Que las instituciones académicas están obligadas a obedecer escrupulosamente una serie de reglas cuando se trata de los derechos humanos es una cosa. Sin embargo, escudarse en el discurso de los derechos humanos y beneficiarse de los vacíos existentes en la legislación mexicana para atentar contra la honestidad intelectual es derruir uno de los pilares que sostienen a las universidades de este país (o de cualquier otro).