A principios de año, la legisladora estadunidense Alexandria Ocasio-Cortez presentó ante el Congreso un plan para combatir el cambio climático. Su propuesta, titulada Green New Deal o Nuevo Acuerdo Verde en español, busca reorientar la economía hacia un modelo más verde y sustentable a la par de que atiende las desigualdades y carencias de la población.

El acuerdo, inspirado en un plan implementado por el expresidente Franklin D. Roosevelt durante la crisis de los años 30, ha sido ampliamente criticado por demócratas y republicanos por sus propuestas radicales. Sin embargo, sus promotores defienden que tiempos desesperados requieren medidas de igual tamaño y la crisis medioambiental actual ya no puede esperar.

De acuerdo con un informe de la Organización Meteorológica Mundial, sólo el año pasado, 62 millones de personas estuvieron expuestas a los efectos del cambio climático, lo que equivale a casi toda la población de Francia o a la mitad de la población mexicana.

Además, durante ese año, fallecieron 1,600 personas como consecuencia de las ondas de calor extremo y el elevado número de incendios, mientras que otros 35 millones se vieron afectados por las severas inundaciones.

En un mundo donde 26 personas poseen la misma riqueza que 3,800 millones, según un informe de la OXFAM, es pertinente que el cambio climático se atienda a la par que la desigualdad.

Ilustración: Patricio Betteo

Diversos organismos y organizaciones alrededor del mundo avalan esta premisa argumentando que la población que se ve más afectada por los efectos del cambio climático son precisamente las personas que viven en condición de pobreza, así como los sectores tradicionalmente vulnerables como los infantes, las mujeres, las personas mayores o los pueblos indígenas.

Al respecto, el informe Desigualdades 2018 del Colegio de México considera que las personas que se encuentran en situación de pobreza suelen ser las más afectadas porque: 1) Están más expuestas a los riesgos, 2) Sus pérdidas relativas son mayores y más prolongadas, 3) Cuentan con menos recursos para encarar los efectos de la crisis, y 4) Se les dificulta adaptarse a los cambios medioambientales.

A pesar de su relación, faltan medidas para atender la cuestión climática junto con las brechas de desigualdad. De continuar así, sólo se aseverará la crisis.   

La organización Climate Action Tracker, especializada en evaluar los efectos del cambio climático, estima que, de mantener las mismas tendencias en emisiones de carbono, la temperatura global promedio podría incrementarse hasta en 4.8°C para el año 2100. Si esto sucede, fenómenos meteorológicos como huracanes, sequías y tormentas se incrementarán, mientras que la calidad del aire, agua y los recursos naturales, en general, será cada vez más baja. 

Llegar a esos niveles, sin embargo, es inconcebible. El Nuevo Acuerdo Verde advierte que la humanidad no puede siquiera permitirse que la temperatura supere los 1.5°C en los próximos años o de lo contrario aumentarían las hambrunas y los flujos migratorios, por no hablar de las consecuencias económicas.

Según datos del Acuerdo para 2100, sólo en Estados Unidos, las pérdidas podrían alcanzar los 500 mil millones de dólares, mientras que a nivel global una persona promedio vería reducido su ingreso en un 23%, de acuerdo con otro estudio de la Universidad de Berkeley.  

Para México, la situación tampoco es alentadora. Si no se aplican las políticas necesarias para atender y revertir la crisis, en 30 años las temperaturas en el territorio nacional aumentarán de dos a tres grados y hasta 4.5 para finales de siglo, según pronostica el informe Desigualdades 2018.

El aumento de apenas un par de grados, expondría a cerca de tres millones de mexicanos a los efectos del cambio climático, por no mencionar a las 53.4 millones de personas que hoy viven en situación de pobreza.

Pese a los compromisos adquiridos por México en el Acuerdo de París, un tratado en el que se convino reducir los gases de efecto invernadero (GEI) a un 50% para 2050, el país es actualmente el segundo con el aire más contaminados del mundo, según valoraciones de la organización Worldwide Air Quality.

Más allá de los compromisos internacionales adquiridos por México, o precisamente por ellos, es necesario que se apliquen las políticas necesarias para combatir la crisis. Sin embargo, y a pesar de la urgencia, el cambio climático sigue estando fuera de la agenda pública. Incluso va en reversa.

Desde 2016, fecha en que se firmó el Acuerdo de París, hasta el 2019, el presupuesto para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) disminuyó en un 44.37%. En particular, el presupuesto para el Instituto de Ecología y Cambio Climático, que se encarga de atender asuntos de la crisis medioambiental, se redujo en un 17.55%, recibiendo en promedio sólo el 0.52% del presupuesto total de la Semarnat. 

El nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tampoco ha dado pasos claros por intentar resolver el problema, a pesar de que, durante la campaña electoral del año pasado, el presidente propuso crear un programa nacional de Adaptación al Cambio Climático y se comprometió a reducir las emisiones de GEI.

Desde que asumió la presidencia, AMLO ha abordado temas ambientales en tres rubros principalmente: 1) Los estudios de impacto ambiental para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y la nueva refinería en Dos Bocas; 2) El fracking, una práctica para la extracción de petróleo; 3) Sobre varias crisis, díganse las contingencias en Ciudad de México o el sargazo en el Caribe mexicano.

Salvo en el caso del fracking, que se ha demostrado afecta al ecosistema marino y el agua de los mares, las acciones del presidente no atienden la crisis ambiental. Tanto en el caso de la contingencia como en el sargazo la respuesta de las autoridades fue lenta e incluso llegaron a desestimar el problema, sin proponer aún una solución contundente.

Mientras que en el caso de los estudios de impacto ambiental el presidente ha presionado para que se apresuren ambas investigaciones, pues necesita construir dos de sus proyectos más emblemáticos. Sin embargo, resultados previos han indicado que ambas obras tienen un efecto negativo en el ecosistema. Sólo la construcción de la refinería en Dos Bocas afectaría a 4,329 individuos de 119 especies, por no hablar de la naturaleza inherente a este proyecto: la producción de petróleo.

Cerca del 66% de las emisiones contaminantes de México provienen del sector energético, donde el uso de combustibles fósiles a base de petróleo domina. A pesar de ello, la nueva administración intenta revivir a la industria petrolera en una época donde países como España o Alemania ya adoptaron políticas para prohibir la venta y circulación de autos a gasolina y diésel en las próximas décadas.

En palabras de Lourdes Melgar, exsubsecretaria de energía, “López Obrador está malgastando dinero público para resucitar una industria de combustibles fósiles que está siendo remplazada rápidamente por tecnología nueva y más limpia”.

De acuerdo con un reporte de Barclays Research, para evitar que la temperatura global no aumente más allá de 1.5 grados en los próximos años, es necesario que el uso de petróleo y otros combustibles fósiles disminuya en un 30% para 2050.

Países como Dinamarca ya generan más de la mitad de su electricidad a partir de diversas fuentes de energía renovables, mientras que México apenas hace uso de estas fuentes para producir el 8.6% del total de sus energías primarias.

El estudio Energy Transition Outlook 2018 de la consultora DNV GL pronostica que el gasto mundial en energías fósiles, como proporción de la producción económica, se desacelerará drásticamente en las próximas décadas ya que la demanda mundial disminuirá a partir de 2035 como consecuencia de la implementación de políticas de descarbonización, la paulatina electrificación, una mayor eficiencia energética y la adopción de energías alternas. 

No obstante, por cuestiones ideológicas y nacionalistas, el gobierno morenista insiste en centrar sus políticas energéticas en torno a los combustibles fósiles. Y si bien existe un Plan Nacional de Transición Energética —impulsado por un secretario que considera que los generadores de energía eólica roban el aire—, aún no se ha establecido una ruta real para combatir la crisis medioambiental que nos acecha.

Para un gobierno cuyo lema central es “por el bien de todos, primero los pobres”, resulta fundamental que se vincule el problema de desigualdad con la crisis del medio ambiente, que se atienda a la par.

El Nuevo Acuerdo Verde propone, además de fuertes inversiones para la reconversión energética, que se diversifiquen y reorienten las economías locales y regionales, con un enfoque particular en las comunidades donde la industria de los combustibles fósiles tiene un control significativo sobre el mercado laboral y en las comunidades más pobres, para que poco a poco esas zonas se vuelvan líderes en energías alternas. Valdría la pena considerarlo, pues de acuerdo con el reporte Energías Limpias en México 2018–2032, en menos de 15 años este sector podría aportar 29,000 millones de dólares al Producto Interno. Quizá así la economía pueda crecer 4% o más.

 

Deborah Martínez