En noviembre de 2016, fue presentada ante el Senado una iniciativa de Ley General de Archivos. Es de suponerse que en este periodo de sesiones sea finalmente dictaminada y, en su caso, aprobada. Desde hace meses, los historiadores hemos insistido en una serie de demandas, incluida la de que los archivos históricos sean considerados fuentes de acceso público, tal como establece la ley federal vigente. Aunque el artículo 36 de la iniciativa apunta que, “los documentos contenidos en los archivos históricos son públicos y de interés general” y, “no podrán ser clasificados como reservados o confidenciales”, consideramos pertinente el uso del término “fuentes de acceso público”, pues de esa manera se evitarían conflictos con la Ley General de Protección de Datos Personales. En efecto, de acuerdo con esta norma, solo las “fuentes de acceso público” escapan de la protección de los datos privados, especialmente de los sensibles. El asunto es más grave aún, pues en la iniciativa de ley no se contemplan plazos forzosos para la transferencia de expedientes de los archivos de concentración a los históricos, y, por el contrario, se ordena la revisión de documentos que ya obran en esta clase de repositorios para determinar qué es histórico y qué no (artículo 14 transitorio).

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