La palabra “recio” tiene muchos significados; entre ellos: “duro”, “difícil de soportar”, “intenso”, “violento”. Todos ellos sirven para describir la situación que vive México desde lo que son ya, para la inmensa mayoría de la población mexicana, demasiados años. Supongo que, por definición, el horror no tiene fondo, pero me pregunto si el asesinato hace unos días de tres mujeres y seis niños no nos coloca muy cerca de algo que pudiéramos considerar el fondo del horror. Una de las preguntas obvias es, ¿qué sigue? Considerando lo que hemos vivido durante más de una década, mejor no elucubrar sobre posibles respuestas, pero basta imaginar lo que han experimentado las miles de víctimas de secuestro y sus familiares para tener una idea de los niveles de horror y sufrimiento que puede alcanzar esta sociedad. En cualquier caso, parece ser que nos hemos acostumbrado a todo y ello, inevitablemente, a costa de insensibilizarnos.

Ahora bien, los tiempos recios tienen varios niveles; no todo es el horror aludido. Pienso, por ejemplo, en los miles de mexicanos que semana tras semana pagan el cada vez más extendido “derecho de piso”. Detengámonos un instante a imaginar lo que representa para cada uno de esos habitantes de la república mexicana dar parte de su ingreso, producto del trabajo diario, a unos delincuentes. Por lo que me dicen colegas que saben de estos temas, ese “derecho de piso” se cobra por actividades del más diverso tipo, incluyendo algunas que dejan ganancias bastante magras; en otras palabras, la extorsión afecta a ciudadanos de estratos sociales muy diversos. La amenaza y el temor aceitan esta maquinaria que no distingue clases sociales y que, aparentemente, es de muy difícil erradicación. Pero mejor no enterarse de cómo opera o de cómo se extiende esta manera sistemática de esquilmar a la ciudadanía trabajadora de nuestro país. Esta anestesia autorrecetada contribuye a la insensibilización referida y nos permite seguir con nuestras vidas como si nada, como si la extorsión generalizada fuera parte del funcionamiento normal de una sociedad.

Si seguimos bajando en esta escala de los tiempos recios, llegamos a todas esas acciones que las mexicanas y los mexicanos (sobre todo las primeras) han dejado de hacer a causa del ambiente provocado por la inseguridad. Sé muy bien que es algo imposible de medir, pero cada quien puede reparar en la cantidad de cosas que por miedo ha dejado de hacer o, en el mejor de los casos, hace ahora de manera distinta (a veces tan distinta que, aunque lo parezca, ya no es la misma actividad). Desde hace demasiado tiempo un porcentaje muy alto de la población mexicana vive con miedo. En sociedades tan desiguales como la nuestra este miedo no se reparte de modo uniforme, pues algunos poseen más “herramientas” que otros para sustraerse de situaciones de riesgo. Aún así, el nivel de inseguridad es tal, que prácticamente nadie se puede sustraer del todo de ese temor generalizado con el que convive la sociedad mexicana del siglo XXI.

Ilustración: Pablo García

Aunque solo fuera por el miedo con el que convivimos, es evidente que los tiempos recios nos han hecho pagar un altísimo precio. Sentir miedo no solamente causa una sensación de impotencia y termina produciendo frustración, sino que paraliza los sentidos y embota la mente. Más aún, nos hace dudar de nuestro lugar en el mundo.

Llego así a la cuota de los tiempos recios que vive el gremio al que pertenezco: la academia universitaria mexicana; dicho de modo más llano, el mundo de los profesores, profesoras, investigadores e investigadoras que trabajan en las universidades y centros de investigación de nuestro país. En este mundo los tiempos son recios porque son difíciles, adversos, no porque sean violentos. Ese sentido, el de tiempos adversos, es el que privilegia Teresa de Ávila (1515-1582) en la carta de donde Mario Vargas Llosa extrajo el título de su última novela (Tiempos recios). Yo tomo en préstamo la expresión, amplío su significado y la uso como una especie de hilo conductor de estas líneas.

Incluyendo mis estudios universitarios, la academia ha sido mi mundo durante varias décadas. Es el único ámbito profesional que conozco bien, el único en el que me siento competente y el que me permite mantener a mis hijos. Es un mundo, por cierto, lleno de retos de muy diverso tipo y de múltiples satisfacciones. Entre ellas, en primer lugar enseñar a estudiantes cuya edad, de la licenciatura al doctorado, oscila entre los dieciocho y los treinta años. Como lo saben bien muchos de mis colegas, de institución y de profesión, tener contacto continuo con jóvenes es algo que estimula en grado sumo, que vivifica. No creo que se pueda decir lo mismo de muchas profesiones. Que además cada profesor/a contribuya, así sea mínimamente, al proceso educativo nacional, es un motivo más para valorar el oficio docente a nivel universitario.

De un tiempo a esta parte ser académico en este país significa vivir también tiempos difíciles. No voy a hacer aquí el enésimo recuento de la situación, delicada por decir lo menos, que atraviesa la comunidad académica mexicana desde el inicio del actual gobierno. Éste y muchos otros espacios se han ocupado de retratar la brecha que existe entre la inmensa mayoría de los profesores-investigadores de este país y el gobierno del presidente López Obrador (con el CONACYT como su representante más conspicuo y con mayor peso). Entre las muestras más recientes de este desencuentro refiero solamente dos: el texto de Javier Flores publicado aquí mismo sobre la manera en que el CONACYT está asfixiando financieramente a la Academia Mexicana de Ciencias y algunas de las declaraciones del presidente López Obrador en la “mañanera” del jueves 7 de noviembre (cito de la versión estenográfica oficial): “Es lo que pasa en el Conacyt, todo el presupuesto se lo llevaban para el sector privado, no se destinaba presupuesto para investigación a universidades públicas, todo era subsidio para el sector privado. No se hacía investigación, incluso se bajó nivel. En los últimos años, en vez de avanzar en materia de ciencia y de tecnología, retrocedimos por la corrupción, por eso la campaña en contra de la directora del Conacyt [María Elena Álvarez-Buylla]”. La red ProCienciaMx ha replicado con cifras a estas afirmaciones del presidente, por lo que no tengo nada que agregar.

Lo que me interesa en estos últimos párrafos es un hecho que tuvo lugar la semana pasada y que atañe, en mi opinión, a toda la comunidad académica mexicana. La universidad es un espacio en el que el debate argumentado sobre cuestiones políticas debe ser bienvenido, pero no las discusiones partidarias, ni mucho menos las expresiones institucionales o parainstitucionales de apoyo a las políticas de un determinado gobierno (independientemente de su signo ideológico). La distancia auto-impuesta de las instituciones académicas frente el gobierno en turno (frente al Estado) es una condición sine qua non si queremos mantener vivos algunos de los principios esenciales que sustentan la vida académica; entre ellos, la autonomía o independencia, la capacidad crítica y la búsqueda de eso que, con todas las salvedades del caso, se puede referir como “objetividad”. En cuanto entramos o dejamos entrar a las expresiones partidarias o pro-gubernamentales estos principios se difuminan, se desvirtúan y terminan por perderse de vista.

El hecho aludido al inicio del párrafo anterior es la inserción pagada que un grupo de profesores del Colegio de México publicó en el periódico El Universal el miércoles 30 de octubre. Puede parecer una minucia y seguramente algunos la considerarán una inserción más, pero creo que hay algunos aspectos de ese gesto que vale la pena poner sobre la mesa de la discusión pública. De entrada, me parece discutible que se desplieguen públicamente las opiniones políticas de un grupo muy reducido de los profesores-investigadores de una institución académica (en este caso, 13 de un total de 172) como si se hablara en nombre de la institución o en nombre de una colectividad. Esos trece colegas tienen todo el derecho de pagar inserciones de carácter político en El Universal o en cualquier otro periódico, pero me parece cuestionable presentarse como “Profesores-investigadores de El Colegio de México”. ¿Por qué no firmaron ese respaldo a la decisión del “Gobierno de México” respecto a los eventos que tuvieron lugar en Culiacán como ciudadanos y no como “Profesores-investigadores de El Colegio de México”? Al hacerlo tal como lo hicieron, no solamente se aprovecharon de algún modo de la institución académica a la que pertenecen (con el fin de validar sus muy personales opiniones políticas), sino que dieron a la opinión pública una impresión sobre la comunidad académica del Colegio que me parece engañosa, pues no refleja la pluralidad política que caracteriza al claustro de la institución. No solo en términos generales, sino incluso respecto a la decisión de marras por parte del “Gobierno de México”.

Los tiempos recios están con nosotros y seguirán con nosotros durante varios años más. En cuanto al mundo académico y pensando en el futuro de México en su conjunto, no solo de su gobierno, cabría esperar que amaine la animadversión del presidente López Obrador en contra de los “expertos” (en todos sus avatares). Más importante aún es que el desencuentro entre la comunidad académica mexicana y el CONACYT empiece a discurrir, cuanto antes diría yo, por vías más constructivas. Visto lo visto, parecería que ambas cosas, sobre todo la primera, están fuera del control de los académicos. Lo que sí podemos controlar, sin embargo, son nuestras expresiones públicas con visos institucionales o para-institucionales respecto al poder político del más alto nivel cuando sus decisiones no se refieran directamente a políticas que afectan la vida académica.

No se trata de estar a favor o en contra del presidente, de su partido o de su gobierno. Ya bastante de esta mentalidad polarizadora y maniquea se ha instalado en el imaginario de la sociedad mexicana actual, con costos que se verán paulatinamente. Se trata de que más allá de lo que duren los tiempos recios que vivimos, los académicos contribuyamos a crear las condiciones para que la academia mexicana salga de ellos fortalecida. Considerando la situación de dependencia económica de la gran mayoría de las universidades y centros de investigación en nuestro país respecto al dinero público, este fortalecimiento significa, básicamente, menor vulnerabilidad. Si queremos ser menos vulnerables y si queremos seguir cumpliendo nuestro cometido como académicos, me parece fundamental no solamente mantener nuestra distancia frente al poder político, sino también nuestra capacidad crítica.

 

Roberto Breña
Profesor-investigador de El Colegio de México.