Foto: Thomas Roche

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La Suprema Corte de Justicia inició, hace apenas algunos días, su primer periodo de sesiones de este año. En su discurso de apertura, el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia señaló los casos más relevantes que definirán la agenda de trabajo de nuestro tribunal constitucional en los siguientes meses. Los asuntos abarcan temas variopintos y de enorme trascendencia para la vida social, económica y política del país. Aquí un breve muestrario de tales asuntos –que serán, por cierto, un excelente examen para calificar las capacidades y la posición ideológica de los nuevos ministros Luis María Aguilar y Arturo Zaldívar-.

  • Caso ABC. (facultad de investigación 1/2009) La Corte tendrá que definir los alcances de su investigación respecto a las posibles violaciones de derechos fundamentales en el incendio que sufrió la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. El objetivo de esta investigación, hay que recordar, se determinó a partir de nueve puntos clave, entre los que destaca: 1) analizar el marco jurídico relativo a los servicios de guardería y, en este sentido, determinar los grados de responsabilidad entre las diversas autoridades encargadas de implementar la política pública de guarderías; 2) investigar el origen y situación de los convenios de subrogación celebrados por el IMSS con patrones que tienen instaladas guarderías en sus establecimientos y con aquellos particulares no patrones; 3) analizar si con la conducta de los funcionarios encargados del buen funcionamiento de las guarderías, las consecuencias del accidente ocurrido en la guardería ABC pudieron haberse evitado y, en este sentido, salvado la vida e integridad de los niños que se encontraban en tales instalaciones.
  • Caso IETU (amparo en revisión 406/2008 y otros) e IDE (amparo en revisión 1187/2008 y otros). El primer caso, se refiere a más de treinta mil demandas de amparo promovidas en contra del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) en el año 2008. Estos amparos fueron rechazados en primera instancia, motivo por el cual ahora la SCJN tendrá que determinar si es inconstitucional o no este impuesto y, en su caso, exigirle a la Secretaría de Hacienda (SHCP) la devolución de aproximadamente setenta mil millones de pesos. En el segundo asunto, la Corte tendrá que resolver un conjunto de amparos en contra del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, el cual consiste en gravar con una tasa del dos por ciento aquellos depósitos bancarios en efectivo que, realizados en una misma institución financiera en el transcurso de un mes, excedan los veinticinco mil pesos. En ambos casos, la Corte celebrará audiencias públicas –como lo hizo en el caso de la despenalización del aborto hasta las 12 primeras semanas de gestación en el Distrito Federal- para que las partes puedan defender sus respectivas posiciones. Sobra mencionar que el impacto económico de estas resoluciones de la Suprema Corte (independientemente del sentido en que se decidan) será mayúsculo, sobre todo considerando que ambos impuestos fueron fortalecidos por el Congreso de la Unión para el año fiscal de 2010.
  • Caso Reforma Constitucional Local – Derecho a la Vida desde la Concepción (controversia constitucional 62/2009  y acción de inconstitucionalidad 11/2009). Se trata de un tema siempre peliagudo en cualquier sociedad y que en el contexto mexicano ha propiciado un debate sobre las posiciones ideológicas y el pragmatismo de las fuerzas políticas que impulsaron estas reformas constitucionales locales. Así, en este escenario, la Corte tendrá que resolver, por un lado, una controversia constitucional que cuestiona la reforma a la constitución local del estado de Guanajuato, que estableció en su artículo 1º (párrafo segundo) el derecho a la vida desde la concepción y, por el otro, una acción de inconstitucionalidad que somete a escrutinio la reforma a la constitución local del estado de Baja California, la cual estableció también en su artículo 7º (primer párrafo) el derecho a la vida desde la concepción. Ambas resoluciones servirán de precedente, y de parámetro de constitucionalidad, de otras reformas a constituciones locales que han establecido el derecho a la vida desde la concepción en términos muy similares.
  • Caso ‘Antitabaco’ (amparo en revisión 56/2009 y otros). La Corte tendrá que resolver un conjunto de juicios de amparo que impugnan la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores (y su reglamento), así como la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. Lo más interesante de este abultado grupo de juicios de amparo es que la Suprema Corte tendrá que pronunciarse sobre la relación que debe existir entre los valores del derecho a la salud y el derecho a la no discriminación.

Saúl López Noriega. Profesor de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM.

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