El académico Pablo Piccato especialista en el homicidio en México, hace un par de años publicó un texto llamado "El significado político del homicidio en México en el siglo XX". En él hace una revisión histórica de cómo trataba el sistema político las demandas de resolución de casos de homicidio. Lo resume de la siguiente manera:
A lo largo del siglo xx, el homicidio fue la manifestación más visible de la impunidad. Las muertes violentas, independientemente del estatus de la víctima, tenían repercusiones políticas porque autorizaban a los ciudadanos a exigir la respuesta del Estado. El homicidio le daba a las víctimas indirectas (los parientes y otras personas cercanas a los muertos) un tipo de poder del que carecían las víctimas de otros crímenes, puesto que todos estaban de acuerdo en la necesidad de buscar un castigo, aún a costa de la propia seguridad de los sobrevivientes. Sólo en años recientes las víctimas de otros delitos, como secuestro o violación, han adquirido una autoridad moral y política semejante. Las víctimas indirectas de homicidio durante el siglo xx expresaron con gran claridad la exigencia de justicia, un tema muy antiguo, si no es que el más antiguo, en la historia de las peticiones de los súbditos coloniales o los ciudadanos mexicanos a sus autoridades. Estas peticiones venían de actores individuales o tanto como colectivos: sindicatos, asociaciones de ejidatarios o vecinos también elevaron peticiones para que se castigara a homicidas. Cuando lo hicieron, casi sin excepción, esos escritos mencionaron las implicaciones políticas de la impunidad o su opuesto, la buena actuación del gobierno.
Lo más interesante del texto, es que más allá de la descripción del papel político del homicidio en el siglo XX mexicano, Picatto explica qué es lo que hace que incluso ahora el homicidio se convierta en una demanda política que no se limita a tener una audiencia entre quienes observan la demanda, sino en convertirlo en un público en el cual se generan y comparten posiciones políticas:
la principal causa de esta importancia cultural del homicidio se encuentra en la capacidad de este crimen para atraer audiencias vastas, inconexas y pasivas, y convertirlas en un público, es decir, en una representación articulada de la sociedad civil, más o menos coherente pero siempre significativa políticamente. Esta transformación de consumidores de historias y fotos en agentes políticos, de audiencias en públicos, como lo estudia Michael Warner [2002], se debe a que el homicidio tiene una valencia moral sobre la que existe indiscutible unanimidad: todos lo condenan, incluso los que defienden la pena de muerte. Las discusiones sobre el homicidio han podido extenderse a las audiencias más amplias y adquirir tal importancia porque siempre están basadas en una noción común sobre la realidad a las que se refieren opiniones y explicaciones. En otras palabras, el acto material y el valor moral del homicidio son tan ciertos y tangibles que permiten a distintos actores encontrar un punto de confluencia común a través de una realidad que se piensa objetiva [Habermas, 1984]. ¿Qué puede haber más real que un cadáver? En el caso del México del siglo xx, donde la política electoral y la gestión administrativa han sido tan poco transparentes, el disponer de un punto de referencia común ha integrado más voces a la esfera pública. El homicidio no es un tema de expertos; todos tienen igual derecho a opinar sobre él y todos son, indirectamente, su víctima; a la vez, todos tienen los mismos derechos respecto a la obligación del Estado de prevenirlo y castigarlo.
Probablemente esta "conversión" de audiencia a público es lo que ha hecho que las convocatorias de movilización política por parte de familiares de víctimas de homicidio como Javier Sicilia y Alejandro Martí hayan sido tan efectivas para al menos provocar respuestas explícitas de los gobiernos como pocas otras movilizaciones.