La posibilidad de un cambio en la política mundial hacia las drogas que se oriente hacia una regulación estatal que acabe con los incentivos para que sean delincuentes armados los que controlen la oferta pasa por una posición activa de política exterior de los países de origen y tránsito, donde la acción de los grupos criminales tiene lugar y causa mayores estragos.

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En su artículo en Reforma del lunes pasado, Jesús Silva-Herzog Márquez habla sobre el resurgimiento del populismo de derechas en Estados Unidos. Uno de los motores centrales de este neo-populismo es el lenguaje económico y el doble filo de la simplificación de un asunto complejo. Dos textos recientes hablan de ello: uno en la revista The New Yorker, y otro en el New York Review of Books.

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Basta decir que es en estas dos citas donde se encuentra el meollo del asunto: comunidad y credibilidad son las palabras clave: ninguna de las dos son exclusivas de las redes sociales, y sin embargo son las que más ponen de relieve la necesidad de una verdadera y honesta adopción crítica de los nuevos paradigmas.

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Más allá de dichos olvidos, y buscando la médula del artículo de Villalobos: ¿por qué declarar una guerra contra un enemigo difuso como el narcotráfico? ¿Por qué los ciudadanos tenemos que asumir los costos de esta guerra cuando no está claro cuál es el objetivo del conflicto armado? El que “la droga no llegue a tus hijos” es un buen principio y funciona bien como eslogan publicitario pero no justifica los costos sociales de una confrontación como la que estamos viviendo.

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¿En qué sentido decidieron los tribunales extranjeros?, ¿qué argumentos ofrecieron para apuntalar sus sentencias? En este tema, como en muchos más, echar un vistazo a resoluciones judiciales de otros países nos da una idea de cuáles podrían ser las coordenadas del debate en la Suprema Corte

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Son dos los problemas morales básicos en torno al alcoholímetro. Primero, se ha puesto en duda que el gobierno pueda limitar la libertad de tránsito de una persona e invadir su privacidad con el objetivo de determinar si ha consumido una sustancia que de hecho es legal.

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febrero 5, 2010

Contra las Cruzadas

La deseabilidad sobre el matrimonio entre homosexuales es motivo de una cruzada cultural. No se trata de debatir argumentos y razones, sino de afirmar dogmas de fe. Así, la lógica de los cruzados ha secuestrado la discusión pública.

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¿Qué podemos y qué no podemos entonces demandarle a los medios? Me parece que, primero, la ciudadanía debe exigirle a los medios información veraz, oportuna y puntual sobre los hechos violentos que, día tras día, se acumulan en esta guerra.

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Este abismo que suele existir, entre lo que es de jure y lo que es de facto, contribuye a que tengamos tan poca experiencia con la discriminación legal como para reconocerla cuando la tenemos en frente. ¿Qué pensaríamos hoy de la discriminación si hasta hace unos años una persona indígena no pudiera vivir, por ley, en ciertas colonias o usar ciertos baños?

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El periodismo judicial se sigue confundiendo con el periodismo policiaco. Y no. La visión y la misión que tienen son distintas. El segundo se ocupa de la parte policiaca, de los ministerios públicos, de los casos, esencialmente penales, en su etapa primaria. Y al primero, al que nos referimos, le toca la parte final, la de los juicios, la de ese mundo raro de los jueces

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