“Los tutsi no merecen vivir. Hay que matarlos. Incluso a las mujeres preñadas hay que cortarlas en pedazos y abrirles el vientre para arrancarles el bebé”. Éste es tan solo uno de los mensajes que se transmitieron en 1994 a través de la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas (Mille Collines) en Ruanda. Por este medio se emitía propaganda y mensajes de odio contra los tutsis y hutus moderados.

Después de Auschwitz, la comunidad internacional se comprometió a nunca volver a permitir que ocurriera una masacre de tal magnitud, sin embargo lo hizo y en más de una ocasión. La conmemoración de los 25 años del genocidio en Ruanda, nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre los aciertos y fallas de un sistema que ha prometido velar por los derechos humanos.

Ruanda

Ilustración: Estelí Meza

Ruanda estaba poblado por tres diferentes grupos étnicos; los hutus, que suponían la gran mayoría de la población, tutsis y twa. Durante la época colonial el reino belga privilegió a los tutsis, no obstante, con el proceso de descolonización y la independencia fueron los hutus quienes llegaron al poder. La división étnica fundada por los belgas continuó y profundizó los conflictos entre ambos grupos, propagando matanzas y oleadas de migratorias hacia países vecinos. Al final de los años 80, casi medio millón de ruandeses estaban refugiados en Burundi, Uganda, Zaire y Tanzania.

La situación se detonó el 6 de abril de 1994, cuando fue derribado el avión que transportaba al presidente ruandés, Juvenal Habyarimana y el presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira. De acuerdo a datos de la ACNUR, se estima que un millón de personas fueron asesinadas durante los tres meses de masacre, y alrededor de 200,000 mujeres fueron violadas.

La crisis en Ruanda no fue una situación espontánea, sino que se fue gestando a través de los mensajes de radio y probablemente fue organizado con meses de antelación. La coyuntura en la que estaba sumergida el país daba insumos para especular el escenario que se podría desencadenar en el corto plazo.

La inacción internacional jugó un papel crucial para que se pudiera alcanzar la cantidad de víctimas durante un periodo tan corto. Naciones Unidas fue sobrepasada por los hechos, generando un debate sobre cuándo la comunidad internacional debía actuar en los asuntos internos de los Estados. La falta de respuesta inmediata no estuvo ligada a una deficiencia de información sobre los acontecimientos, sino más bien una decisión arbitraria por diferentes actores. El 11 de enero de 1994, meses antes del genocidio, el General Roméo Dallaire, comandante de las fuerzas de paz de Naciones Unidas, emitió un telegrama a sus superiores advirtiendo de la masacre que se estaba preparando en Ruanda. Este mensaje fue ignorado, mermando la voluntad colectiva para intervenir.

Fue hasta el 22 de junio que el Consejo de Seguridad autorizó a las fuerzas francesas a enviar una misión humanitaria, llamada la Operación Turquesa, sin embargo en diferentes zonas los asesinatos siguieron hasta el 4 de julio. Hubo un gran cinismo por parte de los poderes Occidentales en su fracaso de intervención, a pesar de que gozaban de pleno conocimiento y anticipación de los hechos, así como el alcance que tendría. Posterior al genocidio, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas creó el Tribunal Penal Internacional para Rwanda, un tribunal ad hoc encargado de enjuiciar las violaciones de derecho humanitario.

Como respuesta de lo acontecido, se creó la Doctrina de Responsabilidad para Proteger (R2P), la cual fue adoptada en la Cumbre de Naciones Unidas en 2005.  R2P está basada en que todos los seres humanos tienen el derecho a ser protegidos de genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad. En el caso de que su propio gobierno falle en esto, la comunidad internacional tiene la obligación de actuar. No obstante, este principio no ha sido llevado a cabo en su totalidad.

Reflexiones

Un Oficial del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU describió el genocidio como “matanzas tribales”, un término retomado por el Presidente Bill Clinton en Junio de 1998 cuando se refirió de que los “resentimientos tribales” son la fuente de los problemas en Ruanda. Sin embargo, la situación es mucho más compleja que este tipo de simplificaciones históricas. El conflicto étnico entre hutus y tutsis no es una situación puramente africana, más bien es una costumbre aprendida, una práctica colonial que fracturó la convivencia entre ambos grupos por el sistema de privilegios que se impuso basados en características físicas, bajo una doctrina imperialista de dividir para gobernar.

Lo sucedido en Ruanda es una responsabilidad compartida entre diferentes actores, desde el sistema colonial belga hasta los gobiernos y personas que fallaron en prevenir la masacre, convirtiéndose en cómplices del crimen. Una lección perdurable sobre este suceso es que la indiferencia pueda derivar en atrocidades. Desafortunadamente esta enseñanza ha sido medianamente aprendida. Un año después, en julio de 1995, casi 8000 musulmanes, incluidos niños, fueron asesinados por las tropas serbobosnias en Srebrenica, una ciudad ubicada al este de Bosnia que había sido declarada zona protegida por Naciones Unidas.

Actualmente, a pesar de la doctrina consensuada sobre la Responsabilidad para Proteger, hay violaciones de derechos humanos por parte de diferentes gobiernos, ante los cuales la comunidad internacional no ha cumplido su compromiso. Uno de los ejemplos más evidentes es la violencia que vive la comunidad Rohingya en Myanmar, la cual es una minoría étnica de religión predominantemente musulmana dentro de un país de mayoría budista. Es considerada una de los grupos más perseguida del mundo. Una vez más, la tibieza y falta de acción de la comunidad internacional nos envuelve en una reflexión en cuanto a los mecanismos para la prevención efectiva de atrocidades masivas, asomando la pregunta si es que realmente aprendimos las lecciones de Ruanda 25 años después.

 

Luz Paola García Godínez
Internacionalista por el Tec de Monterrey.