En noviembre de 2016, fue presentada ante el Senado una iniciativa de Ley General de Archivos. Es de suponerse que en este periodo de sesiones sea finalmente dictaminada y, en su caso, aprobada. Desde hace meses, los historiadores hemos insistido en una serie de demandas, incluida la de que los archivos históricos sean considerados fuentes de acceso público, tal como establece la ley federal vigente. Aunque el artículo 36 de la iniciativa apunta que, “los documentos contenidos en los archivos históricos son públicos y de interés general” y, “no podrán ser clasificados como reservados o confidenciales”, consideramos pertinente el uso del término “fuentes de acceso público”, pues de esa manera se evitarían conflictos con la Ley General de Protección de Datos Personales. En efecto, de acuerdo con esta norma, solo las “fuentes de acceso público” escapan de la protección de los datos privados, especialmente de los sensibles. El asunto es más grave aún, pues en la iniciativa de ley no se contemplan plazos forzosos para la transferencia de expedientes de los archivos de concentración a los históricos, y, por el contrario, se ordena la revisión de documentos que ya obran en esta clase de repositorios para determinar qué es histórico y qué no (artículo 14 transitorio).

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Al revisar la iniciativa de Ley General de Archivos,1 presentada al Senado el pasado 16 de noviembre, llama la atención la incongruencia que existe entre la intención de modernizar los archivos mexicanos para el siglo XXI y ciertos elementos que, por presentes o por ausentes, podrían conducir a un retroceso, no de unos cuantos años, sino quizá de un par de siglos.

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Imagine usted que un día al despertar se encuentra con que todo testimonio de su propia vida ha sido borrado. Imagine que en su credencial de elector, su CURP y su pasaporte, su nombre, fecha y lugar de nacimiento y domicilio han sido sustituidos por tachones negros; en todos ellos, en vez de su fotografía, solo hay un manchón negro. Imagine que lo mismo ha ocurrido con todos sus certificados escolares, su acta de nacimiento y las de sus seres queridos, con las escrituras de su casa y la factura de su automóvil. Ni siquiera sus estados de cuenta bancarios, los comprobantes de sus pagos de hipoteca o de ahorros para el retiro, ni de cualquier otro trámite personal en línea se han salvado de ello. Toda posibilidad de comprobar su identidad, de demostrar su trayectoria vital, de resguardar su patrimonio, y de hacer de ello la base para realizar sus aspiraciones y sueños personales y familiares, ha sido cancelada. Peor aún: al intentar averiguar la razón de esta catástrofe, descubre que una autoridad superior, que usted desconoce, lo ha decidido así ejerciendo un criterio poco claro, por no decir arbitrario, y con escasas posibilidades de reclamo.

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octubre 20, 2016

Por una nueva Ley General de Archivos

En 1562, el provincial franciscano fray Diego de Landa, quien después se convertiría en obispo de Yucatán, organizó una quema masiva de ídolos, objetos sagrados y códices, en un empeño por extirpar lo que consideraba elementos de idolatría y superstición de los naturales de esas tierras. La Relación de las cosas de Yucatán que escribió el obispo Landa es una de las fuentes principales para conocer la historia de los antiguos mayas, pero los historiadores mexicanos del siglo XIX nunca le perdonaron haber destruido las fuentes primarias que, de seguro, permitirían un acercamiento más completo a la historia de aquellas civilizaciones. Los historiadores del siglo XX fueron más comprensivos de la cultura y circunstancia de Landa,1 pues entendieron que había actuado por lo que consideraba un bien mayor, la salvación espiritual de los indios; pero aun así, es claro que la versión de la historia de los pueblos mayas que nos legó es parcial y que se hubiera podido complementar o reinterpretar con la información de aquellos códices que ordenó destruir.

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