos en sus campañas electorales, hace difícil el acceso de los opositores a los medios de comunicación, y ha comenzado a seguir a sus opositores una serie de acciones legales – con mayor o menor transparencia, dependiendo del caso. Sucede, entonces, que aunque todavía se juega el juego democrático, las condiciones en las que juega la oposición son cada vez más desventajosas.

(Para un régimen con estas características, los politólogos Steven Levitsky y Lucan Way acuñaron el término autoritarismo competitivo.[2] Si tendríamos que recurrir a una imagen futbolera, diríamos que se trata de un partido de fútbol en el que equipo opositor juega con 8 jugadores, y el equipo oficial con 11, y además con el árbitro a su favor.)

Veámoslo con calma.

Está, por un parte, el abuso de los bienes estatales con fines electorales. Los observadores y analistas coincidieron en que las elecciones de diciembre pasado fueron limpias y transparentes (esto es, no hubo fraude alguno), pero observaron también el uso indebido de edificios públicos, personal, vehículos y, sobre todo, de los medios de comunicación estatales en la campaña por la reelección. A principios de marzo, ya en campaña para las elecciones de gobernadores y alcaldes, se descubrió que el canal estatal le concedió al MAS una tarifa reducida por una transmisión de seis horas en Santa Cruz, bastión opositor. Es cierto que los partidos opositores no tienen prohibido el acceso a los medios estatales y pueden comprar tiempo en los privados, pero no disponen de tarifas reducidas ni de financiamiento público (que se anuló a principios de 2007, debido a la bajísima respetabilidad que llegaron a tener los partidos políticos.[3])

Está, por otra parte, la serie de procesos judiciales que han comenzado a seguirse contra opositores, antiguos o potenciales, y de cualquier inclinación política. Si se considera que varios de los políticos opositores se han visto metidos en escándalos de corrupción o crímenes penales, los juicios se entienden perfectamente, pero las cosas comienzan a adquirir tintes de persecución política cuando la justicia comienza a fijarse recurrente e invariablemente en los opositores – más aún si el Poder Judicial no es plenamente independiente. Desde el ascenso del gobierno, se le han abierto procesos judiciales a más de sesenta opositores, entre los que se cuentan cuatro expresidentes, todos los prefectos opositores y varios empresarios. (Varios de ellos han huido del país.) En muchos de los casos, los juicios tienen fundamento – los niveles de corrupción que se alcanzaron durante la pax neoliberal fueron altísimos y nefastos, el ex Presidente Sánchez de Lozada tendrá que responder por la muerte de casi setenta ciudadanos bolivianos, Manfred Reyes Villa tiene cuentas pendientes por enriquecimiento ilícito, y hay serios indicios de que algunos empresarios cruceños financiaron una célula paramilitar. Pero cuando las acusaciones se extienden al ex Defensor del Pueblo e incluso a opositores de izquierda, ex aliados políticos del MAS, que le disputan al Partido de Morales el municipio paceño, las cosas comienzan a tener un tinte de persecución. Más si se sabe que, mientras tanto, los vándalos de los grupos de choque cruceños, que ahora pertenecen al MAS, descansan tranquilos.

Así las cosas, si este domingo el MAS vuelve a obtener una victoria aplastante en las elecciones de gobernadores y alcaldes, habrá dado un paso más en la concentración del poder. Y esto no deja de ser preocupante, porque a pesar de la serie de medidas altamente positivas que ha tomado el gobierno (que se han visto reflejadas en todos los ámbitos de la sociedad boliviana, desde el crecimiento económico sostenido hasta la eliminación del analfabetismo o la mejora de la movilidad social), también comienza a dar signos de autoritarismo e intolerancia.

En fin, el próximo lunes sabremos qué rumbo tomará la democracia boliviana. La última encuesta muestra que los bolivianos no están, al parecer, dispuestos a darle una carta en blanco al gobierno del MAS: el partido del presidente Morales tiene prácticamente asegurada su victoria en tres de las diez ciudades principales – El Alto, Cochabamba, Cobija – y en las gobernaciones de Potosí, Oruro y Cochabamba, pero el resto de gobernaciones y ciudades importantes – incluyendo La Paz – están en veremos. Sólo queda esperar que la democracia no sea generosa únicamente con el MAS.

Pablo Barriga Dávalos (Sucre – Bolivia, 1985) estudió Política y Administración Pública en El Colegio de México. Actualmente es estudiante visitante en la Universidad de Harvard.

[1] Una definición mínima de una democracia liberal es la que sigue: el Poder Ejecutivo y el Legislativo se elijen por voto popular, 2) todos los adultos pueden votar, 3) los derechos políticos y civiles – libertad de asociación, de expresión – se protegen, 4) las autoridades electas gobiernan de facto, y no están sujetas al control clerical o militar.

[2] “The Rise of Competitive Authoritarianism” (“El ascenso del Autoritarismo competitivo”), Journal of Democracy, Volumen 13, número 2, Abril de 2002

[3] Ver María Teresa Zegada, “Financiamiento y partidos políticos”, en www.offnews.info

marzo 29, 2010

¿Queremos un estado de excepción?

Foto: Noticias Reynosa
Foto: Noticias Reynosa

Los primeros días de la semana pasada, varios periódicos reportaron que un presunto sicario que fue detenido por la Marina tras una balacera, el día domingo en Santa Catarina Nuevo León, apareció ejecutado la mañana siguiente con señales de tortura. Hasta el momento ninguna autoridad ha asumido la responsabilidad de la muerte del presunto delincuente, ni ha explicado o contado cómo pasó de las manos de las autoridades a ser torturado y asesinado.

El jueves pasado en un programa de televisión el académico José Antonio Aguilar (autor de “El manto liberal: los poderes de emergencia en México, 1821 – 1876″), comentó la noticia a la luz de la figura legal del “estado de excepción”:

Un régimen de excepción, de esta naturaleza, no puede servir para encarar un problema que es realmente un problema de procuarción de justicia, muy agudo, pero que no está constreñido a un momento en el tiempo…

Podemos pensar que un terremoto como el de Haití sí es una emergencia, un colapso de la organización de justicia, administrativa, política en un espacio determinado en donde realmente no pude operar el Estado de manera normal…

El reto del narcotráfico, con lo serio que es, creo que no justifica este tipo de medidas, lo que hemos tenido en México, en la práctica es una suspensión de garantías…es anticonstitucional, las labores que está desempeñando el ejército no están previstas en la constitución, y las acciones concretas de procuración de justicia, de capturar gente, de no presentarla a las autoridades civiles, eso es un régimen de excepción en realidad. [Pero], en un régimen de excepción hay una salvaguarda que es que hay una declaración por parte del Congreso…y eso no lo hemos tenido.

El día de ayer en el periódico El Universal, José Antonio Caballero, publicó un artículo en el que primero menciona los casos de por lo menos tres presuntos delincuentes asesinados tras caer en manos de las autoridades, y explica que es peligroso no exigir a las autoridades que dejen de cometer abusos en el combate al crimen organizado:

Desde hace tiempo se debió poner un alto a la complacencia frente a los excesos en el combate a la delincuencia organizada. No nos engañemos con la idea de que la dureza en contra de la delincuencia organizada se justifica por lo sórdido de la actuación de sus miembros. Las autoridades cumplen con una función fundamental para nuestra sociedad. En su desempeño deben ser intachables. Quien no lo sea, debe ser castigado. Desde luego que es duro enfrentarse día a día a una delincuencia cruel y sofisticada. Precisamente por eso pedimos disciplina, capacidad y equipamiento para nuestros cuerpos de seguridad. Lo que no podemos pedir es impunidad frente a su actuación abusiva. Las dinámicas de abuso, cuando se les deja, pronto se extienden a otros espacios. Hoy se abusa de los detenidos por delincuencia organizada. Mañana cualquiera de nosotros puede enfrentar esos mismos abusos. Cuando los encargados de hacer respetar la ley se especializan en incumplirla, su función pierde toda legitimidad. No hay salidas ni rápidas ni fáciles a nuestra crisis. Pero que quede claro, la estrategia del abuso, de la tortura, de la ejecución sumaria, es la más errada. La estrategia de ocultar información es igualmente errada.

En un interesante texto publicado en 2008 a raíz de la “guerra contra el terrorismo” establecida por el gobierno estadounidense, el filósofo Bernard Manin, argumenta que las amenazas que presenta el terrorismo no justifican la declaración de estados de excepción ni de suspensión de garantías. El argumento parte de una breve reseña del uso de poderes de emergencia a través de la historia en diferentes países. La estrcutura básica del “paradigma de emergencia”, según Manin es:

  1. la autorización para desviarse de las normas constitucionales;
  2. condiciones especiales definidas para asegurar que esta desviación sea necesaria;
  3. limites temporales a la desviación de la normas constitucionales.

En los últimos párrafos del texto concluye, que los poderes de emergencia no son una buena herramienta (ni está justifificada) en la llamada “guerra contra el terrorismo”, pues no se puede defirnir una temporalidad específica a la amenaza que puede representar el terrorismo. No parece muy difícil hacer una analogía sobre la “guerra contra el narcotráfico” o el combate al crimen organizado a partir de la misma lógica argumentativa (a un lado de la palabra terrorismo ponemos “crimen organizado” para resaltar la analogía posible con el texto de Manin):

El paradigma de emergencia requiere que las acciones autorizadas sean temporales porque estas acciones son desviaciones de las normas y valores constitucionales. El carácter temporal sirve como contrapeso y circunscribe la desviación. Como estamos obligados a lidiar con el terrorismo [crimen organizado] por mucho tiempo, no debemos lidiar con él a través de la desviación de las normas. De hecho, no es necesario ver el terrorismo [crimen organizado] como un fenómeno que debe ser enfrentado primordialmente haciendo excepciones a las reglas. El terrorismo [crimen organizado] que estamos enfrentando puede ser fuera de lo ordinario, pero esto no quiere decir que no podamos diseñar formas legales de lidiar con él, adaptadas a las características particulares de la actividad.

marzo 26, 2010

Un falso dilema: ¿pluralidad o gobernabilidad? (III)

La discusión sobre la reforma política continúa en los periódicos a partir de la idea de la “creación de mayorías”. El día de ayer el grupo parlamentario del PRI en la Camára de Diputados formalmente presentó su iniciativa de reforma política. Entre las propuestas presentadas, está una que ya había sido adelantada por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto en un editorial de periódico, con la que se pretende derogar el inciso V. del artículo 54 de la constiución que establece:

EN NINGUN CASO, UN PARTIDO POLITICO PODRA CONTAR CON UN NUMERO DE DIPUTADOS POR AMBOS PRINCIPIOS QUE REPRESENTEN UN PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA CAMARA QUE EXCEDA EN OCHO PUNTOS A SU PORCENTAJE DE VOTACION NACIONAL EMITIDA

Esto quiere decir que el porcentaje total de votos que tiene un partido en la Cámara de Diputados, no puede tener una diferencia de más de 8% del porcentaje de votos que sacó en la elección. El objetivo de esta candado de sobrerrepresentación es que haya cierta proporcionalidad entre el total de votos que emiten los electores por un partido y el total de votos que ese partido tiene en la cámara de diputados.

El día de ayer en el periódico Reforma salieron dos editoriales sobre el tema. Uno de Jorge G. Castañeda, en el que insiste en la necesidad de que el presidente “tenga” mayoría:

Para México hoy me parece preferible el sistema mayoritario, eso no quiere decir que sea permanentemente idóneo, ni para este País ni para otros. La razón es que el País requiere de capacidad de decisión.

Las mayorías se pueden lograr mediante segunda vuelta en las elecciones legislativas o eliminando el candado de sobrerrepresentación y/o restableciendo la cláusula de gobernabilidad o alineando las elecciones legislativas con las presidenciales, propuestas ya adelantas por Aguilar Camín y por mí. Todas tienen ventajas y desventajas. Todas logran más o menos el mismo objetivo.

En la misma plana editorial, José Woldenberg contesta al argumento de “las mayorías”:

Si algo bueno pasó en el mundo de la representación en las últimas décadas es que México pudo ofrecer un espacio institucional a su diversidad política. Hoy ninguna corriente medianamente asentada está excluida de los Congresos. En esos espacios coexisten, se pelean y se ponen de acuerdo los representantes de la pluralidad que es natural en un país masivo, contradictorio y desigual como el nuestro. Pero, claro, no hay bien que mal no genere. Y como siempre es más difícil forjar acuerdos entre organizaciones que tienen idearios diferentes que cuando uno se pone de acuerdo con uno mismo, surge y se reproduce una nostalgia por la eficacia que tenía el sistema de partido hegemónico: aquellos años en los cuales la voluntad del Presidente era la del Congreso, la de los medios, la de la Nación.

El día de hoy en El Universal, Macario Schettino, va un poco más lejos y arguye que tratar de sofocar la pluralidad es “una tontería suprema”, y lo que identifica en el argumento de otorgar mayorías es un intento de restauración:

La propuesta de otorgar mayoría artificial a una fuerza política tiene como objetivo bloquear esta posibilidad. Puesto que quienes quieren avanzar están más dispersos, lo que se busca es aprovecharlo para intentar la restauración. Porque no es otra cosa lo que puede esperarse del priísmo agrupado en torno a Peña Nieto y Beatriz Paredes. Lo han dicho con toda claridad: nada de reformas fiscales, laborales, energéticas. Es más, ni siquiera reforma política, salvo la mayoría artificial, que esperan ganar con lo que queda de nacionalismo revolucionario.

En la Mesa Política de Nexos, Victor Alarcón Olguín, se pronuncia en contra de eliminar el candado de sobrerrepresentación y se sale del debate al proponer que en vez de preocuparse por la construcción de mayorías en las reglas electorales, se hagan modificaciones la integración del qurom para las votaciones:

La pregunta abierta que nos queda es si queremos un modelo que permita construir consensos sustantivos más allá de una fuerza política (asumiendo los costos y las tendencias a la parálisis legislativa que se tienen con el modelo actual de tope con 60 / 40), o bien se intenta de generar un modelo de quórum de votación con miembros presentes, donde los legisladores se forzarían a no ausentarse de las sesiones, so riesgo de que su partido pudiera perder una decisión importante. De esta manera, la fuerza numérica y la dinámica de representación podrían tomar una ruta distinta sin tener que alterar en demasía los parámetros de integración actual del Poder Legislativo.

marzo 25, 2010

Aguilar Morales y Zaldívar: ¿oxígeno para la Suprema Corte?

photos8.com
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En días pasados, la Suprema Corte resolvió dos asuntos de enorme relevancia para la protección de los derechos fundamentales, en donde lo que estuvo en juego fue la capacidad de acción de las comisiones de derechos humanos (tanto la del ámbito federal como las locales). Y cuya decisión de la mayoría de ministros se dirigió a limitar, en ambos casos, precisamente los alcances de la función protectora de estos organismos.

Ahora bien, más allá del sentido de estas decisiones, que pronto se erigieron en blanco de crítica en diversos espacios de la opinión pública [1], es necesario enfocarse también en la actuación de los dos nuevos ministros en tales asuntos: Luis María Aguilar y Arturo Zaldívar. No hay que olvidar que su llegada a la Corte, sobre todo de éste último, es considerada por algunos como una excelente oportunidad para inyectarle frescura a nuestro tribunal constitucional. Sin embargo, al menos a partir de sus participaciones en estos debates, pareciese que el globo de expectativas que generaron se reventó. Veamos.

Durante la discusión del primer caso surgió una pregunta de suma relevancia[2]: ¿Cuáles son los derechos que pueden defender las comisiones de derechos humanos a través de la figura conocida como acción de inconstitucionalidad? ¿Se limita a aquellos que se ubican en nuestra constitución o se incluyen también los derechos contemplados en los diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano? No se trata, vale subrayarlo, de una disyuntiva vacua de las que luego tanto se regodean los abogados. No. Este tema es de enorme trascendencia pues ampliar la mira de ataque de las comisiones de derechos humanos, al permitirle escudriñar leyes que vulneren derechos ubicados en la constitución pero también en tratados internacionales, extiende a su vez el manto protector de estas instituciones que, entre otras, tienen la tarea de revisar justamente leyes que vulneren derechos fundamentales.

El primer problema que se encontraron los ministros al momento de resolver este acertijo fue un par de artículos constitucionales. Por un lado, uno establece que las comisiones de derechos humanos podrán atacar leyes por violación a cualquier derecho del ordenamiento jurídico mexicano, incluidos aquellos que ingresan a éste vía un tratado internacional, mientras que el otro determina que la acción de inconstitucionalidad sólo procede para proteger derechos insertos en la constitución[3]. Como suele suceder, en esto que se le llama justicia constitucional, ambos artículos no embonan de manera sencilla y sin fricciones. Y, por ello, fue indispensable interpretar.

La mayoría de los ministros[4], apoyados en una lectura literal, le dio preferencia al segundo artículo en análisis. Si el mismo diseño de la acción de inconstitucionalidad sólo contempla que ésta puede proteger derechos establecidos en la constitución, entonces, no hay mucho que debatir: es claro que no se puede ampliar a los derechos ubicados en los tratados internacionales.

La minoría de los ministros[5], por su parte, mediante una interpretación extensiva, se inclinó a darle mayor peso al primer artículo con el argumento de que una vez que se suscribe un tratado internacional, éste se suma a la madeja de normas jurídicas de nuestro país y, por tanto, también deben utilizarse como criterio para evaluar leyes por parte de las comisiones de derechos humanos.

Aquí, sin embargo, surgió un aspecto clave donde la actuación de los nuevos ministros fue francamente mediocre: para que esta posición de la minoría de ministros funcionase plenamente era indispensable discutir dónde se ubican jerárquicamente los tratados internacionales[6]. Pues si los colocas junto a la constitución se forma lo que algunos llaman un bloque de constitucionalidad[7]. Es decir, una política judicial expansiva de los derechos que suma los establecidos en un texto constitucional más los contemplados en tratados internacionales, conformando un amplio rasero (bloque) para calificar la constitucionalidad de leyes. Esta solución permitiría efectivamente ampliar el manto protector de las comisiones de derechos humanos, sin generar mayores problemas en la dinámica del resto del ordenamiento jurídico.

De otra manera, como lo señaló el ministro Cossío –quien a pesar de defender en otros casos posiciones garantistas, en éste también se sumó a la mayoría conservadora-, “…suponer que los tratados tienen la misma jerarquía que la Constitución me parece que [es] dar un salto al vacío que no corresponde con nuestra jurisprudencia.” Es cierto: la Corte ha entendido que los tratados internacionales, no importa si son de materia comercial o de derechos, se encuentran por debajo de la constitución y, por ello, para aceptar plenamente la postura de la minoría -que es por cierto la visión de avanzada que cada vez más cortes constitucionales y tribunales internacionales adoptan- era necesario rediscutir el tema de la jerarquía de los tratados internacionales. Y donde los nuevos ministros, toda vez que ellos nunca se habían pronunciado al respecto, tenían la oportunidad y la obligación de plantear su posición.

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marzo 24, 2010

Un falso dilema: ¿pluralidad o gobernabilidad? (II)

cesar

El debate sobre las mayorías electorales y de gobierno continua en los medios impresos:

El día de ayer Leo Zuckermann contesta a Jesús Silva-Herzog Máquez en su columna en Excélsior:

Movernos a un sistema de más representación territorial en lugar de proporcional ciertamente generaría una sobrerrepresentación del partido ganador del Congreso. Si el Presidente es del mismo partido, esto favorecería la gobernabilidad en detrimento de la pluralidad. Si así lo desease el electorado, se generarían gobiernos fuertes que ya no tendrían pretextos para resolver los problemas del país y enfrentarse a los poderosos intereses de los grupos beneficiarios del statu quo. Esto es muy diferente a decir, con un toque de exageración, que se trata de “un acto de violencia contra el pluralismo”.

Al mismo tiempo, Gabriel L. Negretto en La Mesa Política de Nexos, advierte el problema de entrar a la lógica de “faciliatar” los gobiernos a partir de mayorías fuertes:

En verdad, quienes postulan que lo importante para una democracia es que existan gobiernos con mayorías para gobernar, no les preocupa demasiado cuál es el grado de congruencia entre las mayorías institucionales y las mayorías sociales. Por eso creen que es un detalle menor que un gobierno supuestamente “mayoritario” tenga en realidad el apoyo de un 35 o un 40 por ciento del voto de los ciudadanos. Si lo más importante para una democracia fuese crear gobiernos fuertes sin importar su grado de representación, no queda claro cual es la ventaja de tener una democracia en vez de una dictadura, en la que decide uno solo, o un régimen oligárquico, en el que deciden unos pocos. De hecho, a muchos tecnócratas o intelectuales que creen saber cuáles son las reformas que necesita el país y que se sienten confiados en ser escuchados por el gobierno de turno, no les queda muy clara esa diferencia.

El día de hoy en el periódico Reforma Luis F. Aguilar duda de la capacidad de un presidente con mayoría para solucionar los problemas del país:

El centro de dirección de la sociedad está en el Presidente que dispone de una mayoría legislativa alineada, dependiente, disciplinada, compacta. Se facilitan obviamente las decisiones directivas de reforma, pero dudo mucho que esas decisiones de aplanadora, como en los viejos tiempos, ahora con decoración democrática, vayan a arrojar resultados sostenidos, si las decisiones han sido impuestas más que pactadas. Para la eficacia del gobierno democrático se requieren mayorías, pero no artificiales, además de otros requisitos.

Como parte de la misma discusión el diputado del PRI Omar Fayad, presentó el día de ayer una iniciativa de ley con la que pretende extender el periodo de los diputados a seis años, prescindir de las elecciones intermedias, y únicamente renovar a los diputados electos por la vía plurinominal cada tres años “sin que para esto, medie proceso electoral alguno”.

Es decir, si un presidente es electo acompañado de una mayoría legislativa, con la propuesta del diputado Fayad, no correría el riesgo de perderla en una elección intermedia. O claro podría ser al revés y garantizar tener minoría los seis años de gobierno. Sin embargo parece que el diputado Fayad tiene una especulación implítica en su propuesta sobre quién tendría mayoría en las pŕoximas elecciones.

marzo 23, 2010

Un falso dilema: ¿pluralidad o gobernabilidad?

cesar

En la exposición de motivos de las propuestas de Reforma Política de Felipe Calderón, y de los Senadores de PRI, hay una coincidencia sobre la “gobernabilidad” y la “eficacia” del gobierno. Ambas pretenden atender lo que consideran un problema, de diferentes maneras, vinculado a la ausencia de mayorías de un solo partido en el poder legislativo. Sin embargo desde hace unos meses circula otra propuesta que según los periódicos el día de hoy los diputados del PRI harán suya: quitar el candado de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados (este candado lo que hace es que un partido que sacó X% de votos sólo puede tener hasta ese % más 8% de la composición de la cámara. El objetivo es que no haya una distancia muy grande entre el apoyo electoral a un partido y su fuerza en el poder legislativo).

La propuesta es sumamente controvertida pues suele ir acompañada de otra propuesta posible que es la creación de una cláusula de gobernabilidad que le daría automáticamente el 50%+1 de votos en la cámara de diputados la partido que saque 35% de los votos o más. Sobre este tema Héctor Aguilar Camín escribe:

Lo cierto, en mi opinión, es que, sin atentar contra la representación proporcional, debemos inclinar nuevamente la balanza hacia el principio de mayoría, y fortalecer la Presidencia, que hemos ido menguando hasta hacerla poco efectiva.

Nadie pide volver a las mayorías abusivas de antaño, pero las minorías paralizantes de hoy tampoco son una solución.

Haciendo eco a esa argumentación sobre las mayorías presidenciales, Enrique Peña Nieto publica un artículo la semana pasada:

Como es claro, existen diversas opciones para crear mayorías en el presidencialismo democrático de nuestro país; es fundamental que las incorporemos al debate. No podemos perder de vista que el principal reto de nuestro sistema político es formar mayorías para gobernar. Mayorías para construir las reformas que nos permitan tener un Estado eficaz que lleve al país a crecer a su verdadero potencial y garantice, en la práctica, todos los derechos a todos los mexicanos.

Sin embargo el argumento de las mayorías electorales para obligar las mayorías de gobierno tiene varios críticos. Gustavo Gordillo el sábado pasado en La Jornada escribe:

En síntesis, su argumento central parece ser que dado que los ciudadanos no han dado ni presumiblemente darán a ninguno de los tres partidos principales una mayoría legislativa, es necesario construir esa mayoría a través de las reglas electorales. Es decir, lo que los electores no te dan, que te lo den las fórmulas.

Estas propuestas forman parte de una estrategia política de largo alcance para defender el statu quo que, empero, sufre ya resquebrajaduras por el creciente divorcio entre elites y ciudadanos.

El domingo Jesús Cantú también escribe en El Siglo de Torreón:

Ambos olvidan que ese es uno de los grandes riesgos del sistema presidencial, en todo caso si quieren que el Ejecutivo cuente con mayoría en el Congreso, sin violentar la voluntad popular, lo que tienen que proponer es transitar al sistema parlamentario o semipresidencial, que tienen sus propias dificultades.

Pero en el pretendido dilema representatividad versus gobernabilidad, particularmente Peña Nieto se decanta por la gobernabilidad en detrimento de la representatividad, lo cual desde luego va en detrimento de la democracia, pues se establecen reglas para burlar la voluntad popular creando mayorías artificiales.

El día de ayer en el periódico Reforma Jesús Silva-Herzog Márquez nos recuerda lo que han sido los gobiernos de mayoría en México:

Cuando había mayorías en México, cuando el Congreso le era fiel al Presidente, no disfrutamos del beneficio de grandes reformas visionarias. Hoy mismo, los estados que cuentan con gobiernos mayoritarios no se destacan por su prisa innovadora. Regalarle al presidente una mayoría adicta es un atajo y puede ser una trampa.

El día de hoy Jorge Alcocer en le periódico Reforma advierte la distorsión implícita en las propuestas:

Senadores de los tres mayores partidos están claros de la problemática y resultados que supone torcer la ley electoral a extremos tales que produzcan una mayoría absoluta artificial, alejada de la voluntad de los electores no por “hasta 8 puntos porcentuales”, sino por mucho más que eso; estaríamos hablando de que un partido con el 36% de los votos obtiene el 50% más uno, o mucho más, en cualquiera de las dos cámaras. La gobernabilidad no puede tener como base la distorsión exagerada de la voluntad de los ciudadanos.

Lo curioso de este dilema entre gobernabilidad y representatividad es que pese a que quienes quieren reducir las representatividad con el argumento de que no existen mayorías legislativas, tal vez logren una mayoría legislativa para aprobar estas propuestas. Al día siguiente de que Enrique Peña Nieto escribió su artículo, el Senador del PAN Santiago Creel escribió otro, con el mismo argumento:

Habrá que subrayar que la reforma política es, por decirlo de una manera sencilla, la reforma de reformas. Difícilmente se podrá hacer un cambio estructural o de fondo, si no se concluye el proceso de modernización del sistema político que permita aspirar a una democracia socialmente eficaz. Una democracia en donde la mayoría de los ciudadanos esté adecuadamente representada y que además pueda transformarse en una mayoría política estable, que le de funcionalidad a nuestro sistema político.


marzo 22, 2010

La ética del mentir

PinocchioProfil

Mentir es una actividad común entre los políticos mexicanos y la mentira forma parte de sus discursos. Esto no es una denuncia, es una descripción.

Primero está el cuestionamiento sobre la veracidad o la falsedad de lo que se dice. Este ha sido un problema abordado a lo largo de la historia de la filosofía, Immanuel Kant, por ejemplo, nos conmina a la sinceridad porque la sociabilidad sólo es posible a partir de la sinceridad. Lo verdadero y lo falso son construcciones sociales y por ello la mentira tiene que ver con una narración: siempre podremos inventar una historia “verdadera” para sustentar la falsedad de nuestro dicho. A colación podemos traer un brevísimo texto de Friedrich Nietzsche: “El ‘mundo verdadero’ acabó convirtiéndose en una fábula. Historia de un error”, expresando cómo siempre hay un nuevo fundamento para lo verdadero, el primero lo propuso Platón, después Kant…

En este sentido, César Nava siempre podrá argumentar que no mintió porque firmó el pacto con el PRI por el bien de México: evitó un boquete fiscal. También podrá argumentar que le mintió al PRI, por el bien de la democracia: la alianza en el Estado de México permitirá la transición a la democracia. César Nava podrá contarnos una fábula de por qué su mentira es verdadera, por qué su errar se debe a la búsqueda de un bien mayor como una política de las metafísicas.

Por otro lado, este argumento tiene, claro, sus límites cuando no se trata de una interpretación: el procurador del estado de Nuevo León, Alejandro Garza y Garza mintió cuando afirmó que los dos muchachos muertos frente al Tec de Monterrey eran sicarios, eran dos estudiantes de esa universidad.

Los ejemplos de César Nava y Alejandro Garza y Garza nos plantean una pregunta: ¿por qué mintieron?

Lo relevante no es la mentira (el sustantivo, el adjetivo), lo es la acción de mentir. La mentira no es el error. Los políticos necesitan, incluso, deberán mentir en ocasiones, lo que debemos cuestionar es su intención. Mentir es querer engañar al otro, aún diciendo la verdad. Se puede decir lo falso sin mentir, pero también se puede decir la verdad con la intención de engañar, es decir, mintiendo. No hay una ética de la mentira, deberíamos pensar en una ética del mentir. Entonces, vale replantear la pregunta: ¿por qué nos quieren engañar César Nava y Alejandro Garza y Garza? No puedo aventurar una hipótesis para el segundo, pero César Nava nos engaña para evitar que la ciudadanía tome el control de la política que ella contribuye a sostener, porque no quiere que los ciudadanos se conviertan en políticos que ante los mismas situaciones podrían tomar decisiones distintas.

Un ejemplo más que no puedo resistir anotar: ¿cuál es la intención del artículo que el lunes pasado publicó Enrique Peña Nieto en el periódico El Universal? Podemos considerar su texto como un ensayo en el que expone sus argumentos, ya han dicho varios que retoma lo dicho por José Córdoba en Nexos. ¿Le interesa a Peña Nieto la gobernabilidad logrando mayorías? Yo pienso que no: le interesa tener mayoría si llega a la presidencia, le interesa lo mismo que César Nava y por eso ambos nos engañan.

Francisco Roberto Pérez. Coordinador de publicaciones de 17, Instituto de Estudios Críticos

marzo 18, 2010

El pensamiento de izquierdas

SAP-Ros_RGBEl día de ayer Mauricio Merino publicó en El Universal un artículo criticando las alianzas entre el PRD y el PAN desde el punto de vista de la ausencia de alguna forma de pensamiento político de izquierdas:

Pero la situación de la izquierda es particularmente grave. Pocas veces se habían reunido tantos argumentos favorables al pensamiento de la izquierda social y democrática para hacer frente al fracaso económico de la derecha y buscar opciones inteligentes en contra de los lamentables efectos sociales de las políticas en vigor y del desorden público con el que está actuando el gobierno. La izquierda no había tenido una oportunidad mejor que ésta —después de 1988— para defender sus ideas y para reconstruir sus prácticas, ni para ofrecerle al electorado una visión capaz de subrayar las diferencias con sus opuestos, políticamente sensata y técnicamente factible.

Sin embargo, todo indica que esa crisis en el pensamiento político de izquierdas no se limita a la izquierdas mexicanas, sino que es parte del legado de tres décadas de la hegemonía del neoliberalismo a nivel global.

El día de hoy salió publicado un nuevo libro del historiador Tony Judt que tiene como objetivo defender el pensamiento socialdemócrata. Según un avance publicado hace un par de días en el New York Times, Judt hace un llamado urgente pues:

Es sorprendente que en una seria de elecciones europeas, después del colapso financiero, a los partidos socialdemócratas les fue consistentemente mal; pese al colapso del mercado, probaron de manera evidente ser incapaces de estar a la altura del momento.

El libro es la continuación de un ensayo que publicó hace unos meses en el New York Review of Books llamado “¿Qué está vivo y qué está muerto en la socialdemocracia?“(What is living and what is dead in Social Democracy?) en el que trata de responder a la pregunta ¿qué debemos hacer para recuperar una visión socialdemócrata?

Debemos revisar las formas en las que la generación de nuestros abuelos respondieron a retos y amenazas comparables. La socialdemocracia en Europa el New Deal, y la Great Society aquí en Estados Unidos, fueron respuestas explícitas a las inseguridades e iniquidades de la época. Pocos en occidente son suficientemente viejos para saber qué quiere decir precisamente ver nuestro mundo colapsarse. Encontramos difícil de imaginar la caída de las instituciones liberales, y la total desintegración del consenso democrático.

Unos párrafos antes centra la atención en el Estado para recuperar las lecciones completas de lo que se hizo en el pasado:

Tenemos que empezar por el Estado: como la encarnación de intereses colectivos, propósitos colectivos, y bienes colectivos. Si no podemos aprender a “pensar el Estado” otra vez, entonces no llegaremos muy lejos. ¿Entonces qué debe de hacer el Estado? Minimamente, no debe duplicar inecesariamente: como Keynes escribió, “Lo importante para el gobierno no es que haga cosas que los individuos ya están haciendo, y hacerlas un poco mejor o un poco peor: sino esas cosas que en este momento no se están haciendo en absoluto”. Por la amarga experiencia del siglo pasado, sabemos que hay cosas que los Estados sin duda no deben hacer”.

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