septiembre 2, 2014

Cinco apuntes sobre el segundo informe de gobierno

informe

  1. La estética. Previo al anuncio, dos periodistas en transmisión oficial hicieron la guía turística de Palacio Nacional. Durante la transmisión, dada la colocación de micrófonos, parecía que aplaudían con el resto de la multitud cada que había pausa celebratoria. Aunque lo ocurrido no fue un informe en sentido estricto –fue un acto relacionado, ya que el acto protocolario ocurría cada 1 de septiembre frente al congreso- fue un regreso a las viejas tradiciones del poder. Embajadores, funcionarios, gobernadores de varios estados, representantes de los otros poderes. Incluso inserciones pagadas en los diarios de principal circulación para celebrar el evento. Esto aunado al desafortunado espectáculo del Zócalo como estacionamiento de los asistentes.
  2. El pre-anuncio del aeropuerto. Como se había filtrado en días anteriores, y como se anunciará oficialmente el 3 de septiembre, ya existe un proyecto a largo plazo para ampliar la capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto, a pesar de que varios especialistas han dudado si el lago de Texcoco –donde parece se construirá- es el espacio óptimo para la nueva obra.
  3.  La desaparición de “Oportunidades” y su remplazo por “Prospera”. Encuadrado como el principal cambio de política social para los próximos años, “Prospera” suena a una versión recargada del programa anterior. En teoría incluirá mayores becas y beneficios; no queda claro si será para las personas ya afiliadas o si se modificarán los requisitos para ser beneficiario. El cambio, al menos de nombre, se da tras una admisión del presidente que la política social, en su configuración actual, no funciona como debería.
  4. El anuncio de la disminución de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hacia el gobierno federal. Algo bueno, aunque también puede verse al revés, dada la cercanía del ombudsman, Raúl Plascencia, con el presidente, o su predilección por la farándula sobre otras cosas.
  5. Reducción de violencia. Según lo anunciado en el mensaje, hay 27.8% menos homicidios dolosos en lo que va del año en comparación con 2012, así como disminuciones en robo, secuestro y extorsión. Falta ver cómo se midieron los datos, cuál es su fuente y si las fuentes citadas presentan la misma información. Recordemos que INEGI y el SNSP rara vez están de acuerdo.

Esteban Illades es editor de Nexos en línea.

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julio 9, 2014

Telecomunicaciones: ley para un Estado policial

telecom

Ocultas entre en los más de trescientos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que transita por el Congreso, avanzan disposiciones que incrementan las facultades de vigilancia e invaden la privacidad de la ciudadanía bajo el pretexto del combate contra la inseguridad. Tanto el lenguaje de derechos humanos como las instituciones con las que cuenta el Estado mexicano para protegerlos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, se han ausentado de la discusión o han sido totalmente ignoradas por el Congreso.

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El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, anunció que por causa del aumento de homicidios presuntamente relacionados con el crimen organizado en el Valle de Toluca (72 en lo que va del año con respecto a enero de 2012 con 57 ejecutados) se pondrán retenes, se aumentará la presencia policial y se solicitó la presencia del Ejército Mexicano. La decisión fue tomada después de un año de gobierno de Ávila, de manera intempestiva, sin explicación clara de cómo con estas medidas se reducirá la violencia,  y se combatirá el crimen organizado.

La Comisión Nacional de Seguridad (entidad sucesora de la Secretaría de Seguridad Pública), definió como una de sus acciones: …el control de las principales vías de comunicación en áreas de alta incidencia delictiva, a través de puntos móviles de revisión que detecten la logística criminal. La lógica del control de vías principales de comunicación (avenidas, entradas a las ciudades, transporte público) para detectar la logística criminal parte de al menos tres supuestos: 1) En las vías de comunicación principales las organizaciones criminales transitarán eventualmente, 2) Se disuade a las organizaciones criminales de transitar hacía las zonas urbanas, 3) Entre la disuasión y la “detención de la logística criminal” (es decir, detener un automóvil y en el momento detener en flagrancia a los supuestos criminales) no se cometan delitos en las zonas urbanas.

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Hace una semana Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo Mayer-Serra  del CIDE publicaron varios documentos sobre el presupuesto y gasto de distintas instituciones públicas. Uno de ellos es el documento “Nuestros caros defensores de los derechos humanos: el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos“.

cndh

A forma de resumen presentamos aquí sólo cifras que por sí mismas revelan una parte el argumento del documento:

  • El gasto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha incrementado 104% para el periodo de 1996 al 2009
  • Existe gran variación en los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) en las 32 entidades federativas
  • El Distrito Federal y Quintana Roo tienen el costo estatal mas alto con mas de $30 per capitaSeguido por Campeche y Zacatecas con un costo de $19.44 a $21.90 per capita

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junio 28, 2010

Los “tontos útiles”

Hace dos semanas las Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y la Procuraduría General de la República (PGR), tras una investigación en la que concluyó:

…esta Comisión Nacional observó violaciones a los derechos humanos a la vida, a la integridad y seguridad personal, al trato digno, al acceso a la justicia, a la legalidad y a la seguridad jurídica, y al derecho de los menores a que se proteja su integridad, por actos consistentes en privación de la vida, atentados a la integridad y seguridad personal, uso arbitrario de la fuerza pública, tratos crueles, inhumanos o degradantes, omisión de auxilio, alteración de la escena de los hechos, incumplimiento de alguna de las 13 formalidades para la emisión de la orden de cateo, y ejercicio indebido de la función pública, en agravio de Martín y Brayan Almanza Salazar, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 y V1 atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En ella también acusa a integrantes de las Fuerzas Armadas de amenazar a las víctimas por acusar al Ejército Mexicano de la balacera, alterar las pruebas del crimen, y de la falta de cooperación recurrente de las autoridades militares con la investigación de la CNDH. El caso de “Martin y Brayan” ha recibido amplia cobertura en los medios de comunicación, pues han sido sus padres quienes han narrado una y otro vez los hechos del 3 de abril, en los que murieron sus dos hijos.

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En días pasados, la Suprema Corte resolvió dos asuntos de enorme relevancia para la protección de los derechos fundamentales, en donde lo que estuvo en juego fue la capacidad de acción de las comisiones de derechos humanos (tanto la del ámbito federal como las locales). Y cuya decisión de la mayoría de ministros se dirigió a limitar, en ambos casos, precisamente los alcances de la función protectora de estos organismos.

Ahora bien, más allá del sentido de estas decisiones, que pronto se erigieron en blanco de crítica en diversos espacios de la opinión pública [1], es necesario enfocarse también en la actuación de los dos nuevos ministros en tales asuntos: Luis María Aguilar y Arturo Zaldívar. No hay que olvidar que su llegada a la Corte, sobre todo de éste último, es considerada por algunos como una excelente oportunidad para inyectarle frescura a nuestro tribunal constitucional. Sin embargo, al menos a partir de sus participaciones en estos debates, pareciese que el globo de expectativas que generaron se reventó. Veamos.

Durante la discusión del primer caso surgió una pregunta de suma relevancia[2]: ¿Cuáles son los derechos que pueden defender las comisiones de derechos humanos a través de la figura conocida como acción de inconstitucionalidad? ¿Se limita a aquellos que se ubican en nuestra constitución o se incluyen también los derechos contemplados en los diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano? No se trata, vale subrayarlo, de una disyuntiva vacua de las que luego tanto se regodean los abogados. No. Este tema es de enorme trascendencia pues ampliar la mira de ataque de las comisiones de derechos humanos, al permitirle escudriñar leyes que vulneren derechos ubicados en la constitución pero también en tratados internacionales, extiende a su vez el manto protector de estas instituciones que, entre otras, tienen la tarea de revisar justamente leyes que vulneren derechos fundamentales.

El primer problema que se encontraron los ministros al momento de resolver este acertijo fue un par de artículos constitucionales. Por un lado, uno establece que las comisiones de derechos humanos podrán atacar leyes por violación a cualquier derecho del ordenamiento jurídico mexicano, incluidos aquellos que ingresan a éste vía un tratado internacional, mientras que el otro determina que la acción de inconstitucionalidad sólo procede para proteger derechos insertos en la constitución[3]. Como suele suceder, en esto que se le llama justicia constitucional, ambos artículos no embonan de manera sencilla y sin fricciones. Y, por ello, fue indispensable interpretar.

La mayoría de los ministros[4], apoyados en una lectura literal, le dio preferencia al segundo artículo en análisis. Si el mismo diseño de la acción de inconstitucionalidad sólo contempla que ésta puede proteger derechos establecidos en la constitución, entonces, no hay mucho que debatir: es claro que no se puede ampliar a los derechos ubicados en los tratados internacionales.

La minoría de los ministros[5], por su parte, mediante una interpretación extensiva, se inclinó a darle mayor peso al primer artículo con el argumento de que una vez que se suscribe un tratado internacional, éste se suma a la madeja de normas jurídicas de nuestro país y, por tanto, también deben utilizarse como criterio para evaluar leyes por parte de las comisiones de derechos humanos.

Aquí, sin embargo, surgió un aspecto clave donde la actuación de los nuevos ministros fue francamente mediocre: para que esta posición de la minoría de ministros funcionase plenamente era indispensable discutir dónde se ubican jerárquicamente los tratados internacionales[6]. Pues si los colocas junto a la constitución se forma lo que algunos llaman un bloque de constitucionalidad[7]. Es decir, una política judicial expansiva de los derechos que suma los establecidos en un texto constitucional más los contemplados en tratados internacionales, conformando un amplio rasero (bloque) para calificar la constitucionalidad de leyes. Esta solución permitiría efectivamente ampliar el manto protector de las comisiones de derechos humanos, sin generar mayores problemas en la dinámica del resto del ordenamiento jurídico.

De otra manera, como lo señaló el ministro Cossío –quien a pesar de defender en otros casos posiciones garantistas, en éste también se sumó a la mayoría conservadora-, “…suponer que los tratados tienen la misma jerarquía que la Constitución me parece que [es] dar un salto al vacío que no corresponde con nuestra jurisprudencia.” Es cierto: la Corte ha entendido que los tratados internacionales, no importa si son de materia comercial o de derechos, se encuentran por debajo de la constitución y, por ello, para aceptar plenamente la postura de la minoría -que es por cierto la visión de avanzada que cada vez más cortes constitucionales y tribunales internacionales adoptan- era necesario rediscutir el tema de la jerarquía de los tratados internacionales. Y donde los nuevos ministros, toda vez que ellos nunca se habían pronunciado al respecto, tenían la oportunidad y la obligación de plantear su posición.

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Podemos ser activistas o aplicar lo que se conoce como autorrestricción en el manejo de nuestras competencias.
Guillermo Ortiz Mayagoitia

Vamos a ser progres hoy y mañana no, creo que esto no es el asunto
José Ramón Cossío Díaz

Sesión Pública del Pleno de la SCJN del 4 de marzo de 2010
AI 22/2009

En la última semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó un par de acciones de inconstitucionalidad -22 y 49 de 2009, ambas promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en las que estableció límites a las atribuciones de la Comisión, al tiempo que delineó límites a su propia jurisdicción. Si tomamos en cuenta lo que los propios ministros han mencionado sobre la deuda que la corte tiene con los derechos humanos, ambas resoluciones sobresalen porque en lugar de expandir el espectro para la justiciabilidad de los mismos y fortalecer las atribuciones de los órganos encargados de su defensa, optó por generar criterios que constriñen su protección. Como trataré de explicar, lo anterior muestra no sólo la posición de la mayor parte de los ministros respecto de estos asuntos; también da cuenta de cómo asumen que debe ser la posición de la corte en el sistema político mexicano.

Derechos humanos NafaldaEn la acción de inconstitucionalidad 22/2009 la SCJN no invalidó los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio [1], como le había sido solicitado por la CNDH. Además con una votación 7/3 [2], la corte resolvió que a través de la facultad de las comisiones de derechos humanos para presentar acciones de inconstitucionalidad sólo es posible controlar los derechos incluidos en la constitución y no así aquellos que pueden contener los tratados internacionales [3]. ¿Qué representa está decisión? Desde luego, implica la creación de límites a lo que, al menos vía acciones de inconstitucionalidad, puede ser demandable. Esto, en la medida en que genera un criterio que impide reclamar la protección de derechos que pudieran no estar incluidos en la constitución mexicana, también supone un límite a su propia jurisdicción. Como algún ministro insinuó en la sesión del 4 de marzo, la decisión busca evitar que las comisiones pudieran tornarse excesivamente imaginativas en sus demandas. En suma, la corte trató de curarse en salud, impidiendo que llegaran casos que pudieran no resultarle del todo cómodos; y lo hizo diciendo que, con todo y que los derechos incluidos de tratados forman parte del ordenamiento jurídico mexicano, los únicos derechos que cuentan a la hora de revisar la constitucionalidad son los que establece la propia constitución.

Una vez definido este nuevo criterio respecto de la legitimación de las comisiones de derechos humanos para acudir a la SCJN, en una decisión 7/4 el pleno declaró la validez del inciso c), de la fracción V del artículo 5° de la Ley Orgánica de la PGR, el cual establece que ésta última deberá “Proporcionar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando la solicite en ejercicio de sus funciones, siempre que no ponga en riesgo investigaciones en curso o la seguridad de personas”. El debate no estuvo exento de polémica y los ministros proporcionaron razones en ambos sentidos, algunas tan absurdas como la idea de que la CNDH no garantizará la discrecionalidad de la información (como sí la PGR efectivamente lo hiciera); hasta otras más loables que reflexionaron sobre en qué medida la restricción de atribuciones de la CNDH representa una afectación a los derechos humanos [4].

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women

En el número de marzo de la revista Nexos, Laura Aragón narra el secuestro y venta de 3 niñas en Guerrero:

Las niñas llegaron a Tlapa de Comonfort, Guerrero, un jueves por la tarde. Las acompañaba Cayetano, un indígena tlapaneco de la comunidad de Ixtlahuarroja, quien las había encontrado y rescatado días antes. Esperanza y Erminia, de 14 y 15 años de edad, fueron engañadas, separadas de sus padres, y vendidas a dos familias de otra comunidad indígena. Cada uno de sus compradores pagó 40 mil pesos a la intermediaria.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer (hoy, 8 de marzo), el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon declaró el día de ayer:

La injusticia y discriminación en contra de las mujeres persiste en todos lados. En su peor forma se manifiesta como violencia. Hasta 70% de las mujeres tienen experiencias de violencia en su vida. Comunmente son atacadas por una pareja íntima. A veces escuchamos que se dice que esas prácticas son un asunto cultural. No lo son. Son abusos, son crímenes, y niegan los derechos fundamentales de las mujeres.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, levantada por INEGI en INMUJERES en 2006, en México:

  • El 67% de las mujeres mexicanas de 15 años y más declaró al menos una situación de violencia, ya sea en el ámbito comunitario, escolar o laboral, o en el espacio familiar y de pareja.
  • La violencia contra las mujeres perpetrada por la pareja alcanzó un 43.2% a nivel nacional, con porcentajes que van de 54.1% en el estado de México a 33.7% en el estado de Coahuila de Zaragoza.
  • 30% de las mujeres que señaló haber tenido algún incidente de violencia, en el ámbito laboral, reportó acoso, hostigamiento o abuso sexual.
  • 15.6% de las mujeres reportó haber sufrido discriminación, hostigamiento, acoso o abuso sexual en la escuela.

En el periódico Milenio, se publica un artículo de Navi Pillay, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos:

Hay una clara responsabilidad del Estado de proteger a las mujeres, castigar a los atacantes y responsabilizarlos de los costos y las consecuencias de su brutalidad; esto debe hacerse independientemente de la situación del autor del crimen en la sociedad, de su motivo y de su relación con la víctima.

Por la misma razón, la periodista Lydia Cacho, dice en El Universal, “No me regalen flores“:

Así es que este 8 de marzo habría que pedir a los políticos que en lugar de regalar flores y discursos sobre el día de las mujeres, ofrezcan políticas públicas que hagan efectiva la equidad. Que se reivindique la historia, una historia que nos hará más libres, que nos permitirá transformar a nuestra sociedad y erradicar el sexismo y la discriminación.

Por todas estas razones es sorprendente que casi ninguna de las oficinas de gobierno con alguna responsabilidad en el tema haya publicado hoy cifras o datos sobre la situación de las mujeres en México. Ni el Instituto Nacional de las Mujeres, ni el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal parecen recordar el 8 de marzo. En contraste la CNDH emitió un comunicado de prensa y el presidente de CONAPRED, publicó un artículo sobre el tema.

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