Pareciera que en nuestro país de vez en cuando surge una tentación por entregar funciones de gobierno «a los sabios» en vez de a los electos. En días recientes salieron dos editoriales de periódico que hacen propuestas que parten del supuesto del «desinterés» ético de los sabios, frente a los grandes problemas que enfrenta el Estado mexicano, y hace unos meses el IIJ-UNAM hizo una propuesta formal para crear un órgano de gobierno con personas que tengan «la experiencia en altos cargos de la función pública federal».
En un editorial publicado en el periódico Reforma, titulado «Comisión de Notables«, Jorge Castañeda, habla de conformar un órgano con personas que puedan encontrar «la piedra filosofal» para resolver el problema de seguridad que enfrenta el país. Dice:
Calderón podría nombrar una comisión integrada po ex secretarios de la Defensa y Marina, ex procuradore de la República, ex jefes de inteligencia, ex gobernadores o gobernadores en funciones empresarios, intelectuales. Que tenga acceso a lo recursos humanos y financieros, asesorías, a toda la información, a todos los contactos y todos los accesos Al término de seis meses, digamos, presentaría una o dos alternativas a la estrategia actual. Gente con una reputación intachable, experiencia real, sentido de Estado incuestionable y disposición para trabajar juntos y con el Estado para encontrar la piedra filosofal.
En el mismo periódico unos días después, Lorenzo Meyer, escribe «La Academia en tiempos de incertidumbre«, en el que concluye:
En contraste, en tiempos trastornados, como son hoy los mexicanos, la actividad académica debe buscar explicaciones y salidas a la contingencia y analizar, ya no tanto lo científicamente importante, como lo socialmente urgente. Claro que las posibilidades dependen del carácter de las disciplinas particulares pues, por caso, la exigencia no puede ser la misma para la astronomía que para la sociología. Es necesario explicar las disfuncionalidades y proponer soluciones en los campos de la política, la estructura social, la económica, la cultural, la legal y de muchas otras áreas problemáticas. Ello contribuiría a encauzar la discusión pública desde perspectivas no partidistas sino más generales e informadas.
Si la guerra es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de los generales, la solución de una crisis nacional es demasiado importante como para dejarla en manos de los políticos… especialmente de los nuestros.
Los supuestos de «neutralidad» desinteresada en ambos textos resuenan a una de las propuestas para la Reforma del Estado, que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM al Senado de la República, para conformar un «Consejo de Estado»:
El presidente deberá solicitar al Consejo de Estado su intervención ante el riesgo de que los legisladores no concluyan su trabajo para desarrollar una nueva disposición constitucional, y se afecte de esta manera la regularidad del orden constitucional….
El Consejo de Estado también tendría potestades para suplir transitoriamente omisiones normativas de los órganos constitucionales autónomos…
Como requisitos de elegibilidad para todos sus integrantes, la Ley deberá establecer necesariamente la experiencia en altos cargos de la función pública federal.
…Serían miembros elegibles con carácter de “miembros ordinarios” del Consejo de
Estado aquellas personas que hayan ocupado el cargo de presidente de la Mesa Directiva de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión una vez pasados seis años del ejercicio de tal actividad…también lo serán quienes hayan ocupado el cargo de gobernador de un estado o jefe de gobierno del Distrito Federal…Serán considerados en la Ley como “miembros naturales” del Consejo de Estado los ministros en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quienes se hayan desempeñado como jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propuesta del Estado mexicano; los ex directores del Banco de México; y los ex rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Finalmente, y a partir de 2018, los ex presidentes de la República podrán formar parte del Consejo de Estado como “miembros honorarios”, con voz pero sin voto…
El Consejo de Estado…Tendría un aparato burocrático pequeño de apoyo…Idealmente su sede deberá establecerse en algún edificio de interés histórico del centro de la capital de la República, que proyecte el carácter augusto de la institución de Estado…
En El Universal, Guillermo Sheridan contesta a Lorenzo Meyer, explica el problema de «Los Académicos al Poder», a hace referencia a los problemas se los supuestos básicos sobre los que este tipo de argumentos se sostienen:
No son pocos los intelectuales y académicos, desde Vasconcelos, que querrían tomar el lugar de los políticos en México, sustituyendo su voluntad de poder con una supuesta ética desinteresada. Hoy es además notoria la intención de convertir en una fuerza política a los académicos, sumándolos en asociaciones, academias y sindicatos que hablan a nombre de la “comunidad”, dispuestos a subordinar su individual ética científica a una colectiva lucha por el poder.
La historia moderna está llena de intelectuales que se acercaron al poder, lo justificaron, y terminaron como ideólogos, dispuestos a barnizarlo con el brillo de la “verdad objetiva”. Se convirtieron, dice Morgenthau, en “agentes políticos sujetos al criterio del poder, recubrieron las pasiones populares con la dignidad de la razón y al poder con la apariencia de la verdad, no sólo justificando lo que hace el político en razón de la necesidad, como Maquiavelo, sino como verdades virtuosas”. Es cierto que si para un político la verdad siempre es subversiva, el académico que se ostenta dueño de la verdad corre el riesgo de “convertirse en un defensor dialécticamente adepto y políticamente deshonesto de quien tiene poder político”.
La propuesta de Castañeda ya implica un desacuerdo de origen con la estrategia en curso. ¿Será posible integrar un Consejo de Seguridad cuyas conclusiones sean igualmente válidas para la oposición y para el gobierno?
La propuesta del «Consejo de Estado» me parece preocupantemente similar a la de la estado teocrático Iraní.
Lo evidente es que al no integrar las visiones de personas estudiosas de los fenómenos políticos, económicos, jurídicos y sociales, los ciudadanos caemos en un «laissez faire, laissez passere» (dejar hacer, dejar pasar), es decir, en una pasividad, donde nuestros tradicionales políticos degustan un banquete de intereses personales y no ciudadanos. Pareto y Mosca llamaban a esto «élites» que nos gobiernan, bajo el eslogan de ser democracias. Sin embargo todos sabemos que no es más que el sofisma perfecto de status quo de quien pueden llegar al poder y ejercerlo. Platón en «La República» dilucida de forma interesante la posibilidad de llevar al gobierno a personas «sabias», esto lo criticaría Foucault, lo que debemos atender es no caer en maniqueísmos: tanto políticos tradicionales, como académicos, pueden aportar elementos importantes para configurar nuestra realidad política, esto sin soslayar la integración de todas las nacionalidades que integran un mismo México.
De acuerdo en que no queremos que los académicos (antes les decían intelectuales) entren en la lucha por el poder o se conviertan en una fuerza política (facción?) más. No es conveniente para nadie. Sin embargo es importante que los políticos (ejecutivos por naturaleza) consideren en privado las opiniones y los consejos (y aún que las soliciten) de los académicos (más enfocados a la reflexión que a la acción) cuando se trata de plantear soluciones estratétigas o de largo alcance a los problemas más importantes que estamos enfrentando. Tal vez ésta sea la diferencia entre un político y un estadista.
Esta posibilidad de sumar a los academicos en la búsqueda de soluciones debe ser en privado para evitar mezclarlos en la política y en la lucha por el poder. La que sí debe ser pública es la discusión de las soluciones planteadas por los políticos.
Ya decía el filósofo Demócrito, quien que fuera uno de los más emblemáticos teóricos de la democracia «la erudición no es garantía de inteligencia». Entregarle el gobierno a los sabios es partir de un supuesto equivocado, la creencia de que hay dos clases de ciudadanos: quienes saben y quienes no saben sobre asuntos políticos. En cambio, la democracia funciona bajo el enfoque del contractualismo atomista, es decir, el supuesto contrario. Reconoce que cada ciudadano es experto de su propia circunstancia, por lo que las decisiones políticas importantes deben ser construidas con la aportación de todos mediante el debate contrastado sobre los asuntos que cada contexto electoral ofrece. Hoy en día la democracia electoral funciona bajo los mismos principios: la participación del juicio de todos ante la deliberación abierta a todos, antiguamente conocida como isegoría. Pericles lo expresa así: «mientras sólo unos cuantos pueden iniciar políticas todos los demás somos capaces de juzgarlas». Pero si se supone, siguiendo a los antiguos enemigos de la corriente democrática, Platón y Aristóteles, que el gobierno le debe pertenecer a los sabios, se parte de un supuesto equivocado y antidemocrático, ya que los sabios no pueden sustituir la perspectiva de los demás que es única y por lo mismo insustituible. El atomismo de Demócrito pudo advertir esto, pero creo que a nosotros todavía nos cuesta entenderlo. Para quien le interese el tema, lo abordo en mi libro: La teoría democrática. El error de Occidente, Edit. Gernika, 2003