La semana pasada un tribunal en Guatemala sentenció por genocidio a Efraín Ríos Montt, quien fuera presidente de facto de Guatemala entre 1982 y 1983. La sentencia es el resultado de investigaciones judiciales que han durado más de una década con el objetivo de castigar a los responsables de las masacres más terribles cometidas por fuerzas de seguridad del estado guatemalteco durante la guerra civil que duró más de 30 años. En el caso particular de la sentencia en contra de Ríos Montt, la fiscal logró demostrar no sólo que se cometieron homicidios y crímenes de lesa humanidad, sino que la acción ilegal de las fuerzas de seguridad estuvo dirigida en particular en contra de un grupo étnico: los ixiles.
Aquí ofrecemos dos documentos que sirven para entender la magnitud del horror que vivieron los guatemaltecos durante el “enfrentamiento armado” , y en particular durante el gobierno de Ríos Montt.
Es natural que el Gobierno no quiera difundir mecanismos internacionales que sirvan para constatar que la estrategia contra la impunidad ha sido ineficaz, pues sería un suicidio político. Pero nada impide que la sociedad civil presione al gobierno para buscar alternativas. 
En un interesantísimo artículo sobre el auto-asesinato (homicidio consentido) de Rodrigo Rosenberg, David Grann del New Yorker describe las condiciones de inseguridad e impunidad en Guatemala. En los medios de comunicación mexicanos suele haber poca información sobre nuestro vecino al sur, sin embargo, vale la pena preguntarse si la situación mexicana no se va pareciendo cada vez más a la situación guatemalteca. 
Dado que los trabajadores migrantes aún se necesitan en EUA, el resultado de políticas migratorias más duras fue una cepa más abusiva de tráfico humano. Lo que solía ser un viaje retador hoy es tentar al destino. Trágicamente la necesidad de migrar no ha disminuido.