septiembre 6, 2017

Solidaridad con la revista Cáñamo

La revista Cáñamo, fundada en España en 1997 y en circulación en México desde 2015, enfrenta un batalla legal contra el gobierno mexicano, que ha decidido prohibir su circulación en nuestro país. Nexos considera esta decisión como un acto de censura, y por lo tanto se solidariza con esta publicación. A continuación compartimos su comunicado de prensa más reciente.

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Al revisar la iniciativa de Ley General de Archivos,1 presentada al Senado el pasado 16 de noviembre, llama la atención la incongruencia que existe entre la intención de modernizar los archivos mexicanos para el siglo XXI y ciertos elementos que, por presentes o por ausentes, podrían conducir a un retroceso, no de unos cuantos años, sino quizá de un par de siglos.

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Imagine usted que un día al despertar se encuentra con que todo testimonio de su propia vida ha sido borrado. Imagine que en su credencial de elector, su CURP y su pasaporte, su nombre, fecha y lugar de nacimiento y domicilio han sido sustituidos por tachones negros; en todos ellos, en vez de su fotografía, solo hay un manchón negro. Imagine que lo mismo ha ocurrido con todos sus certificados escolares, su acta de nacimiento y las de sus seres queridos, con las escrituras de su casa y la factura de su automóvil. Ni siquiera sus estados de cuenta bancarios, los comprobantes de sus pagos de hipoteca o de ahorros para el retiro, ni de cualquier otro trámite personal en línea se han salvado de ello. Toda posibilidad de comprobar su identidad, de demostrar su trayectoria vital, de resguardar su patrimonio, y de hacer de ello la base para realizar sus aspiraciones y sueños personales y familiares, ha sido cancelada. Peor aún: al intentar averiguar la razón de esta catástrofe, descubre que una autoridad superior, que usted desconoce, lo ha decidido así ejerciendo un criterio poco claro, por no decir arbitrario, y con escasas posibilidades de reclamo.

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Foto: La Jornada

Foto: La Jornada

Los medios de comunicación reportan que dos huelguistas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) están corriendo un alto riesgo de morir al mantenerse en huelga de hambre por 84 y 88 días consecutivos, respectivamente.  Esta huelga de hambre, en la que participan varios electricistas, es parte de una protesta en contra de la disolución de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, y la liquidación de sus trabajadores. Hace unos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de Gobernación medidas cautelares para la preservación del derecho a la vida de los huelguistas:

con el objeto de preservar la vida e integridad de dichas personas, se solicita a las autoridades que se pongan a su alcance los servicios médicos necesarios y que se tengan los instrumentos médicos de respuesta indispensables para garantizar una reacción oportuna e inmediata en caso de que el estado de salud de alguno de ellos se agrave

Esta protesta sucede unos meses después de la muerte del disidente cubano, Orlando Zapata, que se mantuvo 85 días en huelga de hambre en una prisión cubana, y la liberación de varios disidentes cubanos por parte del gobierno, para evitar la muerte de otro disidente, Guillermo Fariñas.

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junio 28, 2010

Los “tontos útiles”

Hace dos semanas las Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y la Procuraduría General de la República (PGR), tras una investigación en la que concluyó:

…esta Comisión Nacional observó violaciones a los derechos humanos a la vida, a la integridad y seguridad personal, al trato digno, al acceso a la justicia, a la legalidad y a la seguridad jurídica, y al derecho de los menores a que se proteja su integridad, por actos consistentes en privación de la vida, atentados a la integridad y seguridad personal, uso arbitrario de la fuerza pública, tratos crueles, inhumanos o degradantes, omisión de auxilio, alteración de la escena de los hechos, incumplimiento de alguna de las 13 formalidades para la emisión de la orden de cateo, y ejercicio indebido de la función pública, en agravio de Martín y Brayan Almanza Salazar, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 y V1 atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En ella también acusa a integrantes de las Fuerzas Armadas de amenazar a las víctimas por acusar al Ejército Mexicano de la balacera, alterar las pruebas del crimen, y de la falta de cooperación recurrente de las autoridades militares con la investigación de la CNDH. El caso de “Martin y Brayan” ha recibido amplia cobertura en los medios de comunicación, pues han sido sus padres quienes han narrado una y otro vez los hechos del 3 de abril, en los que murieron sus dos hijos.

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Foto: functoruser

Foto: functoruser

No todos los ciudadanos mexicanos somos iguales ante los ojos de la ley. El artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas califica como una infracción punible que un ministro de culto se oponga “a las leyes del país o a sus instituciones en reuniones públicas”. Los recientes debates sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo han puesto sobre la mesa los dilemas entre el proyecto del Estado laico y el del Estado liberal. El cardenal Rivera dijo, entre otras cosas, que la nueva Ley aprobada por la ALDF era “mala y perversa”. Cualquier otro ciudadano puede libremente decir que ésta o aquella ley es grotesca o inadecuada, y después hacer una campaña para eliminarla. Él no puede hacerlo. La libertad de creencia (o de pensamiento) no necesariamente resulta en libertad de expresión en el Estado laico.

Por un lado, el deber del Estado liberal en temas religiosos, suele entenderse como el de ser un Estado neutral y que reconoce ciudadanía plena a todos sus ciudadanos: “uno que lidia imparcialmente con su ciudadanos y que se mantiene neutral en el asunto de qué tipo de vidas se deben vivir” (P. Jones). De cierto modo, este ideal filosófico implica que toda discusión sobre “cómo se debe vivir” debe ser libre y sin intervención estatal, sin censuras a una parte o la otra y –mucho menos— que al Estado le dé por dictar normas al respecto. El Estado liberal debe permitir que los asuntos normativos se decidan en el gran mercado de las ideas y que, finalmente, se voten y se vuelvan ley por los canales de representatividad acostumbrados.

Por otro lado, el corazón del proyecto laico no son ni la neutralidad ni las libertades, es garantizar que el Estado se separe activamente de las religiones organizadas o, en su defecto, que mantenga a las organizaciones religiosas separadas de la vida pública. Sin embargo, hay varios argumentos del laicismo que nos permiten tender puentes con la doctrina liberal, a la vez que entender mejor de qué se trata el Estado laico, más allá de la mera separación. Primero, la transformación de mayorías religiosas en mayorías políticas suele implicar un riesgo para el Estado democrático y para sus ciudadanos, dada las inclinaciones de algunas religiones para segregar a los diferentes. Segundo, la ley de los hombres debe estar por encima de la ley de dios si queremos que la ley revelada no sea un obstáculo recurrente para que cualquier norma puedan seguir a debate (discutir con dios casi siempre implica la dificultad de encontrar su nuevo número de celular). Y finalmente, se asume que hay una diferencia fundamental entre política y religión, como alguna vez señaló, no sin un dejo de humor, el rabino británico Lord Sacks: “nunca le den el poder a un líder religioso, no sabemos cómo manejarlo. Y la razón es porque la política depende de la negociación que, en términos políticos es una virtud, pero que en términos religiosos es un vicio”.

Aunque históricamente el estado laico ha sido una construcción más bien centrada en restringir la actividad pública de las iglesias cristianas, desde una perspectiva más honda, las restricciones son sólo instrumentos –ni únicos ni exclusivos- para proteger principios fundamentales: a) la protección del los derechos de los que piensan y viven distinto, b) la seguridad de que todo se pueda discutir abiertamente entre ciudadanos y c) que siempre haya espacio para la negociación y el pragmatismo en las decisiones políticas. Es precisamente en estos puntos en los que el Estado laico cobra su verdadero sentido y en el que encuentra territorio común con los ideales liberales.

Aunque en sentido literal algunas declaraciones del Cardenal Rivera son violatorias de la ley, están lejos de poner en riesgo los fundamentos básicos de la separación Iglesia-Estado porque a) ni la Iglesia está acallando el debate público mientras arguye –como lo ha hecho– la incuestionabilidad de la ley divina, y porque b) tampoco el Cardenal da muestras de ser un político de exclusiva convicción que no entiende el significado de negociación. Quizá el punto más sensible sea la posibilidad de que una mayoría religiosa se transforme en una mayoría política afectando los derechos de terceros (en este caso los de los homosexuales); pero aún si eso ocurriera, se podría decir que la decisión se tomó por vías democráticas y mediadas por el sistema de representación partidaria.

Sin embargo, ojalá que el silencio de la Secretaría de Gobernación respecto a las polémicas declaraciones de los jerarcas eclesiásticos no se deba a su timidez para aplicar la Ley, sino que más bien sea porque la comisión sancionadora se encuentra en una cavilación meticulosa sobre los dilemas liberales del Estado laico y que, por lo tanto, pronto hagan público el producto de su reflexión.

Mario Arriagada. Politólogo.

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