Foto: Reforma

La reunión empezó tensa. Cada grupo parlamentario se presentó con todos sus integrantes, las votaciones serían cerradas y no podían arriesgar perder o empatar por un voto. La mayoría la tiene el PRI-PVEM-PANAL con 31 votos, la minoría la combinación de PAN, PT y PRD con 29 votos. Desde el principio un grupo de personas interesadas en el tema presionó para que la reunión no fuera a puerta cerrada. El dictamen presentado, una modificación de la famosa minuta del senado, fue aprobado en lo general y se hicieron las reservas.

La primera discusión fue una no discusión. El diputado Jaime Cárdenas, del PT, planteó introducir la posibilidad de que los ciudadanos revoquen el mandato de los gobernantes, a través de la consulta popular que ya había sido aprobada. El punto era particularmente importante porque era la primera parte del acuerdo al que llegaron PRD-PT-PAN para votar juntos: revocación de mandato y reelección legislativa. El tema sin duda controvertido, tiene un sinfín de argumentos a favor y en contra. Sin embargo, el bloque PRI-PVEM-PANAL, no dejó que se discutiera. No es que haya votado en contra de la revocación de mandato. Sino que votó que los diputados que estuvieran a favor o en contra no pudieran dar sus argumentos.

La segunda discusión fue sobre la candidaturas independientes. El PRI en lo general apoya las candidaturas independientes pero tiene dos objeciones. La primera es que cada estado de la república debe decidir si o no legisla localmente para que hayan candidaturas independientes; y la segunda es a que queden de cualquier manera reglamentadas en la constitución. Sobre este segundo punto, no está claro cuál es el origen de su oposición. Sin embargo hay dos razones posibles. Una es que quieren poner requisitos relativamente altos en la legislación secundaria, lo cual pueden hacer con mayoría simple en un acuerdo con el PVEM; otra razón es que no quieren correr el riesgo de que las candidaturas independientes gocen de las mismas prerrogativas que los partidos políticos las cuales están contempladas en la constitución y en la legislación secundaria.

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abril 18, 2010

Televisa, el elefante en el salón

Foto: BitBoy

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Gran alegoría anglosajona la del elephant in the room, usada para ilustrar la presencia inocultable de algo o alguien en una situación determinada. Hoy dos iniciativas para regular las telecomunicaciones, incluidas la radio y la televisión discutidas en comisiones en ambas cámaras del Congreso dibujan de nueva cuenta al paquidermo mediático. El término describe la sempiterna presencia de Televisa en toda discusión en la materia, particularmente desde la controvertida aprobación de la ley federal de radio y televisión el 11 de abril de 2006. Desde entonces Televisa se ha convertido en un meridiano a partir del cual se ponderan los privilegios o afectaciones a sus intereses en tal o cual propuesta.

Es claro que Televisa no es la única empresa que ha buscado aprovechar las revueltas condiciones legales, pero sobre todo políticas, del mercado de las telecomunicaciones. La inacción legislativa tras el fallo de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 7 de junio de 2007, no ha hecho más que agravar las tensiones en un mercado crucial para el desarrollo económico pero sobre todo cultural de nuestro país. En efecto, el tema va más allá de los Megahertz ya que hablamos de canales de comunicación a partir de los cuales los mexicanos produciremos y reproduciremos nuestra cultura, valores e identidad en el futuro.

Las iniciativas de los panistas Javier Corral y Gustavo Madero y la del perredista Carlos Sotelo ponen el acento en, por lo menos, tres temas fundamentales. El primero es la creación de una institución políticamente independiente como lo sería el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, o Radiocomunicación tal como lo nombra la iniciativa de Sotelo. Queda a debate si este Instituto debería ser autónomo del Ejecutivo, como lo señala éste, o si debiera ser un órgano desconcentrado de la propia SCT, como lo proponen Corral y Madero

Un segundo punto es el refrendo de concesiones en donde la nueva ley deberá garantizar la certeza jurídica de los concesionarios sin concederles ventajas que inhiban la entrada de nuevos jugadores al mercado. Aquí la prórroga administrativa propuesta en la iniciativa Sotelo sugiere una especie de refrendo automático a los concesionarios de la radio y la televisión. Por último, se encuentra la disposición en ambas propuestas de considerar la licitación como el método idóneo de asignación, siempre y cuando se regule claramente la contraprestación que el concesionario deberá pagar al estado por el uso de un bien público.

La aprobación de una nueva ley de medios es impostergable. Su principal misión será promover la competencia e inversión en el sector así como incentivar la calidad de sus contenidos y garantizar la universalidad de su acceso en un país profundamente desigual. En otras palabras, hacer más grande el salón para que el elefante pierda protagonismo.

Julio Juárez Gámiz. Investigador del CEIICH-UNAM.

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