El gesto de Benito Nacif, consejero del INE, de recurrir la legalidad y la constitucionalidad de una serie de acuerdos que tomó la Junta Ejecutiva General de este organismo se traduce en términos prácticos en impugnar la reducción del 10% de su salario. Esto lo hizo Nacif mediante una carta dirigida al presidente del Instituto; esta misiva ya es del dominio público. Esta actitud y esta carta tienen muchos aspectos que merecen atención. A primera vista, es el hecho insolidario de un servidor público que tiene unos ingresos mensuales de alrededor de 177,000 pesos.

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mayo 19, 2015

Privacidad y escándalo, las filtraciones del INE

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Cuando alguien habla en público, pensemos por ejemplo en una conferencia de prensa, lo dicho suele ser llamado “declaración”, “comentario”, “discurso”.  El énfasis está en las palabras, no  en el contexto. A las grabaciones se les llama así porque son precisamente eso; cuando se filtran, como se le conoce a su distribución, se vuelven eso: filtraciones. Lo que veamos, escuchemos o leamos, cualquier información que obtengamos por ese medio se define en función de su origen.

Todo lo anterior, podrá pensarse, es un sobreentendido; pero creo que tiene su interés, de entrada, acotar los conceptos. Ahora bien, las filtraciones que nos competen el día de hoy, porque la semana pasada hubo algunas y posiblemente la próxima también habrá, son las de Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sucede a menudo que creemos tener claro qué es lo público y qué es lo privado. No es tan sencillo. Una persona pública, por ejemplo un servidor público, un funcionario, no deja de tener derecho a la privacidad (para eso, por cierto, también sirve la Ley General de Transparencia y el INAI). Benjamin Constant, se sabe, nos señaló la diferencia. La libertad para los modernos es el derecho a una esfera privada, en donde el Estado no puede intervenir. 

Los funcionarios suelen ser un caso complicado: tienen, por un lado, responsabilidades que condicionan su conducta, o que por lo menos deberían de; por el otro, no dejan de ser trabajadores, como cualquier otro, que al llegar a su casa dejan de serlo y tienen derecho a un espacio privado, de intimidad. 

Tomemos, como punto de comparación, las filtraciones de Apolinar Mena, exsecretario de Comunicaciones del Estado de México, y Pablo Wallentin, de OHL. El origen de la grabación, como la de Lorenzo Córdova, es ilegal: una intervención no autorizada a una línea privada. Lo que nos escandalizó de aquellas conversaciones fue, precisamente, el abuso de una posición pública y de fondos públicos para obtener beneficios personales, o privados.

Es ahí donde el caso de Lorenzo Córdova es totalmente distinto. No estoy defendiendo lo que dijo, tampoco lo justifico. Estoy subrayando que lo que dijo lo dijo en privado, en un contexto en donde creía poder hablar con franqueza. Cualquier persona, quiero creer, debería poder decir en privado lo que tiene en la cabeza sin miedo a una persecución pública.  

¿Lo que dijo está mal? Por supuesto. ¿Lo compromete como servidor público? No. Y aquí me parece está la gravedad del asunto: lo que las grabaciones ponen en entredicho es, sin más, la autoridad moral del presidente del Instituto encargado de organizar las elecciones. Es una desacreditación moral, desde la esfera privada, de una figura pública. 

Quien interviene una línea telefónica, me imagino, no escucha un comentario degradante, penoso, en el momento en el que comienza a escuchar. Para eso se tiene que esperar—y escuchar mucho tiempo. Lo que escuchamos hoy es producto de alguien con la capacidad suficiente para espiar al consejero presidente de un Instituto autónomo por suficiente tiempo como para obtener unas palabras vergonzantes. Alguien que tiene los recursos para husmear en la vida privada de un funcionario para intentar destruirlo en ambos niveles. 

Me preocupa que, por el carácter de las declaraciones, llegue a haber quienes celebren su origen, y quienes disfruten humillando al que las emitió. Al hacerlo, acaso sin darse cuenta, se legitima la transgresión de lo privado. Me preocupa, sobre todo, que a muy pocos parezca preocuparles. 

Juan Pablo García Moreno

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El día de hoy, 19 de mayo, alrededor de la una de la tarde,  publicó una liga a un video subido por un usuario anónimo (identificado como “Joe Doe”). El video, cargado a youtube el día anterior, presenta un audio de casi dos minutos en el que Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), conversa con Edmundo Jacobo, secretario técnico del mismo instituto. Cabe resaltar que la charla entre ambos se hace vía telefónica.

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abril 13, 2015

¿Cómo votan los consejeros del INE?

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A un año de que los actuales consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) fuesen electos por una amplia mayoría de la Cámara de Diputados,[1] las diferencias en su seno han salido a la luz. El 18 de febrero pasado, el Consejo General del INE sufrió una fuerte sacudida cuando siete representantes de partidos políticos con registro a nivel nacional y cuatro consejeros del poder legislativo[2] se retiraron de la sesión en protesta por la decisión de la mayoría de los consejeros electorales[3] de posponer la discusión de sendos acuerdos relativos a: las Normas Reglamentarias sobre imparcialidad en el uso de recursos públicos, y la solicitud de apoyo y colaboración para garantizar que los programas sociales se apeguen a su objeto y reglas de operación.[4]

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abcLa discusión en la SCJN sobre el caso del incendio de la Guardería ABC es una de las discusiones más interesantes en tiempos recientes. A partir del dictámen que presentó el Ministro Arturo Zaldivar (el cuál básicamente fue rechazado por la mayoría en la corte), en la discusión pública se han hecho reflexiones sobre el significado de la responsabilidad, la atribución de la SCJN para investigar graves violaciones de derechos, la impunidad, los derechos sociales, la decencia, y el sistema de guarderías del IMSS entre otros. Por ello hemos recopilado un buen número de artítculos sobre el tema publicados en distitntos periódicos nacionales.

Sergio López Ayllón, dice que lo urgente es eliminar la facultad de investigación de la corte, pues se corre el riesgo de que se convierta en un “tribunal moral al márgen de la regla de derecho”.

Lorenzo Córdova, aclara que aunque la faculta de la corte para investigar no es ideal, considerando que existe, debió de aprobar el dictámen del ministro Zaldivar,”a pesar de la falta de idoneidad de ese mecanismo, la Suprema Corte no podía sino ordenar una investigación minuciosa y rigurosa como la plasmada en el dictamen del ministro”.

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