El día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó los argumentos centrales del proyecto que presentará el ministro Arturo Zaldívar ordenando la liberación de Florence Cassez. El proyecto se presentará en unos días, y será una mayoría de ministros (3 de 5) de la Primera Sala la que decida si aprueba, aprueba parcialmente o rechaza el proyecto.

En julio del año pasado en la revista Nexos publicamos una investigación de Héctor de Mauleón en la que explica en la introducción:

Lo que sigue no es el relato de un secuestro y su investigación, sino el relato de una investigación que no conduce a la verdad del caso sino a la evidencia de su manipulación, es decir, de su secuestro.

La manipulación de las pruebas que podrían establecer si Cassez es culpable o inocente, por parte de las autoridades, es el argumento central del ministro Zaldívar para ordenar su liberación.

Los argumentos de Zaldívar pueden resumirse en los siguientes puntos:

  • Tras detener a Cassez no se hizo la notificación consular a la que los extranjeros tienen derecho;
  • la detenida no se puso a disposición del Ministerio Público inmediatamente después de su detención.
  • La violación de estos dos derechos fue causa y consecuencia de la violación de la presunción de inocencia a la que todo detenido tiene derecho.

La nota de la SCJN termina con una aclaración que a su vez explica el origen de la violación de derechos por parte de la autoridades: el montaje hecho en medios de comunicación por la Agencia Federal de Investigación.

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agosto 29, 2010

¿La iglesia debilitada?

Foto: Marc Domage

Foto: Marc Domage

En su intento por frenar las reformas en materia de diversidad sexual, la iglesia hegemónica confirmó que su fuerza política ya no es lo que era. Atónitos e indignados por ser llamados ante los Tribunales, han amenazado con una nueva guerra civil en el país, ya que consideran que la aplicación de la ley es igual a persecución religiosa.

Las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al matrimonio y la adopción a parejas del mismo sexo, van mucho más allá de la reivindicación de los derechos de la diversidad sexual. Significan un logro histórico, que parece no gustarle nada a las cúpulas de la iglesia por anteponer la igualdad, la libertad y la razón sobre la discriminación, los prejuicios y los dogmas.

Ni las amenazas de iniciar juicios políticos en contra de los ministros, ni los adjetivos de corruptos, ignorantes y traidores de la patria con los que fueron calificados por los jerarcas católicos causaron efecto. En un debate abierto, incluyente y razonado, propio de un Estado laico, la Corte decidió entrar al fondo del asunto interpretando leyes para ciudadanos y no para fieles, distinguiendo el derecho de la moral.

Con su sentencia la Corte superó el sometimiento ideológico que mantenía a la figura del matrimonio como una institución que por “designio divino” se conceptualizaba como rigurosamente heterosexual y legitimó nuevas formas de concebir la felicidad en pareja. Los argumentos más trascendentes de la resolución concluyen que limitar los derechos a una sola concepción de familia implicaría discriminar formas diferentes de organización familiar y que sostener que la orientación sexual afecta la capacidad de una persona para amar y cuidar a un menor sería mantener un prejuicio. Esto significa un paso muy importante para eliminar la intolerancia en una sociedad que aspira a ser plural y respetuosa.

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abcLa discusión en la SCJN sobre el caso del incendio de la Guardería ABC es una de las discusiones más interesantes en tiempos recientes. A partir del dictámen que presentó el Ministro Arturo Zaldivar (el cuál básicamente fue rechazado por la mayoría en la corte), en la discusión pública se han hecho reflexiones sobre el significado de la responsabilidad, la atribución de la SCJN para investigar graves violaciones de derechos, la impunidad, los derechos sociales, la decencia, y el sistema de guarderías del IMSS entre otros. Por ello hemos recopilado un buen número de artítculos sobre el tema publicados en distitntos periódicos nacionales.

Sergio López Ayllón, dice que lo urgente es eliminar la facultad de investigación de la corte, pues se corre el riesgo de que se convierta en un “tribunal moral al márgen de la regla de derecho”.

Lorenzo Córdova, aclara que aunque la faculta de la corte para investigar no es ideal, considerando que existe, debió de aprobar el dictámen del ministro Zaldivar,”a pesar de la falta de idoneidad de ese mecanismo, la Suprema Corte no podía sino ordenar una investigación minuciosa y rigurosa como la plasmada en el dictamen del ministro”.

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El 8 de abril, el Senado de la República tomó por sorpresa al público con la aprobación por unanimidad de una reforma en materia constitucional sobre Derechos Humanos. La importancia de esta reforma reside en los siguientes elementos:

  1. Se establecen los Derechos Humanos como principios generales en varios artículos constitucionales (i.e. educación, política exterior).
  2. Se otorgan facultades de investigación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y a la vez se le quitan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
  3. La sistematización constitucional de los Derechos Humanos (i.e. el reconocimiento constitucional de tratados internacionales de DH, los DH como criterio de interpretación, la obligación del Estado para prevenir, investigar y sancionar las violaciones de DH).

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abril 18, 2010

Televisa, el elefante en el salón

Foto: BitBoy

Foto: BitBoy

Gran alegoría anglosajona la del elephant in the room, usada para ilustrar la presencia inocultable de algo o alguien en una situación determinada. Hoy dos iniciativas para regular las telecomunicaciones, incluidas la radio y la televisión discutidas en comisiones en ambas cámaras del Congreso dibujan de nueva cuenta al paquidermo mediático. El término describe la sempiterna presencia de Televisa en toda discusión en la materia, particularmente desde la controvertida aprobación de la ley federal de radio y televisión el 11 de abril de 2006. Desde entonces Televisa se ha convertido en un meridiano a partir del cual se ponderan los privilegios o afectaciones a sus intereses en tal o cual propuesta.

Es claro que Televisa no es la única empresa que ha buscado aprovechar las revueltas condiciones legales, pero sobre todo políticas, del mercado de las telecomunicaciones. La inacción legislativa tras el fallo de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 7 de junio de 2007, no ha hecho más que agravar las tensiones en un mercado crucial para el desarrollo económico pero sobre todo cultural de nuestro país. En efecto, el tema va más allá de los Megahertz ya que hablamos de canales de comunicación a partir de los cuales los mexicanos produciremos y reproduciremos nuestra cultura, valores e identidad en el futuro.

Las iniciativas de los panistas Javier Corral y Gustavo Madero y la del perredista Carlos Sotelo ponen el acento en, por lo menos, tres temas fundamentales. El primero es la creación de una institución políticamente independiente como lo sería el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, o Radiocomunicación tal como lo nombra la iniciativa de Sotelo. Queda a debate si este Instituto debería ser autónomo del Ejecutivo, como lo señala éste, o si debiera ser un órgano desconcentrado de la propia SCT, como lo proponen Corral y Madero

Un segundo punto es el refrendo de concesiones en donde la nueva ley deberá garantizar la certeza jurídica de los concesionarios sin concederles ventajas que inhiban la entrada de nuevos jugadores al mercado. Aquí la prórroga administrativa propuesta en la iniciativa Sotelo sugiere una especie de refrendo automático a los concesionarios de la radio y la televisión. Por último, se encuentra la disposición en ambas propuestas de considerar la licitación como el método idóneo de asignación, siempre y cuando se regule claramente la contraprestación que el concesionario deberá pagar al estado por el uso de un bien público.

La aprobación de una nueva ley de medios es impostergable. Su principal misión será promover la competencia e inversión en el sector así como incentivar la calidad de sus contenidos y garantizar la universalidad de su acceso en un país profundamente desigual. En otras palabras, hacer más grande el salón para que el elefante pierda protagonismo.

Julio Juárez Gámiz. Investigador del CEIICH-UNAM.

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photos8.com

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En días pasados, la Suprema Corte resolvió dos asuntos de enorme relevancia para la protección de los derechos fundamentales, en donde lo que estuvo en juego fue la capacidad de acción de las comisiones de derechos humanos (tanto la del ámbito federal como las locales). Y cuya decisión de la mayoría de ministros se dirigió a limitar, en ambos casos, precisamente los alcances de la función protectora de estos organismos.

Ahora bien, más allá del sentido de estas decisiones, que pronto se erigieron en blanco de crítica en diversos espacios de la opinión pública [1], es necesario enfocarse también en la actuación de los dos nuevos ministros en tales asuntos: Luis María Aguilar y Arturo Zaldívar. No hay que olvidar que su llegada a la Corte, sobre todo de éste último, es considerada por algunos como una excelente oportunidad para inyectarle frescura a nuestro tribunal constitucional. Sin embargo, al menos a partir de sus participaciones en estos debates, pareciese que el globo de expectativas que generaron se reventó. Veamos.

Durante la discusión del primer caso surgió una pregunta de suma relevancia[2]: ¿Cuáles son los derechos que pueden defender las comisiones de derechos humanos a través de la figura conocida como acción de inconstitucionalidad? ¿Se limita a aquellos que se ubican en nuestra constitución o se incluyen también los derechos contemplados en los diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano? No se trata, vale subrayarlo, de una disyuntiva vacua de las que luego tanto se regodean los abogados. No. Este tema es de enorme trascendencia pues ampliar la mira de ataque de las comisiones de derechos humanos, al permitirle escudriñar leyes que vulneren derechos ubicados en la constitución pero también en tratados internacionales, extiende a su vez el manto protector de estas instituciones que, entre otras, tienen la tarea de revisar justamente leyes que vulneren derechos fundamentales.

El primer problema que se encontraron los ministros al momento de resolver este acertijo fue un par de artículos constitucionales. Por un lado, uno establece que las comisiones de derechos humanos podrán atacar leyes por violación a cualquier derecho del ordenamiento jurídico mexicano, incluidos aquellos que ingresan a éste vía un tratado internacional, mientras que el otro determina que la acción de inconstitucionalidad sólo procede para proteger derechos insertos en la constitución[3]. Como suele suceder, en esto que se le llama justicia constitucional, ambos artículos no embonan de manera sencilla y sin fricciones. Y, por ello, fue indispensable interpretar.

La mayoría de los ministros[4], apoyados en una lectura literal, le dio preferencia al segundo artículo en análisis. Si el mismo diseño de la acción de inconstitucionalidad sólo contempla que ésta puede proteger derechos establecidos en la constitución, entonces, no hay mucho que debatir: es claro que no se puede ampliar a los derechos ubicados en los tratados internacionales.

La minoría de los ministros[5], por su parte, mediante una interpretación extensiva, se inclinó a darle mayor peso al primer artículo con el argumento de que una vez que se suscribe un tratado internacional, éste se suma a la madeja de normas jurídicas de nuestro país y, por tanto, también deben utilizarse como criterio para evaluar leyes por parte de las comisiones de derechos humanos.

Aquí, sin embargo, surgió un aspecto clave donde la actuación de los nuevos ministros fue francamente mediocre: para que esta posición de la minoría de ministros funcionase plenamente era indispensable discutir dónde se ubican jerárquicamente los tratados internacionales[6]. Pues si los colocas junto a la constitución se forma lo que algunos llaman un bloque de constitucionalidad[7]. Es decir, una política judicial expansiva de los derechos que suma los establecidos en un texto constitucional más los contemplados en tratados internacionales, conformando un amplio rasero (bloque) para calificar la constitucionalidad de leyes. Esta solución permitiría efectivamente ampliar el manto protector de las comisiones de derechos humanos, sin generar mayores problemas en la dinámica del resto del ordenamiento jurídico.

De otra manera, como lo señaló el ministro Cossío –quien a pesar de defender en otros casos posiciones garantistas, en éste también se sumó a la mayoría conservadora-, “…suponer que los tratados tienen la misma jerarquía que la Constitución me parece que [es] dar un salto al vacío que no corresponde con nuestra jurisprudencia.” Es cierto: la Corte ha entendido que los tratados internacionales, no importa si son de materia comercial o de derechos, se encuentran por debajo de la constitución y, por ello, para aceptar plenamente la postura de la minoría -que es por cierto la visión de avanzada que cada vez más cortes constitucionales y tribunales internacionales adoptan- era necesario rediscutir el tema de la jerarquía de los tratados internacionales. Y donde los nuevos ministros, toda vez que ellos nunca se habían pronunciado al respecto, tenían la oportunidad y la obligación de plantear su posición.

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Podemos ser activistas o aplicar lo que se conoce como autorrestricción en el manejo de nuestras competencias.
Guillermo Ortiz Mayagoitia

Vamos a ser progres hoy y mañana no, creo que esto no es el asunto
José Ramón Cossío Díaz

Sesión Pública del Pleno de la SCJN del 4 de marzo de 2010
AI 22/2009

En la última semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó un par de acciones de inconstitucionalidad -22 y 49 de 2009, ambas promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en las que estableció límites a las atribuciones de la Comisión, al tiempo que delineó límites a su propia jurisdicción. Si tomamos en cuenta lo que los propios ministros han mencionado sobre la deuda que la corte tiene con los derechos humanos, ambas resoluciones sobresalen porque en lugar de expandir el espectro para la justiciabilidad de los mismos y fortalecer las atribuciones de los órganos encargados de su defensa, optó por generar criterios que constriñen su protección. Como trataré de explicar, lo anterior muestra no sólo la posición de la mayor parte de los ministros respecto de estos asuntos; también da cuenta de cómo asumen que debe ser la posición de la corte en el sistema político mexicano.

Derechos humanos NafaldaEn la acción de inconstitucionalidad 22/2009 la SCJN no invalidó los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio [1], como le había sido solicitado por la CNDH. Además con una votación 7/3 [2], la corte resolvió que a través de la facultad de las comisiones de derechos humanos para presentar acciones de inconstitucionalidad sólo es posible controlar los derechos incluidos en la constitución y no así aquellos que pueden contener los tratados internacionales [3]. ¿Qué representa está decisión? Desde luego, implica la creación de límites a lo que, al menos vía acciones de inconstitucionalidad, puede ser demandable. Esto, en la medida en que genera un criterio que impide reclamar la protección de derechos que pudieran no estar incluidos en la constitución mexicana, también supone un límite a su propia jurisdicción. Como algún ministro insinuó en la sesión del 4 de marzo, la decisión busca evitar que las comisiones pudieran tornarse excesivamente imaginativas en sus demandas. En suma, la corte trató de curarse en salud, impidiendo que llegaran casos que pudieran no resultarle del todo cómodos; y lo hizo diciendo que, con todo y que los derechos incluidos de tratados forman parte del ordenamiento jurídico mexicano, los únicos derechos que cuentan a la hora de revisar la constitucionalidad son los que establece la propia constitución.

Una vez definido este nuevo criterio respecto de la legitimación de las comisiones de derechos humanos para acudir a la SCJN, en una decisión 7/4 el pleno declaró la validez del inciso c), de la fracción V del artículo 5° de la Ley Orgánica de la PGR, el cual establece que ésta última deberá “Proporcionar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando la solicite en ejercicio de sus funciones, siempre que no ponga en riesgo investigaciones en curso o la seguridad de personas”. El debate no estuvo exento de polémica y los ministros proporcionaron razones en ambos sentidos, algunas tan absurdas como la idea de que la CNDH no garantizará la discrecionalidad de la información (como sí la PGR efectivamente lo hiciera); hasta otras más loables que reflexionaron sobre en qué medida la restricción de atribuciones de la CNDH representa una afectación a los derechos humanos [4].

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Trial_by_Jury_-_Chaos_in_the_CourtroomAl final, como era de esperarse, el presidente Felipe Calderón no resistió la comezón e impulsó, a través de la Procuraduría General de la República, una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la legislación civil del Distrito Federal que abrió las figuras del matrimonio y de adopción a los homosexuales. La batalla que inició hace algunos meses en la Asamblea Legislativa y que desató la cólera tanto del PAN como de diversas corrientes religiosas, tendrá ahora un nuevo escenario: la Suprema Corte de Justicia.

Esto significa que nuestro tribunal constitucional se suma a un selecto grupo de órganos jurisdiccionales alrededor del mundo que han tenido que pronunciarse sobre este tema, que promete convertirse en la gran batalla entre liberales y conservadores en los próximos años: el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo [1].

¿En qué sentido decidieron los tribunales extranjeros?, ¿qué argumentos ofrecieron para apuntalar sus sentencias? En este tema, como en muchos más, echar un vistazo a resoluciones judiciales de otros países nos da una idea de cuáles podrían ser las coordenadas del debate en la Suprema Corte, qué valores constitucionales estarán en juego y, sobre todo, a partir de qué rasero debemos evaluar la actuación de nuestros ministros en esta decisión. Veamos.

La Corte de Apelaciones de la provincia de Ontario en Canadá abordó este tema en junio de 20032. La historia inicia cuando el Parlamento canadiense aprueba modificaciones legales que otorgan a las parejas homosexuales beneficios propios del vínculo matrimonial, tales como la seguridad social y la herencia. La homologación en derechos y protecciones era casi perfecta, salvo el acceso a la figura del matrimonio. El paso siguiente, por tanto, era obvio. Y así lo entendió un grupo de parejas homosexuales de la provincia de Ontario que, aprovechando el nuevo escenario legislativo, se animaron para atacar jurisdiccionalmente la definición del matrimonio como “la unión voluntaria entre un hombre y una mujer, con exclusión de todos los demás”.

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En estos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá varios casos sobre temas controvertidos, como son: “el caso anti-tabaco”, “el derecho a la vida desde la concepción”, y el “matrimonio entre personas del mismo sexo”. En este intercambio los autores reflexionan sobre la importancia del periodismo judicial en un entorno democrático, y el papel de la difusión de las discusiones judiciales en la discusión pública.

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Saúl López Noriega: En los últimos años, la opinión pública ciertamente se ha interesado más por la Suprema Corte de Justicia, ahora escudriña con mayor frecuencia varios de los aspectos que giran alrededor de su desempeño. Y no sólo cuando se presenta un asunto atractivo en términos mediáticos. Mas no hay que olvidar que este interés brota en un país donde su corte constitucional resulta una institución un tanto exótica para diversos medios de comunicación, algunos de los otros órganos estatales e, inclusive, para ciertos sectores académicos e intelectuales. Por ello, es indispensable impulsar un periodismo judicial que cumpla por lo menos con dos retos: por un lado, que traduzca de manera ágil las decisiones jurisdiccionales –así como los argumentos que las sostienen- de un lenguaje barroco y a uno mucho más accesible, lo cual permita establecer las condiciones idóneas para un escrutinio mucho más incisivo de la labor jurisdiccional y, por el otro, que refleje no sólo el impacto de la labor de la Suprema Corte en el entramado jurídico nacional sino también en su dinámica política, económica y social. Ambos aspectos, paulatinamente, coadyuvarían a fortalecer un aspecto medular en cualquier democracia contemporánea: una cultura judicial que tenga claro las posibilidades y riesgos que la Suprema Corte ofrece en la consolidación democrática del país.

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Carlos Avilés Allende: Antes que nada una aclaración que me parece necesaria. El periodismo judicial se sigue confundiendo con el periodismo policiaco. Y no. La visión y la misión que tienen son distintas. El segundo se ocupa de la parte policiaca, de los ministerios públicos, de los casos, esencialmente penales, en su etapa primaria. Y al primero, al que nos referimos, le toca la parte final, la de los juicios, la de ese mundo raro de los jueces, que va desde los juzgados hasta la Corte, que no sólo tiene el poder de castigar criminales, sino de decidir sobre bienes, familias, derechos, a través de sus sentencias, que hay que escudriñar y reportar. La confusión entre ambos tipos de periodismo se origina en un hecho simple: el mundo de los jueces se sigue confundiendo con el de los policías. El desconocimiento es atribuible, en parte, a los medios de comunicación, porque pocos, realmente pocos, cuentan con reporteros especializados, que conozcan ese mundo del Poder Judicial y que den cuenta, de manera confiable, de lo que ocurre en él. Y digo en parte, porque en gran medida el desconocimiento y las confusiones generadas en torno a este mundo de la justicia son atribuibles a una mayoría de jueces y magistrados que siguen siendo reticentes a la transparencia. Y que, sobre todo, siguen empeñados en escribir sentencias sumamente técnicas y de difícil acceso para todos.

Saúl López Noriega: Estoy de acuerdo: la relevancia que han adquirido las decisiones del Poder Judicial y, en particular, de la Corte en la vida institucional del país, plantea a los medios de comunicación el reto de impulsar un periodismo judicial de calidad. Sin embargo, también les exige a nuestros jueces un compromiso con la transparencia. Al respecto, ha habido avances significativos: hoy en día, por ejemplo, a través de Internet se pueden observar las discusiones de los ministros y consultar sus resoluciones. Pero si bien es cierto que las sentencias de nuestra corte constitucional son accesibles, también lo es que en su mayoría son ininteligibles. Se trata de documentos atiborrados de inútiles reproducciones de artículos legales y de tesis jurisprudenciales, que destacan por un pobrísimo manejo del lenguaje inclusive de las reglas básicas de redacción y cuya extensión llega a ser simplemente ridícula –un botón de muestra: la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas que suma en total 1,900 páginas en hoja tamaño carta. Esto significa que transparentar y socializar plenamente las decisiones de los tribunales implica, por una parte, que los jueces aprendan a redactar, expresar y sintetizar sus argumentos y, por la otra, que los periodistas rescaten, traduzcan y difundan esta información.

Carlos Avilés Allende: Tienes razón. Y sólo agregaría tres cosas: Uno, llama la atención cómo la apertura y transparencia que se da en la Corte aún no ha permeado en los de abajo, en los juzgados y tribunales; dos, que hay que reconocer que por más claras que sean las sentencias siempre será necesario contar con reporteros especializados que las traduzcan y difundan de manera correcta. Y, tres, que mientras a los jueces y magistrados les compete única y exclusivamente a ellos, en lo individual, adoptar la decisión de sumarse o no a una cultura de transparencia y de redacción de sentencias sencillas y claras; a los reporteros, por lo general, la especialización en el ramo del periodismo judicial no depende de ellos, pues, por lo general, esta aspiración se trunca en muchos casos porque en los medios de comunicación en los que laboran no les interesa contar con especialistas en la materia. Lo más común, por cuestiones económicas, es que el reportero que se dedica a la cobertura judicial lo haga de manera temporal o al tiempo que cubre otros sectores totalmente distintos. Y mientras esta situación no cambie dentro de los mismos medios será difícil hablar de un periodismo judicial con alcances generalizados.

Saul López Noriega. Profesor de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM.

Carlos Avilés Allende. Periodista del periódico El Universal especializado en el Poder Judicial.

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barter

Desde la presentación del decálogo de reforma política en diciembre se han discutido, con mejores o peores argumentos, los ventajas y desventajas de la iniciativa de Calderón. Entretanto la oposición ha colocado contrapropuestas sobre la mesa. En mis cinco minutos discutiré una cosa que me disgusta del decálogo; otra que me gusta; y el quid pro quo inevitable si algo ha de aprobarse.

Me disgusta facultar a la Suprema Corte para iniciar leyes en su ámbito de competencia. Es un detalle aparentemente menor, que busca equilibrar el acceso al proceso legislativo entre los tres poderes. Pero olvida que el papel de los jueces es interpretar la ley, nada menos pero tampoco nada más. Permitirles proponer leyes, y por ende conducirlas por los meandros congresionales, los coloca de lleno en el terreno de la lucha política. Inevitablemente algunas iniciativas de jueces gustarán a unos partidos pero no a otros, y esto contribuirá a alimentar suspicacias de que la Suprema Corte, ultima instancia del poder judicial, es un actor parcial.

Me gusta, en cambio, la posibilidad de que legisladores y alcaldes puedan repetir inmediatamente en sus cargos. Si me concedieran aprobar uno solo de los puntos del decálogo, me quedaría con éste. Darle al ciudadano la posibilidad de premiar o castigar el desempeño de sus diputados restituye la representación política. Cambia los resortes que mueven al legislador, poniéndolos principalmente en manos de sus representados y no sólo de los jerarcas del partido nacional. Por las características del sistema político mexicano, con partidos que han echado raíces fuertes en el electorado y votantes segmentados ideológicamente, estoy convencido de que este cambio, por sí solo, sería un catalizador de otras reformas institucionales deseables.

Como el partido del presidente carece de los votos para aprobar solo la reforma, es imperativo preguntar qué partes del decálogo defenderán a capa y espada, cuáles sacricarán y qué propuestas de la oposición aceptarán. Así la discusión dejará de ser un listado de desideratas para entrar al terreno de lo factible.

Una parte del decálogo busca reforzar al débil presidente mexicano, mientras la oposición quiere fortalecer el papel del Congreso. ¿Aceptaría Calderón que el Senado ratifique los nombramientos del Ejecutivo a cambio de que le aprueben la concurrencia de la elección legislativa con la segunda vuelta presidencial? ¿Cómo piensan el intercambio en Los Pinos?

Eric Magar. Profesor e Investigador del Departamento de Ciencia Política del ITAM.

Este texto proviene de la intervención del autor en la “Mesa de discusión: Agenda Ciudadana y Gobernabilidad: la Reforma Política” organizado por la Secretaría de Gobernación

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