El 5 de agosto el ministro del Interior indio Amit Shah anunció ante el Parlamento que el presidente Ram Nath Kovind había firmado un decreto que revocaba el artículo 370 de la constitución india, que otorgaba un estatus especial al estado norteño de Jammu y Kashmir (J y K). Este artículo, en funcionamiento desde 1949, otorgaba al gobierno estatal de Jammu y Kashmir autonomía legal respecto al gobierno central de la República India—es decir, la capacidad de regirse por una constitución propia—, y negaba a los no residentes el derecho de adquirir propiedades y bienes inmuebles en el estado.

Las sorprendentes medidas encabezadas por el gobierno del Bharatiya Janata Party (BJP), el brazo político de la derecha hindú encabezado por el primer ministro Narendra Modi, ha causado enorme preocupación y desasosiego entre ciudadanos, analistas y políticos en India y el resto del mundo. Jammu y Kashmir ocupa el centro de la región más militarizada del planeta y es un constante foco de tensión internacional. El antiguo principado de Jammu y Kashmir, que hasta 1947 formó parte del territorio colonial de la India Británica, se encuentra actualmente dividido entre India, Pakistán y China. Jammu y Kashmir, la porción controlada efectivamente por India, representa la mayor parte de la región; Pakistán tiene jurisdicción sobre las zonas occidentales de Azad Kashmir y Gilgit-Baltisan, mientras que China controla el territorio conocido como Aksai Chin, el cual es reclamado también por India. Situado entre tres potencias nucleares y en el corazón del centro de Asia, la región tiene el potencial de desestabilizar los equilibrios geopolíticos y militares de todo el continente.

Es difícil exagerar la importancia simbólica y política de Jammu y Kashmir para la India de Modi. Por un lado, representa el único estado de India en el que la población musulmana es mayoritaria. Por esto, la adhesión de J y K a la estructura federal y secular de la República India ha sido visto durante décadas como la prueba fehaciente de que la democracia puede florecer en un entorno marcado por la diversidad, y el enfrentamiento, entre comunidades religiosas. Al mismo tiempo, el antiguo respeto por la autonomía del estado han servido de contraste con la tradicional política teocrática de Pakistán desde la independencia de ambos países en 1947.

Sin embargo, lo que para muchos es un logro de la diversidad, el pluralismo y el respeto, representa una afrenta para el núcleo duro de la derecha hindú y muchos de los seguidores del primer ministro Narendra Modi. Desde antes de la independencia, la derecha hindú ha defendido una agenda etnopolítica basada en el concepto de la hindutva—traducible como “hinduidad”—según la cual India está definida por el legado y la centralidad de la tradición religiosa y cultural hindú y que ve al islam y sus seguidores como representantes de una fuerza invasora y ajena al núcleo de la nación. En décadas recientes, esta forma de fascismo etnocomunitario ha tomado una enorme fuerza, como quedó confirmado por el avasallante triunfo de Narendra Modi—formado en el seno de las organizaciones militantes de la derecha hindú—en las elecciones recientes del 2019. Para los defensores de la hindutva, la derogación del estatus especial de Jammu y Kashmir abre la puerta para la posibilidad de un cambio demográfico en la región, que ahora podrá ser poblada por hindúes de otras partes del subcontinente, y es vista como un gran paso hacia la creación de una nueva “Nación Hindú”.

Ilustración: Víctor Solís

Como la mayoría de los conflictos políticos del presente, el conflicto en Jammu y Kashmir tiene un origen colonial. En la década de 1940, el territorio era uno de los numerosos principados semi-autónomos integrados a la India Británica. Su gobernante, el maharajá Hari Singh, era hindú, mientras que la gran mayoría de la población era musulmana. En 1947, la descuidada retirada de los británicos del Sur de Asia provocó una serie de disputas que configuraron el actual panorama de conflicto en la región. Singh originalmente abogaba por crear una entidad política independiente en Jammu y Kashmir. Sin embargo, a finales de aquel año un grupo de insurrectos apoyado por el recientemente creado gobierno de Pakistán se alzó en contra del maharajá, quien pidió ayuda militar a India para repeler la agresión. Esto condujo a la Primera Guerra Indo-Paksitaní (1947-1948) e inauguró una aparentemente insalvable tradición de conflicto binacional entre los dos estados surgidos tras el fin del dominio colonial en el Sur de Asia. En años posteriores India y Pakistán han librado tres guerras—en 1965, 1971, y 1999—en torno al control del territorio de Jammu y Kashmir.

El sorprendente anuncio del gobierno indio estuvo acompañado por una creciente presencia del ejército en la región de Jammu y Kashmir. En las últimas semanas, más de 40,000 soldados han sido enviados a la región, mientras que el Primer Ministro Modi ha señalado que la derogación del artículo 370 es vista por su gobierno como una forma de contribuir a acabar con el terrorismo y el separatismo en la región. Si bien aún es demasiado pronto para saber si esto tendrá efecto, lo que sí sabemos es que desde las primeras horas del lunes, el mismo día en el que se anunciaban las medidas en el parlamento, la conexión de teléfono e internet ha sido suspendida en las zonas urbanas de Jammu y Kashmir, numerosos líderes locales han sido puestos bajo arresto domiciliario, se han prohibido las concentraciones públicas, se ha obligado a cerrar miles de tiendas y negocios, induciendo a la carestía en productos básicos de subsistencia entre la población, y se han cerrado escuelas y plazas públicas con alambre de púas. La líder del tradicional Partido Democrático del Pueblo de Jammu y Kashmir, y exgobernadora del estado, Mehbooba Mufti declaró que India se ha convertido en una fuerza de ocupación en la región. Tras los iniciales alaridos incrédulos de protesta, en Jammu y Kashmir ahora reina el silencio.

Las decisiones del gobierno de Modi son enormemente riesgosas. Por un lado, es probable que contribuyan al crecimiento de la insurgencia en Jammu y Kashmir, una región con una fuerte presencia de grupos armados con contactos y redes a través del Centro de Asia y el Medio Oriente. Al mismo tiempo, ha atizado ya la flama del conflicto con Pakistán, cuyo gobierno ha declarado que tomara todas las medidas necesarias para contrarrestar lo que considera las acciones ilegales del gobierno indio. Todo esto se da en el contexto de una creciente tensión entre ambos países, a la que han contribuido una serie de encontronazos y crisis diplomáticas acontecidas en los últimos meses. Entre éstas se cuenta la desatada por la muerte de más de 40 indios a manos de un atentado terrorista realizado en territorio indio en febrero, y el ataque encabezado por la fuerza aérea de India a un supuesto campo de entrenamiento de terroristas islámicos en marzo del 2019.

El espaldarazo dado por Narendra Modi a las aspiraciones y prácticas de la derecha hindú denotan claramente una estrategia que busca alimentar la excluyente agenda de un bloque mayoritario de votantes con miras a prolongar el liderazgo electoral del BJP y su poder político personal. La derogación del estatus especial de Jammu y Kashmir no es sino el último y más espectacular caso de una larga lista de preocupantes medidas de normalización de la violencia interétnica y la demonización pública de la minoritaria población musulmana en India. Es probable que, al margen de sus logros y equivocaciones en otros ámbitos, éste sea recordado como el legado más importante del gobierno de Narendra Modi. La decisión de su gobierno ha enterrado de una vez por todas el símbolo más importante del secularismo indio instaurado hace décadas por Jawahrlal Nehru, renunciando a gobernar para toda la población de India y afirmando abiertamente su desprecio por sus más de 160 millones de ciudadanos musulmanes.

Más allá de sus efectos inmediatos y a largo plazo en el Sur de Asia, las medidas del gobierno indio ilustran una marea de transformación global en la práctica y el significado de la democracia. Vale la pena terminar haciendo un breve comentario comparativo para dejar esto en claro.

Entre analistas y politólogos es ya clásica la comparación entre los modelos políticos de India y los Estados Unidos. La democracia “más grande” del mundo es comúnmente vista como una prima hermana de la democracia “más antigua del mundo”. Hasta hace poco, en ambos países se reconocía que la diversidad interna a ambos países era una fuente de legitimidad para sus respectivos sistemas. En efecto, durante la segunda mitad del siglo XX ambas democracias se hicieron, por así decirlo, más democráticas al ampliar la inclusión de crecientes sectores de la población en el juego de la representatividad electoral, simbólica y discursiva. Sin embargo, hoy vemos un cambio en la dirección contraria. El triunfo de la sujeción de la democracia india a la lógica del apaciguamiento del voto duro de la derecha hindú en detrimento del bienestar general refleja, en muchos sentidos, la abierta adhesión del presidente Donald Trump a la retórica y la práctica de los supremacistas blancos de los Estados Unidos. En ambos casos se busca revivir traumas y miedos colectivos de las mayorías privilegiadas para amasar bloques de poder que permitan avanzar con la marginación de las minorías. El exitoso y vehemente empuje de la defensa de la “India Hindú” y la “América Blanca” debería dejar en claro que las jumbodemocracias de hoy en día han pasado de ser sistemas enfocados en la propagación del bien común a ser maquinarias que acrecentan la alienación de las mayorías.

 

Daniel Kent Carrasco
Historiador. Docente de la Universidad de Sonora. Autor de Frontiers of Freedom: Cold War and Social Modernism in Postcolonial India (en prensa).