Andrés Manuel López Obrador es una de esas figuras de las que no puedo hablar en términos absolutos. Simpatizo con algunos aspectos de su personalidad, me explico al personaje, pero me parece que no pocas de sus palabras y decisiones, como dijera Baruch Spinoza, “repugnan a la razón”.

Entiendo de dónde le viene su fuerza al personaje. Con el fenómeno AMLO ocurre, un poco a la inversa, lo que con la sentencia del “fin de la historia” en Francis Fukuyama. La historia no acabó con el fin del mundo bipolar porque el liberalismo no pudo acoger el estallido de las identidades religiosas, raciales, nacionales, regionales, de género y orientación sexual en el mundo contemporáneo (la globalización y la interdependencia, conocidas como parte del mundo neoliberal, me parecen menos determinantes y de hecho contrarias al resurgimiento de los nacionalismos y las llamadas “democracias iliberales”). En el caso de México, como se ha dicho tanto, la transición democrática de fin de siglo (nuestro propio “fin de la historia”) no pudo resolver los problemas de la exclusión realmente vivida por un 44 por ciento de la población. Si a ello se suma la escandalosa corrupción, la inseguridad, la aplicación de políticas dictadas sólo por el interés de la macroeconomía y, sí, la fatuidad de algunos de los hombres encumbrados en el poder, uno puede entender porqué el mensaje providencialista, machacón y elemental de López Obrador ha tenido tanta penetración.

Ilustración: Patricio Betteo

Sin duda, AMLO cree en varias de las cosas fundamentales que dice. Y actúa en consecuencia. No es un corrupto, si lo fuera ya se sabría. Cree en la importancia de la moral en la vida pública y, muy especialmente, en la vida privada. Y sobre todo, junto con su convicción moral, apuesta por el igualitarismo. De algún modo, su noción del liberalismo es una deriva de una las acepciones de ese ideario, aquella de cuño más social y menos político surgida del sentimiento de culpa originado por el incumplimiento del generoso anhelo de la justicia distributiva.

Los recientes (y ya desesperados) intentos de Fukuyama por mantener vigente su tesis del  “fin de la historia”,1 responden, en primer lugar, a la emergencia (debería decir “re-emergencia”) de los nacionalismos en Europa y de algún modo en Estados Unidos, convertidos en uno de los resortes más poderosos del neoconservadurismo. En segundo lugar, a la vigorosa irrupción de identidades sustantivas que reaparecen desorganizando la lógica binaria del poder (dos clases sociales principales; dos géneros determinados por el sexo masculino y el femenino; dos grandes ámbitos, uno público y otro privado; en literatura y arte contemporáneo, la pareja autor-lector o creador-público, etcétera) o que ponen en duda la identificación universal con la figura del citoyen político fragmentado por múltiples interpelaciones (el espacio de lo público de la política moderna habitado e interpelado por las políticas de la identidad). Y, en tercer lugar, –éste sería el caso de México– la proclamación de la aspiración igualitaria en la vida real y cotidiana en la vida material, aún a costa de la inclusión política (insoslayable para el liberalismo clásico) o la inclusión cultural (indispensable para la deriva pluralista del liberalismo clásico).

Personajes como López Obrador nos recuerdan que la exclusión está ahí. No la exclusión de género, por condición física, orientación sexual o deficiente representatividad política, sino la exclusión material, la primaria, la exclusión en las condiciones básicas de vida. Los temas de la administración pública, del expertise técnico, de la transparencia y la rendición de cuentas, e inclusive los de la llamada agenda “progre” o la violencia y la inseguridad –AMLO lo ha repetido sin descanso– pasan por los de la pobreza, el desempleo, los servicios públicos, la salud, el equipamiento urbano, y particularmente el ingreso y su justa distribución (de ahí la cascada de apoyos directos, sin “perversos intermediarios”, otorgados a través de los programas sociales para jóvenes, adultos mayores, estudiantes, discapacitados, pequeños productores, etcétera). Todos ellos asuntos que tienen que ver con el nivel más básico de la exclusión: el de la cotidianidad, las enfermedades infecciosas, el riesgo de la catástrofe asociado a la marginación, la desnutrición, las adicciones, las aguas negras corriendo por las calles, el hacinamiento en las viviendas.

Para AMLO este es el problema de los expertos: trabajar con estadísticas, con una fría evidencia de gabinete. De aquí proviene su desprecio por organismos como el CONEVAL y el INEGI. El diseño de las políticas públicas, las instituciones de la sociedad civil que se ponen sus propias metas (consideradas egoístas y muy particulares frente al interés general del pueblo mayoritario), la académica gobernanza, todos estos son rollos, palabras, numeralia y terminología que vela el ejercicio de la real discriminación material. López Obrador no tiene “otros datos”, tiene otras convicciones y eso es suficiente para no discutir si es o no un liberal, para no problematizar su relación con la agenda “progre”, para no responder a los argumentos de Silva-Herzog, Reyes Heroles o Aguilar Camín. Ya logró lo que quería: ubicarse a una altura moral y con una legitimidad electoral que le permite lanzar poderosas centellas descalificadoras, ser la curiosa pieza de caza que porta fusil y lo dispara contra sus cazadores, a veces, cosa inusitada en otro tiempo, hasta con cierto desenfadado humor.

La fuerza de AMLO, su credibilidad cuando habla de la corrupción y cuando lanza rayos sobre sus críticos, su impunidad cuando hace alianzas indistintas con conservadores, fundamentalistas religiosos y nacionalistas revolucionarios, o cuando acoge a antiguos adversarios y entrega candidaturas a los más inverosímiles personajes, le viene de un hecho incontrastable: la exclusión realmente vivida en el terreno de la economía, en el empleo, en el ingreso, en la vida diaria. De ahí que se repare poco en la incongruencia de su proclama antineoliberal cuando, al atender las indicaciones del gobierno de Trump, acepta convertirse, de facto, en tercer país seguro en el tema de la migración con tal de mantener la neoliberal apertura comercial con Estados Unidos.

Desde cierto marxismo tropical, pudiera decirse que AMLO ha descubierto las orejas del lobo explotador, de la “mafia del poder” (los poderosos de siempre, grandes empresarios y clase política tradicional) y sus empleados intelectuales y técnicos (especialistas, periodistas, intelectuales, directores y dueños de medios) debajo de la piel de oveja del ciudadano dizque indiferenciado surgido de la transición democrática. En alguna medida, no le falta razón. El problema es que ha decidido tirar al niño junto con el  agua sucia de la bañera. Entre sus tantas remisiones evangélicas, es esto lo que quiere decir cuando habla de que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Ahí se origina también su desprecio por los mecanismos de control institucional de la corrupción o por la reingeniería institucional: el vino nuevo se deposita en los odres hechos del roble de la voluntad popular directa, del ejemplo de la vida personal y la voluntad del “pueblo bueno” que, de manera natural, coincidirá –como coincide– con la del líder.

Me parece que el problema no es que AMLO haga trampas –¿qué político no las hace?–, sino que sus trampas lo pueden atrapar a él mismo y con él al país. Más allá de la insaculación de candidaturas por el “método” de la tómbola, de las encuestas que nadie conoce, de las consultas directas y hasta a mano alzada que han echado abajo grandes inversiones o programas definidos por los gobiernos locales, más allá de esas prácticas a todas luces iliberales, lo más iliberal y peligroso en López Obrador es su obsesión con la moral. Es la misma lógica de quien descalifica la obra de un autor por su vida personal. La prédica moral en la política liberal está siempre subordinada a las leyes. Si las leyes fallan o no se cumplen hay que cambiarlas mediante procedimientos formales. Pues bien, en la “verdadera democracia”, en la “democracia del pueblo”,  eso es secundario: no puede haber dos verdades, hay una sola y está vinculada con la moral. Por lo mismo, si en alguna conferencia mañanera alguien hace una observación inapelable por su sustento en hechos, López Obrador recurre al expediente de la descalificación moral: la verdad no está dictada por la evidencia empírica sino por la autoridad moral de quien la profiere. De nuevo: no es que tenga “otros datos”, es que tiene otras convicciones, y las convicciones, los ideales, son el motor de la historia. Como ocurre en el discurso religioso, hay pequeñas verdades soslayables, pero sobre todas las cosas hay La Verdad insoslayable de quien ha cargado su persona del insumo popular, del recorrido incesante por las comunidades del país, de quien va más allá de las ideas o de la dura información estadística y se ha alimentado de la llanura y simpleza popular, de la verdad elemental y olvidada del pueblo.

El pueblo es bueno, por lo tanto compasivo, como él que es su encarnación. Cuando AMLO se compadece de Joaquín Guzmán Loera, es dostoievskiano (inconsciente, supongo): “Sólo hay una cosa en el mundo: la compasión directa. En cuanto a la justicia, viene en segundo lugar”. Pues bien, esa compasión que merecen los ofendidos y humillados, ofrece la medida con que se debe despreciar al soberbio que ofende al pueblo y con él a quien dicta la moral suprema que es el Creador, el Dios evangélico: Vox Populi, Vox Dei o a la inversa, para el caso es lo mismo. De ahí la fuerte resonancia jurídica, es decir vinculante, de la denominada “Constitución Moral”.

Recomponer las cosas no es fácil. Por eso, como señaló Claudio Lomnitz, lo que AMLO busca es “montar un sistema político distinto sobre la economía existente.” Esa economía, con algunas modificaciones en el funcionamiento de las empresas estatales (como Pemex y la CFE), no sólo seguirá siendo liberal sino neoliberal. El sistema político, en cambio, se centraliza y se centralizará aún más, disminuye ostensiblemente las capacidades de los organismos autónomos (“creados para maquillar cifras de los gobiernos neoliberales”, dijo recientemente del CONEVAL en una de sus mañaneras), concentra el poder en el Presidente de la República y, en consecuencia, reduce el federalismo a su mínima expresión.2

En esto también hay en la 4T una lectura histórica, tal y como se entiende la historia en el declarado “cambio de régimen”: como recuperación de una cierta memoria que salda cuentas con un pasado preservado en la memoria colectiva, una memoria hecha también, desde luego, de olvidos: supresión de ramos federales, reducción de presupuesto a sistemas nacionales de salud  e instituciones de educación superior, de partidas a los estados, concentración de facultades en las Coordinaciones de Programas Sociales de Desarrollo del Gobierno Federal en las entidades, apropiación y militarización de las funciones de la seguridad pública en la Guardia Nacional, entre otras muchas medidas.

Hay, entonces, una afectación directa al federalismo como forma de gobierno que en México tiene su origen en la Constitución de 1824. Una forma de gobierno que, hay que decirlo, no ha tenido plena vigencia más que en trechos muy breves de nuestra historia. Después de la Revolución Mexicana, con la consolidación del presidencialismo, se instauró un régimen en el cual el federalismo resultó victorioso en el papel pero derrotado en la realidad. En el otro extremo, sin embargo, durante el periodo de la llamada transición democrática, la alternancia en la Presidencia de la República y la pluralidad política dieron lugar a negociaciones que, más que afianzar el pacto federal, lo deterioraron. Fue en esos años, a fines del siglo pasado y principios del actual, que se empezó a hablar de “feuderalismo”. Con esa expresión se designaba una relación de negociación de los estados con la federación que propició el ejercicio discrecional de los recursos públicos por parte de los gobiernos locales.

La lectura que se ha hecho de esta realidad histórica es extrema. Más que renovar el sistema federal, se ha actuado de acuerdo con la estricta lógica de la 4T: con el federalismo de los regímenes neoliberales robaban los funcionarios federales y los locales. ¿Por qué ocurría esto? No por falta de controles institucionales, sino por un déficit moral de los poderosos en todos los niveles. El remedio, por lo tanto, no tiene que ver con una reingeniería institucional ni diseños jurídicos y administrativos, sino, una vez más, con la concentración de las atribuciones, el manejo de los recursos y las decisiones en quienes encarnan el nuevo régimen, con el “sentido común” que es lo único que se necesita para gobernar justamente, o para decirlo sin circunloquios, con quien ha alimentado su alma de la sabiduría secular, la perseverancia histórica y la llana sencillez del “pueblo bueno”, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

De ese ancho tronco moral vendrán las ramas del robusto árbol de la República Virtuosa (aunque ya no sea tanto una “República Amorosa”), restallante en coloridas flores y dulces frutos de justicia debidos al esfuerzo del Pueblo y pasados de éste al Líder y del Líder a la República.

 

Ronaldo González Valdés
Sociólogo y ensayista. Su más reciente libro es Dispersa andadura.


1 Francis Fukuyama, Identidad. La demanda de dignidad y las políticas del resentimiento, Barcelona, Deusto, 2019.

2 Claudio Lomnitz, “El 5% y la realidad”, nexos No. 499, julio de 2019, p. 10.