El 9 de marzo de 1940, en las postrimerías del régimen cardenista y en medio de la agitación política por las próximas elecciones presidenciales, se abrió el primer dispensario para toxicómanos en la Ciudad de México, en el número 33 de la calle de Sevilla.

drogas

El Departamento de Salubridad Pública afirmaba que ahí “se tratará gratuitamente a todos los toxicómanos que lo soliciten y se ordenarán las internaciones que sean necesarias al Hospital de Toxicómanos, las que se acordarán solamente en casos de gravedad y después de haberse visto que la curación de tales enfermos no puede conseguirse sin su hospitalización”.

En la inauguración el doctor José Suirob —funcionario del Departamento de Salubridad— habló de los esfuerzos realizados hasta entonces en contra de las adicciones en México.

Se referió a la entrada en vigor del nuevo Reglamento Federal de Toxicomanía, aprobado en 1940 y en el que se adoptaba que los adictos eran enfermos y que el Estado no criminalizaría su condición. También dejó en claro que el tráfico ilícito de drogas seguiría siendo perseguido con todo el rigor de la ley.

En ese primer dispensario atendían diariamente entre 200 a 500 personas. Los toxicómanos eran registrados y clasificados en tres niveles: incipiente, innato e incurable. Los pacientes de los dos primeros estratos recibían la dosis recomendada por el médico asistente. Los enfermos del tercer nivel eran enviados al Hospital de Toxicómanos.

Se permitían hasta dos inyecciones diarias por cada paciente, con un costo de 80 centavos por dosis. En la calle el gramo de heroína se vendía en cerca de 50 pesos, pero sin garantía sobre su pureza. En cambio, el dispensario adquiría el gramo a 3.20 pesos directamente con el proveedor farmacéutico.

Un testigo directo de la aplicación de esa política sobre las drogas fue el escritor José Luis Martínez, a la postre director del Fondo de Cultura Económica, pero en ese entonces estudiante de medicina. Él visitó el dispensario de la calle de Sevilla y aseguraba: “Allí se inyectaba a los drogadictos. Bastaba decir su nombre, confesar su adicción y pagar la moderada cuota fijada… Todos los días había largas colas, y se contaba que a Agustín Lara y a ciertas señoronas, un médico iba a sus casas a darles sus dosis. Me consta que el sistema funcionaba y que sólo se cobraba el costo bruto de la droga, más los gastos de operación. Y para los drogadictos, esta reducción implicaba una reducción de actos criminales. Las drogas podían venderse en las farmacias, con recetas especiales de los médicos”.

Junto con otro estudiante de medicina, Martínez también asistía a la penitenciaría de Lecumberri a inyectar a los presos. “Nuestras tareas consistían en recoger los frasquitos de drogas, las jeringas, agujas y compresas de algodón con alcohol, y las libretas donde anotábamos los nombres de  los drogadictos y las dosis que recibían… nuestro encargo era el reducir poco a poco las dosis añadiendo agua a la solución… Para los drogadictos aquello era una bendición. Solían inyectarse con instrumentos rudos, sin ninguna asepsia y la droga les costaba mucho más cara. Nunca tuvimos ningún problema en Lecumberri ni en otros lugares a donde fuimos después”.

La prensa progubernamental destacaba los aciertos de la nueva política. En El Nacional apareció el artículo “El comercio de drogas heroicas morirá en México” Y Manuel Gil, en La Prensa, realizó un extenso e interesante reportaje. Un adicto le dijo: “Los traficantes están de duelo, pero es que ni robando podríamos comprar la droga: figúrese vale 50 pesos el gramo y… mala. Algunos de nosotros estamos enfermos del corazón por los menjurjes con que se le mezcla para que rinda más. Y aquí, con un peso, nos aguantamos todo el día. Dígalo usted: estamos agradecidos con Salubridad, muy agradecidos”. En ese mismo diario, en otra nota publicada dos días después, se afirmaba que una de las más famosas traficantes, Lola la Chata, perdía—dejaba de ganar, para ser exactos— hasta 2,600 pesos diarios, pero el Departamento de Salubridad obtenía
1,300 pesos diarios, que deberían dedicarse a la apertura de otros dispensarios.

Excélsior, por su parte, expresaba el espíritu prohibicionista e informaba de un inexistente dispensario “en la calle de Versalles”: “Desde hace días por disposiciones del Departamento de Salud las drogas enervantes y la terrible yerba mariguana ya no serán consideradas como materia de delito, ni culpables los que las acostumbran, pues muy al contrario el gobierno convertido en una especie de tutor, por medio de uno de sus dispensarios, facilitará los estupefacientes a quienes lo deseen. Es más: la liberalidad de las autoridades sanitarias es tal que en el dispensario de Versalles gratuitamente se ponen inyecciones de heroína a los viciosos que ahí acuden”.

¿Pero cómo fue posible tal cosa?

En gran medida gracias al trabajo de los doctores Leopoldo Salazar Viniegra, Jorge Segura Millán, José Suirob y otros, quienes se dedicaron a la investigación científica sobre las adicciones en el país y elaboraron la propuesta de un nuevo reglamento que sustituyera al de septiembre de 1931, que sólo había provocado “una persecución de los viciosos, contraria al concepto de justicia… toda vez debe conceptuarse al vicioso más como enfermo a quien hay que atender y curar, que como verdadero delincuente que debe sufrir una pena”. Para estos médicos “el único resultado obtenido” de la aplicación del reglamento de 1931 “ha sido el del encarecimiento excesivo de las drogas”, que sólo había beneficiado a los traficantes.

Las propuestas del doctor Salazar Viniegra y sus colaboradores eran lidiar con la toxicomanía de manera tolerante y ecuánime y, al mismo tiempo, atacar al comercio ilícito de drogas.

En octubre de 1938 el reglamento fue presentado al Ejecutivo que, a su vez, llevó la iniciativa para su discusión al poder Legislativo, donde finalmente se aprobó y fue publicado en el Diario Oficial el 17 de febrero de 1940.

Según el maestro Ricardo Pérez Montfort —de cuya reciente obra Tolerancia y prohibición. Aproximaciones a la historia social y cultural de las drogas en México, 1840-1940 han sido tomadas estas notas— la nueva legislación era posible pues aún el problema de las drogas en el país no parecía grave. De acuerdo con el doctor Salazar Viniegra, en la ciudad de México, donde había más adictos, estos apenas llegaban a los 6 mil y en el país no había más de 10 mil, con una población que rebasaba los 20 millones de habitantes.

Además de los reproches de la prensa prohibicionista, los problemas internos derivados de la aplicación del nuevo reglamento fueron menores.

Los vecinos y la policía capitalina se quejaron de los personajes que rondaban el dispensario —“exponentes de la miseria humana, pedazos de carnes flácidas, apestosas, envueltas en los andrajos de la existencia”, deambulaban por la calle de Sevilla y se echaban a dormir en el camellón de la avenida Chapultepec. Las autoridades manifestaban sus dudas acerca de si serían puestos en libertad los encarcelados por el delito de compra-venta de estupefacientes, y si en adelante bastaría con una receta médica para que las boticas expendieran pequeñas cantidades de droga.

“Pronto la situación se fue aclarando —dice Pérez Montfort—. Los presos que estaban en la penitenciaría por vender droga se quedarían adentro y los que sólo eran adictos debían salir libres.  Los que traficaban y también tenían el hábito igualmente se quedarían en la penitenciaría en donde se les atendería su vicio. Ya en libertad los que eran sólo toxicómanos podían acudir al dispensario para recibir sus dosis diarias.”

Pero la oposición más poderosa vino del exterior.

En el contexto de la creciente prohibición sustentada en la legislación internacional impulsada por Estados Unidos desde los inicios del siglo XX, un reglamento como el mexicano significaba una violación a la Convención de Ginebra de 1931 y un reto al Comité Central Permanente del Opio de la Liga de las Naciones. También contravenía algunos acuerdos bilaterales firmados con el gobierno estadounidense que tenía al frente de su política antidrogas a Harry J. Anslinger —jefe de la División Antinarcóticos del Departamento del Tesoro norteamericano— y que, según Pérez Montfort, se “convertiría en el fundador de una red de inteligencia internacional que funcionó desde 1930 hasta 1963 y recibiría por primera vez el mote de ‘zar antidrogas’”.

México presentó su postura en mayo y junio de 1939 en Ginebra, en el seno de la Sociedad de Naciones, y fue secundada por Polonia y Suiza. Sin embargo Anslinger y el coronel C. H. L. Sherman —jefe de la División de Narcóticos canadiense— se opusieron abiertamente.

El gobierno estadounidense y sus agencias manifestaron su preocupación pues para ellos la legislación permisiva de Cárdenas significaba distribuir drogas legalmente “para satisfacción del vicio” y fomentaba la criminalidad. El gobierno de Estados Unidos anunció un embargo a la exportación de todo tipo de fármacos y drogas a México. “El argumento consistía en que mientras estuviera vigente el decreto tolerante existiría el peligro de que aquellas sustancias se utilizaran para fines no médicos e ilegítimos”.

Fueron inútiles los intentos negociadores del gobierno mexicano con el Departamento del Tesoro, y la iniciativa del doctor Salazar Viniegra terminó enfrentada con la política prohibicionista de Estados Unidos.

México necesitaba químicos y medicamentos norteamericanos y por recomendación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el presidente Lázaro Cárdenas decretó la suspensión del Reglamento Federal de Toxicomanía el 7 de junio de 1940. El 13 de julio se anunció el cierre de los dispensarios y una nota periodística cabeceaba: “Ni morfina, ni cocaína. La guerra en Europa ha hecho que las drogas enervantes escaseen en México”.

El reglamento estuvo en vigor apenas cuatro meses. Con el paso del tiempo el espíritu prohibicionista se impuso, pero el consumo de drogas rebasaría los límites de la salud pública para convertirse en el problema mayúsculo de violencia y corrupción que hoy padecemos.

 

Hugo Vargas

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