El gesto de Benito Nacif, consejero del INE, de recurrir la legalidad y la constitucionalidad de una serie de acuerdos que tomó la Junta Ejecutiva General de este organismo se traduce en términos prácticos en impugnar la reducción del 10% de su salario. Esto lo hizo Nacif mediante una carta dirigida al presidente del Instituto; esta misiva ya es del dominio público. Esta actitud y esta carta tienen muchos aspectos que merecen atención. A primera vista, es el hecho insolidario de un servidor público que tiene unos ingresos mensuales de alrededor de 177,000 pesos.

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Durante los últimos meses, hemos atestiguado un interesante debate en torno a las mejores estrategias para combatir la corrupción. El presidente Enrique Peña Nieto ha sido cuestionado por usar el argumento cultural para explicar la corrupción, mientras que la mayoría de comentaristas de noticias y académicos han insistido que la corrupción obedece a una falta de más y mejores leyes e instituciones. El debate metodológico sobre la corrupción es apasionante y hay mucho que decir al respecto. Sin embargo, es importante enfatizar que el fenómeno de la corrupción no es inicialmente un problema metodológico sino político. Es decir, inicialmente, se requiere un análisis de las relaciones de poder y de los grupos de interés que se benefician de la corrupción. Más aún, un análisis político debe de preguntarse ¿por qué las estrategias para combatir la corrupción se dirigen a ciertos grupos de interés y no a otros? Para contribuir a este análisis, propongo un análisis ideológico del discurso predominante sobre la corrupción en México.

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