Las llamas que de forma dramática consumen al denominado “pulmón del mundo” son evidencia no sólo de la lamentable desaparición de un valioso porcentaje de la selva amazónica, sino que sirven además para anunciar el fin del tácito ejercicio de externalización ecológica que durante décadas han ejercido las naciones más ricas del planeta. Éste es un diagnóstico que vale la pena tomar en cuenta, sobre todo ahora que el fuego ha hecho aún más relevante el recientemente publicado La sociedad de la externalización del sociólogo alemán Stephan Lessenich.

La tesis central del libro y de este diagnóstico es en realidad bastante sencilla: durante los últimos siglos los países desarrollados han estado externalizando los costes de su propio éxito hacia otras latitudes en donde las condiciones son tan paupérrimas, que hoy por hoy se firman acuerdos desventajosos como si fueran dotes caídos del cielo. Este tipo de tratos, convenientemente conceptualizados en la jerga económica como Foreign Direct Investments, son tan apreciados para los países en el fondo de las tablas de desarrollo, que estos no han dudado en meterse de lleno en la accidentada race to the bottom tratando facilitar a los inversionistas toda labor de expolio. Esto mientras desde la atiborrada grada que representan los principales centros financieros de las democracias más prósperas, el correr de las apuestas hace que el espectáculo resulte mucho más interesante y lucrativo.

Y es que no es mera coincidencia que, en su libro, Stephan Lessenich empezara hablando de la catástrofe de Bento Rodrigues ocurrida precisamente en Brasil, donde se rompieron dos represas que contenían cerca de 60 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos resultantes de los procesos de extracción minera de la zona y que terminaron por desbordar el río Doce, ocasionando con ello una gravísima tragedia humana y ambiental. Brasil es un país extremadamente rico en recursos naturales y por lo mismo resulta lógico que la inescrupulosa ambición por la explotación de los mismos, desemboque en catástrofes medioambientales tanto a la hora de explotarlos, como a la hora de procurar que esa explotación se mantenga hasta no dejar nada de valor detrás de sí.

Ilustración: Estelí Meza

Sobrará quien argumente que el gobierno de Bolsonaro es el culpable de todo y que nada de esto habría pasado si hoy en Brasil gobernara un personaje menos abyecto. Se trata de un argumento válido, sobre todo si se tiene en cuenta, por ejemplo, que los gobiernos anteriores habían logrado mantener la deforestación de la selva por debajo de los 7,500 kilómetros cuadrados. Y resulta aún más clara la permisividad de la administración de Bolsonaro con este tema si se trae a colación el dato de que en junio de este año el nivel de deforestación de la selva aumentó en un 88% comparado con lo registrado en junio del año pasado.

Sin embargo, independientemente de la opinión que se tenga del impresentable Bolsonaro, lo cierto es que este personaje no es la enfermedad sino apenas uno de los síntomas más conspicuos de lo que enfrentamos hoy. El propio expresidente Lula da Silva desde la cárcel habría señalado a los grandes terratenientes que han apoyado a Bolsonaro como artífices de los incendios. El problema pues no es el personaje de turno sino el capital que lo mantiene allí, y es que es bien sabido, por ejemplo, que el proceso de deforestación sistemática de la Amazonia se encuentra enormemente vinculado con la galopante industria cárnica brasileña de la que participa una gran cantidad de capital extranjero. El capital extranjero es un factor que se encuentra también presente en la tragedia de Bento Rodrigues que no ocurrió en con el actual gobierno sino durante la gestión de Dilma Rousseff y en la que una de las dos empresas corresponsables es la gigante anglo-australiana BHP Billiton. Por ello es que resulta evidente que el actual presidente brasileño no es más que un gran facilitador de este sistema que Stephan Lessenich describe en su libro, un facilitador al que evidentemente se le ha pasado la mano.

Lo que en este caso se facilita es la constante externalización de los costes resultantes de la generación de riqueza como resultado de la explotación o destrucción de los recursos naturales de los países subdesarrollado en favor de capitales que habrán de florecer dentro de los países ricos. Costes que, como se ha visto, no es raro se traduzcan en catástrofes naturales. El hierro sale del estado de Minas Gerais tonelada tras tonelada y lo que se queda es una derrama económica que casi nunca se filtra lo suficiente como para beneficiar a los más necesitados; a la vez lo que se queda son toneladas de residuos tóxicos que, para colmo de males, estos sí que se derraman sobre los más pobres, dejando a su paso muerte y destrucción. Los kilos y kilos de carne provenientes de Brasil se reparten por todo el mundo y en el país lo que se queda son las miles de hectáreas de selva en cenizas las que a su vez se podría decir son extenalizadas sobre las poblaciones indígenas que habitan la Amazonia.

Pero en la realidad capitalista global de hoy no solo se externalizan los riesgos, se externalizan además los costos de la responsabilidad ecológica. Brazil cuenta con una descomunal cantidad de recursos naturales que no puede explotar por el bien del planeta, y está muy bien que así sea. Pero, ¿qué incentivos tiene de parte de la comunidad internacional como para que la manzana prohibida de la Amazonia se mantenga intacta? ¿Qué tipo de contraprestación ameritaría este país si logra garantizar que el mundo seguirá respirando a través de esta selva? En 2009, de forma previa a la Convención de Copenhague (COP-15), el presidente Lula Da Silva intentó que el mundo pagara para proteger la Amazonia. El resultado de este esfuerzo fue la creación del Amazon Fund, que probablemente alcanzó el pináculo de su éxito tras recibir los elogios de un recién galardonado con el Nobel de la paz Barack Obama, pero que a la postre solo conocería el fracaso toda vez que de los prospectados 21 mil millones de dólares en donaciones que esperaban obtener los brasileños para 2021, al día de hoy apenas han obtenido 1,288 millones provenientes de Noruega (que ha aportado cerca del 95% de este dinero), Alemania y Petrobras.

Tal parece que las cosas siguen siendo como las describía Ulrich Beck en 2007, cuando afirmaba que —continuando con las referencias fluviales— mientras los países río arriba tienen pocos incentivos como para hacerse cargo de los riesgos generados por ellos mismos y tomar medidas precautorias al respecto, los países río abajo poseen recursos muy limitados como para hacer frente a los peligros a los que son expuestos y muy poco poder de negociación, por lo que al final no les queda más remedio que depender de los desplantes de buena voluntad de la comunidad internacional.1 Se trata de algo que queda de manifiesto con la crisis actual, la forma en que la comunidad internacional ha respondido a la hora de intentar que el gobierno brasileño se haga cargo del cuidado de la selva ha sido justamente congelar los recursos destinados al Amazon Fund y amenazar con sanciones comerciales al país.

La comunidad internacional hace bien en poner el grito en el cielo frente al deterioro de un bien para la humanidad como lo es la selva amazónica, pero los representantes reunidos hoy en Francia bajo el sello del G7 cometerían un gravísimo error si creen que la externalización seguirá siendo la mejor vía para resolver esto. Conforme la crisis económico-ambiental que se avecina como consecuencia del cambio climático se vaya dejando sentir, la tentación por disponer de los recursos naturales que tienen al alcance de la mano los países en desarrollo, lejos de disminuir aumentará acuciosamente y lo que está pasando es el primer indicio de ello. Bolsonaro está intentando lo mismo que intentó Lula hace 10 años, poner la externalización de la responsabilidad ecológica sobre la mesa de negociaciones, con la diferencia de que esta vez se ha optado por una salvaje estrategia kamikaze.

Para prevenir que se agudice aún más la crisis que desde hace décadas enfrenta esta selva, es necesario, entre muchas otras medidas, abastecer de guardabosques un área de más de dos veces el territorio de México y que se extiende sobre nueve países en desarrollo y con altos niveles de pobreza para los que una labor como esta resultaría sumamente costosa, pero que seguramente a los miembros del G7 les representaría menos del 1% de su PIB anual.

La verdadera pregunta es entonces ¿cuánto nos costaría a todos perder esta selva?

 

Daniel Flores Gaucin
Estudiante de Doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid


1 Ulrich Beck, Word at Risk, Polity Press, 2008, p. 164.