marzo 13, 2017

Sacerdotes casados ¿lo prioritario es el celibato o el género?

A raíz de la declaración del Papa Francisco para el semanario alemán Die Zeit, sobre la posibilidad de explorar el estudio para ordenar hombres casados a través de la figura viri probati, ha resurgido el debate sobre la conveniencia del celibato como condición para acceder y mantenerse en el sacerdocio católico. En aras de mejorar la atención pastoral en comunidades rurales alejadas donde existe una relativa escasez de sacerdotes, se esperaría que la figura viri probati ayude a aumentar el número de ministros de culto. Esta figura parte de la base de contar con hombres probados en la fe, que siendo casados pudieran acceder, desde su estado laico, al sacerdocio católico sin tener que observar la condición actual del celibato.

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Foto: functoruser

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No todos los ciudadanos mexicanos somos iguales ante los ojos de la ley. El artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas califica como una infracción punible que un ministro de culto se oponga “a las leyes del país o a sus instituciones en reuniones públicas”. Los recientes debates sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo han puesto sobre la mesa los dilemas entre el proyecto del Estado laico y el del Estado liberal. El cardenal Rivera dijo, entre otras cosas, que la nueva Ley aprobada por la ALDF era “mala y perversa”. Cualquier otro ciudadano puede libremente decir que ésta o aquella ley es grotesca o inadecuada, y después hacer una campaña para eliminarla. Él no puede hacerlo. La libertad de creencia (o de pensamiento) no necesariamente resulta en libertad de expresión en el Estado laico.

Por un lado, el deber del Estado liberal en temas religiosos, suele entenderse como el de ser un Estado neutral y que reconoce ciudadanía plena a todos sus ciudadanos: “uno que lidia imparcialmente con su ciudadanos y que se mantiene neutral en el asunto de qué tipo de vidas se deben vivir” (P. Jones). De cierto modo, este ideal filosófico implica que toda discusión sobre “cómo se debe vivir” debe ser libre y sin intervención estatal, sin censuras a una parte o la otra y –mucho menos— que al Estado le dé por dictar normas al respecto. El Estado liberal debe permitir que los asuntos normativos se decidan en el gran mercado de las ideas y que, finalmente, se voten y se vuelvan ley por los canales de representatividad acostumbrados.

Por otro lado, el corazón del proyecto laico no son ni la neutralidad ni las libertades, es garantizar que el Estado se separe activamente de las religiones organizadas o, en su defecto, que mantenga a las organizaciones religiosas separadas de la vida pública. Sin embargo, hay varios argumentos del laicismo que nos permiten tender puentes con la doctrina liberal, a la vez que entender mejor de qué se trata el Estado laico, más allá de la mera separación. Primero, la transformación de mayorías religiosas en mayorías políticas suele implicar un riesgo para el Estado democrático y para sus ciudadanos, dada las inclinaciones de algunas religiones para segregar a los diferentes. Segundo, la ley de los hombres debe estar por encima de la ley de dios si queremos que la ley revelada no sea un obstáculo recurrente para que cualquier norma puedan seguir a debate (discutir con dios casi siempre implica la dificultad de encontrar su nuevo número de celular). Y finalmente, se asume que hay una diferencia fundamental entre política y religión, como alguna vez señaló, no sin un dejo de humor, el rabino británico Lord Sacks: “nunca le den el poder a un líder religioso, no sabemos cómo manejarlo. Y la razón es porque la política depende de la negociación que, en términos políticos es una virtud, pero que en términos religiosos es un vicio”.

Aunque históricamente el estado laico ha sido una construcción más bien centrada en restringir la actividad pública de las iglesias cristianas, desde una perspectiva más honda, las restricciones son sólo instrumentos –ni únicos ni exclusivos- para proteger principios fundamentales: a) la protección del los derechos de los que piensan y viven distinto, b) la seguridad de que todo se pueda discutir abiertamente entre ciudadanos y c) que siempre haya espacio para la negociación y el pragmatismo en las decisiones políticas. Es precisamente en estos puntos en los que el Estado laico cobra su verdadero sentido y en el que encuentra territorio común con los ideales liberales.

Aunque en sentido literal algunas declaraciones del Cardenal Rivera son violatorias de la ley, están lejos de poner en riesgo los fundamentos básicos de la separación Iglesia-Estado porque a) ni la Iglesia está acallando el debate público mientras arguye –como lo ha hecho– la incuestionabilidad de la ley divina, y porque b) tampoco el Cardenal da muestras de ser un político de exclusiva convicción que no entiende el significado de negociación. Quizá el punto más sensible sea la posibilidad de que una mayoría religiosa se transforme en una mayoría política afectando los derechos de terceros (en este caso los de los homosexuales); pero aún si eso ocurriera, se podría decir que la decisión se tomó por vías democráticas y mediadas por el sistema de representación partidaria.

Sin embargo, ojalá que el silencio de la Secretaría de Gobernación respecto a las polémicas declaraciones de los jerarcas eclesiásticos no se deba a su timidez para aplicar la Ley, sino que más bien sea porque la comisión sancionadora se encuentra en una cavilación meticulosa sobre los dilemas liberales del Estado laico y que, por lo tanto, pronto hagan público el producto de su reflexión.

Mario Arriagada. Politólogo.

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