drogas

La instrumentación del régimen global de prohibición ha tenido una historia centenaria de violaciones a los derechos humanos y extorsión a la soberanía de México desde principios del siglo XX. Ante el costo humano de la Guerra contra las Drogas, diversos grupos ciudadanos han pugnado separadamente por 1) la reforma de las políticas contra las drogas mediante su regulación y la instrumentación de políticas de reducción de daño y 2) garantizar el acceso a la justicia y la reconciliación de las comunidades y personas que han sido víctimas de la violencia relacionado con la Guerra, mediante redes sociales, actos públicos y litigios estratégicos.

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octubre 15, 2013

Respuesta de Viridiana Ríos a Dos mitos menos

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En su edición de octubre, Nexos publicó el artículo Marihuana: seis mitos, escrito por Viridiana Ríos. Arturo Rocha, especialista en la materia, hizo llegar una respuesta al texto, la cual reproducimos aquí. A continuación presentamos la réplica de la autora del texto.

Agradezco a Arturo Rocha sus comentarios al referirse a mi artículo como una pieza que “enciende y afila el debate; rompe con lugares comunes y lo hace, además, sin tomar partido”. Me sonroja y enorgullece que valore mi trabajo de tal manera. Gracias por leer y gracias por sus elogios.

La presente nota responde a tres críticas hechas por Rocha, brinda evidencia empírica para sustentar mi argumento original y realiza dos aclaraciones.

Primero, Rocha argumenta que “en caso de que [un individuo] estuviera estrictamente consumiendo una cantidad inferior a cinco gramos [de marihuana], deberá pagar una multa de entre quince y treinta años de salario mínimo después de ser detenida, tratada como infractora, y liberada por el Ministerio Público”, lo que claramente contradice a la Ley General de Salud vigente (LGS).[1]

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octubre 10, 2013

Dos mitos menos: una respuesta a Viridiana Ríos

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En su edición de octubre, Nexos publicó el artículo Marihuana: seis mitos, escrito por Viridiana Ríos. Arturo Rocha, especialista en la materia, hizo llegar una respuesta al texto, la cual reproducimos en este espacio.

Parte indispensable de un diálogo responsable sobre la legalización de la marihuana en México es, en palabras de Viridiana Ríos, hacer notar los mitos que existen en el tema. La información errónea distorsiona la comprensión cabal de las implicaciones que una reforma tan profunda detonaría en aspectos tan distintos y cruciales de la vida pública como los niveles de criminalidad y violencia, la atención sanitaria, los sistemas penitenciarios y los límites entre el Estado y el ciudadano.

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agosto 7, 2013

El gran experimento del pequeño Uruguay

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Esta semana todas las miradas se concentran en el diminuto país de Uruguay, tras la histórica aprobación del primer mercado de mariguana en el mundo con control nacional.[1]

Si bien es cierto que el proyecto todavía tiene que ser aprobado por el senado, hay razones para ser optimistas y creer que este país de 3.4 millones de habitantes lo logre. El gobierno uruguayo, al fin y al cabo, se ha ganado el derecho a presumir en lo que al control de substancias respecta. En el 2006, el Estado innovó con la adopción de regulación anti-tabaco que fue un parteaguas y obtuvo el honor más alto que se puede lograr en el esfuerzo por regular el tabaco: ser demandado por la tabacalera Philip Morris.

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julio 17, 2013

Escenarios posibles tras la captura del Z-40

z40

La detención de Miguel Ángel Treviño Morales, líder de los Zetas, ha llevado a algunos analistas a predecir una nueva ola de violencia entre carteles, mientras que otros analistas sugieren que los Zetas se han debilitado y que una era violenta ahora termina.

La verdad, claro está, se encuentra en medio de los dos extremos.

La creencia popular sobre la llamada “kingpin strategy” –“estrategia de capos”, la cual implica detener o matar al líder de un grupo violento- es que lleva a un mayor nivel de violencia. Esto sucede cuando las organizaciones se fragmentan y los grupos recién creados pelean entre sí por el control del mercado.

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En las recién terminadas olimpiadas, sólo se reportaron dos casos de descalificación durante las competencias a partir de evidencia de dopaje entre atletas. El caso directamente vinculado a un intento por “mejorar” el desempeño en las competencias fue el de Nadzeya Ostapchuk, deportista bielorrusa quien había ganado el oro en el lanzamiento de bala (el otro fue de un deportista estadounidense que había consumido mariguana). El comité olímpico obligó a la deportista a devolver la medalla.

En esta olimpiada el comité olímpico también anunció que tuvo el proyecto más grande de monitoreo de dopaje y  logró reducir el número de competidores que participaron usando sustancias no permitidas, pues antes de las competencias se identificaron a seis más deportistas a los cuales no se les permitió participar. Aunque no dejan de haber cuestionamientos que más bien insisten en que lo que ha sucedido es un incremento en la dificultad para detectar el dopaje.

Sin embargo, cuando suceden este tipo de cosas, muchas veces no consideramos siquiera las premisas de lo que definen por qué algo está mal. ¿Por qué está mal que las y los deportistas se dopen para mejorar su desempeño? ¿Qué lo hace distinto a seguir ciertas dietas o a usar otros aditamentos (zapatos) que mejoran su desempeño?

En su libro The case against perfection: ethics in the age of genetic engeneering (aquí una versión corta publicada en The Atlantic) el filósofo Michael J. Sandel usa el dilema del dopaje en los deportes para atender otros temas éticos. En el ejemplo del deporte no se preocupa por el posible riesgo a la salud de los deportistas, sino por el daño a “lo que admiramos” de las competencias deportivas. Por eso lleva su argumento más lejos ¿qué tendríamos que decir de deportistas que mediante modificación genética mejoraran su desempeño sin poner en riesgo su vida?

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Un interesante documental, “The Union: the business behind getting high” (subtitulado), sobre la historia y argumentos de la prohibición de mariguana. Inicia con una breve historia paso a paso de cómo se prohibió la mariguana en Estados Unidos. Más adelante trata los argumentos de la prohibición los cuales son contestados uno a uno por especialistas en distintos temas. Algunos de los argumentos en contra del consumo de mariguana que refuta el documental son:

  1. la mariguana mata neuronas.
  2. la mariguana es la entrada a otras drogas más fuertes.
  3. la mariguana produce comportamiento violento.

Parte 1

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Durante los últimos años, en la medida en que se ha hecho evidente el fracaso de la guerra a las drogas declarada desde los Estados Unidos en la época del presidente Richard Nixon y que después avivaron Ronald Reagan y George W. Bush, no han sido infrecuentes las voces y plumas ilustradas que han planteado la necesidad de legalizar un mercado que a todas luces no puede ser suprimido. Premios Nobel de economía, escritores, analistas políticos, revistas como la prestigiada The Economist, policías retirados y en activo, jueces, fiscales, médicos, científicos, sacerdotes, padres de usuarios, consumidores, adictos, ex adictos filósofos en todo el mundo han reflexionado desde diferentes perspectivas sobre el absurdo de enfrentar el tema de las drogas como una guerra.

En países como México o Colombia, donde la guerra ha pasado de una fórmula retórica a convertirse en una realidad que deja un reguero de muertos, la cuestión de las drogas ha dejado de ser sólo una cuestión referida a los efectos que se quieren evitar sobre la salud o la conducta de los individuos, para convertirse en un problema tremendo de seguridad, por lo que el debate de la política de drogas se ha mezclado con el del combate al crimen organizado encargado de su comercio, pues las cantidades de dinero que implica ese tráfico hace que haya enormes incentivos para retar al Estado directamente con la violencia o penetrarlo a través de la corrupción o la intimidación. El tejido social de comunidades enteras se carcome y la violencia resultante de la lucha por el control de rutas y mercados se riega en pueblos y ciudades.

De ahí que en México la discusión no sea tanto qué hacemos con las drogas sino qué hacemos con el crimen organizado. Y si la discusión del tema de la guerra a las drogas tiene en otros países una dimensión esencialmente relacionada con los efectos sociales y de salud de las sustancias, aquí se ha centrado, con razón, en los efectos terribles del comercio clandestino de un mercado con alta demanda controlado por delincuentes asesinos. También desde esta perspectiva, la opción de legalizar, de crear regulaciones estatales para las drogas, aparece como una opción válida.

Así, no es extraño oír a políticos y policías, jueces y militares decir que “lo sensato sería legalizar, pero eso es imposible mientras no se haga en los Estados Unidos, por lo que no queda más remedio que seguir como vamos”, como si la única alternativa posible a la actual situación pudiera provenir de una súbita epifanía que iluminara a los políticos de la gran potencia y los llevara a diseñar una nueva política de drogas que se derramara en cascada por el resto del mundo. Evidentemente, la construcción de una nueva política hacia las drogas es una cuestión internacional, pero no por ello se debe esperar pacientemente a que sea la potencia hegemónica la que solita cambie el diseño actual. Por el contrario, mucho tienen que decir los países como México o Colombia, cuyos estados están siendo carcomidos por la existencia de un mercado clandestino de tal volumen que hace imposible que los agentes encargados de aplicar la prohibición no sean alcanzados por sus derramas económicas y de violencia, o Canadá, que tiene una actitud mucho más liberal frente al tema, con mejores resultados. Pero mientras oficialmente los países productores y de tránsito de las drogas sigan dando por buena la estrategia hasta ahora seguida, en efecto lo único que queda es esperar a la conversión milagrosa.

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alcoholimetro

Imagen: Joe M500

Son dos los problemas morales básicos en torno al alcoholímetro. Primero, se ha puesto en duda que el gobierno pueda limitar la libertad de tránsito de una persona e invadir su privacidad con el objetivo de determinar si ha consumido una sustancia que de hecho es legal. Podría decirse, a favor de esta postura, que sería claramente inaceptable que el gobierno instalara cafeímetros por toda la ciudad con el mismo propósito. Sin embargo, la diferencia entre la cafeína y el alcohol es clara. Si bien aquella también altera nuestro estado mental, no lo hace de la misma manera que el alcohol, y no existe ninguna evidencia de que las personas que conducen “bajo la influencia” de la cafeína se vean involucradas en más accidentes que las personas que conducen “bajo la influencia” del té de manzanilla. En cambio, cada año el número de accidentes —muchos de ellos fatales— causados por personas que conducen ebrias es altísimo. Proteger a las víctimas es mucho más importante que el interés que pueda tener un borracho irresponsable en llegar a su destino sin escalas. Los semáforos también restringen nuestra libertad de tránsito, pero son legítimos en gran medida por la misma razón que los alcoholímetros: salvan vidas. No es (sólo) una cuestión de responsabilidad personal. Cuando nuestras acciones tienen una alta probabilidad de afectar negativamente los derechos de otros, el estado tiene la facultad y la obligación de intervenir. Si los ebrios sólo chocaran contra la puerta de su garaje o entre ellos, sin duda habría que prohibir el alcoholímetro (en ese caso tal vez, en honor a Darwin, ¡habría incluso que obligar a conducir a quienes no tienen la capacidad de controlar su bebida!)

El segundo problema se refiere a la validez de comunicar a otros la ubicación de los alcoholímetros. ¿Se trata de un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, como dicen algunos? Para contestar esta pregunta es fundamental distinguir entre dos casos. En el primero se utiliza un medio de comunicación “público” que no permite excluir a otros del mensaje, aunque exista un destinatario específico. Si utilizo un altavoz, una plana en el periódico, una manta, o Twitter para comunicarle algo a mi amigo Juan, no puedo evitar que otros escuchen lo que digo. Cualquier comunicación pública en este sentido en torno a la ubicación de un alcoholímetro es inaceptable. Sea o no nuestra intención, sabemos que permite a otros violar la ley. Gritar “ahí viene la policía” en medio de un asalto, ya sea con la intención de advertir al ladrón o con otro propósito, es inaceptable si nosotros sabemos la consecuencia: el ladrón se va a escapar. El segundo tipo de casos involucra medios de comunicación “privados.” Por las mismas razones que en el caso de los medios públicos, es inmoral advertirle a un conductor borracho sobre la ubicación de un alcoholímetro. Pero si yo sé que mi amigo no ha bebido más que té de manzanilla, legítimamente puedo sugerirle evitar una ruta donde hay un alcoholímetro. Nuestra obligación no es la de someternos ocasionalmente al alcoholímetro, sino la de conducir sobrios. Esto genera una pregunta que dejaré abierta para la discusión: un borracho que evita un alcoholímetro, ¿comete una doble falta, por conducir ebrio y evadir la autoridad, o sólo es responsable moral y legalmente por lo
primero?

Claudio López-Guerra. Profesor-Investigador del CIDE. Doctor en ciencia política por la Universidad de Columbia en Nueva York.

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Imagen: Koheler

Imagen: Koheler

El año empezó con la discusión abierta sobre la política de drogas y la posibilidad de una estrategia de legalización. Primero Nexos abrió con un artículo con  más tonos de estrategia militar que de análisis político de Joaquín Villalobos; en uno de sus Doce mitos sobre la guerra contra el narco Villalobos expone la idea de que la legalización sería deseable como mal menor, pero afirma que:

un mito en la actualidad es pretender que esta estrategia (la legalización) pueda ser puesta en marcha con éxito por los países afectados por la violencia que genera la producción y el tráfico de drogas. La legalización de las drogas requiere un acuerdo simultáneo con los países consumidores. Sin la participación de Estados Unidos y Europa una estrategia de este tipo, aplicada en México o Colombia, por ejemplo, sería un suicidio para la seguridad de estos países. Esto es injusto, pero el problema no es de ética sino de realidad.”

En contraposición, Mario Vargas Llosa publicó en El País el 10 de enero un fuerte alegato a favor de la legalización con un argumento contundente:

El problema no es policial sino económico. Hay un mercado para las drogas que crece de manera imparable, tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, y la industria del narcotráfico lo alimenta porque le rinde pingües ganancias. Las victorias que la lucha contra las drogas pueden mostrar son insignificantes comparadas con el número de consumidores en los cinco continentes. Y afecta a todas las clases sociales. Los efectos son tan dañinos en la salud como en las instituciones. Y a las democracias del Tercer Mundo, como un cáncer, las va minando.

Unos días después, el escritor volvió sobre el tema en una entrevista con Radio Programas del Perú, según da cuenta una nota de El Universal donde propuso “explorar a través de estudios, con organismos especializados, la posibilidad de reorientar la inmensa suma que se emplea en la represión, en la rehabilitación, y en la prevención mediante campañas pedagógicas”

Héctor Aguilar Camín terció en el no declarado debate con un artículo en Milenio donde se plantea que si bien existe

un creciente acuerdo intelectual y mediático, en ciertos círculos y en ciertos medios de resonancia global, (que) anuncia quizá el camino que la respuesta al problema tendrá en los años por venir”, sin embargo “el hecho trágico (…) es que la solución de legalizar no está realmente al alcance de la mano. No ha empezado a ser planteada por ningún gobierno, por ningún político en funciones, ni siquiera por algún político en campaña con posibilidades de triunfo, en ningún país del mundo”. De ahí concluye que “Mientras no haya legalización de las drogas no puede haber sino complicidad o guerra con el narco. La guerra es cara, y más cara entre mayor complicidad acumulada debe revertir.

Parece necesario, empero, abordar el tema desde una posición menos dicotómica.

En primer lugar, la guerra no es la única estrategia a la mano para combatir con contundencia a la delincuencia ni para romper con las cadenas de complicidades. Ni siquiera estoy seguro de que sea la más efectiva. ¿Por qué no se empezó por reformar a los ministerios públicos, las policías y los poderes judiciales para emprender un combate eficaz pero mucho más pulcro en términos democráticos y constitucionales, más constructor de Estado de derecho?

Sacar al ejército no era la única opción ni parece que haya sido muy exitosa si lo que se quería era reducir la violencia. Por otra parte, con independencia del combate frontal al crimen organizado, el Estado mexicano sí tiene a la mano la posibilidad de avanzar en una política de drogas distinta, que tenga mejores efectos sobre la salud pública que la prohibición estricta y que le podría reducir sus mercados a los delincuentes, aunque fuera de manera marginal, sin violar ningún acuerdo internacional: políticas de reducción de daño, como proveer de drogas altamente adictivas a quienes lo soliciten, por ejemplo, o estrategias de tolerancia para la marihuana y su cultivo para el autoconsumo o la marihuana para uso médico, como ya está ocurriendo en varios estados de los Estados Unidos.

Finalmente, sí que hay y ha habido  políticos en funciones que han impulsado cambios en la política de drogas en el sentido de la legalización. Los dos últimos gobernadores de Nuevo México, por ejemplo, o todo el concejo municipal de El Paso hace apenas unos meses. El movimiento legalizador está avanzando en los Estados Unidos desde la política local y el presidente Obama no lo va a frenar.  El cambio de política ya ha empezado, pero el gobierno de Calderón no se ha dado cuenta.

Jorge Javier Romero. Politólogo

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