La publicación el jueves pasado de la lista de 36 periodistas que durante el sexenio del presidente Peña Nieto recibieron millones de pesos del gobierno federal ha colocado en segundo o tercer plano la carta que un día antes entregaron al presidente López Obrador 3,190 miembros de la comunidad académica mexicana (científicos, investigadores, técnicos, estudiantes y personal administrativo) que forman parte de los veintiséis Centros Públicos de Investigación CONACYT, conocidos como CPIs, y del ente financiador conocido como FIDERH.1 El motivo central de esta carta son los nuevos recortes presupuestarios previstos en el memorándum emitido por el Presidente el 3 de mayo del año en curso. No niego la trascendencia para la vida pública del país de la lista de periodistas, pero sinceramente creo que, por sus posibles implicaciones, la carta de la comunidad científica a López Obrador merece mayor atención que un grupo de “analistas políticos” más a menos dependientes del gobierno anterior, con todo lo que eso implica. Varios de ellos han dado explicaciones sobre los montos que recibieron durante prácticamente todo el sexenio del presidente Peña Nieto; cada ciudadano decidirá qué tan convincentes le resultan dichas explicaciones. Lo que me interesa aquí es la carta referida, que no solo está dirigida al presidente López Obrador, sino también al Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, a la Directora General del CONACYT, María Elena Álvarez Buylla y, en cuarto término, a la opinión pública. En estas líneas me referiré a algunos aspectos de esta misiva, a la respuesta que la Dra. Álvarez Buylla hizo pública por vía telefónica al día siguiente de entregada la carta, durante el programa radiofónico “Aristegui Noticias”, y a lo que puedo colegir tanto de la carta en cuestión como de la respuesta de la persona que será la principal responsable de las políticas científicas, tecnológicas y relativas a las humanidades en nuestro país durante este sexenio.

La comunidad académica mexicana, el CONAHCYT y el futuro inmediato

Ilustración: Oldemar González

Lo primero que salta a la vista es la inmensa brecha que parece existir entre esa parte considerable de la comunidad científica mexicana que firmó la carta y la Dra. Álvarez Buylla. Si uno lee la carta con atención y enseguida escucha con igual atención las palabras de la Dra. en “Aristegui Noticias”, uno concluye que los interlocutores viven en dos universos distintos. Este hecho resulta harto preocupante para mí, como miembro de esa opinión pública a la que la misiva también está dirigida, como ciudadano y como profesor-investigador de una institución académica mexicana (la cual no forma parte de los Centros CONACYT, pero esto es irrelevante, pues lo que está en juego es el futuro próximo de las ciencias y las humanidades en nuestro país).

Que los CPIs son un factor esencial del sector científico mexicano está fuera de duda (en su respuesta, la Dra. Álvarez Buylla se refirió a ellos como “importantísimos”, como una “fuerza creativa”, y de su labor dijo que era “fundamental”). Si esto es así, es innegable que, como se puede leer en la misiva que nos ocupa, estos centros son una “pieza clave” para el desarrollo económico y social que México requiere. Los redactores de la carta y los miles de firmantes de la misma coinciden con el gobierno actual en su visión de un México “justo, equitativo y sin corrupción”. Asimismo, coinciden con este gobierno en la necesidad de que la ciencia y la tecnología tengan un sentido más social. Consideran también que ambas deben orientarse a resolver “los grandes problemas que aquejan a nuestro país”. Además, se conciben como un “aliado estratégico” del gobierno federal; un aliado que por su presencia a nivel nacional y por la elevada preparación de sus investigadores y académicos puede contribuir de manera importante a la generación de bienestar social. En algún momento, los redactores/firmantes de la carta escriben lo siguiente: “…la comunidad científica apoya de manera decidida los esfuerzos emprendidos por el Sr. Presidente, Lic. Manuel López Obrador, en materia de austeridad y lucha contra la corrupción para eliminar derroches innecesarios.”

Ahora bien, esa comunidad científico-académica que expresa lo anterior de manera tan enfática, enseguida afirma con el mismo énfasis que para llevar a cabo sus labores se requiere de un ambiente propicio de trabajo. Entramos aquí al meollo de la cuestión, pues la carta afirma que de aplicarse las medidas previstas en el memorándum del 3 de mayo, los CPIs estarían “en riesgo de colapsar” (las negritas son del original). Los recortes previstos en dicho documento oscilan entre el 30% y el 50% y se refieren a partidas presupuestales que afectan directamente el gasto operativo de los CPIs. Estos recortes implicarían la suspensión o incluso cancelación de actividades de investigación, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos y divulgación de la ciencia. Dichos recortes afectarían también la pérdida de plazas de personal eventual y operativo, lo cual, según la misiva, “pone en peligro la ejecución de importantes proyectos de investigación básica, aplicada y tecnológicos, tanto nacionales como internacionales”. Como resulta evidente, de aplicarse, las consecuencias serían muy graves.

Por todo lo anterior, los redactores/firmantes de la carta le solicitan al presidente López Obrador que exima a los CPIs de los recortes presupuestales instruidos en el memorándum del 3 de mayo y que se defina una normativa que establezca un marco jurídico propicio para que puedan desarrollar sus actividades en un ambiente de tranquilidad; una normativa que impulse el desarrollo científico y que consolide el desarrollo tecnológico “para beneficiar a cada uno de los mexicanos”. Por último, los redactores/firmantes se solidarizan con otras instituciones académicas que no forman parte de la red CPI pero que, desde su punto de vista, también se verían afectados por los recortes presupuestales contenidos en el memorándum referido (entre esas instituciones se cuentan el IPN, el Colmex y el CINVESTAV).

La respuesta verbal de la Dra. Álvarez Buylla a la carta que he resumido en los tres párrafos anteriores me sorprendió porque en la primera parte de su intervención hizo alusión a que centrarse en los recortes “promueve desinformación”, además, habló de “rumores” y de “noticias falsas”. Asimismo, afirmó que “estar enfatizando simplemente los recortes” no remite a lo que debiéramos remitirnos: a “los hechos”. Ante esta parte de la respuesta, me fue imposible no pensar en los colegas de diversos CPIs con quienes he tenido oportunidad de hablar sobre estos temas durante los últimos meses. Entiendo que, efectivamente, la carta en cuestión hace referencia a unos recortes que todavía no se aplican y que para la Dra. Álvarez Buylla los “hechos” a los que se refirió son una cantidad significativa de recursos (800 millones) que se han destinado recientemente a proyectos de investigación que responden a los protocolos que han sido diseñados por la actual administración. Esto son hechos que yo no pongo en duda, pero lo que me interesa plantear a este respecto es que estos hechos no niegan, o eliminan o siquiera disminuyen la difícil situación que han vivido los CPIs en los últimos meses y que, de acuerdo a los lineamientos del memorándum del 3 de mayo, se hará aún más difícil en un futuro muy cercano. Los hechos mencionados por la Dra. Álvarez Buylla durante su participación en “Aristegui Noticias” no disminuyen la zozobra profesional que han vivido miles de miembros de la comunidad académica desde hace aproximadamente medio año. Lo que quiero decir es que no estamos ante un juego de suma cero. Como en cualquier otro debate en el que se mezclan cuestiones académicas, intelectuales, personales, políticas y hasta ideológicas, conviene escuchar con atención y, por lo menos, no desacreditar de entrada a los interlocutores o minimizar sus preocupaciones, sobre todo cuando, como en este caso, esas preocupaciones se acentuaron no por capricho o afán de confrontación, sino con base en un documento oficial del más alto nivel.

A reserva de que las disposiciones de ese documento pueden ser modificadas antes de que empiecen a ser aplicadas, (me) surgen dos preguntas: ¿se pueden ignorar los temores de una cantidad significativa de la comunidad científica mexicana derivadas de un memorándum firmado por el presidente de la república? ¿Podemos o debemos referirnos a esas preocupaciones como “rumores” y “noticias falsas”? Supongo que podemos hacerlo, pero lo que estaremos haciendo en ese caso es seguir alimentando el clima de desconfianza entre esa comunidad y el CONACYT que existe desde el inicio de la actual administración. ¿Quién se beneficia de una situación de esta índole? Absolutamente nadie. Yo no sé cuánto por tiempo más académicos de varias instituciones podrán seguir dedicando más horas a ver cómo enfrentan su situación actual y a la que aparentemente está por venir que al trabajo por el cual reciben un sueldo. Un sueldo que, como mostró muy bien Eugenia Roldán, del CINVESTAV, en este mismo foro hace un par de meses, ha recibido golpes significativos de un tiempo a la fecha. En todo caso, lo que no puede seguirse abriendo es la brecha que existe entre la comunidad académica mexicana y el CONACYT y, por ende, el gobierno actual. El precio que la comunidad en su conjunto y el país entero terminarán pagando no puede cuantificarse, pero no se necesita ni medio dedo de frente para saber que será altísimo. La pregunta obligada a este respecto (perdón por tomarla de Cicerón para un contexto completamente ajeno) es ¿quosque tandem?: ¿hasta cuándo? Señalo, de paso, que cualquier intento serio de cualquiera de las partes por disminuir esa brecha debiera prescindir del “mundo Twitter”, tan socorrido por algunos colegas, tan superficial y tan proclive al lucimiento, a la descalificación, a la diatriba y a la indignación.

Estoy de acuerdo con los firmantes de la carta cuando afirman que la investigación científica requiere de parámetros distintos a los de otras dependencias federales de la administración pública. Este planteamiento no tiene por qué recibir como réplica catalogar a los académicos mexicanos como unos privilegiados. Estamos ante otro juego de suma cero (“privilegiados”/“no privilegiados”); un “juego” que, dicho sea de paso, tanto daño está haciendo en el imaginario ciudadano y en nuestro tejido social. Como muchos otros, el término “privilegiado” es relativo y en un país tan desigual como México yo diría que muchísimos mexicanos son, en un sentido u otro, privilegiados. Ahora bien, seguramente hay profesores-investigadores en universidades públicas mexicanas que viven de manera holgada, pero no tengo duda que son una minoría “muy minoritaria”. Que hayan existido abusos, subterfugios contables, dispendios y dinero mal habido en varias universidades públicas no convierte a la inmensa mayoría de los académicos mexicanos en privilegiados. Otra cosa es el grupo de administradores académicos consentidos, abusivos e ineficientes que encontramos en casi cualquier universidad pública mexicana. Aquí, como cabe inferir, el tamaño de las instituciones y por tanto la cantidad de recursos, facilita ciertas “mañas”, ciertos abusos y ciertos despilfarros.

No cabe duda que varias instituciones o, sería mejor decir, no pocos de sus administradores y algunos de sus profesores-investigadores han caído y caen en gastos excesivos, superfluos o que habría que discutir si lo que queremos es gastar mejor, desde una perspectiva académica, los recursos disponibles.2 Coincido con la Dra. Álvarez Buylla en que debe haber más transparencia en los gastos y en la asignación de los mismos; asimismo, coincido con ella en que hay muchos ámbitos académicos en los que puede aplicarse la austeridad (republicana o no; el parque vehicular y las fotocopias son dos aspectos que ella mencionó en su respuesta, pero hay muchos más). También estoy de acuerdo con ella cuando afirma que ciertas instituciones abusaron de contrataciones externas o sugiere que privilegiaron tanto la consultoría que por momentos los valores académicos y los valores “consultores”, por denominarlos así, se (con)fundieron. Cada uno de los 26 CPIs y todas las demás instituciones públicas de investigación deben (debemos) hacer un ejercicio para detectar en dónde se están haciendo gastos excesivos, superfluos o innecesarios y proceder a su disminución o, en su caso, extinción. Esto es algo con lo que, me parece, pocos colegas académicos estarían en desacuerdo. Sin embargo, lo que refleja la carta que nos ocupa va mucho más allá de este tipo de preocupaciones. Ni la directora general del CONACYT, ni el gobierno actual, ni por supuesto las demás instituciones de investigación de nuestro país deben minimizar los temores que se reflejan en esta misiva. Si se cumplirán o no las medidas que han provocado estos temores lo sabremos en los próximos días. En cualquier caso, una actitud de cierto menosprecio, como la que percibo en la Dra. Álvarez Buylla, reduce aún más las posibilidades del tipo de diálogo que requerimos para avanzar en pro del país.

No puedo cerrar estas líneas sin hacer referencia a una cuestión que parece “flotar” tanto en la carta que nos ocupa como en la respuesta de la Dra. Álvarez Buylla. Cuando en la misiva se habla de “ciencia de frontera”, cuando se afirma que ésta deriva en grandes avances tecnológicos, cuando se enfatiza su importancia para la solución de los problemas del pueblo mexicano o cuando la Dra. Álvarez Buylla habla repetidamente de “labores sustantivas”, algo me dice que las humanidades están fuera del cuadro. No voy a hacer aquí la acostumbrada defensa, demasiado fácil y con frecuencia cursi, de la importancia de las humanidades para el desarrollo de cualquier hombre o mujer que pretenda vivir una vida que vaya más allá de lo inmediato, de lo evidente y de lo superficial; tampoco hace falta decir nada sobre la actitud crítica que las humanidades fomentan, ni de la riqueza, belleza y profundidad vitales que aportan; ni repetiré el mantra de la “crisis” de las humanidades. Toda persona de cualquier edad y de cualquier condición social que ha tenido contacto con la historia, la filosofía o la literatura sabe bien de lo que estoy hablando.3

Concluyo. No me gusta que las humanidades sean dejadas de lado por el gobierno actual en el discurso y en la lógica de la “austeridad republicana” cuando ésta se refiere al ámbito científico-académico. Tampoco me gusta que los redactores de la carta en cuestión se adhieran a dicha austeridad sin prevención o matiz alguno respecto a las humanidades. Hay que decirlo: las humanidades nunca han solucionado los problemas acuciantes de ninguna sociedad y nunca lo harán. Celebro que la Dra. Álvarez Buylla haya añadido la “H” de Humanidades al CONACYT, convirtiéndolo así en CONAHCYT. Sin embargo, per se una letra más en un acrónimo no es suficiente. Hasta donde alcanzo a ver, la aplicación “de manera irrestricta” de los lineamientos de la nueva administración y el cumplimiento de las “labores sustantivas” de un modo “más eficiente y más eficaz”, como concluyó la Dra. su intervención radiofónica, está en clara tensión con las humanidades. Lo mismo puedo decir de algunas de las expresiones de los redactores de la carta. Esta es una cuestión peliaguda donde las haya; es decir, sé muy bien que no existen soluciones fáciles o expeditas, pero el hecho de que ninguna de las dos partes se refiera a ella explícitamente no me parece un buen signo. Espero que tanto la Dra. Álvarez Buylla, como sus asesoras y asesores, no pierdan de vista dicha tensión, no la ignoren, y que, por ende, las humanidades ocupen un lugar en las políticas que a lo largo de este sexenio diseñe y aplique el CONAHCYT.

 

Roberto Breña
Profesor-investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.


1 Para no hacer un listado interminable de nombres, me limito a consignar las siglas de los 26 Centros aludidos (en orden alfabético): CIAD, CIATEC, CIATEJ, CIATEO, CIBNOR, CICESE, CICY, CIDE, CIDESI, CIDETEQ, CIESAS, CIGET, CIMAT, CIMAV, CIO, CIQA, COLEF, COLMICH, COLSAN, COMIMSA, ECOSUR, INACOL, INAOE, INCIPYT, INFOTEC y MORA (mejor conocido como Instituto Mora). La institución número 27 es el Fideicomiso o Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH).

2 Respecto a este último punto, doy un solo ejemplo: justo en estos días, decenas de universidades mexicanas han gastado miles y miles de pesos en suscripciones, inscripciones, boletos de avión y viáticos para enviar a sus investigadores a Boston, Massachusetts, para la reunión anual de la Latin American Studies Association (LASA). Se trata de un congreso masivo que privilegia el activismo, que se despreocupa del debate en las incontables mesas que lo conforman (más de 1400 en Boston), que sufre un nivel considerable de ausencias (nota: en los congresos de LASA no hay que enviar las ponencias con anticipación), cuyo nivel académico en diversas áreas me parece discutible y cuyos objetivos pecuniarios saltan a la vista.

3 Hace relativamente poco escribí un texto sobre la situación actual de las humanidades en México. El texto, bastante breve, puede resultar de interés para los lectores que estén en posibilidades de leer inglés: “The humanities in Mexico (No crisis, but no shining future either)”. Se trata de un capítulo del libro The Changing Face of Higher Education (Is There an International Crisis of the Humanities?), Dennis A. Ahlburg ed., Londres, Routledge, 2018.