barter

Desde la presentación del decálogo de reforma política en diciembre se han discutido, con mejores o peores argumentos, los ventajas y desventajas de la iniciativa de Calderón. Entretanto la oposición ha colocado contrapropuestas sobre la mesa. En mis cinco minutos discutiré una cosa que me disgusta del decálogo; otra que me gusta; y el quid pro quo inevitable si algo ha de aprobarse.

Me disgusta facultar a la Suprema Corte para iniciar leyes en su ámbito de competencia. Es un detalle aparentemente menor, que busca equilibrar el acceso al proceso legislativo entre los tres poderes. Pero olvida que el papel de los jueces es interpretar la ley, nada menos pero tampoco nada más. Permitirles proponer leyes, y por ende conducirlas por los meandros congresionales, los coloca de lleno en el terreno de la lucha política. Inevitablemente algunas iniciativas de jueces gustarán a unos partidos pero no a otros, y esto contribuirá a alimentar suspicacias de que la Suprema Corte, ultima instancia del poder judicial, es un actor parcial.

Me gusta, en cambio, la posibilidad de que legisladores y alcaldes puedan repetir inmediatamente en sus cargos. Si me concedieran aprobar uno solo de los puntos del decálogo, me quedaría con éste. Darle al ciudadano la posibilidad de premiar o castigar el desempeño de sus diputados restituye la representación política. Cambia los resortes que mueven al legislador, poniéndolos principalmente en manos de sus representados y no sólo de los jerarcas del partido nacional. Por las características del sistema político mexicano, con partidos que han echado raíces fuertes en el electorado y votantes segmentados ideológicamente, estoy convencido de que este cambio, por sí solo, sería un catalizador de otras reformas institucionales deseables.

Como el partido del presidente carece de los votos para aprobar solo la reforma, es imperativo preguntar qué partes del decálogo defenderán a capa y espada, cuáles sacricarán y qué propuestas de la oposición aceptarán. Así la discusión dejará de ser un listado de desideratas para entrar al terreno de lo factible.

Una parte del decálogo busca reforzar al débil presidente mexicano, mientras la oposición quiere fortalecer el papel del Congreso. ¿Aceptaría Calderón que el Senado ratifique los nombramientos del Ejecutivo a cambio de que le aprueben la concurrencia de la elección legislativa con la segunda vuelta presidencial? ¿Cómo piensan el intercambio en Los Pinos?

Eric Magar. Profesor e Investigador del Departamento de Ciencia Política del ITAM.

Este texto proviene de la intervención del autor en la “Mesa de discusión: Agenda Ciudadana y Gobernabilidad: la Reforma Política” organizado por la Secretaría de Gobernación

Leer completo
Foto: La Jornada

Foto: La Jornada

Ayer a las doce del día se llevó a cabo el evento “Mesa de discusión: Agenda Ciudadana y Gobernabilidad: la Reforma Política” organizado por la Secretaría de Gobernación en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. El objetivo formal del evento era presentar y discutir con algunos ciudadanos, politólogos y activistas, la iniciativa de reforma política presentada por el Poder Ejecutivo.

En el evento participé como ponente. El día que me invitaron me dijeron que la discusión y presentación sería con Alejandro Poiré, Subsecretario de Población, Migración, y Asuntos Religiosos. Sin embargo, unos minutos antes de llegar al evento un amigo que ya estaba ahí me habló por teléfono para decirme que la presentación la haría el Secretario Fernando Gómez Mont.

El programa del evento anunciaba a doce ponentes, y ciento dieciocho invitados. Junto a los nombres de las ciento treinta personas hay un breve resumen curricular. Entre los ponentes habíamos dos egresados de la Universidad Iberoamericana, cuatro del Centro de Investigación y Docencia Economicas (CIDE) y seis del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). A algunas personas ya las conocía, de otras había oído hablar, y unas cuantas las conocí ahí mismo.

La primera intervención fue del Secretario, duró quince minutos. No fue un discurso rígido completamente tradicional, sino una explicación punto por punto de la iniciativa que presentaron. Es decir, trató de hacer una justificación de cada parte de la reforma, pero el centro de su argumento, con eso abrió y cerró la explicación, fue que la reforma retoma la “agenda ciudadana” porque tiene mecanismos que le dan más poder a las y los ciudadanos frente a los actores políticos. Entre ellos, la reelección legislativa y municipal, las candidaturas independientes, y la iniciativa ciudadana.

Después cada ponente tuvo cinco minutos para comentar. La mayoría reconoció dos cosas: 1) que hubiera apertura en la discusión, y 2) que efectivamente se proponen mecanismos que pueden generar mayor incidencia de la ciudadanía.

Una y otra vez, varios de los ponentes, hablaron de la importancia de la reelección. No hubo nadie que hablara en contra de la reelección como tal, pero sí se planteó un debate que es fundamental sobre el tema. Maite Azuela, activista de la organización DHP, dijo que apoyaba la reelección sólo si en paralelo se establecían instrumentos de transparencia y rendición de cuentas en el legislativo y en los cargos municipales. Guillermo García Sánchez, integrante de Vota Independiente, le contestó que la reelección por sí misma generaría la información para evaluar a las y los candidatos que se presenten a la elección. Esta no es una discusión menor.

¿Qué genera la información para evaluara a quienes pueden ser reelectos o castigados? ¿Cuáles son los mecanismos que la generan? Quienes tienen la posición de García Sánchez sostienen que la lógica misma de la competencia electoral hará que los ciudadanos consigan y distribuyan la información (y los candidatos sobre sus opositores también), en cambio quienes tienen las posición de Azuela, sostienen que esos “incentivos” no son suficientes, que se necesitan los mecanismos legales que hagan esa información exigible.

Otra crítica importante, poco discutida, la hizo Julio Ríos, investigador del CIDE, quien explicó que le parecía un error darle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la capacidad para meter iniciativas legislativas. Esto, dijo, implica un conflicto de interés cuando la SCJN tenga que emitir resoluciones sobre reformas legales que promueve. ¿Quién juzgaría la inconstitucionalidad de una iniciativa hecha por la SCJN? El Secretario le contestó que ese riesgo no era mayor, porque la decisión seguía en manos del legislativo. A su vez Ríos, dijo que sería más importante en una reforma política, darle autonomía frente al ejecutivo al ministerio público.

Eric Magar, investigador del ITAM, Mara Hernández de la consultoría “Centro de Colaboración Cívica”, y Frinee Pedroza de la consultoría “Estrategia Total”, dijeron que el tema principal era llevar a cabo la reforma frente a un Congreso que no ha aceptado reformas políticas previas. Magar insistió que si se tiene ceder en la negociación “yo me quedaba con reelección y candidaturas independientes” (este mínimo parecía apoyarlo la mayoría de los ponentes).

El tema más álgido, porque quien le entró al debate de frente fue el Secretario, fue el tema del umbral de registro de los partidos políticos en 4% de la votación nacional, y la segunda vuelta presidencial con las elecciones legislativas diferidas a la segunda votación. Por un lado, sostuve que ese esquema hace que el sistema político tienda al bipartidismo, con el intento de construir mayorías electorales en vez de mayorías legislativas. Gomez Mont contestó 1) que no tendía al bipartidismo, 2) que él está en contra del bipartidismo y 3) que sería un error excluir a la izquierda del sistema político (ese último punto me parece un poco autoinciminatorio…nunca dije qué bipartidismo PRI-PAN, PRI-PRD, PRD-PAN).

El tema central en esta discusión es: ¿La “eficiencia” legislativa se logra a costa de la pluralidad? o ¿La diversidad en la representación es mejor para lograr consensos?

Al final, el público tuvo la oportunidad de hacer preguntas y comentarios. Cinco personas intervinieron. De ellas, sólo dos hicieron preguntas. Una, Alberto Serdán de Propuesta Cívica A.C., que peguntó ¿Cómo controlar el peso desmedido en la discusión de los poderes fácticos en la discusiones?, y otra de Luis Fernández, estudiante del CIDE, que preguntó ¿por qué el requisito para meter una iniciativa ciudadana sería .01% del padrón electoral? A estas dos preguntas el Secretario no contestó.

De todo el evento, dos cosas valen la pena resaltar. 1) No fue una consulta pública. Esta es la reforma que presentan y esta es la reforma que quieren aprobada. 2) La peor práctica autoritaria de la política mexicana es el “ninguneo”. Cuando se discute no se suele discutir, porque las críticas son simplemente ignoradas (no le vayas a dar “cámara” a la crítica). Gómez Mont no ningunea. No sólo contesta, sino que después de que contestó dijo “Por favor si alguien se sintió aludido por mis comentarios, me gustaría escuchar su respuesta”. Los aludidos, le contestamos. Es decir, por lo menos en este caso, demostró que encuentra valioso el debate directo y público.

En los periódicos se pueden encontrar notas del evento, La Jornada, El Universal, Milenio, Reforma, y en el Blog del Enfoque del Reforma una crónica más detallada.

Leer completo